El gobierno de AF está llevando a cabo, en medio de grandes dificultades, las principales medidas prometidas en la campaña electoral. La consigna básica “primero los últimos” tuvo prioridad en la acción de gobierno a través de planes concretos de alimentos, aumentos de subsidios y ayuda a los trabajadores a través de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia y la Asistencia al Trabajo y la Producción. La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es ejemplo de la importancia de la lucha popular por reivindicaciones y del cumplimiento de una de las promesas electorales más sentidas.
La pandemia que azota al mundo está impidiendo la concreción de un plan de reactivación importante del mercado interno y sectorialmente extendida, a través del mantenimiento de salarios y jubilaciones.
Al desastre heredado de la administración neoliberal, se agregó inmediatamente la pandemia y la confrontación con una oposición salvaje e irracional que, desde su inicio, saboteó todas y cada una de las medidas del gobierno para cuidar la salud del pueblo y mantener, en lo posible, un equilibrio con actividades imprescindibles en lo económico y social.
En medio de esta carrera de obstáculos, el gobierno continúa con sus esfuerzos de mejorar la distribución del ingreso social, pero los grupos dominantes junto a los medios de comunicación hegemónicos y los jueces adictos, bloquean permanentemente toda medida en esa dirección.
Este proceso está, básicamente caracterizado por la oligopolización del mercado. Un grupo de grandes corporaciones formadoras de precios, reaccionan en función de sus apetencias respecto de los valores con que lanzan sus productos al mercado.
Al ataque inicial contra el peso, con corridas hacia el dólar, se ha agregado que la suba de los precios internacionales de las materias primas alimenticias (que debería representar una bendición para la economía), repercute en nuestro país de manera contradictoria.
Por un lado, representa un aumento de los ingresos en divisas vía exportaciones argentinas pero, por el otro, implican una suba de los precios de los alimentos para el consumo interno del pueblo, si no se toman medidas que desconecte los precios internacionales de los domésticos.
Ante esta situación se impone la adopción de mecanismos tales como, aumento de retenciones, o cupos para ser destinados al consumo doméstico u otras medidas que desacoplen los precios internacionales de los domésticos. Estas medidas son, históricamente, causal de reacciones frontales por parte de los sectores dominantes agroexportadores y terratenientes (salvo cuando las aplica, por necesidad extrema, un gobierno conservador adicto a sus intereses)
Esta es una encrucijada vital para la economía argentina que requiere soluciones de tipo político y que, como toda confrontación, pone sobre la mesa la relación de fuerzas existentes. Relación que, históricamente, ha generado enfrentamientos y ha determinado movilizaciones populares, sociales y gremiales. Movilizaciones que siempre representan un vector de capital importancia para la dilucidación de los conflictos.
Las organizaciones sindicales y sociales, como la CTA Autónoma, la UTEP, la Corriente Federal de los Trabajadores, y otras han hecho conocer su diagnóstico de la situación y ofrecido alternativas y planes de acción en la materia (1). Asimismo, Tesis 11 se expresó sobre dicho documento con aportes y comentarios pertinentes. (2)
La escasez de divisas y su influencia sobre el tipo de cambio, y éste a su vez sobre la tasa de inflación, presionan fuertemente sobre el costo de vida de los argentinos y es un tema prioritario a resolver.
Al mismo tiempo, el control de la sobre y/o subfacturación de las exportaciones, es otra encrucijada que requiere una firme intervención estatal y demanda modificaciones en el sistema actual de hidrovías por donde circulan las exportaciones. La disyuntiva es mantener dichas rutas en manos privadas y continuar accediendo al océano a través de Montevideo o la creación e incorporación de un ente estatal o mixto, que utilice nuestros accesos al Atlántico construyendo el demandado canal Magdalena.
El gobierno ha negociado en forma exitosa la impresionante deuda externa dejada por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Esto tiene enorme importancia para el control de las reservas del banco Central y para la negociación futura de empréstitos convenientes para el país. Ahora enfrenta otra encrucijada que es la negociación con el FMI, sin sucumbir frente a las exigencias tradicionales e históricas de este organismo para acordar renovaciones con facilidades extendidas a mediano plazo.
Controlar las variables macroeconómicas es importante para contener desbordes inflacionarios, como dijo el ministro Guzmán, pero la encrucijada es que dicho control debiera incluir el abordaje y el control de la acción de los grupos concentrados, que determinan los precios, las más de las veces, independientemente de las variables macroeconómicas, aumentándolos sistemáticamente por encima del aumento de costos.
Otra encrucijada para el gobierno es la actitud ante el lawfare o “gobierno de los jueces”. La Corte Suprema de Justicia, que continúa en funciones sin ningún pedido de juicio político, es la que avaló el accionar de jueces como Bonadío y otros, que persiguieron judicialmente a funcionarios de la administración Kirchner, avalando prisiones preventivas ilegales y procesamientos sin pruebas, o con declaraciones forzadas a “arrepentidos” so pena de encarcelamiento. La oposición se sigue sirviendo a voluntad de jueces adictos, en casos como Vicentín (empresa quebrada fraudulentamente, y sujeto de primer orden en el comercio exterior de granos y oleaginosos), impidiendo el acceso del Estado, como principal acreedor, a su administración, protegiendo el empleo de miles de familias e interviniendo en la materia. El fraude judicial montado contra el ex vicepresidente Amado Boudou, al que no se le perdona la idea de nacionalización de las AFJP, por parte del gobierno de Cristina Kirchner ; la aceptación judicial de un pedido de amparo del grupo Clarín, para que Cablevisión aumente sus tarifas, pese a la disposición legal en contrario sancionada por el gobierno nacional. Son algunos ejemplos que reflejan la continuidad de un “gobierno de facto” de los jueces con los grupos dominantes.
En síntesis, aún con avances en la solución de temas concretos, la principal promesa-objetivo del gobierno electo, la de mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino permanece incumplida, aunque en condiciones de pandemia. Esto requiere un accionar de confrontación que muchas veces el gobierno no desea asumir.
La acumulación de fuerzas políticas en favor de soluciones favorables al pueblo, y cómo lograrla, es la gran encrucijada. Requiere, ineludiblemente, el apoyo movilizado y activo del pueblo. En este sentido, y como lo venimos reiterando, la acción coordinada de los dirigentes sindicales y sociales es fundamental.
Frente al enorme “poder de fuego” de la oposición y los grupos económicos, los gobiernos que han resignado decisiones soberanas a favor del pueblo, llevados por la convicción de que el poder del adversario pueda penalizar aún más al pueblo, han terminado, en sus retrocesos, cediendo la totalidad del poder a manos de estos sectores dominantes de la estructura económica y política de nuestro país.
Se impone generar acciones creativas, en el contexto de la pandemia, que proyecten la movilización popular y su voz en esta coyuntura.