Está vastamente difundido y por tanto incorporado al sentido común el que los impuestos tienen como finalidad esencial financiar los gastos del Estado. Son, se dice, tan sólo un recurso. Simplificación conceptual que cuando está apoyada en una concepción individualista, se termina repudiando el criterio de progresividad en los impuestos, el de tributar sobre las ganancias y a la vez sobre el patrimonio, en particular cuando el opinante es de anchas espaldas y por eso la ley le obliga a pagar. Casos ilustrativos: ley del Aporte Extraordinario a las grandes fortunas y la reciente modificación al impuesto sobre los Bienes Personales.
Es una visión que comúnmente va también asociada a la convicción de que siendo el Estado responsable de una gestión en lo sustancial ineficiente e improductiva, es de elemental racionalidad achicar el Estado, comprimir con ello sus requerimientos y reducir, por ya no ser necesario, el nivel de presión tributaria. Resultando para los que así razonan, que menos impuestos proveen incentivos a la inversión, la producción, el empleo y la generación de riqueza. La disyuntiva es pues: Estado o mercado.
Si la realidad fáctica fuera necesaria para dar por tierra con este slogan ideológico y publicitario basta con la evidencia de un Estado diligente que cargó sobre sus espaldas y con indesmentido éxito la lucha contra la pandemia. El “mercado” no acercó siquiera una dosis de alguna vacuna. Además, no son los impuestos, mucho menos en Argentina, el condicionante de la inversión productiva.
De esa mirada consustanciada con la concepción neoliberal, puntualicemos algunas de las falacias implícitas en este esquema argumental, falacias que además ocultan:
1. una variable crucial como la distribución del ingreso y su efecto sobre la concentración de riqueza;
2. el carácter y el tipo de Estado, la función social y política que está llamado a cumplir. Para qué proyecto de país y de sociedad el Estado gestiona y por tanto recauda y de quién; y,
3. los sujetos que inciden y cómo en el funcionamiento del mercado, que en el capitalismo de esta era es el capital concentrado, los monopolios y el predominio de lo financiero con su entrelazamiento y subordinación al mercado mundial.
Si el escenario lo ampliamos y conjugamos con toda esta complejidad de variables, advertiremos que un Estado siempre distribuye y redistribuye ingresos, tanto cuando recauda como cuando gasta e invierte, cualesquiera sean los intereses que encarne, la clase o fracción de clase que en lo fundamental represente. La única y crucial diferencia entre una u otra distribución radica en la dirección en favor de cuales sectores de la sociedad de preferencia lo hace y mirando hacia qué futuro de país. En esencia quién o quienes, en términos netos, lo paga y para qué.
Con esta perspectiva importa, además de la magnitud de la recaudación impositiva y su proporción respecto del PBI, la estructura tributaria, esto es el grado de su progresividad y con ello la base imponible sobre la que se asienta: impuesto a las ganancias y sobre el patrimonio en contraste con la imposición sobre el consumo.
Este es un preámbulo que viene a cuento en una Argentina en la que la significativa recuperación económica de 2021 no irradió lo suficiente como para evitar que más del 40 % de sus habitantes no superara el umbral de pobreza, coeficiente que ronda el 10 % en el caso de los indigentes. Marco en el que se inscriben los compromisos a suscribir con el FMI, compromisos que por muchos años no auguran un lecho de rosas para las mayorías. Legado de una doble pandemia, la del macrismo y la sanitaria.
Entre otros, los temores que se desprenden de este Acuerdo están en las crecientes restricciones anuales del déficit fiscal y la emisión monetaria, con su ineludible repercusión sobre la actividad económica y la convivencia social. Preocupación que subsiste pese a la promesa oficial de alcanzar las metas sin deterioro de la magnitud del gasto público, en términos reales, más aun superándola, sostiene, pero compensada con el crecimiento de la recaudación derivada de un mayor PBI y la mejor administración tributaria. Explícitamente, el ministro Guzmán rechazó la posibilidad de modificar la estructura tributaria, satisfecho con “lo que hemos avanzado a partir de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en un conjunto de medidas que han fortalecido la recaudación con un criterio de progresividad…”
Es parte de esta orientación las notorias tareas de investigación y supervisión encaradas incluso con la utilización de medios electrónicos que han permitido detectar empresas fantasmas, operaciones de contrabando, sobre y subfacturación en el comercio exterior, facturación espuria, trabajadores no registrados, etc. Mayor recaudación gracias al combate contra la evasión.
No obstante es un error de perspectiva limitarse a decisiones que apuntan a que cierren los números acordados con el FMI. Las necesidades y posibilidades de Argentina y de las y los argentinos, trascienden esos objetivos, máxime con los extendidos índices de precariedad e indigencia. El interrogante a responder desde la acción política concreta es desde cual bolsillo se paga, qué es lo que hay que transformar.
En lo impositivo, pruebas al canto. La regresividad de la estructura tributaria argentina se evidencia viendo que de la recaudación nacional, los impuestos al consumo aportan el 60-65%; que el impuesto sobre los Bienes Personales responde tan sólo por el 1% de ese total y que de los impuestos recaudados tan sólo el 40% son impuestos progresivos y ello sin entrar a desmenuzar el grado de su progresividad.
Referido a Bienes Personales, impuesto que grava el activo de personas físicas y sucesiones indivisas, pero no a las empresas, impone una alícuota del 0.5% – el menor de toda la escala – sobre la proporción de la participación en el patrimonio neto de empresas y excluye del impuesto, entre otros, al valor de los inmuebles rurales cualquiera sea su destino o afectación.
Caracterización semejante corre para las recaudaciones impositivas provinciales. Excluyendo los ingresos por coparticipación, sólo el 14% responde a impuestos progresivos. En 2021 la regresividad impositiva provincial lo expresa el que el 86% era aportado por Ingresos Brutos, sellos y otros impuestos internos. Sólo en la Pcia. de Buenos Aires rige un impuesto a la transferencia gratuita de bienes (impuesto a la herencia), derogada a nivel nacional por Martínez de Hoz cuando tramitaba la sucesión de su padre.
El carácter de los problemas sigue en pie, sólo que agravados ahora con la compartida gobernanza con el FMI y la redoblada y previsible resistencia del bloque de poder – el capital concentrado, la corporación mediática y la parte adscripta del Poder Judicial- en asumir los costos de los cambios necesarios para evitar que estos corran por cuenta de las mayorías. Hay que evitar que éstas se conviertan en el pato de la boda. Ello es necesario y es posible, como lo prueba toda la historia humana en materia de conquista de derechos en beneficio de los pueblos. Sin ir tan lejos, aquí se derogó desde la calle el fallo del 2 X 1 que amnistiaba a genocidas y de ese modo también se sancionó la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es la hora de la reforma de la estructura tributaria, haciéndola sustancialmente más progresiva, meta que será posible alcanzar con la movilización y lucha unida y coordinada de las organizaciones sindicales, sociales, culturales, de pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo, de todos quienes fueron y son víctimas del neoliberalismo, sumando debate y lucha ideológica y programática. Es en defensa del interés propio, pero en el marco de una lucha colectiva y solidaria.
Tesis 11.