La interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ahora convertida en ley, ratifica que cuando hay una necesidad, una organización social democrática lo satisface con su reconocimiento en calidad de derecho.
También confirma que la lucha de masas en respaldo de reivindicaciones legítimas y sentidas, como la que esta vez estuvo corporizada en las mujeres, es el camino que antes o después culmina con la institucionalización del derecho reclamado.
La legalización y despenalización de la IVE es la satisfacción a la reivindicación inalienable de toda mujer a decidir íntima y libremente si, embarazada, debe o no ser madre sin la coacción del riesgo a la infección y la muerte por ser pobre o la vergüenza y el ocultamiento cuando lo puede pagar. De ahora en más será legal, seguro, gratuito e igualitario para todas, como lo reclama toda democracia que aspira a mejorar su calidad.
Es una conquista de un derecho de la mujer, pero también el que se instala en la conciencia social, más aún cuando contribuye a naturalizar el derecho humano al goce y la plenitud de la sexualidad sin la subyacente y a veces inconsciente perturbación del temor al embarazo y sus consecuencias.
Es una entronización que recorre un sendero que entre otros integran el derecho al voto femenino, el del divorcio vincular, el del matrimonio igualitario y el del reconocimiento a la identidad de género, a los que siempre se alcanzó luego de derrumbar una muralla de prejuicios y resistencias enclavadas en el llamado sentido común, adosado a suculentos beneficios económicos, en el caso del aborto clandestino.
Y como signo auspicioso para un nuevo año, vaya también la bienvenida a otro derecho como es el de asistencia estatal a la mujer que, embarazada, sí quiere ser madre pero está limitada en su capacidad de decisión por la precariedad material de su existencia. La ley de los Mil Días cubrirá sus requerimientos y los de su hijo desde la gestación y los primeros años del recién nacido. ¡SALUD!
NECESIDAD Y DERECHO