Gerardo Codina*
La implantación de una crisis en el sistema previsional argentino para justificar su posterior reprivatización es un proceso en curso, cuyos resultados últimos si prospera, pueden anticiparse por los logrados al cabo de 38 años de experimento neoliberal en Chile. Algunos de esos efectos fueron expuestos en Buenos Aires el 14 de agosto por investigadores chilenos que participaron del proyecto de investigación “Desigualdades, Exclusión y Crisis de Sustentabilidad en los Sistemas Previsionales de América Latina y el Caribe”.
Nota: Proyecto de investigación “Desigualdades, Exclusión y Crisis de Sustentabilidad en los Sistemas Previsionales de América Latina y el Caribe”, impulsado en forma conjunta por la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
El desfinanciamiento progresivo del sistema previsional argentino con la actual gestión, vía el creciente nivel de desempleo, la extinción de las deudas previsionales de los empleadores y la eliminación de aportes patronales para los más bajos salarios, se suma a la menor actualización de los haberes jubilatorios, la supresión de las moratorias y el creciente cuestionamiento de los beneficios otorgados en función de esos regímenes excepcionales. Todo esto ocurre junto al asedio al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para su uso en gastos corrientes del Estado, con el objeto de jibarizar y posteriormente provocar la quiebra inducida del sistema previsional, de acuerdo con el proyecto del macrismo y su idea de remodelar nuestra sociedad según el modelo ideológico neoliberal. Si tienen éxito y nadie los detiene, será parte de la profunda “transformación cultural” que pretende Cambiemos implantar entre los argentinos para “superar los 70 años de decadencia debida al populismo” que, según ellos, hemos padecido.
Las novedades son viejas. Aunque impliquen hoy nuevos recursos de poder. Encierran la pretensión de retornar a un pasado sin derecho laboral, donde cada uno gestionaba como podía sus riesgos vitales y lo hacía librado a sus propios recursos; un tiempo en el que los capitalistas tenían la posibilidad de externalizar libremente todas las consecuencias de su explotación de los recursos de la sociedad, sin otro compromiso que “derramar” la riqueza concentrada, donde mejor les convenga. El paraíso conservador.
Estas concepciones tuvieron una aplicación experimental de gran escala en Chile, luego del sangriento golpe de estado fascista que encabezó Pinochet. Vencida la resistencia popular por el ataque artero de las fuerzas armadas, exterminados miles de opositores, torturados y condenados al exilio otras decenas de miles, y gobernando el país con puño de hierro a favor de la minoría más concentrada del capital, se procedió a implantar en gran escala un régimen neoliberal de la economía, las relaciones del trabajo y la previsión social. Treinta y ocho años después se ven todas las consecuencias de este primer experimento neoliberal mundial, antecedente inmediato de las reformas neoconservadoras de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos.
- Antecedentes
Los orígenes del sistema de seguridad chileno se remontan a los años 20, período en el que se dictaron varias leyes sociales, que lo convirtieron en el primer país latinoamericano en establecer un sistema de previsión social. “Como producto de un largo debate que estuvo presente durante las dos primeras décadas del siglo, sobre lo que se llama la “cuestión social”, se presentaron varios proyectos de ley. El triunfo de Arturo Alessandri en la elección presidencial de 1920, con un programa que incluía la creación de un sistema de Seguro Social, dio mayor impulso a estas iniciativas. Sin embargo, el Parlamento recién las aprobó en septiembre de 1924, al ser presionado por un levantamiento militar”[1].
Creada en 1924, la Caja del Seguro Obrero Obligatorio representó el paso más significativo para la constitución de un sistema de previsión social en Chile, de carácter corporativo. Establecida bajo el principio de un sistema de reparto, pagaba los beneficios sociales de sus afiliados a partir de los dineros recaudados por los aportes que provenían de los trabajadores contratados, sus empleadores y el Estado.
Ese fue el funcionamiento de un sistema que en su etapa de madurez estaba organizado en 35 cajas, que abarcaban al 75% de la población de trabajadores, dejando sin cobertura a la cuarta parte, que carecían de un empleo en relación de dependencia, reproduciendo las diferencias existentes en el mundo del trabajo. La inversión de los dineros de la Caja se concentró en el establecimiento de consultorios de salud y postas rurales, además de una importante participación accionaria en el Laboratorio Chile, destinada a abaratar los medicamentos requeridos por sus programas de salud. A partir de 1952 su reorganización administrativa dio origen al Servicio de Seguro Social y al Servicio Nacional de Salud.
- La reforma pinochetista
Este sistema sería cambiado de raíz como consecuencia de la “reestructuración autoritaria” que tuvo lugar en Chile a partir del golpe pinochetista, que incluyó “estrategias de disciplinamiento en el espacio de trabajo” (…) al tiempo que logró instalar “concepciones ideológicas respecto de cómo se entiende a la sociedad y el Estado, a partir de sus concepciones económicas en torno al libre mercado”.[2]
De acuerdo con el Plan Laboral formulado en 1979 por José Piñera, entonces ministro del área de la dictadura y hermano del actual presidente, que pretendía “reforzar el poder empresarial y la capacidad de control sobre la fuerza de trabajo”[3], la reforma del sistema previsional se acompañó con profundos cambios en la organización sindical y la negociación colectiva, a partir de establecer la “libertad sindical”, con la posibilidad de sindicalizarse abierta a partir de “25 trabajadores o el 10% de los trabajadores de una empresa” y con una acción limitada a la discusión del salario, junto a la simultánea prohibición de la paralización de actividades por huelga y la imposición de la despolitización sindical.
Junto a ello se impulsó la flexibilización de los contratos de trabajo y la facilitación de los despidos, tarea que continuó luego la Concertación en 2001. De resultas de esta suma de cambios, hoy Chile presenta según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el mayor porcentaje de trabajadores temporales a nivel mundial, con el 30,5% de sus ocupados en relación de dependencia. Cifra correlativa de la baja tasa de sindicalización, del 14,5% y del escaso número de trabajadores alcanzados por la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo: apenas un 8%. Ambas cifras también según la OCDE.
Este profundo cambio de las relaciones de fuerza entre capital y trabajo se expresó en “la reestructuración de las relaciones laborales consolidando el trabajo precario como uno de sus principales componentes”. Este “modelo de precariedad laboral se define por la desregulación del mercado de trabajo por parte del poder político; los procesos de modernización, reingeniería y reestructuración productiva, y de las lógicas de organización del trabajo; y una tendencia internacional y global de la economía a generar regímenes de trabajo y de modelamiento de las relaciones laborales y de producción flexibles altamente desiguales. Este proceso se refuerza reduciendo al mínimo los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, evitando que esta fuerza vuelva a tener poder de negociación más allá de la unidad productiva mínima, desincentivando institucionalmente sus posibilidades de organizaciones sindical e inhibiendo el ejercicio de derechos laborales elementales, tales como la huelga.”[4]
Además “Chile fue uno de los pocos países del mundo donde se sustituyó completamente el sistema de reparto por un sistema de cuentas de capitalización individual administradas por entidades privadas (AFP)”[5] con fines de lucro, a las que los trabajadores forzosamente debían cotizar el 10% de sus ingresos brutos. Sin aportes patronales ni del Estado, se lo presentó como la expresión de “trabajadores propietarios de sus fondos, que invierten en el mercado”, al decir del primer Piñera, donde se acumula en la actualidad el 72% del PBI de Chile. El país de “trabajadores propietarios” muestra hoy el resultado pleno de este sistema en el plano previsional. Luego de 30 años de vigencia del nuevo sistema, produce “pensiones que no superan el tercio del salario del cotizante”, lo que los condena a una vejez en la pobreza.
- La demanda solidaria que se cubre desde el Estado
Ya en 2002 se generaron las primeras reformas a causa de que el sistema no cumplía sus promesas, “planteando problemas de cobertura baja y segmentada, insuficiencia y mala calidad de las prestaciones”. “Sin embargo, se validó el esquema de capitalización siguiendo las directrices planteadas por organismos internacionales (…) enfatizando su carácter ‘solidario’ a través de la creación de un pilar específico, financiado con recursos públicos, con el cual el Estado buscaba dar respuesta a las necesidades de pensión de los grupos de población que son incapaces de ahorrar o de ahorrar lo suficiente en su vida activa”.
Se trata de segmentos de trabajadores muy amplios, pues en Chile, debido a la profunda desregulación de las relaciones laborales heredada de la dictadura, la informalidad laboral es “una condición transversal al mundo del trabajo. Tanto la condición de independientes como la informalidad atraviesan la ocupacional en Chile y dan cuenta de una precarización generalizada, que no sólo impacta en bajos ingresos o no cobertura de la seguridad social, sino en las perspectivas de futuro de la clase trabajadora, condicionada a tomar decisiones en marcos temporales acotados de forma permanente.” [6]
“En otras palabras, el conjunto de los trabajadores chilenos está expuesto hoy a condiciones de empleo independiente informal en algún punto de su trayectoria. A su vez, todo trabajador independiente en Chile se encuentra en una condición de informalidad marcada por la no cobertura efectiva en el sistema de seguridad social.” Esto genera que “los trabajadores chilenos se afilian –y luego cotizan—únicamente cuando se encuentran en momentos ‘formales’ de su trayectoria laboral”[7]. Como resultado, muchos de ellos, aun habiendo aportado, no logran acceder a la pensión que generan los Fondos de Pensión pues no cuentan con los años de aportes.
- El reclamo de cambios
La demanda de reformas viene acumulando volumen desde hace unos años. “Para el año 2000, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en conjunto con otras organizaciones del sector público desarrolla una propuesta de reparación del daño previsional de los empleados del Estado. Esta propuesta giraba principalmente en torno a un retorno gradual a las antiguas cajas de previsión”. Luego, entre 2002 y 2006, fueron las movilizaciones de los trabajadores portuarios en reclamo del beneficio de la rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez, la que se logra en 2013 y de retorno a la modalidad antigua de cajas de previsión contenida en la “Propuesta Nacional de los Trabajadores Marítimos Portuarios de Chile”, elaborada por la Coordinadora de Trabajadores Marítimos Portuarios en 2004.
La crisis financiera de los países centrales en 2008 generó una “increíble pérdida de fondos” a las Administradoras chilenas e impulsó a la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines a realizar acciones contra “aspectos medulares de las dinámicas de expropiación financiera” y “denunciando la debacle del sistema de capitalización individual”[8]. Estas iniciativas y otras culminan en junio de 2013 con la constitución de “la Coordinadora Nacional de Trabajadores/as No+AFP, tras la confluencia de aproximadamente 30 organizaciones sindicales, tanto del sector público como privado”, con el objetivo de “restituir la Seguridad Previsión Social como derecho de los/as trabajadores/as, con prestaciones previsionales definidas y suficientes como imperativo ético (…) con financiamiento tripartito”. Coordinadora que “incorpora la participación de diferentes organizaciones territoriales, categoría que agrupa a un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales, políticas y comunitarias.”[9]
- Algunas conclusiones
En Chile, la creciente demanda de conformación de un sistema solidario de previsión social va de la mano de la recomposición del poder sindical mediante el desarrollo de niveles crecientes de unidad y de su capacidad de promover debates en la sociedad, movilizando amplios sectores de la opinión pública.
Previamente, la imposición del sistema de capitalización individual por el régimen pinochetista no sólo requirió del ejercicio abierto del terror desde el Estado sino la desarticulación de las organizaciones de los trabajadores y la relativización de sus derechos, que se perpetuó en democracia porque el régimen fascista fue exitoso en generar una sociedad donde “la concepción neoliberal se ha vuelto dominante y hegemónica no sólo a nivel de las elites y sectores capitalistas, sino que también ha logrado permear a todos los grupos sociales que viven en ella, produciendo de esa manera una cultura, una economía, una política, una ciudadanía y un estilo de vida profundamente neoliberal”[10].
Lo sucedido en Chile tuvo entre nosotros reflejos parciales, el último durante los 90. Como dice el Dr. Messina, “En el caso de Argentina, el incremento de la exclusión social a lo largo de la década de los 90 fue fruto de un proceso con estas características. La expulsión del mercado formal para amplios sectores de los trabajadores significó la pérdida de titularidad de los derechos de tipo contributivo, típicos de la estructura tradicional de tipo conservador de la Seguridad Social (Hintze, 2007), al tiempo que los procesos de individualización del ahorro, tanto en el ámbito previsional como para el seguro de salud, expandieron el peso del sector privado entre las clases medias. Por lo demás, la acción del Estado mantuvo un papel residual, por medio de programas asistenciales que estuvieron focalizados a atender a las necesidades de los sectores más vulnerables (Barrientos, 2009). Este proceso se inscribe en las transformaciones que experimentó el patrón de crecimiento del país en esa década, en términos de la destrucción de la sociedad asalariada preexistente (Basualdo, 2011).” [11] Esto sucedió después de sucesivas hiperinflaciones y con un desempleo estructural de largo plazo que, en conjunto, tuvieron un fuerte efecto disciplinador de los sectores subalternos afectados. Algo para no olvidar en estos tiempos.
*Gerardo Codina, Secretario General de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
[1] José Pablo Arellano. Políticas Sociales y Desarrollo 1924- 1984. Cieplan. 1985. Capítulo 2.
[2] Silvania Mejías y Danilo Panes. Reestructuración Neoliberal y Crisis del Sistema Previsional. En Desigualdades, Exclusión y crisis de sustentabilidad en los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe. CLACSO-CLATE. 2018.
[3] Ídem anterior.
[4] Ídem anterior.
[5] Ídem anterior.
[6] Roxana Valdebenito y Militza Meneses. Independientes e informales. Historia y caracterización de los excluidos del sistema previsional chileno. Obra citada.
[7] Ídem anterior.
[8] Ídem anterior.
[9] Ídem anterior.
[10] Gómez Leyton, J.C. 2014. “Chile: 1990-1997. Una sociedad neoliberal avanzada”. En Revista de Sociología N° 21, 53-78. Citado por Roxana Valdebenito y Militza Meneses.
[11] https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=10177&path%5B%5D=10795