Dossier: “CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ALTERNATIVA DESDE EL CAMPO POPULAR.” (artículo 1 de 4)
Norberto Ivancich*
La devastación producida en nuestro país en las últimas tres décadas derivó en el más grave y desalentador cuadro de exclusión de nuestra historia.
El Gobierno Nacional, y, en particular el presidente Kirchner, afrontan el desafío más trascendente de las últimas décadas: el de concretar la inclusión de todos los argentinos propiciando el acceso de todos a todos los derechos.
Se trata de un objetivo connatural del peronismo, en su etapa fundacional fue el de establecer derechos de justicia social pero sobre todo de garantizarlos. Este fue un objetivo que hace a su propia identidad: desde su nacimiento hace más de cinco décadas esta fuerza política abogó indeclinablemente por incluir activamente y con un papel francamente protagónico a los sectores que regímenes injustos o de concepción limitada habían inhibido de tener su merecido rol en el seno del sistema social y político. Así lideró los procesos que llevaron a la integración de los trabajadores inicialmente, de las mujeres luego y de las juventudes más tarde.
Por lo tanto, en los propios orígenes del justicialismo está contenido el parentesco intrínseco entre Justicia e inclusión: es decir, propone que la Justicia es la gran meta a alcanzar asegurándola en todas las dimensiones –social, económica, jurídica, política y cultural- y por supuesto tanto hacia el interior de las naciones como con respecto a la interacción entre las mismas. Tal Justicia supone ante todo la inclusión no sólo de todos los sectores ya activos sino también de los que emergen en paralelo con la evolución; se trata de propiciar una inclusión activa, plenamente participativa, con capacidad de propuesta y de decisión. En este sentido, no quiero parecer ingenuo, ya que es obvio que el poder alcanzado durante la década inicial del peronismo (1945 – 1955), significó también la consolidación de un proceso de institucionalización – burocratización – cristalización de poder que fue percibido por una parte del país como un factor a combatir. Pero esta polarización que generó no descansó solamente en su capacidad de convertirse en poder institucional omnipresente, sino, y sobre todo, en su real representación de los trabajadores y el poderoso poder reticular de comisiones internas, delegados y conciencia social desarrollada, conciencia que tuvo como un componente clave la de reivindicar su condición autónoma, es decir, no subordinada al interés de otras clases.
La devastación producida en nuestro país en las últimas tres décadas derivó en el más grave y desalentador cuadro de exclusión de nuestra historia. Tal exclusión no sólo se dio en el plano socioeconómico arrojando a la pobreza a la mitad de los argentinos; también despojó despiadadamente a muchos ciudadanos del derecho al trabajo, de la posibilidad de participar del mercado -sea en calidad de oferente sea en calidad de consumidor -, del acceso a la producción cultural y a la educación, de contar con genuina “justicia jurídica”, de la capacidad para organizarse políticamente o para contar con representación gremial. Más aun, las políticas de devastación inspiradas en el llamado neoliberalismo casi logran la exclusión de nuestro país del concierto internacional.
El presidente Kirchner asume su responsabilidad con total conciencia del cuadro descrito. Es por eso que para contar con un destino como Nación y para alcanzar lo antes posible el bienestar que el pueblo argentino merece define una estrategia asentada en la convocatoria y en la construcción de consenso con el aval de la histórica sentencia “al país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”. Pero esa convocatoria a la unidad nacional se basa también en la identificación de responsabilidades, crímenes y políticas antinacionales planteadas desde el interior y el exterior. No descansa en una mera visión de búsqueda de mejor administración, sino, en todo caso, de una administración interesada, es decir, que pretende descansar en determinados sectores, cuyo norte es el establecimiento de propuestas fundamentalmente políticas, entendida éstas como guías para la acción en un sentido de reparación de males y rectificación de conductas relacionadas con el establecimiento de la autonomía nacional, la justicia social y la profundización de la democracia, en el sentido de volver a recuperar el papel del Estado como garante de la Justicia demandada. La lógica es la de establecer una inversión de sentido total con la década del 90 y la decadente secuencia final del gobierno de la Alianza. Existe una conciencia absoluta de invertir el sentido de las prácticas políticas seguidas hasta el momento, no sólo en el campo de las medidas económicas, discutibles o no, sino en otras necesidades no satisfechas del pueblo y de sus sectores internos.
En este sentido, el gobierno de Kirchner se caracterizó por la recuperación de institucionalidad, entendida ésta básicamente como democrática, al legitimar la autoridad presidencial, que en definitiva es la autoridad de la política, del Estado, de las representaciones partidarias. En este sentido, es más profundamente vital que la institucionalidad republicana que reivindica un sector de nuestra derecha liberal arrastrando en ese sentido a parte de nuestro centro izquierda universitario y sin arraigo social. La cuestión no pasa por tratar de subrayar procedimientos solamente, como si ellos garantizaran la correcta relación entre representantes y representados, sino, sobre todo, por realizar, por concretar medidas. Esa concreción, además, deberá estar directamente vinculada a la demanda social, a la percepción popular, y no pasar a ocupar una transacción que se opaca, se oscurece y termina siendo sólo interpretada, negociada y resuelta en los marcos de los “expertos en política”, que significa la peor mediación, porque presupone la pérdida de la iniciativa, la prudencia del aparato que se siente legitimado “per se”, la debilidad de reflexionar siempre sobre la correlación de fuerzas y la no apertura de frentes o conflictos. Todas opacidades que aportaron a la deslegitimación de la política, de los partidos, del propio Estado.
Recuperar institucionalidad es también definir mecanismos específicos de construcción de consensos, más allá de donde provengan las iniciativas. Diversas líneas de acción que concurren en la concreción con el fin de lograr el contenido de la misma.
Un modo para construir consenso es respetar las políticas y decisiones de gestiones precedentes con independencia de su color partidario. Es ocioso aclarar que además esta actitud supone sostener y afirmar una política de Estado más allá de gestiones temporales, requisito básico para un “país en serio”. No aceptar una política por quien la hizo sino aceptarla e integrarla porque la misma es correcta, significa un diálogo gestual con otras fuerzas políticas, desde la autonomía real de quien sabe que está desarrollando una inversión total del sentido de la acción en lo general. Las acciones desarrolladas con relación a los derechos humanos, la política universitaria y en los organismos científicos, el enjuiciamiento de funcionarios y de los miembros de Corte Suprema de Justicia y la consiguiente designación de sus sucesores, expresan esa construcción de consensos que no necesariamente significa el acuerdo entre partidos, sino la intención de recuperar culturas político institucionales distintas a las que se definieron, estas si, en los gobiernos anteriores.
Por otra parte, materializar aquella consigna es convocar a los distintos actores que de una manera u otra se vinculan con la política fin de que intervengan activamente en la formulación y en la toma de decisiones. Es así que se han instaurado plenamente los mecanismos que hagan de tal participación una modalidad sistemática.
Cabe considerar también que las formas genuinas de la convocatoria y de la construcción de consenso se basan en un enfoque endógeno. Por ejemplo, el modo de gestión característico de los regímenes excluyentes consiste en la mera aplicación técnica e instrumental de principios elaborados con prescindencia de los actores que deberán llevarlos a la práctica y sin considerar las propias expectativas de los destinatarios (v.g., la ciudadanía); diríamos que son fórmulas externas a la dinámica misma de las instituciones u organismos y de la sociedad en la que están incluidas, son finalmente fórmulas artificiosas.
En cambio, al convocar y consensuar se está proponiendo simultáneamente encarar la política sobre la base de las capacidades, la reflexión y la experiencia propias de los actores involucrados, de las propias instituciones, gremios y organizaciones de la sociedad civil así como dando pleno valor a las expectativas y valores de los ciudadanos. Dicho de otra manera la dinámica propia de las partes, sus relaciones e interrelaciones intrínsecas, encuadran los emprendimientos a concretar.
No se me escapa que en el trasfondo de todo lo descrito está, inclusive, la discusión acerca de qué entender por democracia, discusión que crecientemente se está poniendo no sólo sobre la mesa para el debate de los argentinos sino de la propia sociedad mundial.
*Norberto Ivancich, Subsecretario de la Gestión Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros. Profesor e investigador de la UBA.