Próximos a cumplir cuarenta años de la recuperación democrática y a 46 del golpe de estado que inauguró la etapa más aciaga de nuestra historia, instaurando una dictadura cívico militar genocida que dañó profundamente a la sociedad argentina, mucho se ha hecho para investigar y condenar la brutal represión ilegal padecida, peroha sido insuficiente lo que se ha hechopara reparar la imposición violenta del modelo económico neoliberal de valorización financiera que dejó por herencia. Modelo que condenó a franjas crecientes de la población a la exclusión y al país le cercenó las posibilidades de un desarrollo integral que alcance a todos sus habitantes y a todas sus regiones.
Se creyó que, soslayando la confrontación directa con la cúpula empresaria que monopoliza la economía argentina, se podían ensayar caminos de desarrollo inclusivo que, paulatinamente, posibilitasen una nueva estructuración productiva que fuese continuidad en los nuevos tiempos del viejo modelo de industrialización sustitutiva de importaciones.
Sin embargo, crisis tras crisis y al calor de un tiempo mundial que favorecía la creciente expresión de esas tendencias, se acentuó la concentración de la riqueza en nuestra sociedad y la primacía de la lógica de la valorización financiera por sobre la productiva.
Con la democracia recuperada, al tiempo que se avanzó como en ninguna otra parte del mundo en el juicio y castigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal del régimen militar, y en un país exportador de alimentos, se inauguraban los planes alimentarios para socorrer a quienes no podían acceder a lo básico para solventar su vida. Desde la primitiva caja PAN hasta la tarjeta Alimentar, la persistencia de esas políticas públicas denuncia por sí misma la deuda social acumulada por la democracia con una amplia franja de la población.
No somos los únicos en advertir esta dolorosa circunstancia. En ocasión de volver a ganar por millones las calles y las plazas para repudiar otra vez el funesto golpe de estado y renovar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, se conoció una declaración del Grupo de Curas en Opción por los Pobres en la que con justeza ellos señalaban que “La matriz de valorización financiera implantada por la dictadura militar, a sangre y fuego mediante el terrorismo de estado, puso en marcha un patrón de acumulación de capital específico e impulsó una inédita redistribución del ingreso en desmedro de los trabajadores. El plan económico en funcionamiento interrumpió la industrialización en curso y la reemplazó por la especulación financiera como núcleo central de la economía del país.” Y marcaban su estrecha vinculación con el establecimiento de la deuda externa como mecanismo de subordinación económica del país.
La última renegociación del endeudamiento con el FMI evidenció el retroceso que significó el macrismo para nuestro país y nuestra democracia, en términos de pérdida de autonomía y empeoramiento de la desigualdad. Y actualizó el debate que cruza nuestra historia sobre los dos modelos en pugna, con la reivindicación explícita de muchos de los integrantes de la derecha que militan el macrismo de lo actuado por la dictadura militar.
Volver a esgrimir ahora la teoría de los “dos demonios”, como excusa para exculpar a los instigadores y ejecutores de la represión ilegal sufrida, es un renovado intento de sustraer a la memoria colectiva la comprensión de la génesis del ciclo de violencia política vivido por nuestro país y que inauguró la oligarquía y sus agentes con el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, el golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de Perón y los fusilamientos de José L. Suárez, por señalar unos pocos hitos. Esa simiente de terrorismo cívico militar en nombre de la libertad, fructificó luego en la violencia de los setenta, incubada en la proscripción y la persecución de las fuerzas políticas populares.
Entre tanto, la justicia no resuelve lo que la política deja sin dirimir. Y así, esos mismos sectores que propiciaron y se beneficiaron con lo hecho por la dictadura,escapan a la sanción legal de sus crímenes por el mero expediente del paso del tiempo, cuyo ejemplo paradigmático pero no el único es el caso Blaquier. Por esto la verdadera posibilidad de castigo de sus crímenes radica en el fortalecimiento, cualitativo y cuantitativo, de las organizaciones populares y de su arraigo en lo más profundo de nuestro pueblo. La continuidad de esa lucha está asegurada por la multitudinaria adhesión juvenil que recoge. La inmensa mayoría de los movilizados el pasado 24 de marzo no habían nacido o eran apenas niños cuando sucedió el desalojo violento del poder democrático. Corresponde a las dirigencias del campo popular acertar los caminos para completar la reparación plena del rumbo nacional, que haga sustantiva la democracia recuperada, promoviendo la participación esclarecida y organizada de los millones comprometidos con la causa popular.