La significativa recuperación electoral del Frente de Todos sorprendió a la derecha y le impidió festejar, como esperaba. Pero no es un cheque en blanco y confirma que el oficialismo tendrá que trabajar mucho para recuperar su condición mayoritaria de cara al 2023. No fue magia. Hubo una enérgica reacción militante en defensa del proyecto popular y el gobierno enmendó su parsimonia actuando para detener la carestía.
Pero los costos políticos de la doble crisis económica y sanitaria se expresan todavía en la baja participación electoral y el crecimiento de las expresiones de ultra derecha y ultra izquierda. Una de sus vertientes introduce la amenazante presencia del neofascismo en la escena argentina, a contramano del Nunca Más que cimentó el contrato democrático contemporáneo desde 1983. Es un peligro que no debe subestimarse y al que abrió paso el macrismo.
Engolosinados con los resultados de las PASO, los líderes cambiemitas imaginaban un golpe blando que sacase del gobierno a Alberto Fernández con la complicidad de la Corte Suprema. El primer paso del camino elegido era copar la presidencia de la Cámara de Diputados, pero para ello era necesaria una nueva mayoría legislativa que no alcanzaron. Y aunque quebraron el quórum propio del Frente de Todos en el Senado, el gobierno tiene amplio espacio de negociación con fuerzas provinciales para construir las mayorías que requiera.
En la estratégica provincia de Buenos Aires es donde se libró la batalla principal y, además de la suma de votos aportados a la cuenta nacional, se logró quebrar el control que Juntos tenía en el Senado provincial, desde donde se había dedicado a sabotear la gestión Kicillof todo el tiempo.
Superada la difícil prueba, con lo peor de la pandemia quedando atrás, la recuperación económica que está en curso tiene que evidenciarse en la mejora de las condiciones de vida las mayorías. Para hacerlo no alcanzan las buenas intenciones ni los llamados al diálogo racional, que claro que deben hacerse.
Pero para desequilibrar el poder fáctico y mejorar la participación de los trabajadores y demás sectores populares en la riqueza social, la movilización popular debe asumir un rol protagónico en la tramitación cotidiana de la crisis. El FdT no puede restringirse a ser sólo una fuerza de gobierno, sino que debe potenciarse como expresión del reclamo de justicia social, organizando e impulsando la lucha popular.
La presencia multitudinaria de la militancia sindical, social y política en las calles de las principales ciudades argentinas como el 17 de noviembre, tendrá que ser una constante de ahora en más, si se procura alcanzar una salida que sea a favor de las mayorías a la compleja situación que atravesamos. La presencia alegre y comprometida de las multitudes en las calles, que construyen su esperanza implicándose en la lucha cotidiana, es una potente señal de que acá no se rinde nadie y que no hubo otros derrotados que las ilusiones macristas.
La participación orgánica de los trabajadores organizados, los de la economía formal y los de la economía popular, junto a la militancia política, mostró las fortalezas de la coalición de gobierno, que trascienden las expresiones institucionales. Otra pata poderosa de esa fuerza es su capacidad disruptiva. La misma que se puso en evidencia en otras coyunturas difíciles como las actuales. La estatización de las AFJP no se hizo en un momento de comodidad política para el peronismo en el gobierno, sino en uno de aparente debilidad y le permitió reencontrarse con lo mejor sus propias tradiciones y con su base electoral.
El sendero que se pacte con el FMI de reducción del déficit fiscal apostando a una recuperación vigorosa de la actividad económica, con su reflejo en la mejora de la recaudación tributaria, y al desarrollo de nuevas capacidades exportadoras mediante el incentivo al incremento de las inversiones productivas, apostando a las capacidades científico técnicas de nuestro pueblo, no alcanzan por sí solas. Deben cerrarse las venas abiertas por las que sangra el esfuerzo nacional en beneficio de unos pocos que trafican en negro y fugan ingentes recursos al exterior, como se evidenció con el caso Vicentín.
Que la derecha haya asumido la defensa corporativa de esos delincuentes de guante blanco desnuda el egoísmo estructural y claramente antisocial de los poderosos de nuestro país. Milei solo se atreve a vociferarlo, por eso le resulta simpático a Macri y a Patricia Bullrich.
De paso, el negacionismo del genocidio del terrorismo de estado se afianza en la cúpula del poder empresarial que los respalda, porque los juicios por los delitos de lesa humanidad implican cada vez más su actuación cómplice con aquellos delitos. Las condenas a los directivos de Ford o el enjuiciamiento de Blaquier son señales fuertes que les preocupan en serio. La memoria completa que preconizan los negacionistas no es inocente. Procuran que sus crímenes queden impunes. Todavía la democracia tiene que saldar esas cuentas con el pasado, al tiempo que construye un porvenir de bienestar para todos y todas. Tampoco será magia. Sino el resultado del compromiso militante de las mayorías y de la audacia a la hora de hacer posibles los otros mundos que se encuentran en este.