RESOLUCION SOBRE LA COYUNTURA
La Dirección Nacional presenta para la discusión la guía a seguir y convoca a un Encuentro Extraordinario del Partido de los Trabajadores bajo el tema Los desafíos partidarios para el próximo período a ser realizado en noviembre, precedido por una reunión ampliada de la Dirección Nacional en julio, cuyas normas serán definidas por la Comisión Ejecutiva Nacional hacia finales de mayo.
El país vive, desde el día 12 de mayo, una nueva situación política, con la recuperación de la dirección del Estado por las viejas oligarquías de la política, de los medios monopolizados y del gran capital. A través de un golpe parlamentario, que rompió el orden democrático y desgarró la Constitución, las clases dominantes impusieron la separación provisoria de la presidenta Dilma Rousseff mediante un empeachment sin base legal, marcado por el fraude y la manipulación.
El impedimento de la presidenta, lejos de ser una maniobra circunstancial, incluso rodeada por improvisaciones y tropiezos, es el resultado de una ofensiva planificada que culminó con la unificación de distintos centros de comando en torno de la conspiración golpista.
La mayoría conservadora del Congreso Nacional fabricó un pretexto corrosivo para deponer a un gobierno legítimamente electo por el voto popular y establecer un nuevo bloque de poder, destinado a conducir un amplio programa de reorganización de desarrollo capitalista nacional.
La opción por el golpismo, además del carácter históricamente antidemocrático de las clases dominantes brasileñas, expresa el ritmo pretendido y la agenda que unifica al núcleo hegemónico de las fuerzas usurpadoras. En última instancia, para ellos sería un riesgo inmenso someter a elecciones libres y directas un proyecto de reducción de salarios y pensiones; eliminación de derechos de los trabajadores; reducción de gastos de programas sociales; anulación de los compromisos constitucionales en salud y educación; privatización de empresas estatales y renuncia a la soberanía sobre el pre sal; sumisión del país a los intereses de la grandes corporaciones financieras internacionales.
El modelo económico perseguido por el gran capital implica sustituir la expansión del mercado interno como motor del crecimiento, por la atracción de los flujos privados de inversión, locales e internacionales, conforme reza la antigua receta neoliberal y tal como explicita el programa de los golpistas ”Un Puente para el Futuro”. Salarios bajos, alta rentabilidad financiera con plenas garantías de solvencia, flexibilización del mercado laboral, privatizaciones y política externa subordinada a los centros imperiales, son los principales pilares de esta opción de clase.
A pesar de los errores y dificultades en dar continuidad al proceso de cambios iniciado en 2003, la administración de la presidenta Dilma Rousseff era un obstáculo a ser removido en forma inmediata y a cualquier costo, de tal suerte que un gobierno de transición pudiese disponer de un tiempo suficiente como para aplicar el programa neoliberal antes que las urnas se volvieran a pronunciar.
Este período también les resulta indispensable para avanzar en la escalada de criminalización del PT y demás fuerzas de izquierda, combinada con la desarticulación represiva de los movimientos sociales y la interdicción del ex presidente Lula como alternativa viable en las elecciones de 2018.
La Operación Lava Jato desempeñó un papel crucial en la escalada golpista. Anclada sobre el justo sentimiento anticorrupción del pueblo brasileño, se convirtió paulatinamente en un instrumento político para la guerra de desgaste contra dirigentes y gobernantes petistas; actuando de forma cada vez más selectiva en cuanto a sus objetivos y marcada por violaciones al Estado de Derecho Democrático, ha funcionado como un mecanismo de contrapropaganda para movilizar a las capas medias en asociación con los monopolios de la comunicación. Revela, por fin, el alineamiento de diversos grupos del aparato represivo estatal – representantes, fiscales y jueces – con el campo reaccionario, asociados directa o indirectamente a las maniobras del impeachment.
Aunque persisten importantes contradicciones en el interior de la coalición conservadora, la intención predominante entre sus fracciones dirigentes es concluir el régimen de excepción con la aprobación de un sistema electoral más restrictivo que el actual, cuyas reglas logren institucionalizar el bloqueo a la reconquista del gobierno federal por el campo popular.
Esta ofensiva restauradora es parte fundamental de la estrategia para desestabilizar las demás experiencias progresistas en América Latina, buscando reconstruir la hegemonía imperialista sobre la región, fuertemente sacudida por las victorias electorales populares en los primeros quince años del siglo XXI. La gran crisis del capitalismo trae de nuevo el sur del continente a la lista de prioridades de la geopolítica norteamericana, bajo la lógica de reanudar el control sobre las fuentes esenciales de materias primas y de energía, los amplios mercados internos y los espacios para nuevas inversiones a bajos costos.
El desplazamiento del gobierno petista también es fundamental para debilitar las alianzas contra-hegemónicas regionales, como la UNASUR, la CELAC y el MERCOSUR y facilitar políticas de asedio y desestabilización a procesos progresistas de otros países, como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Si se consolida este retroceso político, influirá sobre la evolución del bloque BRICS, cuyo potencial económico y financiero pone en cuestión la vieja ingeniería mundial de las potencia capitalistas
El avance del movimiento golpista, sin embargo, solamente podrá ser correctamente entendido si valoramos de forma autocrítica los errores cometidos por nuestro partido y nuestros gobiernos. El hecho es que no nos preparamos para el enfrentamiento actual, al priorizar el pacto pluriclasista que permitió la victoria de ex presidente Lula en 2002 y la consolidación de su gobierno en los años siguientes.
Olvidamos una de las lecciones más relevantes de la historia brasileña, consolidada por el PT en sus documentos de los años ochenta. El capitalismo brasileño, asentado sobre múltiples mecanismos de superexplotación del trabajo y preservación de estructuras arcaicas, genera un fuerte antagonismo de las oligarquías contra las reformas capaces de alterar, incluso con timidez, esas condiciones socioeconómicas. Las clases dominantes – en determinadas correlaciones de fuerza en períodos de expansión económica – pueden tolerar ciertos cambios siempre que los avances de los sectores populares no resulten en una disminución de sus ganancias absolutas o relativas. Pero ofrecen brutal resistencia cuando ese equilibrio distributivo está bajo amenaza, en particular en las fases de contracción económica como ahora.
Este supuesto debería haber guiado nuestros trece años de gobierno, llevándonos a comprender que la hegemonía de los trabajadores en el Estado y en la sociedad no depende exclusiva o principalmente de una exitosa gestión, sino de la concentración de todos los factores en la construcción de una fuerza política, social y cultural capaz de dirigir y transformar el país.
A pesar de los extraordinarios avances verificados en la reducción de las desigualdades, en la apertura de nuevas oportunidades, en la creación de derechos, en la erradicación del hambre, en la amplia inclusión promovida por el gobierno, incurrimos en un error político. Tan pronto asumimos, relegamos tareas fundamentales como la reforma política, la reforma tributaria progresiva y la democratización de los medios de comunicación. Aun sin una mayoría parlamentaria de izquierda, el inmenso prestigio del presidente Lula y la desorganización estratégica de las elites, abrían espacio para una poderosa movilización nacional que debatiese, claramente, la urgencia de la democratización del Estado y la remoción de los bastiones autoritarios heredados de la transición conservadora pos-dictadura.
Fuimos igualmente descuidados con las necesidades de reformar el Estado, lo que implicaba impedir el sabotaje conservador de las estructuras de mando de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal; los planes de estudio de las academias militares; promover oficiales con compromiso democrático y nacionalista; fortalecer el ala más avanzada de Itamaraty y redimensionar sensiblemente la distribución de las pautas publicitarias para los monopolios de información.
Confiamos en la gobernabilidad institucional a partir de alianzas con el centro como columna vertebral para la sustentación de nuestro proyecto. Al contrario de lo que había pasado en países vecinos, el sistema electoral del país, tal como existe, no posibilitó que el triunfo en la elección presidencial fuese acompañado por esa mayoría en el Congreso Nacional. Obviamente, estábamos obligados a composiciones fuera del campo popular, a riesgo de inviabilizar nuestros gobiernos sucesivos. Pero estuvimos retenidos en impulsar la lucha social como vector fundamental de presión sobre las instituciones. En consecuencia rebajamos la disputa pública sobre nuestro programa y el debate con las fuerzas conservadoras, incluyendo los segmentos que eventualmente integraban la base de apoyo.
Tampoco nos dedicamos con la debida atención y perseverancia a tejer una alianza estratégica entre los partidos populares y los movimientos sociales que pudiese ampliar el peso institucional de la izquierda. Quedamos rehenes de acuerdos tácticos, imperiosos para el manejo del Estado, pero que resultaron en un bajo y pobre enraizamiento de las fuerzas progresistas, al mismo tiempo que ampliaron el arco de alianzas y el poder de fuego de sectores más a la derecha.
El mantenimiento del sistema político y la preponderancia excesiva de la acción institucional acabaron por afectar fuertemente el funcionamiento del PT, limitado a la función casi exclusiva de brazo parlamentario de los gobiernos petistas y reordenado como agremiación fundamentalmente electoral. La vida interna se degradó, bajo la creciente influencia de mandatos parlamentarios y cargos ejecutivos, cada vez más autónomos en relación a las instancias partidarias. El partido perdió capacidad de elaboración, formación y protagonismo en la batalla de las ideas. Millares de nuevos afiliados fueron incorporados sin ningún vínculo con el pensamiento de izquierda o nuestro programa.
También fuimos contaminados por el financiamiento empresarial de campañas, estructura celular de cómo las clases dominantes se articulan con el Estado, formando sus propias bancadas corporativas y controlando gobiernos. Preservada esta condición incluso después de nuestra victoria de 2002, terminamos envueltos en las prácticas de los partidos políticos tradicionales, lo que claramente afectó en forma negativa nuestra imagen y abrió flancos para ataques de aparatos judiciales controlados por la derecha.
A pesar de los esfuerzos constantes, en los últimos años, para corregir estos errores, tenemos claro que sus secuelas debilitaron al PT y debilitaron al conjunto de la izquierda frente a la escalada golpista.
La política económica desarrollista y distributivista de nuestros gobiernos, responsable de la mayor elevación del salario mínimo y de la inclusión social, pasó a exigir, especialmente frente al recrudecimiento de la crisis internacional, que el Banco Central estimulase la inversión y no que la bloquease – como ocurrió con la elevación de las tasa de interés. Exigía todavía nuevas reformas distributivas, que gravasen progresivamente a los ricos, y una nueva capacidad de planeamiento e inversión del Estado, lo que no ocurrió.
Al lado de las fallas propiamente políticas, demoramos en percibir el progresivo agotamiento de la política económica vigente entre 2003 y 2010, que había llevado a formidables conquistas sociales para el pueblo brasileño. Basada en la ampliación del mercado interno a partir de la incorporación de los pobres al presupuesto del Estado, con adopción de innumerables programas enfocados a la inclusión social, la creación de empleos y la elevación de los ingresos, ese modelo perdió fuerza por la crisis internacional, en conjunto con las altas tasas de interés que desangraban al Tesoro y a la excesiva valorización cambiaria.
El mantenimiento del ritmo de expansión del mercado interno, anclado en los gastos e inversión públicos, pasó a depender de reformas que disminuyeran las transferencias financieras a los grupos privados, ayudasen a recomponer el equilibrio fiscal con la mayor tributación a los más ricos y desmontasen el oligopolio de los bancos, entre otras medidas que posibilitaran recursos para el Estado con las cuales profundizar las políticas de desarrollo con distribución de ingresos. No se trataba simplemente de reordenamientos presupuestarios, sino de un nuevo ciclo programático que radicalizaría la disputa de proyectos en la sociedad.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, en su primer año, optó por realizar una fuerte restricción de gastos e inversiones, al mismo tiempo que elevaba las tasas de interés. El crecimiento del PBI, que había sido de 7.8 % en 2010, cayó al 4.0% en 2011 y al 2.0 % en 2012. Ante estos resultados negativos, el Banco Central reduce la tasa de interés y el gobierno subsidia a las empresas por medio de desgravaciones fiscales, una política que alcanzaría su punto culminante en 2014. A pesar del nuevo ciclo de elevación de la tasa de interés, el PBI crece 3.5 % en 2013, pero se desploma a 0.2 % en 2014. La tentativa de eludir reformas estructurales, a través de fuertes incentivos a la inversión privada había conseguido preservar el empleo, pero no relanzó la economía.
Antes de la crisis, el país fue colocado en una encrucijada: acelerar el programa distributivista, como había sido defendido en la campaña de la reelección presidencial o aceptar la agenda del gran capital, adoptando medidas de austeridad sobre el sector público, los derechos sociales y la demanda, nuevamente en la perspectiva de los inversores privados. El gobierno se embarcó en la segunda vía.
El ajuste fiscal, además de intensificar la tendencia recesiva, ejerció un papel destructivo sobre la base social petista, generando confusión y desánimo en los trabajadores, en la juventud y en la intelectualidad progresista, entre los cuales se diseminó la sensación, estimulada por los monopolios de comunicación, de hurto electoral. La popularidad de la presidenta rápidamente se desmoronó. Las fuerzas conservadoras se sintieron reanimadas para buscar la hegemonía en las calles, por primera vez desde las semanas que antecedieron al golpe militar de 1964.
El debilitamiento de la izquierda, en los meses siguientes a la apretada victoria en el segundo turno de 2014, rápidamente alteró la correlación de fuerzas en el país, dentro y fuera de las instituciones. La derecha retomó la ofensiva. Las fracciones del centro, al asistir al rechazo del gobierno por la opinión pública, comenzaron a separarse de la coalición presidencial, desplazándose hacia una alianza conservadora que siguió imponiendo nuevas derrotas parlamentarias a la administración federal.
A pesar de la advertencia emitida por el 5 ª Congreso del PT, realizado en junio de 2015 – y del debate interno que siguió – de que era indispensable cambiar la política económica para recuperar apoyo político y social, el gobierno prosiguió en el rumbo que había escogido, elevando el agravamiento de las dificultades. En el documento “El futuro está en retomar los cambios” de febrero de este año, la dirección nacional del PT dejó en claro que no sería posible contener la escalada reaccionaria sin expresivas alteraciones programáticas. El hecho es que el golpismo, velozmente, creaba condiciones para su avance, aglutinando apoyo parlamentario y soporte social.
La aceptación del pedido de impeachment a inicios de diciembre, después que el PT rechazara los chantajes del diputado Eduardo Cunha, sirvió de aliento a la resistencia democrática, que venía acumulando fuerzas desde marzo. En los cinco meses que antecedieron a la apertura del proceso contra la presidenta de la república, centenas de miles se pusieron en movimiento por todo el país. Fueron realizadas enormes concentraciones populares, además de otras iniciativas que convocaron a amplios sectores antigolpistas. Incluyendo hombres y mujeres críticos al gobierno.
Esta movilización, capitaneada por el Frente Brasil Popular, en la mayoría de las veces en alianza con el Frente Pueblo Sin Miedo, que contó con la fuerte participación del PT en todo el país en consonancia con la resolución de nuestro 5º Congreso, estimuló la reunificación del campo de la izquierda y reunió voces democráticas de distintos matices. A pesar de que era insuficiente para revertir la correlación de fuerzas, permitió que el bloque progresista recuperase protagonismo y lo mantuviese incluso después de la declaración del juzgamiento presidencial
El centro táctico para este nuevo período – bajo la palabra de orden “No al golpe, fuera Temer”- debe ser el colapso del gobierno ilegítimo que usurpó el poder y rompió el pacto democrático de la Constitución de 1988. Debemos combinar todos los tipos de acción masiva y combate parlamentario para inviabilizar sus medidas antipopulares, denunciar su carácter ilegal e impedir su consolidación al mando del Estado. Asume una gran relevancia también la continuidad de la acción de las articulaciones internacionales que en el último período fueron fundamentales para la denuncia del golpe en curso.
Detener el golpe es posible, urgente y necesario. Son partes esenciales de este objetivo negar legitimidad al gobierno ilegítimo de Temer, hacer la defensa política de la presidenta Dilma y del legado de nuestros gobiernos; defender al presidente Lula de los ataques mediáticos y judiciales que contra él se levantaron; mantener la movilización popular en un alto nivel; dialogar en torno de una agenda democrática y popular para el país con sectores de la sociedad críticos a nuestros gobiernos; luchar por la absolución de la presidenta Dilma de los crímenes que le son injustamente imputados en el Congreso Nacional y en el Poder Judicial, junto a los organismos de la comunidad internacional.
El resultado más cercano de este proceso, que implica lucha continuada y movilizaciones, está en la absolución de la presidenta Dilma Rousseff y su retorno a las funciones para las cuales el pueblo la eligió. Este es el único resultado del juzgamiento capaz de reencauzar al país al dominio constitucional y al orden democrático.
Derrotado el golpe, la presidenta Dilma Rousseff deberá presentar su compromiso público con una amplia reforma política y medidas capaces de retomar el desarrollo, la distribución de ingresos y la generación de empleos.
El Partido de los Trabajadores propone que la presidenta Dilma Rousseff presente rápidamente un compromiso público sobre el rumbo de su gobierno después de derrotado el golpismo, defendiendo una amplia reforma política y medidas capaces de retomar el desarrollo, la distribución de ingresos y la generación de empleos.
No reconocemos al gobierno ilegítimo de Temer. Contra él haremos total oposición y lucharemos hasta el fin en las calles y en las instituciones para derrotarlo. No existe una oposición moderada o conciliación posible con un gobierno resultante de un golpe. Las bancadas parlamentarias del PT seguirán en combativa oposición a Temer y a su programa neoliberal en el Congreso Nacional. Con los trabajadores del campo y de la ciudad, la CUT, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo lucharemos contra el gobierno golpista, su agenda de retrocesos en derechos y libertades democráticas, reducción de salarios, privatizaciones y criminalización de las luchas sociales.
Sin renunciar a nuestra identidad partidaria y a nuestras banderas, es fundamental, en la lucha de resistencia, que actuemos en conjunto con el Frente Brasil Popular, con el Frente Pueblo Sin Miedo, y con otras organizaciones dispuestas a formar una articulación unitaria en defensa de la democracia.
Más que instrumento de movilización, el FBP puede desarrollarse como espacio estratégico para todas las fuerzas progresistas, a partir de un programa común y reglas plurales de participación, que abran camino para su consolidación. Orientamos a toda la militancia petista a que se incorpore a los colectivos del Frente, impulsando la creación de comités y núcleos en los lugares de residencia, estudio y trabajo, siempre con el cuidado de incentivar la unidad y la cooperación con activistas de las más distintas corrientes y movimientos.
Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores
Brasilia, 17 de mayo de 2016
Traducción: Isaac Grober
Tomado de Página 13
Direcció
Muy buena y profunda autocrítica y reformulación programática del PT.
El FPV (Frente para la Victoria) , en Argentina, debería intentar algo similar. Sería muy saludable para la recomposición del campo popular en nuestro país, donde el FPV tiene aun potencialmente un importante rol que jugar.
Carlos Mendoza