Los doce años de gobierno popular (2003/2015) restableciendo e implementando nuevos derechos sociales en Argentina, así como el crecimiento del salario y las jubilaciones, del mercado interno y la consolidación de los derechos humanos, han marcado un hito de magnitud considerable al cual directa o indirectamente se han relacionado los sucesos económicos, políticos y sociales posteriores.
El neoliberalismo desesperado por retomar el poder político, prometió, para las elecciones presidenciales de 2015, mantener todas las conquistas sociales y mejorar los aspectos negativos o faltantes del gobierno popular, así como terminar en “cinco minutos” con la inflación en Argentina. Así logró, por escasísimo margen, ganar la presidencia por el período 2015/2019.
Pronto quedó demostrada la falsedad de tales promesas. Se implementó la política neoliberal más agresiva, promoviendo la especulación financiera, auspiciando el ingreso de “capitales golondrinas” que vinieron a enriquecerse con tasas de interés astronómicas (únicas en el mundo). Se destrozó la industria nacional, quebrando a decenas de miles de pymes. Se aumentó la desocupación y la marginalidad social y el hambre. Persiguieron y encarcelaron sin causas a ex funcionarios. Cooptaron el poder judicial con jueces corruptos. “Vaciaron el país” y cuando ya ningún fondo de inversión creyó en ellos y pidieron la devolución de sus dólares, el gobierno neoliberal recurrió al FMI. El Fondo accedió a un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales llegaron 45.000 millones (único y sin precedentes, violando sus propias normas). Con ello se permitía el repago a los fondos especulativos y la fuga de divisas, al mismo tiempo que se apoyaba la reelección de Mauricio Macri. Objetivo que no lograron- Pero dejaron un país destrozado y con una deuda externa colosal e impagable.
El triunfo del Frente de Todos en 2019 representó el renacimiento de expectativas populares, en el sentido de retomar la política a favor del pueblo y recuperar lo perdido.
Pero el país en ruinas, con una inflación record en 30 años, con una deuda externa record en dólares y nuevamente con el FMI en el escenario, representaban obstáculos difíciles de desalojar rápidamente del camino del progreso social.
Si faltaba algo, la pandemia internacional se sumó a este cuadro siniestro. Frente a un flagelo sanitario único y nuevo en 100 años, el gobierno actuó con celeridad en todos los frentes. Obviamente, tuvo éxitos y errores. Se encaró una política sanitaria de enorme envergadura de protección social para el cuidado de la población. Se reequipó un sistema hospitalario y sanitario destruido por el macrismo. Se buscaron y consiguieron vacunas (Argentina fue el primer país de la región en obtener la vacuna Sputnik). Al mismo tiempo, se implementaron planes sociales para cubrir y compensar en alguna medida la caída en los ingresos populares. Incluso se subsidió a empresas en el pago de sus nóminas salariales. Pero, no se tuvo igual éxito en la contienda con los grupos formadores de precios, ya que la inflación no pudo ser contenida y el impacto en el nivel de vida de los grupos más carenciados y vulnerados fue muy grande.
Las dubitaciones y distintas miradas en el seno de la coalición ha tenido repercusión en la indefinición de asuntos claves, como el desacople de los precios internos a los precios internacionales de los alimentos, y por ende, el control de los formadores de precios. No se avanzó demasiado en el control de las exportaciones y vías navegables para su transporte. Los esfuerzos y logros de las políticas gubernamentales, no fueron transmitidas a la población con sistematicidad y amplitud. No hubo una política de comunicaciones al pueblo, utilizando todos los medios disponibles.
En este contexto, hoy, lxs argentinxs enfrentamos nuevas y muy difíciles encrucijadas. Existen núcleos centrales de conflicto, para el país, cuya resolución, en una u otra dirección, implicarán consecuencias muy importantes para el futuro del pueblo.
Las elecciones de medio término, la renegociación de la deuda macrista con el FMI, y el control del desborde inflacionario provocado por los grupos económicos dominantes. En todos los casos, representan encrucijadas que significan una colisión de intereses antagónicos, cuyos resultados serán a favor o en contra del pueblo.
Inflación: Después de casi dos años de intentos dialoguistas y de búsqueda de acuerdos con las empresas oligopólicas, el gobierno se dispuso a poner un límite férreo al desborde de precios.
Con el dólar oficial siguiendo un curso normal, con salarios reales en baja, con tarifas de servicios públicos congeladas, los precios de los alimentos no tienen causal objetiva para aumentar sus precios. Salvo, la obstinada posición de los principales y concentrados grupos productores y distribuidores de alimentos, por recomponer sus márgenes de ganancia y elevar sus montos, considerablemente.
El gobierno dispuso la fijación de precios máximos. Medida que representa un posicionamiento frente a los oligopolios dominantes. Pero que, al mismo tiempo representa una encrucijada muy importante.
a) Si el gobierno logra dominar la escalada inflacionaria, esto significará una mejora del salario real, en su poder de compra y, al mismo tiempo, mejorará la situación de los sectores no monopolistas que ven caer sus ventas por dicha escalada alcista de precios.
b) Si los grupos oligopólicos, y la derecha política que los representa en Juntos por el Cambio, no aceptan esta limitación a su estrategia enceguecida de “ir por todo”, tanto en el plano económico como político, y responden con medidas como el desabastecimiento o insubordinación a la norma legal, otro será el “cantar”. El gobierno entonces, se verá enfrentado a una nueva situación y deberá aplicar la ley y las sanciones correspondientes. Dada la correlación de fuerzas políticas, será definitoria la actividad de los movimientos sindicales y sociales en esta confrontación, incluyendo a las capas medias, pymes y demás sectores populares.
La negociación con el FMI es otra encrucijada. El gobierno nacional, a través del presidente y del ministro de economía, han reiterado que no firmarán un acuerdo con condiciones que impliquen un ajuste sobre el gasto social y por ende, agrave la vida de millones de argentinos y argentinas.
La derecha neoliberal opositora, reclama un cierre rápido de las negociaciones “de cualquier manera”. Es decir, como quiera el Fondo. Sabe que esto implicaría ajuste del gasto social y un boomerang contra el gobierno, de lo cual pretenden sacar enormes tajadas.
La cumbre del G20, recién concluida en Roma, emitió una recomendación al FMI, respecto al no pago de sobrecargo en las tasas de interés. Pero, al mismo tiempo, Marc Stanley, posible nuevo embajador norteamericano en Argentina, declaró en el Senado de su país, que “Argentina es un hermoso autobús que no le funcionan las ruedas…”, agregando que “… el gobierno argentino aún no ha presentado un plan para el pago de los 45.000 millones de dólares que se le deben al FMI”. Eso sí, dijo que “…si es nombrado, colaborará en dicho acuerdo…”. Es decir, EEUU, principal accionista del FMI, envía mensajes al gobierno argentino, para que sean “decodificados”. Encubren manifestaciones de subestimación hacia los países periféricos como el nuestro, y al mismo tiempo, chantajes para el “intercambio” de ciertas concesiones contra el alineamiento internacional y regional de Argentina, en el sentido de los intereses norteamericanos. El gobierno argentino aún no repudió estas declaraciones, y entendemos no debería dar el “placet” para su designación como embajador norteamericano en Argentina.
De todas formas, son negociaciones difíciles, en las que el riesgo de caer en default, representaría un escenario de gravedad para el país, y en consecuencia para su pueblo. Aún con las mejores negociaciones el volumen de la deuda representará una mochila muy pesada para el país. Pero lo que sí deberá ponerse sobre la mesa es ¿quién pagará esa deuda? ¿el pueblo o quienes la tomaron y la fugaron? Deberá implementarse una política impositiva progresiva y sobre los grandes capitales que atienda esta situación.
Elecciones: Ante este escenario interno e internacional, es imperioso lograr resultados positivos en las próximas elecciones legislativas. Allí, se decidirá si el gobierno podrá accionar con mayor velocidad y fuerza en dirección a los intereses populares, o la oposición aumentará “su poder de fuego” contra toda política social a favor del pueblo, por parte del gobierno nacional.
Las acciones de la oposición neoliberal de Juntos por el cambio, sus planteos electorales y la perspectiva de su relación con las fracciones ultraderechistas de Espert y Milei, permiten afirmar que:
a) Los planes de obstrucción y bloqueo legislativo de la derecha, incluyen propósitos de desestabilización institucional por cualquier medio disponible.
b) En la acción parlamentaria, se unirán las fuerzas de la derecha neoliberal de Juntos por el Cambio con el o los representantes que Espert y/o Milei puedan conseguir.
c) Sus coincidencias básicas estriban en un recorte drástico de los derechos sociales y de los trabajadores, como, eliminación de indemnizaciones, modificaciones y flexibilización laboral, por ejemplo, que ya anuncian desembozadamente.
Frente a estas encrucijadas, es imperioso que lxs trabajadorxs, los pequeños comerciantes e industriales, lxs intelectuales, de lxs artistas, hagan oír su voz. El pueblo en las calles, deberá manifestar su opinión y respaldar y empujar en forma propositiva medidas en favor del pueblo.