La discusión acerca del acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) fue la “catarata” que desbordó el vaso de las contradicciones que viene atravesando el arco político argentino en sus distintas expresiones. Ni haría falta mencionar aquí, el cinismo y la degradación moral de la coalición opositora, que niega su responsabilidad en el “contubernio político-financiero” con el FMI, con el endeudamiento más importante de la historia argentina y del propio Fondo Monetario. Préstamo violatorio de la Constitución Argentina y de las normas internas del organismo internacional. Deuda “firmada en 5 minutos” por Mauricio Macri, que cargará el pueblo argentino por generaciones y que se tomó con la doble finalidad de devolver los dólares a los fondos de inversión que no pudieron fugar a tiempo y también para “ayudar” a Macri con vistas a su reelección o, en caso contrario, dejar esa “pesada herencia” al nuevo gobierno y al pueblo por tiempo indefinido.
Pero está discusión acerca de la necesidad o no de firmar un acuerdo con el FMI, viene a rematar una cantidad de acciones de los grupos dominantes destinadas a obstaculizar y desestabilizar al gobierno de A. Fernandez. El retroceso en el proyecto de intervención del Estado en Vicentín, empresa líder, exportadora y distribuidora de alimentos, quebrada y vaciada, que hubiera permitido al gobierno intervenir en el precio de los alimentos; la renovación de concesiones sobre el Paraná; el contrabando abierto y descarado en puertos privatizados; el aumento de los servicios de tv y cable pese a la prohibición gubernamental; la falta de iniciativas legales respecto de la ampliación de Corte Suprema de Justicia, son batallas hasta ahora perdidas, que muestran debilidad del gobierno para enfrentar al verdadero poder económico de la Argentina y al mismo tiempo, la falta de convocatoria a movilizaciones populares que robustezcan las proposiciones gubernamentales en favor del pueblo.
En este contexto, el acuerdo con el FMI produjo el desborde de las aguas en el seno de la coalición gobernante, produciendo un lamentable intercambio público de posiciones contradictorias, que deberían saldarse en debates y discusiones internas, con participación de todos los sectores que han integrado el Frente de Todos para su triunfo electoral.
La división interna entre quienes apoyan la firma del acuerdo con el FMI, y quienes la rechazan, cuenta con soporte conceptual en ambas posiciones. Quienes rechazan este acuerdo y de hecho no lo han votado en el Congreso, argumentan su carácter ilegal y la necesidad de llevar adelante su denuncia penal, nacional e internacional. Se sostiene que su aprobación representa “blanquear” por parte del Congreso, una deuda ilegal tomada sin intervención del Parlamento, como prescribe la Constitución. Y finalmente, que las inspecciones trimestrales del FMI, se constituyen en una “espada de Damocles” sobre el pueblo, ya que podrán objetar cualquier “desviación” de lo acordado y amenazar con el default que hoy se quiere evitar. Además de que, el cumplimiento de las múltiples cláusulas firmadas, podría obligar a ajustes sobre los ingresos populares y el gasto social que el gobierno se comprometió a no realizar.
A su vez, los voceros del gobierno y el presidente, han defendido la necesidad de este acuerdo, ya que, se dice, tras dos años de discusión, se ha logrado que no incluya modificaciones estructurales tales como reformas previsional y laboral, venta de empresas públicas y congelamiento de salarios estatales, entre otras. Se ha logrado además, argumentan, cuatro años y medio de gracia para diferir los vencimientos irracionales firmados por Macri “en cinco minutos”, ya que el FMI hará los desembolsos en oportunidad de cada vencimiento. Además, devolverá a la Argentina los pagos realizados hasta ahora y permitirá la implementación de un programa de gobierno a favor del pueblo. Finalmente, no firmar, se afirma, implicaría desencadenar un proceso de cesación de pagos, que a través de la especulación sobre el dólar y los precios de los alimentos, representaría un durísimo golpe para el pueblo trabajador y hasta la propia desestabilización del gobierno. Los grupos dominantes atacarían con fuerza sobre el mercado de cambios, se elevarían los precios de los alimentos, aumentaría el hambre y provocaría una crisis económica, social y política que tendría consecuencias irreparables.
Pero, simultáneamente, el proceso inflacionario se recrudece y el costo de vida y sobre todo de la alimentación, se ha convertido en un flagelo que ataca despiadadamente al pueblo, aumentando el hambre, la marginalidad y el desasosiego en cada vez más gente.
A la inflación, hasta ahora incontrolable, se une la guerra Ruso-Ucraniana que ha acelerado el aumento de precios de los alimentos, muchos de los cuales son base de las exportaciones argentinas. Justamente esta situación genera la conexión entre precios internacionales y precios internos que encarecen aún más el costo de vida de la población.
El anuncio del presidente de “una guerra contra la inflación” con tres días de anticipación, provocó nuevas remarcaciones de precios. Las medidas informadas hasta ahora, aun cuando en el sentido correcto, parecen insuficientes para solucionar significativamente el problema, teniendo en cuenta el poderío de los grupos oligopólicos formadores de precios, principales responsables de la inflación.
Es necesidad irrenunciable de un gobierno popular, tomar al menos una parte significativa de la renta extraordinaria producida por la guerra en Ucrania, porque de lo contrario será apropiada por los grupos económicos exportadores, que no han tenido ningún mérito de productividad en dichas ganancias extraordinarias y redistribuirla a favor de los que tienen hambre y múltiples necesidades en el pueblo.
Sabemos que la reacción y la derecha opositora, no aceptará ninguna medida que implique transferir una mínima parte de sus beneficios hacia el pueblo. La Sociedad Rural ya lo ha anticipado. Pero llegó la hora de enfrentarlos mucho más decididamente con el apoyo del pueblo, a quien hay que explicar, a través de la cadena nacional de radiodifusión, de qué se trata esto y quienes son los que se oponen, a medidas tan justas como las mencionadas.
En este escenario político nacional, frente a un enemigo de gran poder de fuego y capaz de generar sentido común irracional en la población, y teniendo en cuenta las discrepancias existentes en el Frente de Gobierno, respecto de la posición a adoptar frente a quienes no están dispuestos a renunciar a “un centavo” de sus rentas en favor del pueblo, es necesario aunar fuerzas para enfrentarlos.
Es imperiosa la necesidad de UNIDAD del campo nacional y popular. Unidad que exprese diversidad, pero cuyo contenido sea unificador. Y este contenido debe ser la defensa irrestricta de los intereses populares y el mantenimiento de una política económica diseñada sobre estos principios, una política social que respalde y apoye al pueblo trabajador y avance en una redistribución más justa del ingreso nacional, y una política exterior basada en la soberanía argentina frente a dictados imperiales de sometimiento.
Se hace imprescindible la convocatoria a un congreso nacional del FdT para lograr la discusión política de las medidas necesarias para frenar la inflación, aumentar el nivel de ingresos de la población, frenar la especulación con los precios de los alimentos y la discusión de urgentes medidas de carácter impositivo sobre las grandes empresas formadoras de precios y los grandes patrimonios, para ayudar a financiar la redistribución de ingresos a favor de los desposeídos, los que tienen hambre, los desocupados y el pueblo trabajador en general.
Estas decisiones trascendentales que tienen como trasfondo relaciones de fuerza reales existentes, deben ser discutidas, acordadas en unidad, y comunicadas al pueblo, con su fundamentación, para su conocimiento, pero, sobre todo, para su movilización masiva en apoyo de las mismas. Estas movilizaciones sociales son el arma más poderosa con que cuentan los gobiernos nacionales y populares para confrontar con el poder real, representado por los grupos económicos más concentrados, el poder mediático deformador de la verdad y la mafia judicial que los ampara.
Es cierto que es necesario considerar la correlación de fuerzas políticas existentes en cada momento histórico, pero también es cierto que esta correlación se puede modificar, desde el campo popular, con la movilización masiva del pueblo en apoyo de su gobierno y con las exigencias reivindicativas necesarias para asegurar su bienestar.
Hay que enfrentar al poder real, con el pueblo movilizado e informado por el gobierno y/o el Frente de Todos y con la unidad de las fuerzas que integran la coalición votada para transformar la realidad.
Es preferible ser derrotado en la lucha por defender los intereses del pueblo, que igual ser derrotados por los grupos oligopólicos y sus representantes políticos, mediáticos y judiciales, cediendo a sus exigencias.
Tesis 11