La crisis de la hegemonía unilateral de Estados Unidos y sus socios a nivel internacional, crecientemente se traduce en que hacen uso directo o amenazan usar la fuerza para dirimir los diferentes conflictos existentes, o bien los crean para promover dificultades en las naciones afectadas. La OTAN se ha desnudado en este tiempo como una alianza ofensiva, dispuesta a atacar en cualquier lugar del planeta para imponer sus intereses.
El listado de países en guerras más o menos abiertas es enorme, hasta el punto que nuestra América Latina destaca en la escena mundial por ser una zona de paz y muchos, entre ellos Francisco, cabeza de la Iglesia Católica, no dudan en afirmar que nos encontramos ya en la Tercera Guerra Mundial. Los acontecimientos últimos en Europa amenazan ahora empeorar el panorama, con el riesgo de la posible recurrencia al armamento nuclear, lo mismo que la sucesión de bravatas yanquis frente a China, usando a Taiwán como pretexto.
Pero si ese es el panorama global en este cambio de época, al interior de nuestros países, incluso el nuestro, la violencia política vuelve a escena, aunque todavía en forma episódica. A semejanza de lo sucedido en los años cincuenta, son los sectores del privilegio los que crecientemente tratan de imponer por la fuerza sus intereses, mediante un amplio repertorio de acciones, desde el lockout patronal, el bloqueo de las ventas de cereales en momentos de escasez de divisas en el Tesoro, la instrumentación de la Justicia para perseguir a sus oponentes políticos, hasta llegar al intento criminal de asesinar a la Vicepresidenta de la Nación.
En su frustración ante la imposibilidad de torcer la voluntad transformadora de los pueblos de la región y con la férrea decisión de preservar y acrecentar en lo posible sus privilegios, dejan de lado el debate político y pasan a la difamación, abandonan los argumentos en torno del bien común y recurren a la mentira para descalificar a los dirigentes del campo popular y, cuando todo eso no alcanza, directamente propician el uso de la violencia para imponerse y exterminar a sus adversarios. La promoción y amplificación de los discursos de odio son herramientas que usan los manipuladores de la opinión pública para instrumentarla en su provecho.
Ya usaron la violencia política en los cincuenta y en los setenta. Son los mismos republicanos de la autodenominada Revolución Libertadora, capaces de descargar a mansalva todo su odio sobre un pueblo indefenso y bombardear Plaza de Mayo para después fugarse. Son los empresarios promotores del terrorismo de estado de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. En su desesperada voluntad de preservar su dominio en la sociedad, se despojan de toda práctica democrática, aunque hipócritamente se exhiban travestidos como defensores de la libertad.
Pero, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Así, un oligarca que teme perder su primacía no es otra cosa que un fascista, como se puede verificar una y otra vez en la historia contemporánea. Frente a esta reacción, sólo cabe la respuesta firme y decidida del Estado con la ley en la mano, haciendo uso de todos los recursos a su alcance.
El momento es por demás significativo. El plan criminal orquestado contra Cristina Fernández viene a concretarse en simultáneo con el intento de condena fraguado en la causa Vialidad y cuando el país se asoma a una posibilidad cierta de transformación productiva que resolvería por varios años los principales problemas que lo aquejan. Tienen que sacarla de escena a como dé lugar porque ella hoy encarna para las mayorías la garantía de que las nuevas capacidades energéticas, mineras y tecnológicas servirán en el tiempo para asegurar un crecimiento económico con inclusión social. No quieren una distribución justa de esa riqueza, sino apropiársela para su exclusivo beneficio.
Pero no alcanza con la denuncia de las intenciones de los complotados. Se trata además de salir al encuentro de los desesperanzados, de los heridos por esta guerra sorda de poderes, que ametralla las ilusiones de los laburantes a fuerza de escaladas de precios promovidas para disolver la paz social. No sólo es cuestión de poner en orden a la economía, que claro, importa y mucho, sino de ponerla al servicio de una mayor justicia social, que abrace a las mayorías.
Es con más desarrollo pero también con mejor distribución. Y con mucho más debate con todas y todos los argentinos de a pie sobre el país que necesitamos construir y de qué manera alcanzarlo, paso a paso, sabiendo de la desesperada resistencia a la que habrá que sobreponerse. La dificultad para modificar, decidida y profundamente, las estructuras económicas y sociales de nuestros países ha sido la deuda de los movimientos emancipadores latinoamericanos que inauguraron el siglo XXI.
Ahora que estamos nuevamente reemprendiendo ese camino de unidad liberadora, con la sumatoria de Bolivia, Colombia, Chile y seguramente Brasil, podemos reforzarnos en la búsqueda colectiva de nuevas soluciones para nuestros viejos problemas. Preservar la paz de la región, darle una voz autónoma en el desafiante escenario internacional de nuestra época, resolver la deuda del atraso y la pobreza y seguir afianzando la integración regional requieren de mucha fuerza popular movilizada y organizada en la construcción cotidiana de nuestro modelo de sociedad justa, sustentable y democrática. El capitalismo en su agotamiento histórico, no sólo castiga con miseria eterna a la inmensa mayoría, si no que ha fracasado al condenar a la muerte a todo el planeta. Para defender la vida misma de la catástrofe ambiental que nos amenaza es necesario hacer las cosas de otro modo y empezar ahora.
Tesis 11.