El pasado 28 de febrero, último día del período extraordinario de sesiones, Diputados logró finalmente la conformación del quórum para debatir y convertir en ley el proyecto conocido como moratoria. En esencia un plan de facilidades para la cancelación de los aportes previsionales oportunamente no ingresados que pertenecen a las y los trabajadores y que ahora, en edad de jubilarse, están por esa falta inhibidos de hacerlo.
La habilitación misma de la sesión para iniciar el debate constituyó un primer triunfo de la comunidad de aspirantes a jubilados tras múltiples movilizaciones para impulsar legalmente un derecho que sienten les asiste. Triunfo redoblado por haberse logrado tras conseguir quebrar el bloqueo que Juntos por el Cambio y los libertarios que comanda Milei intentaron imponer, y en ésta, por segunda vez. En noviembre 2022, la anterior, lo consiguieron.
Ahora sólo bajaron al recinto para asistir al debate después de confirmarse la conformación del quórum.
Al aprobarse, esta ley habilita a que más de 1,5 millones de trabajadores/as (CEPA – Centro de Economía Política) regularicen su situación y puedan gracias a ello acceder al derecho a la jubilación mínima, importe que, aunque no logra superar el umbral de pobreza, les hará menos dura la sobrevivencia en la vejez. De ese universo, 906.876 personas tienen aportes, pero menores a los 30 años exigidos por ley. Otros 680.724 no tienen aporte alguno.
Hoy día, tomando como principio exigido la edad jubilatoria, sólo 1 de cada 3 mujeres y 3 de cada 10 varones reúnen los requisitos para hacerlo.
La desocupación y la informalidad laboral son las determinantes fundamentales del impedimento de los trabajadorxs para cumplir con los años de aporte, factores sólo imputables al sector patronal. Obligado a trabajar, ningún laburante elige renunciar a derechos consagrados por ley por tener que trabajar en negro o recurrir a otro modo de empleo precario. Busquemos las causas en las distorsiones del mercado, la crisis recurrente y el imperio de una economía y una política sustentada en el capital concentrado y en la acumulación de riqueza como única meta. Desde 1990 en adelante el nivel promedio del empleo no registrado alcanzó al 34.7% y el de desocupación el 10.3% (CEPA).
Esta es la realidad que impregnó el debate en Diputados y que derivó en las opuestas posiciones enarboladas por las bancas, una a cada lado de la verdadera grieta: una, por la positiva del proyecto oficialista (Frente de Todos), acompañada por Intervención Federal, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda. La otra, en contra, por la tradicional representación derechista de Juntos por el Cambio, radicales incluido, y los libertarios, sus aliados ultra.
El argumento opositor, justificación habría que decir, reiteradamente sostenido, fue el tradicional emblema del déficit fiscal generado por el pago de las nuevas jubilaciones. Al parecer un maleficio que supera a toda política orientada a contemplar incluso mínimas necesidades humanas de los más vulnerables. Riesgo y drama, el del crecimiento del déficit, que no esgrimieron cuando en el debate legislativo se opusieron a la implantación al impuesto a las grandes fortunas, ni en oportunidad del rechazo al gravamen sobre las suculentas ganancias de los miembros del Poder Judicial, ni cuando se instrumentó el diferencial en favor del dólar soja, sólo por enumerar ejemplos ilustrativos.
Para los más enardecidos, con la aprobación de este proyecto de ley se busca “regalar jubilaciones” y “redistribuir la pobreza”, sin sonrojarse que en ese mismo día Patricia Bullrich, presidenta del PRO, se subía a los tractores con los que los grandes productores, congregados en Villa Constitución, clamaban por la eliminación de las retenciones a la exportación, contribuyendo con ello al resultado fiscal.
La diputada María E. Vidal, que aspira a precandidatearse para la presidencia para las próximas elecciones en representación de Juntos por el Cambio, propone postergar toda decisión para después de diciembre, segura de un triunfo de los cambiemitas, momento en el que piensan instaurar, así proclamó, un nuevo régimen previsional que “le quite el miedo al empresariado pyme de ser acosado con juicios laborales” y así lo anime a contratar trabajadores. Más clarito: reforma previsional con pérdida de derechos en perjuicio de las y los trabajadores, sin descartar la reinstauración de las AFJP, filón del sistema financiero.
Lo hasta aquí reproducido es tan sólo una ilustración de los intereses que representan y diferencian a uno del otro proyecto que se disputa el futuro del país. El debate en torno al derecho al acceso a la jubilación es una expresión concreta de la diferencia entre los dos modelos.
Uno, soporte del capital concentrado, hoy trasnacionalizado y subordinado al capital financiero mundial, responsable de la creciente y peligrosa desigualdad geográfica y social, sostenida y promovida por la corporación de medios y parte del Poder Judicial y que también cobija a sectores adscriptos al fascismo.
La otra, encaminada al crecimiento de la riqueza y los ingresos con criterio inclusivo, que potencie la producción, el empleo e intensifique la distribución de los ingresos en favor de las mayorías, sosteniendo una democracia en la que la opinión y participación de esas mayorías cuente de verdad en las decisiones fundamentales.
Por eso es bueno y necesario conocer quién y cómo es el diablo cuando nos promete el Paraíso. Más aún en un año electoral.
Tesis 11