Cursamos un proceso electoral de relevancia histórica ya que su definición significará presumiblemente una bisagra en el curso del desarrollo del país, el de su futuro y el de cada uno de nosotros.
Es que estamos inmersos en una sociedad y una economía cuya potencialidad está estrangulada por su sometimiento al dominio oligopólico y trasnacional, hegemonizado por el capital financiero mundial. Limitación que reforzó el gobierno macrista con su catastrófica herencia, de la cual la fuga de capitales, la presencia del FMI, la magnitud y forma irregular de acceso a una deuda externa impagable y sus consecuentes condicionamientos, no son otra cosa que su resultado.
Resultado que también se expresa en la fragmentación social y política, en la extensión y profundidad de una pobreza que no para de crecer en contraste con los obscenos niveles de concentración del ingreso y la de la riqueza nacionales, con y sin pandemia, con y sin guerra o sequía, en un devenir en el que la desaforada inflación y la falta relativa de divisas, son también integrantes del resultado.
Ahora ya no sólo existe un conflicto entre variables. Detrás de ellas hay necesidades e intereses en juego. Son las derivadas de la resistencia ante el agotamiento y desesperación de los sectores vulnerables, que son millones, las de las mayorías que perciben un futuro sin perspectivas y plagado de incertidumbre y las que, como contraste, se incuban tras la voracidad del poder real que avizora que el actual modelo ha llegado a su fin y por eso reclaman un cambio. Más aún frente a un mundo que ha cambiado y se muestra ávido por las riquezas que la naturaleza nos ha colmado, como lo testimonia las declaraciones de Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de Ejército USA
Esta es la base sobre la que se asienta la disputa entre los dos modelos de país, los que se expresan en disímiles fórmulas partidarias que acuden al actual e histórico período electoral.
Juntos por el Cambio (J x C), expresión político-partidaria del poder real, en sus dos versiones, no manifiestan en lo esencial entre ellas diferencias programáticas que las distingan. Las dos recogen las reivindicaciones históricas del neoliberalismo, desde Martínez de Hoz a la fecha, y si por algo se caracterizan es por el inconmensurable daño que infringieron al país y a las mayorías. Para las franjas etarias más jóvenes, el recuerdo de la experiencia macrista y las recetas del FMI, les valdrá para actualizar su saber.
Ahora, por lo menos, contamos con una ventaja respecto al pasado. Explicitan lo que programáticamente se proponen: una brusca devaluación y unificación de los diferentes mercados de cambio, sumado a la abolición de las restricciones cambiarias, el llamado “cepo”, y las del movimiento de capitales. Un combo que augura una inflación descomunal y un ámbito propicio para la especulación financiera y la fuga.
Como compensación, prometen la “ventaja” de abrir las puertas a la competencia externa, incentivo – dicen – al incremento de la productividad y la baja de precios, todo lo cual fue parte causante del cierre de 25.000 pymes, una desocupación que afectó a varios cientos de miles de trabajadores y una pérdida de 20 puntos en el poder real de compra de los salarios, todo durante la gestión macrista.
El ámbito de lo laboral también es objeto de la preocupación cambiemita, que en lo fundamental apunta a la precarización laboral, la eliminación de derechos consagrados por los convenios colectivos de trabajo y el debilitamiento y hasta la anulación, de ser posible, de la organización sindical, minimizando así la incidencia del trabajo como poder y como parte del costo general.
Están en la mira los adicionales por antigüedad, por trabajo insalubre, por zona desfavorable, por título, las asignaciones familiares y así de seguido.
Suspender la renovación automática de los convenios para forzar la flexibilización de las condiciones laborales y reducir también el costo de las indemnizaciones. ”Hay que dar mucha claridad y certeza con respecto a los costos, tanto de entrada como de salida” según expresan.
Aferrados a la falacia del déficit fiscal y la emisión que lo financia como causantes de la inflación – pretexto para suprimir la función regulatoria del Estado y su involucramiento en la gestión de los rubros estratégicos – apuntan contra el gasto social y la organización y estructura gubernamental. Por ello tienen previsto reestructurar, en concordancia con las recetas del FMI, el régimen de jubilaciones y en particular los servicios del PAMI, la gratuidad de los medicamentos, de la educación y la de la salud. Por ello también proyectan, y lo dicen, suprimir ministerios y privatizar empresas, pero restaurar un símil de las AFJP, verdadero bocado de bancos y del capital financiero.
Una mayor concentración de poder y riqueza, una mayor desigualdad social y la intensificación del sometimiento al capital financiero mundial será, fuera de toda duda, uno de los resultados. No hay sector ni clase popular, incluido la llamada clase media, que esté a salvo. En mayor o menor medida, caerán todos en la volteada.
El otro conecta con el grado de compatibilidad entre semejante programa y la tolerancia social, máxime con un pueblo como el argentino que tiene incorporado a su historial una larga tradición de lucha, como lo prueban la gesta del movimiento de los derechos humanos, la reversión de la amnistía implícita en el fallo del 2 X 1 en favor de los genocidas o la conquista legal del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y en lo específico, no olvidar el recule – represión mediante – que en 2017 Macri se vio obligado a emprender cuando la movilización popular rechazó el proyecto de ley de reforma que él esperaba fuera aprobada por el Congreso
Invocando el aprendizaje extraído de las frustrantes experiencias del pasado, aseguran estar dispuestos “al todo o nada”, al decir de sus más encumbrados personeros. El prontuario político de varios de ellos respalda de lo que son capaces. Ministros y altos funcionarios del gobierno de la Alianza, presidida por Fernando de la Rúa, responsables del blindaje, de la reducción del 13 % de los sueldos de los empleados públicos, de las jubilaciones y las transferencias a las provincias, de la eclosión del corralito y del “que se vayan todos” y la masacre que en 2001 contabilizó 39 muertos en todo el país.
Prontuario que ahora se engrosa con el salvajismo que evoca la metodología represiva de la dictadura cívico militar, al que recurrió el gobierno del jujeño Gerardo Morales, hoy precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, para intentar acallar y disciplinar a un pueblo movilizado tras reivindicaciones legítimas. Vandalismo que de inmediato contó con el respaldo explícito de todos los referentes de J x C, lo que prueba que entre ellos, en lo esencial, no hay diferencias. Tampoco olvidamos el intento de magnicidio en la persona de la Vicepresidenta, del que hay indicios suficientes como para sospechar con fundamento de la cúpula de J x C como ideólogos y financistas de semejante atentado.
Hasta aquí la ilustración de reformas y personajes que alimentan el espanto. ”Cárcel o bala”, fórmula de un poder que adicionalmente cuenta con el dominio sobre la corporación mediática y el partido judicial. Ejemplificación de una democracia degradada
Enfrentándolos, Unión por la Patria, también en dos versiones, se presenta con otras plataformas, que aunque difieren entre sí, son nítidamente opuestas a las de la derecha. Es que su norte es otro modelo de país, aunque difieren entre sí, pero ambas con vistas a uno con fundamento inclusivo, el que para una parte de sus integrantes debe apuntar a su transformación, hacia una sociedad alternativa, sostenida por una democracia de nuevo tipo, una que reconozca el derecho de las organizaciones populares a participar en la definición de las decisiones fundamentales de orden público y de interés social. Por eso impulsan la recomposición de los ingresos populares, el apoyo a las pymes de la ciudad y del campo, el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva y a un Estado presente y activo.
Saben que se parte de un presente extremadamente complejo, fruto de todo un pasado y las extorsiones del FMI, sumado a las complicaciones derivadas de fenómenos exógenos e impredecibles como la pandemia y una devastadora sequía, pero sin omitir las insuficiencias y los errores incurridos durante el gobierno de Frente de Todos. De esto último también se es consciente y se confiesa haber tomado debida nota.
Se trata ahora de ponerse en marcha para ganar voluntades, habida cuenta de que muchos han caído en el desánimo y la incertidumbre fruto de un futuro que lo ven sin horizontes. Desesperanzados, hay quienes desprecian la política y los políticos y faltos de cultura y conciencia política, meten a todos en la misma bolsa. Se abstienen o votan en blanco, favoreciendo en los hechos, ingenuamente, a la derecha. Son presa fácil de los neofascistas. En ganarlos nos va literalmente la vida. Por eso es hora de llevar la palabra, militar el voto casa por casa, por lugar de trabajo y de estudio, consciente que sin la movilización popular, sin el pueblo en las calles, no hay cambios.
Desde el gobierno, cuyo ministro de economía es a la vez candidato a la Presidencia, también se espera efectivice un aporte. Es imprescindible recomponer con urgencia, sin esperar al cambio de gobierno, los ingresos de los trabajadores, jubilados y pensionados, no sólo como expresión del reconocimiento de una necesidad humana y vital, sino como testimonio del inicio de ejecución del programa que se está difundiendo como promesa en la campaña.
Tesis 11