A pesar del feriado nacional, que supuso también un respiro a la agitación que viene ocasionando la cuestión del dólar en los mercados, la semana comenzó convulsionada para el gobierno argentino. Convocados bajo el lema“12-O” y con consignas tan amplias como vacuas al estilo de “seamos libres”, ciudadanos de distintos puntos de nuestro país protagonizaron un banderazo con pocas propuestas y aún menos coherencia. Uno de los principales reclamos hacía referencia al traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli; designados por fuera de los mecanismos institucionales, durante la anterior presidencia. Otro de los orígenes del descontento era la prolongación de la cuarentena, y la doble amenaza de inflación y devaluación. La bandera insignia de estos mismos sectores de clase media-alta, la inseguridad, tampoco podía faltar. Una nueva táctica que viene ganando terreno en los sectores de la derecha: es movilizar, cuyo claro objetivo es desestabilizar.
Claro que la pretensión de poner en jaque a la gestión de Alberto Fernández no tiene una única arista. La semilla de la discordia quiso ser implantada desde el momento en que distintos sectores del peronismo confluyeron en el Frente de Todos; de allí en más, el discurso de la oposición se ha empeñado en buscar las diferencias entre sectores más “cristinistas” y otros inclinados al “albertismo”. Esta idea rondó las últimas declaraciones de algunos sectores de Juntos por el Cambio, que insisten en que es inviable un país donde la ex vicepresidenta tenga voz y voto. Esos mismos que no dudaron en oponerse a la política sanitarista, reclamando en pos de las libertades individuales, y minimizando el impacto que el Coronavirus podría tener en las poblaciones más vulnerables, hoy se empeñan en repetir que la cuarentena fracasó, que la crisis económica es inminente. Esos mismos que dejaron un país devastado luego de una devaluación del 550%, la cual erosionó totalmente el poder adquisitivo del pueblo trabajador.
La problemática generalizada en el mundo del trabajo y la producción es algo que preocupa, más en ciernes de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El planteo de un ajuste fiscal es un fantasma que sobrevuela toda conversación sobre el tema, más si tenemos en cuenta la nefasta experiencia que vivimos en décadas anteriores con el mismo organismo de crédito. Deberá entonces el gobierno encontrar la forma de evitar que el plan a implementar condicione el crecimiento de un país al que le costará bastante retomar el sendero industrial en las condiciones actuales. Tiene como ventaja la intención del F.M.I. de “limpiar su nombre” tras los fracasos en los que han caído sus prestatarios. Y tiene como desventaja ser una nación cada vez más dependiente de la exportación de commodities, y del antojadizo ingreso de dólares al país, de acuerdo a la conveniencia del sector agropecuario, hasta el día de hoy sin resolución favorable. La postura del gran empresariado, expresada durante estos días en el coloquio IDEA, sigue siendo la misma de siempre: reconocer como principales enemigos al gasto público, al régimen impositivo y a la ineficiencia estatal.
La justicia también es un terreno en disputa, más allá del revuelo que causó la iniciativa de reforma judicial promovida por el Frente de Todos. Esta semana nos dio dos claros ejemplos de ello. En primer lugar, la causa por espionaje ilegal que tiene como protagonista a la A.F.I., originalmente en el juzgado federal de Lomas de Zamora, que intentan derivarla a Comodoro Py, tal y como lo viene reclamando el secretario privado del ex presidente Macri, Darío Nieto, quien especula con una benevolencia mayor en el fallo. Luego, tras el anuncio del lanzamiento de Nodio -un observatorio oficial sobre la información que se transmite a través de los medios de comunicación masivos, para evitar la propagación de “fakenews”- Carlos Stornelli pidió la indagatoria de su titular, la periodista y Defensora del Público Miriam Lewin, originada en una denuncia del bloque de Juntos por el Cambio. Esta partida concluyó a favor del oficialismo, en tanto la jueza María Eugenia Capuchetti rechazó la medida cautelar solicitada por el fiscal. El desafío está planteado para una coalición en el poder que debe atender varios incendios al mismo tiempo. Por lo pronto, la pandemia encontró una certera intervención estatal a modo de repuesta: la formulación del Ingreso Familiar de Emergencia, el lanzamiento de créditos con tasa del 24% en el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, los bonos para monotributistas, la cobertura del 50% del ingreso de los trabajadores en relación de dependencia, así como el mantenimiento de la asignación universal por hijo y por embarazo, dejaron en evidencia la fortaleza de un Poder Ejecutivo decidido a actuar. Asimismo, en la grieta dentro de la grieta, donde los sectores duros reparten culpas entre figuras como Emilio Monzó o Rogelio Frigerio, puede hábilmente meter cuña el Frente de Todos para, con paciencia e inteligencia, resquebrajar el discurso pretendidamente único de la derecha. Entre tanto, el apoyo expresado claramente en la gigantesca movilización del 17 de octubre, en forma virtual y en las calles, a pesar del sabotaje es la verdadera base de sustento de la democracia y resultará decisivo en la defensa de un gobierno que deberá ser apuntalado con más organización, con más política y con más lucha.