Los hechos que llevaron a Alberto Fernandez a solicitarle la renuncia al para entonces ministro de salud, Ginés Gonzáles García, nos llevan a hacer algunas reflexiones.
Los hechos de transgresión a la ética en un gobierno popular, que intenta representar a los trabajadores y demás sectores subalternos, son doblemente gravosos para el campo popular. Por un lado, porque cuando se asume una función de gobierno, en lo institucional y simbólico se actúa en representación de toda la ciudadanía, pero además, asunto de la mayor importancia, se lo hace con el mandato de los sectores populares que esperan de su gobierno un comportamiento transparentemente ético. Por otro lado, porque el gobierno popular se expone a que sus eventuales medidas positivas sean bastardeadas por la oposición de derecha y, sobre todo, porque se daña gravemente al espacio político progresista que apoya al gobierno, con tantos militantes idealistas, honestos y abnegados en su actividad política.
Quienes aceptan responsabilidades de gobierno en sus distintos estamentos, ejecutivos o legislativos, en un espacio político que intenta representar a los sectores populares, tienen la alta responsabilidad de no cometer transgresiones a la ética, cualquiera sea el nivel de las mismas, porque entre otras cosas deben ser ejemplo ante las esperanzas de esos sectores.
Por otro lado, incurrir en faltas a la ética desde posiciones de gobiernos populares alimenta la negativa tendencia a descreer en la política, sintetizada en expresiones tales como “son todos iguales”, lo cual favorece a los sectores concentrados de la economía, pues cuanto menos se interesen los sectores populares en la política y participen en la misma, más facilidades encuentran los sectores concentrados para aumentar su hegemonía en la sociedad destinada al aumento de sus beneficios, sobre todo los espurios.
En cuanto a favorecerse mediante transgresiones a la ética, son los sectores que oligopolizan la riqueza quienes se encuentran en condiciones ampliamente ventajosas para hacerlo. Por un lado porque pueden utilizar al Estado en beneficio de sus intereses, particularmente cuando logran instalar gobiernos de derecha, lo cual constituye, de lejos, lo más grave y socialmente dañino del problema, como lo pudimos sufrir en el gobierno de Macri. Pero, por otro lado, porque al tener en sus manos los principales medios de difusión y además la hegemonía en el sistema judicial, se pueden blindar ante sus propios actos de corrupción y además pueden atacar a los gobiernos populares que osan aplicar políticas alternativas a las que sirven directamente a los sectores concentrados, ya sea inventándoles casos de corrupción o ampliando al máximo la importancia de cuanta trasgresión ética cometa cualquier integrante de esos gobiernos.
La mejor vía que tienen los sectores populares para prevenir que se cometan transgresiones éticas en el seno de un gobierno al que apoyan es el desarrollo de la democracia participativa en el control y aun mejor en la propia gestión gubernamental y estatal, bregando por la implementación de la institucionalidad correspondiente. En particular, ante la actual arremetida de la derecha, ante el caso Ginés, las organizaciones del campo popular deben impulsar al gobierno para que no retroceda y por el contrario avance en políticas progresistas, particularmente en lo social, por ejemplo en asegurar el abastecimiento de productos y frenar la suba de precios, asunto que afecta profundamente a los sectores populares.
Alberto Fernandez, en su rol de presidente de la nación, tomó una valorable actitud ética al solicitarle la renuncia a un ministro cuya gestión siempre había destacado y que además es su amigo personal.
En cuanto a Ginés Gonzáles García, lo que hizo entrará como algo negativo en el balance de su actuación de larga militancia en favor de los de abajo y, en particular, en sus gestiones gubernamentales, donde al menos en los sectores populares en general se le reconoce haber sido el mejor ministro de salud como mínimo desde 1983 en adelante.