La reiteración de la experiencia es más que suficiente para dar por probadola incompatibilidad del neoliberalismo con la democracia, su contradicción con el estado de derecho y con el respeto de los derechos humanos. Más aún cuando quienes dirigen y ejecutan esta concepción de la economía está en manos de émulos de la Camorra Napolitana, que es a lo que los argentinos estuvimos sometidos a lo largo de los cuatro años presididos por Mauricio Macri.
Es en este contexto que se explica la guerra judicial olawfare, en contra de Cristina Fernández de Kirchner y de una pléyade de opositores políticos, exfuncionarios, empresarios, dirigentes sociales y gremiales cuyo único delito fue su lucha en defensa de derechos que incumben a las mayorías, a su dignidad o por negarse a la ejecución de actos ilícitos en favor del poder o para disciplinar a políticos para que se subordinaran a sus dictados. Cúmulo de circunstancias que muchas veces culminaron con los perseguidos en la cárcel yestigmatizados mediática y judicialmente como delincuentes, mientras que al resto de la poblaciónse la mantuvo en libertad condicional.
Se llegó incluso a disponer la prisión preventiva de ex funcionarios por el presunto poder residual que supuestamente conservaban. Verdadero despropósito jurídico,fogoneado desde la Corte Suprema por Ricardo Lorenzetti y puesto en práctica por el Juez Martín Irurzun.
Todo lo señalado fue parte del “modus operandi” del poder real, sustentado en el capital concentrado, pero complementado,prestándole servicios, con las corporaciones mediáticas y como brazo ejecutor, con una parte del Poder Judicial, la Corte Suprema incluida, la misma del 2 X 1 en favor de los genocidas.
Para el logro más eficaz de sus objetivos se acosó a funcionarios, incluso a sus familiares,como le ocurrió a la Procuradora General de la Nación y también a jueces no confiables al poder, forzándolos a jubilarse, a renunciar o pedir el traslado, sustituyéndolos mediante mecanismos inconstitucionales – a dedo – por otros que “nos representen”, al decir de Macri, para que fallen en consecuencia o “como habíamos acordado”, como él mismo lo reconoció. Se reformularon los objetivos de los servicios de inteligencia y hasta se creó una “mesa judicial” que coordinaba y definíalos blancos, los objetivos ymecanismos de persecución y quese reunía – ahora se sabe – en el mismo despacho presidencial. Neoliberalismo al palo.
Muchos se sienten interiormente aliviados computando que hace un año y por decisión popular, el gobierno cambió de signo. Lo viven como hechos históricos, cosas del pasado. Pero lo que cambió fue el gobierno, no el poder y éste mantiene casi inalterado su poder de fuego. En consecuencia, el problema también lo tenemos hoy, en grado distinto, pero subsiste.
Como testimonio de prueba y a título de ejemplo de lo acontecido en el último año en el ámbito de lo judicial, de los muchos que hay, mencionamos: una, Milagro Sala y sus compañeras de la Tupac Amaru, desde hace cinco años y hasta el día de hoy presas por resolución de juicios amañados, caso ahora en manos de la Corte y al parecer durmiendo el sueño de los justos; otra, la admisión por los supremos del “per saltum” en un caso que no es de gravedad institucional, como es el de los jueces trasladados a dedo por el macrismo y que a renglón seguido, sumado al desprecio por el poder constitucional del Senado, emite un aberrante fallo que mantiene provisoriamente a tales jueces en un cargo que reconoce irregular. En otro expediente, ratifica la condena a prisión del ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, sin respaldo de pruebas, fundado en testimonios de falsedad probada, con testigo sobornado por el gobierno macrista para inculpar al acusado y para peor de males, sin exponer argumentos justificativos de su decisión.
La Cámara Federal de Casación Penal, Sala Iconvalidólas declaraciones de los “arrepentidos” en el juicio conocido como los de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, sin ningún tipo de audios ni filmaciones, exigidospor la ley.Es el caso del que se hizo público que se extorsionaba con la libertad a los “arrepentidos” que,a cambio de una“confesión” o discurso guionado, marcaran a un/a tercero/a.Y es también la causa a cargo del fallecido juez Claudio Bonadío, secundado por el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que está procesado por otros delitos graves, pero sigue desempeñandoel cargo como si tal cosa y además, amparado por el Controlador General, interino desde hace tres años, el macristaEduardo Casal. De paso ¿no hay elementos suficientes como para iniciar juicios políticos y obligar, por lo menos hasta que se reunan los votos suficientes,que jueces y fiscales tan solícitos con el poder tengan que exhibirse desnudos y enfrentar públicamente a la sociedad?
Es un estado de cosas que enerva la calidad de la democracia, que degrada el estado de derecho y que de subsistir pone en riesgo la convivencia social. Por eso se impone con carácter prioritario la liberación de todos los presos políticos,porque en primer lugar priman elementales razones de humanidad y de derecho. No corresponde el indulto ni la amnistía. No cometieron delito alguno que haya que perdonar. Ni se trata de comerse al caníbal. Una alternativa sería la reapertura de las causas que involucran a todas las víctimas, ajustarse a derecho y de ser preciso abrir la discusión parlamentaria para la sanción de una ley que avale este proceder.
Ahora bien. Aunque la exteriorización de este grave problema se da en el plano judicial, lo que subyace como raíz generadora está en lo político y la solución debe por ello ser encarada con perspectiva política. Es que la democracia tiene que poner un límite al poder. Si perciben debilidad van a redoblar la apuesta, accionando perillas en otras esferas de la vida social. Como lo señaláramos, hace un año cambió el gobierno pero enfrentamos al mismo poder, que hace y hará lo imposible – como ya se ve – por debilitarlo, ponerlo de rodillas, malquistarlo con la opinión pública, todo en aras de recuperar la conducción política de la Nación. Para contrarrestarlo, el Gobierno, las grandes mayorías y las organizaciones que las nuclean están obligadas a construirpoder. La liberación de los presos políticos seguramente estarápresente en el marco de este conflicto. Sólo hay una vía de soluciónrápida y satisfactoria: la movilización y acción unitaria de las organizaciones del campo popular, particularmente las sindicales y sociales, camino que como testimonia la Historia,es el arma al que inexorablemente tuvieron que recurrir los pueblos para conquistar e institucionalizar sus derechos y dar respuesta a sus necesidades.Es desde el Gobierno y desde la calle como se enfrentan y resuelven a favor del pueblo los conflictos con el poder. ¡Que la masiva explosión popular que en pleno gobierno macrista hizo revocar la pretendida legitimación del 2 X 1, verdadera amnistía en favor de los genocidas, nunca se olvide!