¿En que oleada estamos?

Revista Tesis 11 (nº 119)

Edición especial: Balance del gobierno de Cambiemos

(derechos humanos)

Montserrat Olivera*

SOBRE EL DESMANTELAMIENTO DE LAS POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DEL GOBIERNO DE MACRI

Frente al desmantelamiento de las políticas de Derechos Humanos, que se van produciendo en esta gestión de gobierno que comenzó en Diciembre de 2015, es de suma importancia conocer cuáles son los derechos adquiridos en la gestión anterior y saber cuáles son los que se están destruyendo. Para poder entender cuál es el objetivo de esta política referida a Derechos Humanos y cómo debemos posicionarnos para seguir en la construcción de procesos inclusivos.

A partir de la derrota en las urnas del gobierno populista, se instaló en la Argentina una política neoliberal que abarcó rápidamente el  área económica y el de Derechos Humanos.

En lo económico, la devaluación del 60%, conjuntamente con la retirada del cepo cambiario, y el aumento de los alimentos en un 60%, además de la quita de retenciones a sectores agropecuarios y mineros,  marcaron inmediatamente el rumbo a seguir de estas políticas desde Diciembre de 2015.

Prontamente fueron seguidos por los tarifazos que se implementaron desde la cartera de Energía, produciéndose, como respuesta, una seguidilla de protestas y concentraciones por parte del sector popular, que evidenciaron más claramente esta política que beneficia al sector del poder, a los que más tienen, a los ricos, y deja absolutamente desprotegidos a las clases populares que conforman los trabajadores y las familias de menores recursos.

En el área de Derechos Humanos desde el inicio de esta gestión de Macri, comprobamos el accionar de los objetivos dispuestos, que implicó que los derechos en esta área fueran rápidamente pisoteados, imponiéndose la deskirchnerización de los mismos.

Este sería un objetivo explícito que fue declarado por el Ministro Claudio Avruj en el espacio para la Memoria en la Ex Esma, a los organismos que allí funcionan, como el de Madres, Abuelas, Familiares e Hijos.

Pero más significativo es el objetivo implícito que es desarmar el conjunto de principios y valores que hoy representan los Derechos Humanos. Esta construcción se fue consolidando a partir de la lucha de los organismos defensores de los Derechos Humanos que conformaron diferentes asociaciones, como las de los trabajadores en los  lugares de trabajo, los militantes populares, y las organizaciones que se convocaron en torno a Madres, Abuelas, Familiares e Hijos.

Esta construcción fue adquiriendo un consenso muy grande en esta sociedad y que no sólo tuvo que ver con el pasado, sino también con el presente. Esta situación, produce dificultades en el gobierno, que quiere llevar adelante políticas para lograr sus objetivos, pero que registra que no le va a resultar tan fácil.

Cuando estos valores sobre los DDHH quieren ser cercenados a través de detener injustamente a alguna persona, o se denuncian situaciones de torturas, inmediatamente surge un repudio generalizado que hace que esta sociedad se movilice de forma inmediata, comunicando estas maniobras, o bien produciendo algún tipo de movilización o repudio.

Los organismos de DDHH construyeron estas políticas de recuperación de nietos, de visualización y señalización de los Centros Clandestinos de Detención, de investigación  y juzgamiento de los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado y convirtieron esta lucha como una política de estado amplia y conocida en todo el país, en la región y en el mundo entero. Esto permitió que cuando MM asumió el gobierno,los organismos de DDHH, se plantearan la necesidad de reunirse con el nuevo mandatario, para asegurarse la continuidad de las políticas que hasta ese momento se estaban llevando a cabo.

Se decidió pedir una entrevista al presidente, a la que respondió “que no tenía tiempo” y seguidamente  los derivó al Jefe de Gabinete Marcos Peña, quien los recibió junto al Ministro de Justicia Garavano, y el secretario de DDHH Claudio Avruj. En ese momento, transcurría  el mes de Febrero de 2016, se concurrió a la entrevista con una serie de reivindicaciones, ya que se estaba desarmando y despidiendo en muchas áreas a empleados que sostenían los trabajos de Memoria, en distintos ministerios.

Sin embargo, en ese tiempo, se produce un cambio en la coyuntura política, por la necesidad que se plantea este gobierno de implementar políticas de acercamiento con el exterior para producir relaciones económicas beneficiosas al plan económico que pretendían llevar adelante. Y es por eso que deciden convocar a diferentes presidentes. Y así arriba al país el presidente de Francia, Hollande.

Lo que el gobierno actual no pudo tener en cuenta, es que la política de DDHH que había regido en el país, hasta Diciembre de 2015, tenía un consenso internacional muy fuerte y el presidente Hollande, en cuanto llega a la Argentina, pide visitar el Parque de la Memoria.  Solicita reunirse con los organismos de DDHH, especialmente con las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas.

En esta solicitud, realiza una aclaración: que el responsable del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y responsable del Parque de la Memoria, Darío Lopérfido,  no estuviera presente.

Luego surge la visita del presidente de EEUU Obama, quien decide visitar a la Argentina, imponiendo una contradicción en el mismo gobierno. Los organismos de DDHH, no se ponen en condición de avalar semejante acción. Ya que Obama y el gobierno  deciden realizar esta visita en la fecha en que se conmemoran los 40 años del inicio del genocidio llevado a cabo durante la dictadura militar. Pese a esto o bien coincidiendo con esta fecha,  Obama decide realizar un homenaje a los desaparecidos de este país, concurriendo al Parque de la Memoria, y llevando flores para tirar en el río, como símbolo de homenaje a los militantes desaparecidos que fueron tirados al río. Los organismos de DDHH  rechazan esta acción. Quedando en evidencia   que a este acto sólo concurrieron  Obama y el presidente Macri.  No hubo público que acompañara.

Esto determina que el gobierno del PRO comenzara a visualizar que la política de desmantelamiento de los DDHH, no le va a resultar tan posible de llevar adelante. Eliminar, anular o neutralizar a los organismos de DDHH tendrá una repercusión internacional que no está dispuesto a arriesgar.

Seguidamente, MM decide  convocar a los organismos a una reunión en Olivos y comienza una coyuntura diferente, teniendo en cuenta que no van a poder despreciar públicamente a las personas que militan en DDHH y desprestigiar a los organismos.

Se produce así una mejora o un retroceso a estos ataques referidos a los despidos o desmantelamiento de los programas que existían. Pero entonces, comienza otro método de ataque a través del desfinanciamiento, restringiendo los recursos que debían otorgar a los diferentes organismos o programas referidos a DDHH.

Esta situación se torna cada día más preocupante, ya que los organismos de DDHH, por ejemplo, que trabajan en el predio de la ex Esma,  necesitan del apoyo del Estado para seguir funcionando. Es imposible que cada uno de ellos se sustente por sus medios. Y a partir del desfinanciamiento la idea es desarmar toda esta política de sostenimiento de DDHH.

Desde esta idea, están planteando que este predio debe transformarse, abrirse, retirar los muros y las rejas y que deben abrirse a nuevos derechos. Hablan de la contraposición de los derechos del pasado y los nuevos derechos del presente.

Es importante separar los valores que representan los DDHH que se construyeron en la lucha contra la dictadura militar y que hoy podemos defender y que tiene que ver con el presente, en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Acciones referidas a las Fuerzas de Seguridad

En consonancia con todo lo que venimos analizando debemos tener en cuenta que el gobierno actual restituyó a los militares parte de la autonomía que había sido limitada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. A través del decreto 721 resolvió que las conducciones de las FFAA , pasaran nuevamente a manos militares.

Las cuatro fuerzas dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Priorizan la violencia sobre el diálogo y vuelven a guiar la gestión de los conflictos bajo una doctrina propia de gobiernos autoritarios: el orden como premisa absoluta. Se vuelve a implementar el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas con la pretensión oficial de criminalizar la protesta social  y ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones públicas.

La bajada de línea represiva emanada por el gobierno nacional ha calado hondo en diferentes gobiernos provinciales que han elegido seguir el mismo camino.

La Dirección de DDHH del Ministerio de Seguridad tenía un equipo de trabajo de 33 personas. Quince fueron despedidas con el cambio de gobierno. Se desmanteló el Grupo especial de Relevamiento Documental que trabajaba con los archivos y auxiliaba a la justicia en las causas en las que se investigaba la estructura orgánica de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado.

El programa Nacional de protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, subteniente de Caballería del Ejército.

El cierre de la agencia de noticias Infojus que cubría los juicios contra los represores hizo que estos procesos perdieran visibilidad.

Se disolvió la Subgerencia de Promoción de los DDHH del Banco Central que investigaba delitos económicos cometidos durante el terrorismo de Estado.

El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DDHH Dr. Fernando Ulloa se creó para prestar acompañamiento a víctimas de violaciones de DDHH en el marco de los procesos judiciales. Las demandas de asistencia se redujeron casi un 50%. Los trabajadores consideran que esta situación es consecuencia de que muchos creen que ya no están atendiendo.

La primera medida oficial, que respondió a una demanda puntual de los represores presos, se debió a la decisión oficial de derogar la resolución que prohibía a los presos por causas de lesa humanidad atenderse en hospitales militares.

El ministro de Justicia Garavano aseguró que durante la gestión de Macri ya se había concedido el beneficio del arresto domiciliario para cincuenta acusados por violaciones a los DDHH durante la última dictadura. Señaló además que el Estado no apelará más las decisiones judiciales que impongan el arresto domiciliario.

Las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación han actuado de manera análoga. Se delegó en las fuerzas de seguridad la toma de decisiones en materia de ocupación del espacio público, priorizando la violencia por sobre el diálogo, imponiendo el orden como premisa absoluta, característica propia de gobiernos autoritarios.

En esta idea de imponer el orden que para este gobierno significa acudir a la represión, es que imponen el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. En este Protocolo incluyen que las fuerzas de seguridad pueden actuar sin orden judicial y que no hay prohibición de usar balas de plomo y los policías no están obligados a identificarse.

Tergiversación comunicacional

Un día después de la segunda vuelta que llevó a Macri a la presidencia, el diario La Nación publicó  su Editorial en el que instaba a “poner las cosas en su lugar” en relación con las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.

Ni bien asumió el ministro de Justicia Garavano recibió a la apologista de la represión ilegal y del robo de bebés Cecilia Pando y su troupe.

Darío Loperfido, puso en duda el número de desaparecidos y a continuación aclaró que “se había negociado a cambio de subsidios.”

El carapintada Aldo Rico marchó con su uniforme durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia.

Macri afirmó en la entrevista con el portal Buzz Feed que lo que pasó en los 70 fue una “guerra sucia que fue una horrible tragedia”. Que no tenía idea si los desaparecidos eran 9.000 o 30.000. Nunca habla de desaparecidos, ni dictadura.

La teoría de los excesos del preocupante fallo que la Cámara de Casación firmó en junio cuaja con el discurso presidencial de la “guerra sucia”. En el relato queda implícito que hubo una defensa ante un ataque en la que se cometieron algunos errores.

Surge también cuando escuchamos a MM llamar subversivos a los militantes kirchneristas por el solo hecho de manifestarse públicamente en las diferentes marchas o movilizaciones populares que se han ido produciendo en estos nueves meses.

Estas situaciones dejan en claro el retorno a un Estado policial que vigila a los ciudadanos con fines de persecución ideológica. En la actualidad los hechos conocidos de inseguridad han aumentado, aunque permanezcan ocultos en los medios de comunicación más influentes.

Resulta notorio la ejecución de escenas de espectacularización mediática, como principal línea de trabajo del Ministerio de Seguridad, buscando proyectar ideas de profesionalismo e inteligencia , al mismo tiempo que se advierten niveles de improvisación en una fuerza política que aseguraba haberse preparado para reducir los índices de inseguridad.

Violencia Social e Institucional

La promoción del miedo, la estigmatización hacia los sectores populares de la sociedad (jóvenes, morochos, extranjeros) promueven el pedido, promocionado mediáticamente, para que alguien con capacidad de combate intervenga. Ahí es donde aparecen las fuerzas de seguridad como toda respuesta, quedando en evidencia la violencia institucional.

El aumento de la violencia institucional en estos meses es una decisión política del gobierno nacional. La represión a los trabajadores, por parte de las fuerzas de seguridad nacionales en los conflictos laborales ha sido una constante de esta etapa.

Represión a los trabajadores de Cresta Roja sobre la autopista Riccheri. A los trabajadores bancarios por parte de efectivos de la Policía Federal, la represión de junio a los trabajadores de las fábricas ex Kraft por parte de la Gendarmería Nacional, la represión a los trabajadores estatales por parte de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Aeroparque, represión a los trabajadores jubilados en el Puente Pueyrredón por parte de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina.

La represión a la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” en el barrio de Bajo Flores de la CABA. La represión a los trabajadores “manteros” en el barrio de Flores de la CABA por parte de efectivos de la Policía Federal. Las requisas, demoras o detenciones de adolescentes de barrios populares.

El caso “Milagro Sala” resulta paradigmático de la violencia institucional con que se ha abordado el conflicto, en el que se visualiza una arbitrariedad y denegación de Justicia por parte del  Poder Judicial de Jujuy, y del gobierno provincial en combinación con el gobierno nacional.

Ataques a militantes y locales partidarios kirchneristas: Facundo Ballesteros, concejal del Frente para la Victoria de San Andrés de Giles; militante secuestrado y torturado en Miramar; el violento desalojo a un Centro Cultural vinculado al FPV en Vicente López por parte de la Policia Bonaerense; ataque con balas a una militante, en el local de Nuevo Encuentro en Villa Crespo, durante su inauguración; represión y violencia sobre trabajadores en quienes se ejerce el avasallamiento de sus derechos sociales, económicos y culturales frente a las situaciones conflictivas que produce esta política neoliberal.

Migraciones

Una de las primeras medidas que tomó este gobierno  frente a los migrantes, es una medida extrema y de último recurso.  Decidió organizar una cárcel donde puedan estar detenidos los migrantes, ubicándolos de manera separada con las personas que hayan cometido cualquier otro tipo dedelito. Esta norma anticipa la política que este gobierno quiere sustentar frente a la situación de la inmigración. Ya que de algún modo esto anticipa la idea de la expulsión sabiendo que según la ley de migraciones (25.871) es una medida extrema y último recurso que se debe adoptar ante incumplimientos de la ley migratoria.

La retención de migrantes, debe ser “al solo efecto” de expulsar a la persona del país. La retención puede no ser pedida al juez si el migrante garantiza que va a cumplir la orden. Y debe garantizarse derecho de defensa a lo largo de todo el procedimiento de expulsión, incluso si se pide la retención.

Preocupa que se destaque y dé publicidad a una acción de gobierno vinculada con las expulsiones, medida extrema y última de la normativa migratoria. Hay innumerables derechos de los migrantes que deben ser satisfechos por el estado en general y en particular por la Dirección de Migraciones, quien debe preocuparse en primer lugar por facilitar la regularización de la situación migratoria.

Si el impulso de las expulsiones se constituye en la medida más destacada de la gestión migratoria, podríamos comenzar a hablar del incumplimiento de las obligaciones estatales derivadas del derecho humano a migrar e incluso de la existencia de una política regresiva en términos de este derecho humano.

Preocupa que se diga que ese sitio (cárcel) se destina a alojar migrantes “al solo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria”.

De todos modos, resulta sorprendente que el mismo día que se conoció la noticia de esta cárcel, apareció en el Boletín Oficial una nota de color, que si se analiza surge claramente cuál es el objetivo del este gobierno respecto del tema de las migraciones. Ya que en esta nota aparece que las personas que vienen de EEUU no deben pagar visa. En la misma resolución se notifica el aumento de todas las visas para los migrantes del Mercosur, aduciendo cuestiones de inflación.

Género

Las medidas económicas aplicadas por la gestión de Cambiemos impactan de manera diferenciada sobre las mujeres, sobre todo a aquellas pertenecientes a sectores populares.

En el maraco del proceso de despidos masivos en la administración pública nacional y provincial se dio una situación especialmente gravosa para los derechos de las mujeres, con numerosos despidos de mujeres embarazadas en dependencias del Estado nacional, en contravención de la normativa protectoria nacional e internacional.

La pérdida del poder adquisitivo real de la AUH afecta en particular a las mujeres de sectores populares y sus familias. Casi la totalidad de los adultos responsables de la percepción son mujeres.

En lo relativo a seguridad social, las mujeres venían siendo las grandes beneficiarias de las moratorias jubilatorias, en una medida que significó el reconocimiento del valor de tareas domésticas no remuneradas y de los empleos precarios vinculados con el cuidado.

La denominada “Ley de reparación histórica para jubilados y pensionados” 27.260, viene a restringir el ingreso a la moratoria y afecta de manera sustancial los derechos adquiridos por las mujeres.

Desde diciembre de 2015, se denuncia el vaciamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.  Se suspendieron sus actividades, se demoró la designación de responsables y los despidos ascendieron a casi tres cuartos de su personal.

Se ha evidenciado un aumento desproporcionado del precio promedio de los medicamentos que impacta directamente en la salud de las mujeres. El misoprostol, único medicamento disponible en el mercado argentino para la interrupción segura del embarazo temprano,  en enero de 2015 costaba $488 y en la actualidad asciende a $1.553.

El vaciamiento de este programa significa un retroceso en las políticas tendientes a la eliminación de los estereotipos sexistas, a la prevención de la violencia de género, o los embarazos no planificados.

La misma suerte corrió el Programa con Vos en la Web ideado para abordar la discriminación y violencia en las redes, donde comienzan muchas situaciones de violencia de género.

La falta de implementación de políticas sustanciales en materia de violencia también afecta al colectivo. En 2016 se volvió a reclamar por Ni una Menos y al mes de junio de 2016 los femicidios, ascendían a 275 en todo el país.

Diversidad

Las políticas económicas del gobierno también impactan de manera desproporcionada sobre la población trans.  En este contexto empleadas trans y lesbianas sufrieron amenazas escritas en el Municipio de Morón con motivo de su orientación sexual.

La población LGTBIQ en particular travestis, transexuales y transgéneros es tradicionalmente víctima de todo tipo de violencia. Se ha reclamado por el esclarecimiento del asesinato de Diana Sacayán, activista trans, cuyo crimen será juzgado como femicidio. Agresiones a una travesti en Salta y la investigación de una muerte dudosa de una trans en Chaco. En Mar del Plata el grupo de neonazis que atacó a jóvenes homosexuales avalados por el actual intendente de la ciudad,  Carlos Arroyo, ex funcionario de la dictadura militar.

Debemos destacar las expresiones discriminatorias de los intendentes de La Plata y Bahía Blanca.

DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son los que deben prevalecer como límites al ejercicio arbitrario de la autoridad, ya que constituyen un resguardo esencial para la seguridad ciudadana, al impedir que las herramientas legales con las que los agentes del Estado cuentan para defender la seguridad de todos, sean utilizadas para avasallar derechos.

El proyecto nacional y popular implementó una política de no represión de las manifestaciones sociales, e intentó gobernar y democratizar a las fuerzas de seguridad, educando para la gestión del conflicto y no para la represión.

Ese paradigma hoy está desarmado. Sin embargo no es novedoso pensar que muchísimos integrantes de las fuerzas de seguridad tienen convicciones democráticas más fuertes que los dirigentes del Ministerio de Seguridad.

La mejor herramienta para evitar la violencia institucional es generar políticas públicas de inclusión y políticas de seguridad ciudadana y democrática. Cosa que este gobierno no comparte en absoluto.

Una sociedad que está empoderada en derechos no está dispuesta a perder sus conquistas. El gobierno nacional deberá reflexionar sobre esta tópica a fin de respetar el derecho a la vida de los habitantes de nuestra patria.

Después de todo lo planteado y enumerado en estas líneas, quiero expresar mi sentimiento hacia esta situación sobre la desarticulación de las políticas de Derechos Humanos.

A mi entender, los Derechos Humanos deben ser una política que debiera estar presente en todas las políticas de los Estados. Lamentablemente sabemos que no es así. Actualmente, en muchos países del mundo, esto ni se construye, ni se organiza, ni se considera.

Vemos con horror todo lo que está aconteciendo en medio oriente, referido al tema de los inmigrantes que se largan al Mar Mediterráneo, con la única esperanza de sobrevivir a situaciones infrahumanas en sus lugares de origen, pensando en la posibilidad de poder acceder a tener una dignidad más acorde a lo humano.

Y es lamentable constatar cómo los países más ricos y más acomodados en su organización política y económica, no se dignan considerar como prioritario el tener en cuenta al ser humano.

En este contexto mundial, que no es de ahora, sino que se fue produciendo a lo largo de toda la humanidad, comprobamos con dolor, que en este país, la población más necesitada y más marginada tuvo la oportunidad de que el Estado le otorgara algunos de los derechos que le corresponden como personas que son.

Esta gestión, que hoy debe gobernar este Estado, tiene derechos, pero no puede ni está autorizado por los votos obtenidos legalmente por elecciones a destruir los derechos adquiridos.

Es esto en lo que debemos afianzarnos y empoderarnos, para defender el lugar que nos corresponde como seres humanos que somos, con derechos adquiridos.

Apelaría a lo que nos recordó García Linera sobre Marx en 1848. No debemos asustarnos, no debemos ser pesimistas ante el futuro, ante estas batallas que vienen. Cuando Marx hablaba de procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución por oleadas.

Decía, “la revolución se mueve por oleadas. Nunca imagino un proceso ascendente, continuo, de revolución. Me atrevo a pensar que estamos ante el fin de la primera oleada. Habrá una segunda oleada. Debemos prepararnos, debatiendo qué cosas hicimos mal en la primera oleada para que cuando se dé la segunda oleada los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá, mucho más arriba, que lo que hicieron en la primera oleada”.

En esta dirección es que creo firmemente que debemos abocarnos en esa lucha por la defensa de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta la importancia de sostener la Memoria, la Verdad y la Justicia.

*Montserrat Olivera, licenciada en psicología, activista de derechos humanos, miembra de Tesis 11