El régimen macrista inyecta crueldad en los agentes que prepara para que salgan a masacrar al pueblo
El régimen macrista dio numerosas señales en una misma dirección: las fuerzas represivas no están sujetas a ninguna ley ni a ningún control democrático, sino dedicadas a aplastar cualquier disidencia que se manifieste contra el proceso de entrega del patrimonio nacional y popular a los intereses financieros trasnacionales que este gobierno encarna. Esto se traduce en asesinatos cometidos desde el estado, vidas sacrificables de las clases populares y una amenaza contra la vida y la libertad de los que se opongan a esta voluntad de poder desencadenada de toda norma.
La pérdida violenta de una vida joven, sea la del aprendiz de herrero Rafael Nahuel o la del cadete de policía Emmanuel Garay, implica el daño irreparable de un bien sagrado. Cuando los casos se repiten sistemáticamente y en la cúspide de esas decisiones se encuentra el jefe de estado, ya no hablamos de la mera violencia humana, sino del terror de estado. Un gobierno que avala los homicidios cometidos por sus agentes nos conduce a una dislocación de los lazos sociales. Un estado que instaura el crimen como hábito mina toda su legitimidad.
No es una sorpresa para los que vivimos cotidianamente en este país desde el 10 de diciembre de 2015. El estado de derecho es abolido por esta corrosión permanente desde los primeros días de este régimen. No es una sorpresa, aunque hayan llegado al poder declamando la defensa de las instituciones republicanas. Esto también es viejo: los estados represivos siempre se instauraron invocando con cinismo la defensa de los valores republicanos. No sorprendente en absoluto, a pesar de que el establishment periodístico todavía hoy se empeñe en simular que vivimos bajo un estado democrático de centro-derecha. Estos narradores neutrales son quizás los cómplices más cobardes de los crímenes.
Estaba claro cuando Milagro Sala se convirtió en la primera presa política del macrismo, inaugurando un modo de operar que luego se expandiría desde Jujuy a todo el país y hasta el día de hoy, contra dirigentes políticos, gremiales y sociales o simples hijos del pueblo perseguidos, encarcelados sin fundamentos jurídicos, asesinados impunemente o amenazados con descaro desde los despachos oficiales. Esta represión sistemática no podría sostenerse sin la complicidad de las corporaciones mediática, jurídica y empresarial, ni buena parte de la clase política que mira para el costado.
No se trata solamente de opositores perseguidos: las fuerzas de seguridad del régimen están llevando a cabo una masacre por goteo, tan permanente y despiadada como el plan económico que se implementa. Se asesina otra vez desde el estado, como durante los años de la dictadura, y la mera sucesión de asesinatos termina por producir sobre el cuerpo social una naturalización de lo atroz.
En agosto pasado una patrulla de gendarmes aún impune provocó, en un operativo de represión a una protesta social, la muerte de Santiago Maldonado (28 años). En noviembre agentes de Prefectura asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel (22 años). El 8 de diciembre Juan Pablo Kukok fue asesinado por la espalda por el agente de policía Luis Chocobar. macri recibió en la Casa Rosada al ejecutor y respaldó su homicidio, emitiendo una peligrosísima señal que habilita la doctrina que desde hace meses proclama la ministra de seguridad de la Nación según la cual las fuerzas de seguridad tienen presunción de inocencia en todo ejercicio de sus funciones represivas. Es un permiso explícito para que las fuerzas represivas sigan matando con impunidad.
Emanuel Garay, de 18 años, cadete de policía de La Rioja, murió hace unos días como consecuencia de las atroces torturas a las que fue sometido junto a sus compañeros por los instructores de su escuela, en el contexto de un presunto entrenamiento. Después de la muerte de Emanuel, en las redes sociales empezaron a circular imágenes de un año atrás en las que se ve a la comisaria Adriana Mabel Rodríguez, Jefa del Cuerpo de Personal Femenino de la provincia de La Rioja, sometiendo a otros jóvenes cadetes a torturas similares a las que terminaron con la muerte de Garay (ver arriba foto que ilustra el post). No son excesos: en el entrenamiento de los jóvenes que quieren ingresar a las instituciones policiales, quienes usualmente provienen de las clases pobres y ven el ingreso a la policía como una posibilidad de ascenso social, la institución se encarga de inyectarles dosis de odio y resentimiento para que, una vez convertidos en agentes represivos, se descarguen sobre la población. Vienen muchas veces de las mismas clases oprimidas que sus futuras víctimas. El negocio lo hacen otros, pero para sostenerse necesita de una crueldad que infecta todos los lazos sociales
El martes 6 de febrero a la mañana Fabián Exequiel Enrique, 17 años, fue asesinado por la espalda por tres balazos disparados por un agente del Grupo Halcón de la policía bonaerense. El cuerpo de Fabián estuvo 5 horas en una zanja. No estaba armado. Lo único que encontraron fue una pipa con un resto de pasta base en un bolsillo de su short.
En las últimas horas se conocieron por Facebook imágenes de tro “entrenamiento” de Cadetes en el Cuerpo de Infantería San José de Feliciano, en Entre Ríos. Se trata de un curso especial que se hizo hace unos meses, al cual llegaron cadetes provenientes de distintos lugares del país. Los instructores detonan granadas de gases lacrimógenos sobre los cuerpos de los cadetes tirados en el piso. Los cadetes sufren los efectos de este tratamiento sádico, mientras los instructores festejan los daños. Así se los prepara para después lanzarlos a las calles a reprimir salvajemente, con el cuerpo y el alma estragados de odio..
Publicado por Oscar Cuervo