La coalición encabezada por Alberto y Cristina Fernández, triunfante en las elecciones nacionales de 2019, ha recibido el mandato popular para retomar el sendero de conquistas sociales y económicas en favor de los más necesitados, en nuestro país.
Sin embargo, el nuevo gobierno, apenas iniciada su acción para remover la pesadilla macrista, se enfrentó a la pandemia sanitaria más tremenda del siglo. El cúmulo de conflictos originados por la crisis sanitaria de proyección mundial, y la fatídica herencia neoliberal, resultaron de una magnitud excepcional
No obstante, es evidente que la dirección de los asuntos estatales ha tenido una nueva orientación y se ha priorizado la salud de la población, así como la búsqueda de vacunas desde el mismo momento de su aparición. Al mismo tiempo que se acudió con ayuda en alimentos y dinero a los sectores más carenciados.
Pero, la derecha más rancia y conservadora al servicio de los grupos hegemónicos, representada por los medios de comunicación dominantes y la fuerza política residual del macrismo, ha saboteado, desde el primer día, al nuevo gobierno.
Sus acciones en los terrenos económico, político, comunicacional y judicial, han estado desde el inicio impregnadas del más absoluto desprecio por las leyes vigentes. No han tenido el mínimo sentido de la ética política y de la veracidad en sus manifestaciones, aún frente al peligro mortal de la pandemia.
Por el contrario, la especulación cambiaria, el aumento constante de los precios de los alimentos, el bloqueo legislativo para la sanción de leyes de reformas a favor del pueblo, la movilización de adictos contra la protección sanitaria y las vacunas, han sido una constante en el accionar opositor.
La pandemia sanitaria ataca doblemente al pueblo, no solamente poniendo en riesgo la vida, sino imposibilitando manifestaciones populares masivas que respalden acciones progresistas del gobierno y/o impulsen otras medidas para enfrentar la hegemonía dominante, que ataca permanentemente los intereses del pueblo y es causal fundamental de sus penurias.
La virulencia de la oposición en sus acciones políticas, económicas y de deformación de la realidad, a través de sus medios masivos de comunicación, muestra claramente una estrategia tendiente a la desestabilización política, con el claro objetivo de confundir y profundizar su influencia en el sentido común popular, y malquistar a las mayorías contra el gobierno popular. Similar estrategia que los grupos dominantes utilizaron y utilizan en América Latina, como en el caso de Brasil, Bolivia y México.
Episodios como el de las bolsas mortuorias frente a la casa de gobierno como forma de amenazas directa, ataque al automóvil presidencial en el sur argentino, acciones provocativas en Formosa, son claras muestras de una estrategia de los sectores opositores para impedir que el gobierno pueda concretar políticas que activen adhesiones populares.
Estamos en presencia de la representación más abierta de una confrontación política, que no es sino expresión de la lucha por el poder en Argentina, donde los sectores históricamente dominantes no están dispuestos a resignar ninguno de sus privilegios, sino, por el contrario, desean perpetuar su dominio a cualquier costo.
La circunstancia de un año electoral impone desafíos al gobierno con el objetivo de concretar acciones progresivas hacia el pueblo, dado que es fundamental lograr en los comicios la consolidación de una fuerza legislativa que sancione las leyes necesarias para avanzar. En este sentido son dos los campos decisivos: lograr alcanzar la mayor cantidad de vacunados y el fortalecimiento de los ingresos populares.
Es necesario que el poder de compra del pueblo sea fortalecido. La lucha antiinflacionaria no puede ser sólo un objetivo declamado, sino que es imperioso el control sindical y popular sobre los precios. La puja distributiva representada por el conflicto salarios-precios, debe ser volcada a favor de los primeros.
El gobierno debe publicitar su plan en favor de los sectores populares de manera sistemática y no sólo a través de intervenciones esporádicas de sus funcionarios.
Para confrontar con la prensa dominante es necesario que el gobierno difunda sus obras y proyectos y que las fuerzas representativas de los movimientos sindicales, sociales y populares elaboren formas creativas de manifestación en favor de las acciones progresistas del gobierno y de presión para su implementación.
Para todo ello es fundamental la difusión de un programa económico, político y social que responda a la voluntad popular expresada en el triunfo electoral de 2019, subrayando con claridad la existencia de dos proyectos en pugna:
Uno que insiste en profundizar el control de los grupos monopolistas dominantes y en degradar las condiciones de vida del pueblo, con el objetivo de proteger y aumentar su participación en la desigual distribución de la riqueza nacional. Al mismo tiempo que alinear a nuestro país con la potencia hegemónica de Occidente, cualquiera fueran las decisiones políticas en discusión y la agresión a los intereses populares en América Latina.
Y otro proyecto que es el nacional y popular. En favor de una distribución más justa del Ingreso Nacional y en defensa del pueblo y sobre todo de los sectores más vulnerados. Un proyecto que defienda los intereses nacionales en el interior del país, interviniendo en el comercio exterior, fuente de las divisas que necesitamos, controlando el manejo de las finanzas y el poder de los grupos formadores de precios. Un proyecto que intervenga en las cadenas de producción y distribución de alimentos para evitar aumentos de precios oligopólicos que deterioran el poder adquisitivo del salario. Un proyecto que realce una política internacional independiente y en función de los intereses nacionales, al mismo tiempo que apoye la lucha de los pueblos hermanos por sus reivindicaciones merecidas e históricamente postergadas.
Es imperiosa la necesidad de continuar avanzando enla conformación de una fuerza política, integrada por los sectores democráticos de la vida nacional, de los movimientos sindicales, sociales y políticos para acrecentar el apoyo a las medidas progresistas del gobierno, así como el empuje hacia nuevas acciones que avancen en el proceso de transformación de carácter nacional y popular.
Solo así podremos avanzar en el terreno de las conquistas sociales, de mayor justicia en la distribución de la riqueza social y de profundización en el camino hacia una democracia participativa. Es decir, una democracia en donde el pueblo participe en las decisiones gubernamentales, con proposiciones y control sobre su ejecución. Una democracia en donde el pueblo se sienta parte del gobierno que no sólo lo representa, sino en el cual participa. Sería un paso adelante en la lucha por la hegemonía del poder, y además mostrar claramente ADONDE VAMOS.