Declaración de Tesis 11
Los acontecimientos que se están desarrollando en la provincia de Jujuy, manifiestan claramente las características básicas de la política que la derecha argentina implementaría en caso de ganar las elecciones. Es un problema provincial pero también nacional, que constituye un grave proceso de profunda regresión de la democracia.
El gobierno “feudal” de Gerardo Morales, con su autoritarismo y nepotismo, y con la complicidad de dirigentes del PJ provincial, lleva adelante una reforma constitucional, no discutida ni publicitada, que habilita a desalojar comunidades originarias de sus tierras para una explotación depredadora del litio y otros recursos naturales, viola los derechos de huelga, de protesta social y de convivencia entre ciudadanos, y consagra por primera vez, en forma constitucional, la “legalidad” de la represión de cualquier protesta social que “incomode a los peatones o automovilistas”.
Esta represión salvaje, de la protesta social, de comunidades originarias, maestros, empleados públicos, mineros y otros sectores que reclaman por un salario digno y por el respeto a las leyes de la República, constituye el hecho más grave que el pueblo argentino enfrenta, desde hace muchos años. Y es, además, una repetición del estilo de la ex dictadora Iañez en Bolivia que Gerardo Morales ayudó a constituirse y cuyo golpe de estado apoyó.
La derecha argentina (Juntos por el Cambio, Milei, Espert y cia.) ha demostrado que no tiene diferencias internas a la hora de someter al pueblo y reprimir las manifestaciones sociales que reivindiquen una mejora económica y social para el pueblo trabajador.
En horas electorales, y con una campaña electoral que expresamente declarara el ajuste a los trabajadores, la reducción del gasto social y la represión ante la protesta, la derecha ensaya en Jujuy en forma práctica, estos principios de fe.
El pueblo argentino comienza a movilizarse y a solidarizarse en distintos puntos del país y en la capital y estas movilizaciones implican también la conciencia de la necesidad de lucha por los derechos sociales que la derecha busca suprimir.
Reiteramos nuestra convicción de que es necesario que las organizaciones populares, particularmente las sindicales y sociales progresistas, que encuadran a parte de la clase trabajadora, avancen en su coordinación para constituir un espacio político propio, que pueda jugar un rol decisivo en el frente popular, coordinar la lucha en todo el país, ante acciones de la derecha, como lo de Jujuy, y para impulsar las profundas reformas estructurales acordadas por muchas de esas organizaciones y difundidas los 1º de mayo del 2020 y 2021.
El gobierno nacional debería asimismo hacer algo más que publicar comunicados o tuits. Es imperioso el apoyo del gobierno nacional y del Frente de Todos al proyecto de ley de intervención a la provincia de Jujuy, presentado en la Cámara de Diputados por Gisela Marziotta, diputada oficialista. Aunque esa iniciativa no cuente con los votos necesarios, sería una acción política concreta de enfrentamiento al accionar de la derecha represora y antisocial. El Presidente y/o la Vicepresidenta deberían usar la cadena nacional de radiodifusión y televisión para dejar bien claro los dos proyectos de país que se enfrentan en Jujuy.
A la política de Morales, el Gobierno debería oponer, ya, un plan de aumentos salariales a nivel nacional.
El Frente Nacional y Popular, hoy “Unidos por la Patria”, debe explicitar el programa que ha de llevarse adelante, en caso de triunfar en octubre. No importan tanto los nombres de los candidatos, sino el compromiso con un programa que debe ser explicitado en sus lineamientos más generales y difundido por todos los medios disponibles, en nuestro país.
Son horas de definición y es necesario desarrollar y profundizar la contraofensiva.
Tesis 11