Por estos días, una misión argentina, presidida por el presidente Alberto Fernandez e integrada por el ministro de economía Sergio Masa, entre otros, fue a EEUU con el objetivo principal de conseguir una modificación de las tres limitantes condiciones que impone el actual acuerdo con el FMI a la Argentina, mediante el cual el FMI le otorga a la Argentina nuevos préstamos en dólares para pagarle al propio FMI los vencimientos de la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el gobierno de Macri con ese organismo. Esas condiciones conciernen: un cronograma de aumento de reservas del Banco Central; limitaciones en el déficit fiscal anual; y limitaciones en la asistencia monetaria anual del Banco Central al Tesoro Nacional manejado por el gobierno nacional.
Ocurre que, cualquiera sea la opinión que se tenga sobre el acuerdo firmado con el FMI por el actual gobierno, para pagar la deuda contraída por Macri, el hecho es que las condiciones externas en que se firmó el acuerdo, a comienzos del 2022, han cambiado dramáticamente y, en las nuevas condiciones, resulta objetivamente imposible cumplir con el acuerdo sin producir un profundo ajuste fiscal que, por supuesto, el FMI impone que sea en contra de los trabajadores, demás sectores populares y vastos sectores de la producción, el comercio y los servicios, particularmente pequeñas y medianas empresas. Quienes militamos en el campo progresista estamos de acuerdo en mejorar el balance fiscal, pero mediante un sistema impositivo que grave progresivamente las ganancias.
El argumento del gobierno argentino es que el acuerdo con el FMI debe modificarse, flexibilizando los tres objetivos mencionados, porque el propio acuerdo prevé que si las condiciones externas a la Argentina cambiaran habría que modificarlo.
En efecto, entre esos dramáticos cambios externos, desfavorables a la Argentina, podemos mencionar los siguientes: La guerra en Ucrania que provocó el drástico aumento internacional de los combustibles, fertilizantes y plásticos derivados del petróleo, que le costaron a nuestro país, en el 2022, 5.000 millones de dólares más de lo proyectado en importaciones; La inflación mundial, provocada por esa guerra, que provocó el aumento de las tasas de interés en los países más desarrollados y, consecuentemente, del FMI, lo cual le cuesta a la Argentina, este año, un incremento de más de 3.000 millones de dólares a pagarle al FMI por intereses; La sequía record en nuestro país, producto de un calentamiento global producido por las emisiones de carbono de los países más desarrollados, que le cuesta a la Argentina, este año, una disminución de exportaciones de entre 15.000 y 22.000 millones de dólares, según diversos cálculos, lo cual supone, a su vez, una reducción de recaudación fiscal para la AFIP, este año, de un equivalente a 4.000 a 5.000 millones de dólares.
A su vez, para el análisis de esta situación, es indispensable recordar el origen de la deuda: Fue otorgada por el FMI, a solicitud del gobierno de Macri, por orden del gobierno de Trump. En efecto son los EEUU quienes deciden qué debe hacer el FMI, ya que, por los estatutos de ese organismo, EEUU es el único país que tiene poder de veto en el mismo. Además, como es sabido, el gobierno de los EEUU, independientemente de que sea demócrata o republicano, está esencialmente hegemonizado por el gran capital financiero que domina los sectores concentrados de la economía, entre otros el complejo militar-industrial, el petrolero, el bancario y el de seguros. En cuanto a los objetivos de la deuda, estuvo el de favorecer la posible reelección de Macri en el 2019, pero, a su vez, aportar los dólares necesarios para que las mismas multinacionales, que gobiernan en última instancia el FMI, pudieran reconvertir a dólares y fugarlos al exterior las enormes ganancias en pesos que habían obtenido con la conocida bicicleta financiera instaurada por el propio gobierno de Macri. Pero, la consecuencia objetivamente más importante fue que esa deuda somete a nuestro país a lidiar con las decisiones del FMI, es decir del gobierno de los EEUU, es decir, en última instancia, potenciar el sometimiento de nuestro país al interés de las multinacionales financieras que estuvieron en la base del préstamo del FMI a Macri, para, como dijimos, poder sacar del país sus propias ganancias de especulación financiera.
Esta situación se da en un marco geopolítico donde EEUU ha declarado como su enemigo principal a China, además de haber expandido la OTAN hacia el este buscando rodear a Rusia, lo que provocó la decisión rusa de invadir Ucrania, ante la amenaza de que este país se uniera a la OTAN. No puede haber duda de que EEUU debe estar utilizando el arma del acuerdo de Argentina con el FMI para extorsionar a la Argentina, impulsándola a no continuar el desarrollo actual de acuerdos económicos con China, y a sumarse a las sanciones internacionales contra Rusia, incluso a que envíe armas para ayudar a Ucrania. Todos asuntos a los que, hasta ahora, el gobierno argentino no ha accedido. Resulta asimismo pertinente mencionar las expresiones de la Jefa del Comando Sur de EEUU, advirtiendo que las materias primas de América Latina son asuntos de la seguridad nacional de su país.
Conseguir flexibilizar las condiciones originales del acuerdo es de fundamental importancia para el gobierno actual, ya que, si bien ha tenido logros positivos, tales como: su acción ante la pandemia; política exterior independiente; impuesto de emergencia a las grandes riquezas; obra pública; ferrocarriles; crecimiento económico con reducción del desempleo; moratoria previsional permitiendo que 800.000 personas más puedan jubilarce; y otras; tiene un gran déficit en cuanto a mejorar los ingresos de la mayoría de los trabajadores, particularmente informales, pasivos, monotributistas y desocupados. Todo esto profundamente marcado por una inflación, producida principalmente por los grupos concentrados de la economía, y que el gobierno no ha podido hasta ahora solucionar. Inflación que resulta a su vez potenciada por las exigencias actuales del FMI de imponer en nuestro país tasas de interés mayores a la inflación y eliminación de subsidios al consumo de energía, todo lo cual se traslada a precios y con creces.
Sin mejorar la situación económica y social de los trabajadores y demás sectores populares, no solo es muy difícil que el Frente de Todos gane las elecciones, sino que, si la situación empeora porque no se logra la flexibilización de las limitaciones actuales del acuerdo con el FMI, podemos ir a una previsible crisis social y, por lo tanto, económica y política.
Por eso es imprescindible que el Frente de Todos consensue una posición firme ante la actual situación con el FMI, planteando que, objetivamente, Argentina no está en condiciones de cumplir con los actuales objetivos impuestos en el acuerdo y que, o se cambian profundamente a favor de nuestro país esas condiciones, o en caso contrario, no cumpliremos con las condiciones actuales. Y consensuar, en caso negativo, como enfrentar las consecuencias, tratando de defender el interés popular mayoritario
No hacer esto, dejaría libre el camino para que retorne el neoliberalismo al gobierno, con la profundización de las gravemente negativas consecuencias que ha provocado cada vez que gobernó, y cuya memoria más reciente fueron las nefastas consecuencias del gobierno de Cambiemos con Macri.
Tesis 11