Mario Rapoport*
“Es necesario aún resolver el déficit social, realizar una política más definida de planificación del desarrollo, incluyendo reformas necesarias en el orden tributario, financiero y de las inversiones extranjeras donde persisten leyes que vienen de la dictadura militar; solucionar algunos temas técnicos como el del Indec; y sostener en el tiempo, frente a aquellos que quieren frenarlo, un sendero estable de crecimiento con equidad.”
En un valioso artículo de enero de 2002, titulado “Llorar por la Argentina” Paul Krugman decía casi de manera premonitoria: “Pese a que las imágenes de las revueltas en Argentina han pasado por las pantallas de nuestros televisores, en Estados Unidos a casi nadie le importan … La política económica argentina llevaba el sello ”made in Washington impreso en todas partes. El fracaso catastrófico de esa política es, en primer lugar, un desastre para los argentinos, pero también para la política exterior de Estados Unidos …Argentina, más que cualquier otro país en vías de desarrollo, se adhirió a las promesas del ‘neoliberalismo’ que promocionó Estados Unidos”.
La respuesta que daba Krugman entonces era que: “La mejor solución para que la Argentina de un giro en redondo sería la de una devaluación ordenada…el nuevo gobierno de Argentina –cuando exista– hará retroceder el reloj. Impondrá cuotas de importación, con lo que dará la espalda a los mercados mundiales: no se sorprenda si también vuelve a la antigua retórica antinorteamericana”. “Permítame –continuaba- hacer una predicción: esa política funcionará, en el sentido de que generará un mejoría transitoria de la situación económica, al igual que lo hicieron estrategias similares en la década de 1930”. Pero ocho años de crecimiento continuo y alto, un 6% desde 2003 hasta la actualidad, con tasas de hasta un 9% anual -ahora lo reconoce el mismo Krugman en un artículo reciente- y en medio de una crisis mundial, ya no significa sólo resolver una emergencia.
Es claro que siempre tenemos nuestros propios enemigos internos. Uno de ellos sublevó al mismo Krugman, cuando afirmó que la Argentina no era un país serio. Esto llevó al economista estadounidense a escribir un artículo en el New York Times, donde después de demostrar con un gráfico contundente el notable crecimiento argentino luego del default, decía en forma irónica que cuando éramos serios, de acuerdo al criterio de los organismos internacionales, nos fue muy mal, ahora que habíamos dejado de serlo otros deberían tomar nuestro ejemplo, como en el caso de Grecia, pero también el de los propios Estados Unidos.
Ya desde los comienzos de la actual crisis mundial Krugman pensaba en una solución para el conjunto de la economía mundial, sin ser demasiado oído. En un libro reciente, reafirmado luego en una carta pública al presidente Obama, el renombrado economista sostenía: “El mundo requiere cambios importantes en sus políticas públicas […} Su objetivo debería ser completar el trabajo del New Deal”. Pero más que completar, lo que quiere expresar Krugman es la necesidad de “retomar” los puntos de partida de aquella experiencia, borrada luego por posteriores gobiernos estadounidenses.
Mientras tanto, la Argentina y los países sudamericanos que han sabido sobrellevar la crisis aplicando políticas contracíclicas –las que alaba Krugman-, ahora reunidos en la Unasur, hablan de blindar las economías de la región para evitar lo que ocurrió en los años 70 o 90, cuando los poderosos de entonces volcaron sus excedentes poco rentables en la periferia provocando pocos años más tarde la formidable crisis de la deuda externa. No es cuestión de transformar otra vez las lágrimas ajenas en propias.
Pero hablemos en particular de la Argentina. En 1976 se implanta por la fuerza un modelo económico rentístico-financiero, tras el golpe militar de ese año, con el objetivo de terminar con los llamados “esquemas populistas” y sobre todo con el peronismo. Bajo este esquema se produjo un marcado proceso de desindustrialización, en gran medida porque en opinión de las nuevas autoridades económicas el sector industrial era la base de las alianzas populistas, y el núcleo dinámico de la economía estuvo constituido por el sector financiero, acompañado secundariamente por el agropecuario. Los capitales internacionales, estimulados por el apoyo del FMI y otros organismos similares, ingresaron a nuestra economía en búsqueda de ganancias rápidas, aprovechando políticas de apertura irrestricta y, más adelante, en los años 90, también mediante la compra de los activos estatales a precios realmente irrisorios. Bajo este esquema el funcionamiento de la economía argentina se encontraba fuertemente atado a la entrada de capitales y al mantenimiento de un seguro de cambio llamado convertibilidad, y el principal responsable de conseguir las divisas necesarias para mantener tal estado de cosas era el Estado, a través del endeudamiento externo y planes de ajuste.
Una situación parecida a la que viven actualmente ciertos países de la Eurozona. Durante este período, las condiciones de vida de la mayor parte de la población se vieron drásticamente deterioradas: baste recordar que aún con pequeños picos de crecimiento económico -como a principios de los noventa- aumentó fuertemente el desempleo y, con él, la marginación social y se cayó en niveles de pobreza e indigencia inéditos en el país. De todos modos, su balance cuantitativo también fue catastrófico y la brutal caída del 2001-2002 constituyó la culminación de ese proceso. Fueron nuestras tres décadas perdidas.
La conjunción de la debacle económica con la fractura de la legitimidad neoliberal impuso la necesidad de articular en la Argentina una salida de la crisis del 2001 que respondiera en el plano material, y de manera urgente, a las acuciantes necesidades de los vastos estratos sociales caídos en el desempleo o sumergidos en la pobreza o la indigencia. El rechazo a lo acontecido durante los años noventa formó parte del núcleo central del planteo que el nuevo gobierno enarboló en aras de revertir la precaria legitimidad de origen que derivaba del magro porcentaje de votos con que había alcanzado el poder.
Ya desde su discurso de asunción, el Presidente Néstor Kirchner se propuso poner en contraste el modelo económico de la década previa con el nuevo que comenzaba a delinearse. La retórica presidencial retomaba diversos aspectos de la experiencia atravesada por el país durante la industrialización sustitutiva: el objetivo del pleno empleo, el desarrollo de la industria nacional, la recomposición del mercado interno, la reivindicación de la soberanía política, y el afán de emancipación respecto de intereses extranjeros, ahora representados por el FMI y favorecidos por la gran deuda externa. Entre otros aspectos, se planteaba terminar con el default, ampliar la presencia comercial en el mundo y, sobre todo, revertir una situación social crítica. La política de derechos humanos, la profundización de los mecanismos de integración regional y otros aspectos de la política exterior acompañaron este proceso.
Acorde con estos lineamientos, después de la devaluación del 2002, se determinó que el sostenimiento de un tipo de cambio en niveles comparativamente altos, “administrado” por el Banco Central, sería un objetivo principal del nuevo gobierno, contrariando las recomendaciones del FMI que propugnaba un régimen de flotación pura. Esto implicó cambios sustanciales en la rentabilidad relativa de las distintas actividades económicas que se desarrollaban en el país, favoreciendo a ciertos sectores sobre otros. Luego, el notable aumento de los precios de exportación y como consecuencia de las cantidades exportadas, superando el alza de las importaciones que volvieron a recobrarse, dio mayor impulso al incremento del producto, que creció en forma acelerada desde el 2003 hasta los comienzos de la crisis mundial en 2008, recobrándose la senda de un fuerte crecimiento en el 2010.
Al mismo tiempo, el gasto público se elevó notablemente, tanto por mayores desembolsos en la inversión pública como por los postergados aumentos salariales y de haberes de los jubilados, a lo que se debe sumar la ampliación del universo de beneficiarios como consecuencia del Plan de Inclusión Previsional y la Asignación Universal por Hijo. En el caso específico de los aportes jubilatorios, las AFJP (compañías financieras que se hicieron cargo de la administración del sistema previsional en el anterior proceso de privatizaciones) fueron nacionalizadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, volviendo esos cuantiosos fondos a manos del Estado. Sus efectos negativos habían resultado notorios desde el punto de vista fiscal y para los propios aportantes. En este nuevo contexto, lo que haría posible la continuidad del crecimiento sería la dinámica de la inversión. La mayor utilización de la capacidad instalada fue acompañada por desembolsos en equipos durables de producción e infraestructura. De hecho, la proporción de la inversión sobre el PBI alcanzó en esta etapa altos niveles, rozando un promedio de más del 20% desde el 2003.
Se ha debatido si el período 2003-2011 constituye o no el inicio de un nuevo modelo de desarrollo. No hay duda que los cambios ocurridos en estos años fueron desarticulando el esquema impuesto en los años 70 y fortalecido en los 90 basado en la valorización financiera, factor principal de la crisis del 2001-2002. Señalamos seguidamente, sin un orden determinado, algunos de los ejes principales de la política económica que permitieron la recuperación del país: 1) el crecimiento estuvo basado esencialmente en el ahorro interno, que alcanzó un 27,3% del producto en 2008, una cifra record en la historia económica argentina, que luego disminuiría fruto de la crisis en 2009 y volvería a recuperarse. 2) el sector industrial, con cerca de un 10% de crecimiento anual, constituye uno de los ejes que explican las altas tasas de crecimiento del PIB. La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología y la inauguración de Tecnópolis son dos signos relevantes para ayudar a impulsar un incremento del nivel tecnológico del sector. 3) los términos de intercambio fueron favorables, aunque el perfil del comercio exterior continuó siendo sobre todo primario-exportador y dependiente de los buenos precios de la soja, pero se aprecia un creciente componente industrial que debería agregar valor a las exportaciones. 4) las balanzas comerciales positivas permitieron acumular reservas, y las retenciones y la mejora en la recaudación interna generaron superávits gemelos (superávit fiscal primario y de cuenta corriente de la balanza de pagos) en lugar de los déficits gemelos de la época de la convertibilidad. Se pudo así prescindir de salir a buscar créditos con altas tasas de interés y atender la deuda soberana con recursos domésticos. 5) el canje de la deuda, en el que entró más del 75% de los acreedores y el desendeudamiento que implicó el pago de la deuda con el FMI (9.530 millones de dólares) desalentaron la especulación financiera y aliviaron la situación externa, además de las políticas de control de los movimientos de capitales internacionales. 6) el mercado de cambios se liberó, pero la flotación administrada del Banco Central actuó de forma de controlar el tipo de cambio, manteniéndolo competitivo e impidiendo que pudiera dispararse. 7) se profundizó el proceso de integración regional, que agrega nuevas posibilidades de desarrollo con un mercado ampliado y en crecimiento en medio de una crisis mundial de envergadura, ayudando, a la vez, a crear instrumentos comunes en la región para hacer frente a sus posibles consecuencias negativas. 8) disminuyeron notoriamente los índices de pobreza y mejoraron los de distribución de los ingresos. Es remarcable especialmente el incremento de los niveles de empleo formal, con una tasa de desempleo que se ubica en un 7,3% en el primer trimestre de 2011.
Resaltando que no existen dos períodos históricos iguales sino que se trata tan solo de un ejercicio útil para comprender el presente, puede afirmarse que el rumbo actual de la política económica procura ser una etapa nueva y superior del período trunco de industrialización, que debemos reivindicar frente a las interpretaciones críticas de la ideología neoliberal. Es necesario aún resolver el déficit social, realizar una política más definida de planificación del desarrollo, incluyendo reformas necesarias en el orden tributario, financiero y de las inversiones extranjeras donde persisten leyes que vienen de la dictadura militar; solucionar algunos temas técnicos como el del Indec; y sostener en el tiempo, frente a aquellos que quieren frenarlo, un sendero estable de crecimiento con equidad. Existe, sobre todo, la voluntad política de aprender del pasado y no depender de las estructuras del poder económico y financiero internacional y de los flujos de capitales milagrosos sino, y en primer lugar, de nuestras propias decisiones e intereses. Ese es el mejor blindaje frente a la crisis mundial, que acecha, pero que no podrá dañarnos mucho si persiste esa voluntad.
*Mario Rapoport, economista e historiador, director del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI) del Conicet-UBA