La inflación es una de las principales manifestaciones de los problemas estructurales de la economía de la Argentina, que influye negativamente en todo el funcionamiento económico, pero lo que es aún más importante, afecta gravemente a los sectores sociales de bajos ingresos.
El actual gobierno manifiesta tener claro que si no se logra que los salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y otros ingresos de los sectores mayoritarios, superen la suba de precios, sobre todo de los bienes y servicios de consumo masivo, no podrá cumplir con su objetivo de recuperación y desarrollo de la economía con inclusión social, ya que esto está indisolublemente condicionado por el crecimiento del mercado interno y, por lo tanto, de la demanda. Esto lo reiteró Cristina, principal referente política del Frente de Todos, en su discurso del 18/12/2020 en el Estadio Unico de La Plata, cuando expresó que “Hay que alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas” “yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más.”
El gobierno, al igual que lo hicieron Nestor y Cristina, encara el problema con diferentes acciones y medidas: Acuerdos entre el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, para contener el aumento de precios por debajo del aumento salarial, al menos de los bienes y servicios de la canasta familiar; Fijación de límites al aumento de tarifas de servicios esenciales (que tanto jaquearon a la mayoría de la población durante el gobierno de Macri); Institucionalización de la Prestación Básica Universal Obligatoria, para teléfonos celulares, internet, televisión paga y telefonía fija, que beneficiará a 10 millones de personas de menores ingresos y a instituciones de bien público; Ley de Góndolas, para asegurar que las pymes, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas de los supermercados; Medidas para que la evolución de la cotización de las divisas no supere la evolución de la inflación, para evitar que la impulse.
Ese tipo de acciones y medidas son necesarias y están bien; pero son insuficientes.
En efecto, la principal razón del aumento de precios en nuestro país es el grado de oligopolización de la economía, lo cual hace que, ante la falta de suficiente competencia, los oligopolios aumenten sistemáticamente los precios por sobre el aumento de costos de los bienes y servicios que suministran al mercado. Esto sucede, por ejemplo, con insumos básicos que entran en la producción y circulación de los demás bienes y servicios, como acero, aluminio, cemento, papel, plásticos, químicos y otros, cuyo aumento provoca la suba de precios del resto de los bienes y servicios. A esto se suma el grado de concentración de la propiedad de la tierra, que provoca la tendencia al aumento de la renta que se cobra por su utilización, y la concentración en la industria productora de alimentos, todo lo cual produce aumento de los precios de bienes alimenticios básicos. Hay que agregar el grado de concentración de las cadenas de comercialización, que también suman y mucho en el aumento de precios.
La solución de fondo al problema de la oligopolización requeriría de una vasta intervención del Estado como empresario y regulador de la economía, asunto que requiere de un grado de conciencia y organización política de los sectores populares de un nivel cualitativamente superior al actual. Sin embargo lo que sí se podría es profundizar las políticas de acuerdos que encara el gobierno y que hemos mencionado.
En ese sentido, desde Tesis 11 hemos expuesto en sucesivas declaraciones y artículos que se debería intentar un Acuerdo Económico Social, entre el Estado, las cámaras empresarias, las centrales de trabajadores y las organizaciones sociales, para determinar, como mínimo, una agenda de políticas de precios, impuestos, subsidios, créditos, salarios, jubilaciones y asignaciones familiares, entre otras. Pero para tener reales posibilidades de que estos eventuales acuerdos se respeten, es indispensable que los asalariados se involucren, en las respectivas empresas donde trabajan, en el control de la evolución de costos y de stocks, para evitar que se produzcan subas de precios injustificadas y/o desabastecimientos especulativos. A su vez las organizaciones sociales, y no solo las de defensa del consumidor, pueden aportar al control de precios en góndolas y de los stocks, al menos en las grandes cadenas comerciales.
Esta vía de involucramiento de las organizaciones sindicales y sociales en la lucha contra el flagelo inflacionario, desarrollaría en ellas, y en los sectores populares en general, experiencias concretas de democracia participativa y directa, asunto de una gran importancia, que excede el ya muy importante objetivo de luchar contra la inflación, dada la imperiosa necesidad de superar gradualmente la actual democracia solamente representativa y delegataria, sumida en una crisis cada vez más profunda en nuestro país y en todo el mundo capitalista.
El problema es político y la solución tiene que ser política, pero basada en una creciente intervención de los sectores populares en su elaboración y ejecución, lo cual es la vía más idónea para el aumento de la conciencia de los mismos y su concreción en organización. Esto es a su vez indispensable, en un plano general, para la lucha por la hegemonía política que permita avanzar hacia una sociedad cada vez más justa y democrática.