Revista Nº 140 (03/2021)
(situación nacional)
Sergio Arelovich*
Las desigualdades sociales, de intensidad de poder, se exhiben con toda impunidad en casos como el presente y los tiempos juegan a favor a de los poderosos.
Una imprescindible nota previa
El pasado 10 de febrero se cumplió un año desde que la empresa Vicentin SAIC se presentara en un juzgado de la ciudad de Reconquista solicitando la apertura de su concurso preventivo. Desde ese día o quizá desde el 5 de diciembre de 2019 en que su directorio anunció que atravesaba un stress financiero, se ensayaron todo tipo de interpretaciones respecto de las razones de la llegada a ese estado de cosas. El tamaño del problema en ciernes asociado con la envergadura de la empresa dentro del complejo oleaginoso argentino, convirtió al caso en protagonista de disputas en diferentes planos. Quizá fuera del caso Vicentin, aunque también lo involucre, merezca una respuesta la siguiente pregunta: ¿por qué una empresa recurre al uso del concurso preventivo?. Sin duda no hay respuesta única aunque podrían enumerarse tres dimensiones y su eventual combinación: a) causas asociadas a hechos externos de la empresa, b) impericia o ausencia de idoneidad en la administración, c) existencia de dolo o fraude. Junto al por qué se hace necesario preguntarse el para qué se solicita la apertura de un concurso. Y nuevamente las respuestas están emparentadas con algunas de las tres causales enunciadas anteriormente y sus derivaciones. En toda esta introducción falta algo. ¿Hubo señales previas a la presentación en concurso? La respuesta es sí, tanto para este caso como para la totalidad de los procesos concursales. ¿A qué señales previas nos referimos? A la mora en el cumplimiento de las obligaciones comerciales, financieras, fiscales, con proveedores de servicios, entre otros. A la permanente renovación o ampliación de las obligaciones financieras para atender el funcionamiento regular y habitual de la empresa, al pago de sobretasas por préstamos recibidos. A la construcción de tejidos societarios en el país o en el extranjero que otorgan un marco de opacidad a la legitimidad de las transacciones entre los eslabones que conforman el grupo empresario. A la acumulación de causas administrativas o judiciales iniciadas por el fisco nacional, provincial o municipal por incumplimiento, elusión o evasión de compromisos legalmente existentes. La suspensión y/o el despido de trabajadores. La enumeración podría seguir aunque con la descripta alcanza para concluir que –para el caso que nos ocupa y en general para ninguno- tales señales no fueron utilizadas para evitar la llegada a la cesación de pagos y su epílogo, la solicitud de apertura de un proceso concursal. ¿Quién las debería haber evitado? A la inmanente responsabilidad de la empresa involucrada debe agregarse la ausencia de una instancia, que la concibo pública y estatal, capaz de reunir las señales previas e intervenir de modo preventivo para evitar la cesación de pagos. En otras palabras y usando un ejemplo: el rechazo por parte de un banco al otorgamiento, renovación o ampliación de un crédito excede en sus efectos la relación entidad financiera-cliente. Quizá proteja o desproteja el patrimonio de le entidad bancaria pero además tiene múltiples efectos por fuera de tal relación, sea en este caso como en cualquiera. ¿Es pertinente y legítima toda intervención para evitar la presentación en concurso de esta o de cualquier empresa? Mi mirada es por el sí y la razón es muy sencilla. Un proceso concursal corta la cadena de pagos y de cobros, altera aquello que siempre reclaman las voces defensoras de los intereses del mercado y que asocia con la seguridad jurídica, el clima de negocios y la defensa de la propiedad privada. Si debiéramos resumir los efectos de un proceso concursal podríamos decir que al incumplir con los contratos viola la seguridad jurídica, que además enrarece el clima de negocios y finalmente afecta sensiblemente la propiedad privada de los acreedores, dentro de éstos lxs más indefensxs, es decir lxs trabajadorxs..
Qué es Vicentin
Es un conglomerado de empresas administradas centralmente en Reconquista, asentada originariamente en la provincia de Santa Fe pero con redes operacionales que la exceden y se han extendido a eslabones radicados en el exterior, algunos conocidos, otros menos conocidos y algunos –por ahora- ocultos. Estos, en casi todos los casos, son empresas constituidas bajo regímenes impositivos promocionales que en la jerga fiscal se los conoce como sedes sujetas a baja o nula tributación. La creación de estas empresas en esas guaridas fiscales nace alternadamente como iniciativa de la propia decisión de los holdings como Vicentin, en otros casos como sugerencia obligada de sus proveedores comerciales, financieros o de servicios. El objeto de la creación de tales sedes es uno solo: garantizar cuotas importantes de opacidad que le permitan ocultar el tamaño de los negocios, de las ganancias, de la construcción de los precios cobrados o pagados, existencia de asociaciones permanentes o temporarias, entre otros. La red conocida de empresas está tejida en una compleja urdimbre de participaciones accionarias, operaciones comerciales de doble dirección (compras y ventas), préstamos recibidos y otorgados, sea por entidades financieras como por las mismas compañías del grupo, garantías constituidas por préstamos obtenidos consistentes en prenda sobre el capital accionario de otros eslabones del holding, entre otras. Esto es lo que permite afirmar la existencia de un conjunto económico y –ante la imposibilidad de determinar dónde empieza y termina otra- la presencia de confusión patrimonial inescindible. En otras palabras: a) no puede entenderse la situación de la empresa que se presentó en concurso si no se analiza la historia de la trama de relaciones con el resto de las empresas del holding Vicentin y b) la naturaleza y comportamiento de las operaciones desarrolladas entre las compañías pertenecientes a él, se diferencian de las que se efectúan con terceros independientes, lo cual abre dudas sobre la posición deudora o acreedora entre las empresas del holding. Es la propia contabilidad de la empresa concursada, de las controladas y de las relacionadas la que permite describir en detalle ambas cuestiones. Si hubiera que confeccionar una lista del por qué el juzgado no debiera haber dado lugar a la apertura del concurso preventivo en febrero de 2020, la primera está asociada con la no presentación del balance cerrado en octubre de 2019, la segunda es que a partir de la información disponible en aquel momento era indiscutible la existencia de un conglomerado de empresas y no de una (conjunto económico) junto a la ausencia de límite respecto del donde empieza y termina cada empresa (confusión patrimonial). La fuente informativa disponible era la documentación presentada por la empresa para solicitar la apertura del concurso preventivo, presente en el expediente.
Algunos números de la empresa
En forma previa a la presentación del estado del concurso, cito textualmente una selección del comunicado que la corriente interna del INTA del Frente de Todos hizo conocer en estos días en respuesta al comunicado ruralista titulado La peligrosa trinchera partidaria en acción dentro del INTA, que afirma lo siguiente: la intervención de Vicentin (no autorizada por el juez de la causa) intentó remediar el desfalco operado por esa firma que afectó, principalmente, a productores agropecuarios (el 75% de los acreedores). Al presente, Vicentin cuenta con procesos judiciales en los tribunales de New York, a instancias de bancos extranjeros, por ocultamiento de sus activos, en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, a instancia de bancos extranjeros, por estafa y vaciamiento de la empresa, en la Fiscalía de Santa Fe, a instancias del Banco Nación, por balance falso, en los Tribunales Federales de Reconquista, a instancias de AFIP, por evasión agravada y en los Tribunales Federales porteños, a instancia de PROCELAC, por defraudación contra la administración pública y lavado de activos.
El lunes 10 de febrero de 2020, Vicentin SAIC solicitó ante el Juzgado Civil y Comercial 2ª nominación de Reconquista, la apertura del concurso preventivo. Entre la documentación que adjuntó se encuentran los balances cerrados en octubre de 2016, 2017 y 2018 pero faltando el concluido en octubre de 2019 que recién fue presentado el 21-09-2020. En su lugar presentó un estado de activos y pasivos al 10-02-2020, no sujeto a ningún tipo de auditoría contable. La última documentación similar previa fue el balance presentado ante los tribunales de New York a pedido de los bancos acreedores extranjeros, con cierre al 31-07-2019. Al igual que el estado de activos y pasivos presentado a los fines de la solicitud de apertura del concurso, este balance tampoco fue auditado por un profesional independiente. No obstante, ambos estados, el de julio de 2019 y febrero de 2020, son documentos oficiales del directorio de Vicentin SAIC, tienen la validez de una declaración jurada de la empresa. El patrimonio societario declarado por la concursada al 10-02-2020 era equivalente a sólo 41 millones de dólares cuando unos meses antes, en julio de 2019 le había dicho a los tribunales neoyorkinos que era de 615 millones de dólares, guarismo similar al que había presentado su balance anual cerrado en octubre de 2018. Algo andaba mal en estos números. A ello se agrega otro elemento: la presentación tardía del balance cerrado en octubre de 2019 mostraba que la empresa había perdido totalmente su patrimonio y lo había convertido en una magnitud negativa de casi 300 millones de dólares. Volviendo a juntar las partes de este rompecabezas: en julio de 2019 la empresa le había dicho a los tribunales de New York que su patrimonio ascendía a 615 millones de dólares y el balance oficial cerrado tres meses después exhibía un patrimonio negativo de casi 300 millones de dólares. Estos datos mostrarían entonces –según la información provista por Vicentin- que en sólo tres meses la empresa habría tenido pérdidas de tal magnitud que habían hecho descender su patrimonio societario en 900 millones de dólares. Como la magnitud de tal descenso es incompatible con toda la otra información presentada por la empresa, la inferencia emergente es simple y solvente: el problema es de otro tipo. Y es posible que se trate de una conjunción de efectos solos o encadenados. Entre ellos: que los problemas de la empresa venían de mucho tiempo atrás y se ocultaron falseando los balances, que se derivó parte de las ganancias a usos diferentes de la actividad principal de la empresa, que parte de esos desvíos lo fueron para constituir empresas en el extranjero, se trate de las conocidas o de otras, que hubo un cambio en la reorientación de funcionamiento del holding transformando la administración central en un pool de negocios financieros, que ante la inminencia de la aparición de problemas que se ocultaban se resolvió trasladar la actividad hacia otros ámbitos empresarios incluso asociados en empresas que operan en el país, que la jerarquía de la conducción de la empresa no estuvo a la altura de los desafíos del mercado, que la subdeclaración de ingresos soslayada por la administración fiscal durante el gobierno de Macri le permitió expandirse pero ante el regreso de un ciclo político de mayor fiscalidad optaron por presentarse en concurso, entre otras razones posibles. Estamos a días de la presentación por parte de la sindicatura concursal de su informe general, del cual se presume se desprende la identificación del por qué se llegó a esta situación.
Las perspectivas
El activo de la empresa es menor que el pasivo, en otras palabras todo lo que tiene no le alcanza para pagar todo lo que debe y la brecha es enorme. Un ofrecimiento de pago a los acreedores que haga posible la continuidad de la empresa requerirá quitas significativas en relación a las pretensiones de aquellos, plazos extendidos y tasas de interés cercanas a 0%, lo cual lo torna prima facie inaceptable por ellos. Los principales afectados serán los proveedores estratégicos, aquellos que necesita para reconducir la empresa: los productores, las cooperativas, los acopiadores. La banca extranjera cobrará en moneda fuerte aun con recortes, los acreedores fiscales como AFIP, API, municipios y comunas verán mermar lo que cobren por la extensión en el tiempo. La banca estatal, fundamentalmente el Banco Nación, sufrirá en parte los efectos de los privilegios que el gobierno de Macri ofrendó a la empresa. Retomar el rol de la Vicentin que fue, esto es que sea originadora recibiendo nuevamente la confianza de los productores, es muy difícil de imaginar. Circulan propuestas de todo tipo frente al colapso inminente. Grupos de productores estarían dispuestos a capitalizar parte de sus acreencias, esto es transformar todo o parte de la deuda a cobrar por acciones de la empresa, procedimiento que en su virtud debería permitir generar ganancias futuras para intentar compensar la pérdida por la cesación de pagos. Ni la banca estatal ni la extranjera, que representan la porción mayoritaria de la deuda de Vicentin, entrarán por ese camino. Eso no impedirá el ensayo de la construcción de opciones con sociedades conexas para hacer lo que estatutariamente les está vedado. Como parte de los preparativos, en estos días accionistas poseedores del 82% del capital de Vicentin suscribieron un contrato por el cual le confieren a un representante, miembro del directorio hasta el pasado 14 de octubre de 2020, sentarse a negociar en su nombre con interesados en invertir en la empresa. No hay salida posible al estado de situación sin la exteriorización de activos que pertenecieron a la empresa y hoy no están. Pero como esto pertenece al plano de las acciones penales quizá asistamos a una salida ecléctica sin perspectivas de futuros en el terreno comercial, mientras continúen y se profundizen las causas abiertas en diferentes ámbitos del fuero penal. Las desigualdades sociales, de intensidad de poder, se exhiben con toda impunidad en casos como el presente y los tiempos juegan a favor a de los poderosos.
*Sergio Arelovich, miembro del equipo asesor de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía – MATE