El peligroso hábito de olvidar o el olvido como ocultamiento

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Revista Tesis 11 (nº 117)

Claudio Esteban Ponce*

A cuarenta años del golpe cívico-militar que llevó a cabo el exterminio de seres humanos nunca visto en la Historia Argentina, se torna imperioso reflexionar sobre la historia reciente y sobre la influencia que aquellos hechos tuvieron desde la recuperación democrática hasta la actualidad. Los intentos por recuperar la libertad perdida, los fracasos y la insistencia en la lucha por los derechos humanos, los logros obtenidos y las regresiones inexplicables, hacen casi obligatorio repensar valores y recuperar convicciones para evitar volver a caer en la laguna de Caronte.

El 24 de marzo de 1976, una perversa y siniestra noche oscureció a la Argentina durante siete años. El sadismo y la mezquindad de los grupos concentrados de la economía nacional e internacional, sumados al torpe accionar de la “derecha peronista” en el gobierno, se canalizaron hacia una violencia destructiva contra todo el pueblo argentino. Militares de las tres fuerzas armadas, muchos de ellos entrenados y avalados por EEUU, irrumpieron en una administración debilitada y condicionada por la “Doctrina de la seguridad Nacional” con el objeto de institucionalizar definitivamente la represión social, ideológica y política.

La brutalidad ejercida contra toda la sociedad superó los límites del paroxismo y convirtió en “legal, la absoluta ilegalidad”. Si bien la violencia ya se expresaba en hechos concretos desde el gobierno anterior al quiebre del Estado de Derecho, la dictadura, más allá de violar toda garantía constitucional, venía a convertir el terror en una institución estatal. ¿Por qué tanta bestialidad expresada en el nuevo gobierno de facto? ¿A qué obedeció la persecución, la tortura y el asesinato de tantos argentinos? ¿Por qué el odio y la utilización de la “técnica” de desaparición de personas? ¿Qué objetivos persiguió tanta maldad?

En el plano económico, la dictadura significó un “cambio” impuesto por el ministro José A. Martínez de Hoz que, avalado por el Terrorismo de Estado, no fue más que la regresión al siglo XIX. Un verdadero retorno a la vieja argentina agro-exportadora y oligárquica beneficiando a sectores minoritarios de la sociedad y perjudicando a las mayorías. La diferencia entre estos gobiernos que aplicaron análogas recetas económicas fue el contexto y la metodología utilizada por la dictadura de Videla para disciplinar a la clase trabajadora en particular y a la sociedad argentina en general. El secuestro, la tortura indiscriminada y el asesinato de cualquier ciudadano sospechoso de oponerse o alterar el orden impuesto para implementar el modelo económico neoliberal, solo se asemejó al exterminio nazi. La Argentina fue un país ocupado militarmente por sus Fuerzas Armadas llevando a cabo una limpieza étnica e ideológica contra su propio pueblo. La represión del Estado Terrorista fue de una voracidad descomunal. La planificación en la persecución de los habitantes, la creación de centros clandestinos de detención similares a los campos de concentración europeos, el rapto, el suplicio como natural forma de interrogatorio y los fusilamientos masivos, fueron los métodos reales con los cuales los genocidas decían enfrentar una hipotética guerra inexistente. Un conflicto bélico supone una fuerza enemiga que lucha en las mismas condiciones, por el contrario, en la Argentina dictatorial solo existieron las tres fuerzas armadas contra un pueblo indefenso y desarmado. El objetivo de tanta brutalidad tuvo que ver con el escarmiento al desafío de toda una generación.

La huella marcada en la comunidad nacional, el trauma internalizado en la mayoría del pueblo argentino, convirtió la palabra “política” en algo sucio o corrupto y el concepto de “solidaridad” en algo peligroso y subversivo. El Terrorismo de Estado dejó heridas difíciles de cicatrizar en toda la nación. Logró trastocar valores, generalizó el individualismo y promovió la instalación del “miedo” como herramienta fundamental para sostener un carácter social autoritario. La herencia de este Estado Terrorista se diseminó en todos los gobiernos posteriores al tiempo del horror.

La democracia recuperada en 1983 no fue suficiente para consolidar la conciencia de libertad que debe tener todo ser humano. El retorno al Estado de Derecho siempre estuvo condicionado por actores que pretendían tender un “manto de olvido” para tapar los hechos de la peor calamidad ocurrida en la Historia Argentina. En este contexto, el juicio a las juntas de comandantes de cada fuerza militar durante la presidencia de Raúl Alfonsín puso en alerta a los verdaderos culpables de lo que había sido un genocidio contra una sociedad desamparada y temerosa. Las terribles presiones sobre un gobierno que intentaba la recuperación democrática, ejercidas por grupos económicos ligados a la dictadura, obligó a terminar con los intentos de revisar la historia y hacer justicia. Solo los comandantes fueron juzgados y condenados. Al poco tiempo y por obra de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, todos los culpables de crímenes aberrantes contra el género humano se habían librado de los juicios correspondientes. A posteriori, y luego del “golpe de mercado” contra la flamante democracia, la Administración neoliberal de Carlos Menem profundizó aún más la injusticia y la ilegalidad, los decretos que indultaron a los únicos genocidas presos puso fin a los intentos de “recordar, develar la verdad y hacer justicia histórica con los delitos de lesa humanidad. La determinación política menemista fue muy bien recibida por sus nuevos “amigos” responsables y culpables del genocidio. Tanto los actores militares como los grupos civiles implicados festejaron los decretos de un presidente que, aún traicionando hasta los principios básicos de su fuerza política, intentó ocultar la tragedia más aterradora de la historia reciente del país.

La democracia argentina tenía una deuda moral con su pueblo. Una asignatura pendiente que no había logrado resolver de forma eficiente y madura como corresponde a un Estado Democrático. Los sectores de la economía concentrada, a través de sus monopolios mediáticos, se adecuaron rápidamente a los discursos institucionales y comenzaron a predicar una “ley de olvido” con dulces argumentos de reconciliación. En términos de Pierre Bourdieu, esta “violencia simbólica” que proponía el argumento de “mirar al futuro” en detrimento del pasado instalaba un “sentido común” que tenía por objeto convertir el “olvido en ocultamiento”. A partir de allí, un amplio sector del periodismo con algunas tristemente “destacadas individualidades”, fue cómplice y servil a los intereses civiles y militares responsables del Terrorismo de Estado. Salvo excepciones que honraron su profesión de informar o aquellos que siempre estuvieron comprometidos en la lucha por los Derechos Humanos, el pseudo-periodismo chato y chabacano se vendió a la mentira.

La crisis del 2001 fue un punto de inflexión para los abusos antipopulares. Del caos político-económico que generó esa crisis brotó una nueva esperanza. Hubo que esperar más de veinte años de democracia para que el Estado Argentino pidiera “perdón” a su pueblo por los crímenes del Terrorismo Estatal. Aun así, aquel discurso del presidente Néstor Kirchner en 2004 fue duramente criticado y provocó muchas reacciones adversas, incluso de políticos colegas que no veían conveniente y oportuno asumir ese lineamiento de acción. A partir de este “quiebre”, el gobierno comenzó a darle rango de “política de Estado” a la temática irresuelta de los Derecho Humanos. Estas medidas implicaron un alto costo para los gobiernos kirchneristas. Néstor y Cristina Fernández pasaron a ser el “blanco a derribar” para todos aquellos personajes implicados en la represión ilegal. Tanto militares como civiles, e inclusive miembros de la corporación clerical que tenían sus manos manchadas con la sangre de los 30.000 desaparecidos durante la crueldad dictatorial, quedaban a merced de la justicia para ser juzgados y condenados. Por primera vez se motorizaba desde la autoridad política una profunda revisión de la historia. Además, si se agrega que a esto se sumó el tratamiento en el Congreso a pedido del Ejecutivo para votar la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se puede observar que esta política fue literalmente un desafío a los poderes tradicionales. Evidentemente, esta nueva mirada de cierto sector peronista y de la izquierda nacional, preocupó, y mucho, a quienes estaban acostumbrados a decidir que se hacía en el país sin tener en cuenta los poderes elegidos por el pueblo. Personajes del empresariado tradicional, economistas representantes del establishment, militares, políticos y algunos miembros de la corporación eclesiástica, unieron fuerzas para destruir a quienes se habían animado a una afrenta semejante.

El 24 de marzo de 2016 se cumplen 40 años del golpe de Estado cívico-militar que arrasó la Nación. Por primera vez, un gobierno de derecha conservadora con ideas económicas análogas a las implementadas por la dictadura deberá respetar la efeméride. A juzgar por las acciones de gobierno de los primeros 90 días de gestión, la “alianza cambiemos” está muy distante de la política encarada por la administración anterior. Hasta el momento, el nuevo gobierno no se pronunció respecto de la continuidad o de algún otro proyecto en materia de Derechos Humanos. Si bien prometieron garantizar la continuidad de los juicios, en el discurso de muchos de los funcionarios macristas se canalizaron “actos fallidos” que delataron el resentimiento de la oligarquía cómplice del genocidio. De hecho, han recortado el presupuesto de todos los centros culturales ligados a los organismos de DDHH que trabajaban por el fortalecimiento de la memoria, la verdad y la justicia. Si bien no se clausuró ningún centro dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, el objetivo de las medidas de recortes y despidos apunta a lograr que estas actividades no puedan subsistir y poco a poco mueran por asfixia. Esta visión demuestra claramente que para el macrismo la cuestión de los Derechos Humanos es un gasto innecesario. En realidad, nada sorprendente para una gestión que debutó volviendo a utilizar la represión y encarcelando injustamente a varios dirigentes sociales. Lo de Milagros Salas no pasó desapercibido ni para el Papa Francisco.

A decir verdad, el nuevo gobierno de la “alianza cambiemos” se ha mostrado frío, indiferente, y hasta algunas veces violento en lo que refiere a los Derechos Humanos. Sin entrar a profundizar las razones que motivaron los injustos y masivos despidos en múltiples áreas del Estado, se puede inferir que en lo que concierne al respeto por la dignidad humana la nueva gestión macrista deja mucho que desear. Si se toma otro ejemplo en relación a las formas de actuar de la “nueva derecha” gobernante, válido es destacar e interpretar las declaraciones del secretario de cultura de la ciudad de Buenos Aires, ya que las mismas son una prueba más que notoria del odio contenido hacia todo lo realizado en la recuperación de la memoria, develar la verdad y hacer justicia. Además de faltar gravemente el respeto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y a todos los que padecieron el autoritarismo salvaje, el señor Lopérfido destiló demasiado resentimiento acumulado despreciando a los sectores populares y desmintiendo descaradamente el genocidio del Terrorismo de Estado. Con claras muestras de ignorancia y desconocimiento de la historia, y con la soberbia que caracteriza a quien se cree superior a los demás, este funcionario macrista se burló de la voluntad popular y relativizó la represión dictatorial. Sin embargo, ante el pedido retracción y renuncia del funcionario de parte de sectores afectados, el Jefe de gobierno porteño no solo lo ratificó en su cargo, sino que su argumentación estuvo cargada de cinismo. Los tristes ejemplos se multiplican y el futuro es incierto.

El 24 de marzo cientos de miles marcharan nuevamente para recordar y elaborar el duelo a 40 años del golpe. Más allá de las molestias que esto genera en la derecha conservadora, solo se pide que el macrismo garantice la seguridad y los derechos constitucionales de los ciudadanos participantes. Pero es necesario afirmar para que quede bien en claro que, si el objetivo de este nuevo gobierno es terminar con los juicios o que los condenados vuelvan a sus hogares, encontraran una severa resistencia. En esta cuestión no parecen haber sido en vano las políticas de los doce años anteriores.

El “miedo” latente que la sociedad argentina heredó del Terrorismo de Estado fue quizás el factor más influyente que contribuyó a que la derecha tradicional, habituada a ejercer en gobiernos de facto, ganara las elecciones. Ese temor, ligado a una estructura de carácter social autoritario, hizo posible que los argentinos volvieran a reincidir en errores muy similares a los ya cometidos en el pasado. El conocimiento de la Historia, la construcción de la memoria colectiva y el compromiso con la verdad y la justicia se presentan como requisitos fundamentales para que los pueblos puedan evitar que las “tragedias” se repitan como “tragedias”.

*Claudio Esteban Ponce, Licenciado en Historia, miembro de la Comisión de América Latina de Tesis 11.