El rebrote alarmante de casos de coronavirus y su crecimiento en forma exponencial, posiciona a nuestro país en una “segunda ola” de circulación del virus pandémico, más peligrosa que la primera, por la existencia de nuevas cepas de mayor carga viral y contagio.
La rapidez y eficiencia de reacción del gobierno frente al flagelo, en cuanto a restricciones de circulación y búsqueda de vacunas, parecería este año ser más dificultosa. Una salvaje campaña de desprestigio y falsas noticias, por parte de la oposición política traba y lentifica las medidas restrictivas. Las dificultades internacionales complejizan el abastecimiento de vacunas.
Se hacen imperiosas medidas económico sociales que apunten a mejorar la distribución de los recursos existentes y a controlar el aumento escandaloso de los precios de los alimentos.
La meritoria acción del gobierno nacional para la obtención de vacunas y el proceso de vacunación, se ve coartada en algunos distritos. En algunos casos, como en CABA, la administración del proceso se asemeja más a una acción política contra el gobierno nacional, que a una política activa de carácter sanitario.
Las restricciones dispuestas el miércoles 7 de abril, apuntan hacia la contención de los contagios, pero no parecen ser suficientes, ni definitivas.
Las medidas, parecerían tener más en cuenta la mantención activa de la economía (fábricas, comercios, restaurantes, etc) que una acción drástica y frontal contra la circulación de personas y por ende, del virus. Es lo que vemos en otros países, que, en forma tardía, han resuelto volver al cierre frente al crecimiento alarmante de contagios y mortandad, que comenzó a alcanzar a más jóvenes también.
Pero estas decisiones para la protección sanitaria del pueblo, enfrenta al gobierno con una oposición, que, en estas horas, a través de alguno de sus voceros, están reclamando “desobediencia civil” al gobierno nacional. Son quienes enmudecieron frente a la dictadura genocida del 76 y actúan como representantes políticos de los grupos dominantes en la economía, que no permiten ver afectada su tasa de ganancias.
Se impone entonces una acción decidida del gobierno nacional con la utilización de instrumentos de apoyo financiero a trabajadores y empresarios como el IFE y ATP, que han implicado, el año pasado, un apoyo importante para la población trabajadora y más vulnerable, así como a las pymes y que posibilitó un aislamiento preventivo eficaz.
Frente al argumento de escasez de recursos financieros, se opone el concepto básico de que los fondos están. Pero mal distribuidos.
En la brecha histórica de la lucha de clases sociales en nuestro país, de un lado se concentra la riqueza y en el otro, la pobreza, la marginación social y el hambre.
Quienes defienden una visión de país basada en la injusticia y la desigual distribución de la riqueza y los ingresos, entienden que privilegiar la vida implicaría reducción de sus negocios y facilitaría una “cultura” del subsidio. Se oponen a cualquier medida que implique un avance en los derechos y conquistas populares. Enfrente, una concepción social para la distribución de la renta nacional, que el frente político gobernante ha enunciado y en parte comenzado a implementar, aunque con vacilaciones. Pero la irracional oposición económico político mediática, desesperada por retomar el poder político y todos sus privilegios, exacerba las provocaciones y los intentos de desestabilización política y económica.
El gobierno dispone de instrumentos financieros para compensar, por un tiempo determinado, una restricción temporaria más severa de actividades. Para ello contaría con algunos aspectos favorables: La recaudación impositiva viene aumentando por encima de la inflación desde hace seis meses. Los precios internacionales de los productos agrocomestibles han aumentado sideralmente, y con ello las ganancias de los grupos concentrados exportadores y también la recaudación por retenciones.
Es necesario avanzar en la modificación del sistema tributario que implique mayor progresividad en la carga impositiva. Los grupos económicos dominantes deben ser alcanzados por impuestos que sean derivados al sostenimiento temporario de sectores sociales alcanzados por un cierre temporario. Así se está haciendo en muchos países desarrollados del mundo.
El Indec acaba de informar sobre 19 millones de personas por debajo de la línea de pobreza de los cuales el 57% son niños y jóvenes de menos de 14 años. Además de la desocupación estructural en la que los principales afectados son jóvenes y a la reducción creciente de las jubilaciones y de los salarios en términos reales, por obra del alza pornográfico del costo de los alimentos.
Se ha logrado sancionar la ley de impuesto a la riqueza como contribución de emergencia para quienes declaran un patrimonio de más de 200 millones de pesos (y con valores que están siempre debajo de la realidad), gravando con una escala progresiva dicho patrimonio desde un modesto 2,25%. Sin embargo, dicha ley es objetada y recurrida judicialmente por quienes no están dispuestos a ninguna contribución en la emergencia, ni manifiestan signo alguno de solidaridad
El dinero para compensar la pérdida de salarios e ingresos, está, hay que distribuirlo de manera más justa. Argentina no es un país pobre, sino un país injusto.
Se impone la necesidad de una activa participación de los movimientos sociales y sindicales para hacer oír la voz del pueblo y exigir las medidas sociales que atiendan la emergencia.