La calamitosa herencia macrista superpuesta a los nefastos efectos de una inédita pandemia de alcance mundial, configuran el contexto de un tránsito difícil para los argentinos. A esta altura la incesante suba de precios, en particular la de los alimentos, es probablemente el tema político, social y económico más gravitante y que si hasta ahora se mantuvo relativamente contenido, es gracias a los diversos y masivos programas de asistencia diseñados por el gobierno pero que es notorio no alcanzan para compensar el desborde de los precios.
No hay margen de duda respecto a que el poder de compra del salario y el de los receptores de ingreso fijo son los más afectados y primeros en sufrir el impacto de las subas de precio. Que por eso se deteriora la demanda, se comprime el mercado interno y por derivación, se extiende el perjuicio a las mayorías, incluida una porción significativa del empresariado. Es uno de los motores de la desigualdad social.
Pero las diferencias resultantes de esas subas no se evaporan ni surgen espontánea y naturalmente. En términos netos algunos se benefician. Por eso tampoco puede haber sombras de duda que en Argentina la raíz y explicación para el crecimiento de los precios, cuando éstos no responden a variaciones de costo, radican en el alto grado de monopolización que caracteriza a prácticamente todos los sectores y ramas de la economía, los llamados formadores de precio. Es la resultante del imperio de la fuerza.
Hablando sin eufemismos, es un modo de apropiación de la riqueza social por parte de una ínfima pero poderosa minoría. Merecería por eso ser tipificada como delito de envergadura social y con mayor razón cuando se lo utiliza – como lo vienen haciendo con cualquier otro tema – a modo de instrumento de extorsión y disciplinamiento de un gobierno surgido de la voluntad popular, para doblegarlo y malquistarlo con el pueblo en aras de recuperar el control político de la Nación. En eso hoy estamos, como lo prueba por ejemplo la desafiante y provocativa actitud de las cableoperadoras subiendo las tarifas a su antojo, violando conscientemente la ley, cuando desconocen que están a cargo de un servicio público y por tanto con tarifas que debe fijar y regular el Estado.
La lucha por la estabilidad de los precios es por eso en Argentina una lucha antimonopólica y a la vez una lucha por la preservación de la democracia. Es parte del terreno en disputa entre dos modelos o proyectos de país.
Aunque el trastorno de precios invade a todos los bienes y servicios, es el rubro alimentos, por su alta incidencia dentro de la canasta básica de consumo de las mayorías, en particular las vulnerables y por el mayor ritmo de aumento comparado con los de los restantes, el que hoy merece mayor preocupación.
Atendiendo a esta inquietud, enunciaremos seguidamente diferentes medidas con cuyo enfoque se podría coadyuvar a mitigarla:
- Constitución de una empresa integrada por el Estado y las cooperativas agropecuarias con el objeto de intervenir como jugador importante en la compra, distribución, exportación de la producción sectorial en competencia con la operatoria monopólica, garantizando precios rentables a los productores y como proveedor de sus insumos, transferirles las ventajas que en precio, en virtud de su gran poder de compra, obtenga de los fabricantes.
Además de funcionar como empresa testigo frente a la competencia monopólica y contribuir con sus precios de compra y venta a una mejor distribución del ingreso, la constitución de esta empresa mixta, al actuar como proveedora de criadores y productores de ganado bovino, aviar, lecheras, ponedoras de huevos y la agroindustria, reducirá sus costos dando posibilidad de trasladar esta ventaja a los precios finales de consumo.
En adición tendría una valiosa relevancia política: coadyuvaría con la lógica de su funcionamiento a fracturar la subordinación ideológica y política que importantes sectores rurales y por extensión urbanos tienen respecto de la oligarquía. - Aumento de las retenciones a la exportación de granos en consonancia con el crecimiento de los precios internacionales de los últimos meses y lograr con ello desacoplar los precios internos de los internacionales, pero respetando el criterio de segmentación de las retenciones para pequeños y medianos productores, como actualmente está en vigencia. Es una medida de política económica que ha sido tradicional en Argentina y bajo gobiernos de todo signo.
- Fijación de cupos de exportación para la producción agropecuaria en una magnitud tal que garanticen el abastecimiento fluido, suficiente y necesario para el consumo interno evitando así el uso especulativo de los precios ante la eventual insuficiencia de oferta. Norma básica y mundialmente utilizada, practicada aquí también en el pasado.
- Difusión de mercados de concentración que acerquen el productor al comercio de cercanía y al consumidor, neutralizando así a la gran intermediación parasitaria.
- Estipular una política de precios máximos sustentada en costos reales aplicable a las grandes empresas de la cadena de valor del rubro alimentos, incluidas las productoras de insumos difundidos.
- Convocar y acordar con organizaciones internas de los trabajadores de las grandes empresas para que asuman la labor de vigilancia de precios y del abastecimiento del que son responsables las empresas en las que se desempeñan. Además de servir de eficiente instrumento de control, su desarrollo es una inestimable escuela de involucramiento del ciudadano en el manejo de la cosa pública y por tanto en el avance en la calidad de la democracia.
La experiencia histórica y el sentido común alcanzan para anticipar la cerrada oposición – cuanto menos – del poder real a toda medida que roce, como las que anteceden, no sólo su tasa de ganancia, sino en particular la supervivencia de sus instrumentos de dominación.
Ya ingresamos al segundo año del presente período presidencial, año con una elección de medio término, clave como pocas. Enfrentar de modo consistente la problemática de precios hace también al clima electoral y eventualmente a su resultado, pero requiere en forma inexcusable el involucramiento de las organizaciones populares, en particular gremiales y sociales, para que movilizadas, actuando unitaria y coordinadamente impulsen soluciones auténticas y consistentes para frenar el avance de los precios y la consolidación de la democracia. El ejemplo lo dieron las mujeres y hoy el IVE es ley y como también lo es la conmoción popular que sepultó al 2 x 1 que amnistiaba a los genocidas.