La Historia enseñó que la Revolución Inglesa primero y la Revolución Francesa después, hicieron posible el tránsito del absolutismo a los sistemas de gobierno representativos. Estas revoluciones, esencialmente burguesas, fueron concebidas en el pensamiento contractualista del siglo XVIII que consideró a la división de poderes como una garantía de equilibrio en el ejercicio de la gestión de gobierno del sistema que denominaron republicano. En esa división de poderes compuesta por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, este último nunca fue sometido a elección de la voluntad popular. Ahora bien, ¿A quién sirvió siempre, y a quién sirve actualmente ese Poder Judicial? ¿Quiénes fueron siempre los beneficiados por esa estructura jurídica que decide sobre la vida de los pueblos? Poner en duda y criticar al aparato jurídico parecería ser una propuesta de avanzar por un sendero plagado de herejías para los cultores ortodoxos del derecho, ya que se pondría en tela de juicio todo el sistema judicial del orden capitalista. A la manera de una breve analogía con la genealogía que hizo Michel Foucault en dos de sus más brillantes trabajos,[1] lo que se pone en cuestión es la relación que se establece entre la Verdad y la aplicación de Justicia.
La reflexión precedente es aplicable a la actualidad. Si se observa el contexto latinoamericano a dos décadas de iniciado el siglo XXI se pueden responder a las preguntas planteadas con anterioridad. Si la mirada se pone en la coyuntura de la Argentina en particular, el resultado de tal observación no difiere de lo padecido en otros tantos países de América Latina. El Poder Judicial en el marco del neoliberalismo se fue convirtiendo en una superestructura al servicio del capital concentrado en los monopolios locales y extranjeros. La “Justicia” como virtud a lograr por una sociedad desarrollada, quedó muy lejos de la ejecución llevada a cabo por los integrantes de la corporación judicial que optaron por la puesta en práctica del “lawfare”. La utilización de este poder republicano como instrumento de represión y contención del avance democrático y popular, fue una constante desde los tiempos del capitalismo neoliberal. Fue una propuesta del imperialismo como una herramienta más disimulada de control y vigilancia sobre los movimientos nacionales y sus circunstanciales dirigentes.
La Argentina del macrismo fue el mayor ejemplo del estropicio que se pudo hacer a una sociedad con este “nuevo instrumento” de control sobre los pueblos. Esta nueva arma, que implicó el accionar conjunto de los monopolios de medios de comunicación y el poder judicial, se aplicó desde la administración Macri con una naturalidad asombrosa. Los resultados de esta siniestra alianza, fueron los casos más vergonzosos de persecución política que mostraron claramente como se actuaba mediante este tipo de guerra judicial que siempre se opuso al desarrollo de la democracia. Una democracia popular que sin duda podía poner en peligro la continuidad de los modelos económicos del imperialismo y los beneficios de acumulación de las minorías. Durante este tiempo, la movilización popular fue la única fuerza que pudo limitar este abuso de poder, el ejemplo más relevante fue la movilización espontánea y multitudinaria contra el “dos por uno” a favor de los genocidas del Terrorismo de Estado que debía resolver la Corte Suprema.
En la actualidad, aún después de que el candidato de Cambiemos perdió las elecciones, el “lawfare” no terminó, por el contrario, el accionar de esta “alianza desestabilizadora” continuó sin que nadie la detuviera. Un ejemplo de ello fue la reciente determinación de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena en el “caso Boudou”, sin tener en cuenta las cuantiosas anomalías del mismo. Esto realzó la duda sobre la supuesta independencia del alto tribunal. Esta Corte, muy devaluada de aquella que fue renovada por el presidente Néstor Kirchner, se ha convertido en un tribunal muy poco confiable. Desde que su actual presidente, cuyo estudio representa legalmente a los monopolios mediáticos y a capitales extranjeros con intereses ajenos a la soberanía nacional, ninguno de sus fallos pueden considerarse independientes. La vergüenza de la continuidad de tantos encarcelados sin pruebas ni condenas que solo fueron castigados por sus ideas políticas, hace necesario que el gobierno elegido desde hace un año tome cartas en el asunto. La táctica de la derecha es judicializar todo tipo de medidas económicas, políticas y sociales que estén reñidos con sus intereses. Su estrategia, desestabilizar gobiernos democráticos e instalar las “nuevas ideas republicanas” que no son otras que una expresión lavada de un fascismo del nuevo siglo que condice con la ideología neoliberal.
La solución no es por la vía jurídica, la solución es política y requiere de una determinación en el ejercicio del poder. Si la administración actual no decide ir por la conformación de una nueva Corte Suprema y una profunda reforma judicial, la posibilidad de lograr una sociedad más justa será imposible. Si la ambigüedad continúa caracterizando la actual gestión, seguiremos inmovilizados frente al ataque de nuestros enemigos sin poder ayudar a quienes realmente más lo necesitan. Pero además, con la decisión del gobierno no alcanza, la movilización popular, la ocupación del espacio público a favor de la profundización de derechos, es esencial en esta lucha. Así como fue el freno al “dos por uno”, así como se expresó el movimiento de mujeres por el derecho al aborto legal, la movilización es la posibilidad de doblegar el brazo de los intereses minoritarios. En Argentina, un Poder Judicial mayormente corrupto, comprado por los capitalistas locales y extranjeros, con prebendas de perdurabilidad a pesar de no haber sido nunca elegidos por el pueblo, organizados para avalar la mendacidad de los medios de comunicación por temor a la revelación de sus impudicias, no puede seguir siendo el mismo. No pueden ser las mismas personas que se dedicaron a cometer ilícitos y condenar inocentes. Estos leguleyos no pueden seguir decidiendo sobre la vida y la libertad de nuestro pueblo. Un país con ese “Poder Judicial” será un país sin Justicia. Y en un Estado con ese tipo organización jurídica, la Justicia como la Virtud deseada colectivamente, seguirá siendo una Virtud “clandestina y subversiva”.
[1] Foucault, Michel. La Verdad y las formas Jurídicas. Gedisa. Buenos Aires, 1997. Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1985.