Trabajadores del sector y acreedores externos expresaron su posición
“Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) saludamos la decisión anunciada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de intervenir y expropiar la empresa Vicentin”, dice el comunicado del sindicato. Que agrega: “El Grupo Vicentin se declaró en diciembre pasado en ‘estrés financiero’ y en febrero pidió la apertura del concurso preventivo de acreedores. En aquel momento advertimos que ninguna solución era admisible si no se garantizaban los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores. Por eso celebramos que el compromiso de garantizarlos haya estado presente de manera explícita en el anuncio presidencial”.
“La intervención y expropiación de Vicentin es una medida necesaria para enfrentar una crisis económica cuyas consecuencias se profundizarán con la pandemia. Y no habrá salida de la crisis si no desmantelamos las políticas neoliberales que debilitaron al Estado y construimos uno con mayor presencia en la economía, que favorezca la producción sobre la especulación, que intensifique la protección del trabajo, que garantice el pleno empleo, con paritarias libres y salarios mínimos y vitales conforme a su definición legal y constitucional”, finaliza el comunicado de la Comisión Directiva de la Ftciodyara.
Acreedores externos, dispuestos al diálogo
“El grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad Hoc de Acreedores Privados Internacionales expresa su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, lo que contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”, indicó el conjunto de acreedores a través de un comunicado.
Según el escrito difundido ayer, el objetivo del Comité, que se formó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de Vicentin en diciembre de 2019, es “negociar conjuntamente la recuperación de los más de 500 millones de pesos en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino”.
“Esta cantidad representa alrededor del 40% de la deuda total de la empresa”, por lo que “como resultado, el principal acreedor de Vicentin es hoy el Comité”, remarcaron las instituciones financieras.
El Gobierno nacional decidió el lunes intervenir la empresa agroexportadora Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de ley para la expropiación de la compañía, que incurrió en cesación de pagos en diciembre del año pasado y que hoy atraviesa un concurso de acreedores en la Justicia santafesina.
En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos mil millones de dólares son con los bancos y otros 350 millones de dólares con empresas del sector agrícola.
El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los 18 mil millones de pesos, seguido por el Provincia, con 1.600 millones de pesos, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con cinco millones de pesos.
El presidente indicó el lunes en conferencia de prensa que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la petrolera YPF.
En este aspecto, las empresas remarcaron su optimismo “en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentin, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocios en Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportación para el país”.
El Comité está formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.