Carlos Mendoza*
El gobierno encabezado por Néstor Kirchner, lleva nueve meses de existencia (al momento de escribir estas líneas), lo cual ya permite hacerse una idea de sus lineamientos generales.
Quienes nos reclamamos de izquierda, intentamos interpretar las leyes de esencia de la sociedad con rigor científico, mediante una metodología basada en las ciencias sociales, en particular el materialismo histórico. Pero siempre nos ha resultado especialmente arduo posicionarnos ante gobiernos reformistas que no se plantean cambios esenciales dentro del sistema capitalista. Quizás porque la relación cotidiana entre reforma y revolución no forma parte de la esencia, sino de lo fenoménico que la expresa y constituye uno de los aspectos mas complicados del arte de hacer política.
Hay al menos tres tentaciones simplistas que conviene tratar de evitar, desde la izquierda, para posicionarse ante un gobierno reformista: el seguidismo, consistente en aceptar y justificar todo en aras de preservar sus aspectos reformistas progresistas; el extremismo, consistente en descartar todo gobierno que no se proponga superar al capitalismo; y el objetivismo aparente, consistente en elogiar aspectos positivos y criticar negativos sin comprometerse en una caracterización global que implique compromiso.
Kirchner es el primer presidente, desde el último retorno al régimen constitucional, que realiza desde el gobierno básicamente lo que había anunciado en la campaña electoral, incluido el estilo para gobernar. Planteó que trataría de impulsar un capitalismo con independencia nacional, con inclusión social, con instituciones transparentes, con diálogo social y con integración regional. Aclaró que para ello, tomaría distancia respecto de los factores de poder económico concentrado y representaría los intereses de los ciudadanos. Argumentó que esa era la “revolución posible”, dadas las circunstancias del país y del mundo en estos tiempos. No es, ni se ha planteado serlo, un gobierno revolucionario, en el sentido de querer avanzar hacia la superación del capitalismo. Tampoco ha planteado una ruptura con los factores principales del poder económico local e internacional, ni con los gobiernos capitalistas desarrollados, ni con los organismos financieros internacionales. Esta posición ideológica y el camino transitado hasta aquí, permiten caracterizar al presente gobierno como nacionalista, reformista (en un sentido progresista desde el interés popular) y democrático (en el sentido liberal).
Esta caracterización me lleva a pensar que los sectores populares tienen interés objetivo en apoyar a este gobierno contra los sectores hegemónicos de la economía, nacional e internacional y sus expresiones políticas menemistas, post menemistas y conservadoras, portadores del ideario del pensamiento único y constructores y beneficiarios del modelo de la década del noventa. Apoyarlo también en su intento de defender una mayor independencia y dignidad nacional en su política exterior y de impulsar una integración MERCOSUR y latinoamericana. Pero, al mismo tiempo, luchar por cambiar la relación de fuerzas, para impulsar una política de cambios mas profundos que modifiquen la esencia de las condiciones económicas, sociales y políticas de nuestro país, desde el interés popular y plantear cuales serían los caminos a transitar para lograrlo.
En el contexto de la relación de fuerzas actual, esperar del gobierno, o exigirle, que lleve adelante un programa de cambios revolucionarios, sin trabajar para construir la fuerza popular plural y participativa que sea capaz de tener posibilidades objetivas y subjetivas de realizarlos es, en el mejor de los casos, desentenderse de la responsabilidad que nos cabe desde el campo popular y desde la izquierda en particular,.
El gobierno de Kirchner ha tenido hasta aquí la habilidad de generar una relación de fuerzas tal, en el plano político, que le ha permitido avanzar, en su programa reformista, mas allá de lo que presagiaba la conformación de la estructura política y sindical de su partido, más comprometido con las viejas estructuras mafiosas y corruptas, funcionales a los sectores concentrados de la economía, que con ideas de cambios positivos profundos para el interés popular. Esto lo logró atacando simultáneamente varios problemas que formaban parte del reclamo ciudadano mayoritario. Por loable que sea el método de basarse en la opinión pública, a falta de una estructura de poder organizada donde apoyarse, esta última no deja de ser indispensable si de lo que se trata es de que se profundicen esencialmente las medidas progresistas. Desde esta óptica, es posible analizar algunos aspectos de la acción del actual gobierno, que suponen un avance positivo respecto de las políticas de los 90, considerando lo que se requeriría para superar profundamente la crisis en favor del pueblo:
– Se ha definido el Presupuesto Nacional 2004 partiendo de un superávit fiscal primario del 3% destinado al pago de deuda externa, considerando que esto es cumplible sin hacer nuevos ajustes y más aun, aumentando partidas para gastos sociales e inversión estatal.
Se debería partir de un programa de profunda redistribución de la riqueza, que terminara con la desocupación, aumentando así el consumo, para impulsar un tipo de desarrollo económico favorable al mercado interno y a la satisfacción de las necesidades sociales.
– Se ha negociado un acuerdo con el FMI, partiendo del superávit primario del 3% definido previamente por el gobierno, contradiciendo las exigencias del Fondo de un superávit mucho mayor y sin aceptar ciertas imposiciones, como la de definir en el acuerdo aumentos de tarifas por los servicios públicos, eliminar retenciones a las exportaciones, o no aumentar el gasto social. A su vez, se ha planteado la renegociación de la deuda externa ante los gobiernos de los principales países que dominan los organismos financieros internacionales, con el criterio de caja única, para pagarles a ellos y a los acreedores privados, a partir del superávit del 3%. A partir de ese concepto se ha fijado y defendido firmemente la posición de no pagar más del 25% de la deuda a los acreedores privados de la deuda externa.
Se requeriría plantearles al FMI, Banco Mundial y BID, una sustancial quita de capital en la deuda con estos organismos, ya que les cabe una grave responsabilidad en haber impulsado el modelo socio económico que llevó a nuestro país a un sideral endeudamiento y al colapso.
– Se han ampliado los planes Jefes de Hogar y se instrumentan ayudas para autoemprendimientos de desocupados, entre otras medidas para enfrentar el drama de la desocupación.
Lo que se necesitaría es la implementación de un sistema de empleo y formación generalizado, como parte de una profunda política redistributiva, como por ejemplo la propuesta del Seguro de Empleo y Formación, que recibió 3.600.000 votos en la Consulta Popular impulsada hacia fines del 2001 por la CTA y el FRENAPO.
– En el plano institucional se han tomado iniciativas positivas, como la remoción de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema y la voluntad política de luchar contra la corrupción, incluida la de la evasión impositiva.
Resulta indispensable avanzar decisivamente en la renovación política y sindical, impulsando formas de democracia participativa, donde los ciudadanos y los trabajadores gestionen directamente sus intereses en partidos y sindicatos.
Pero para generar la relación de fuerzas que permita la concreción de planteos alternativos del tipo de los señalados, o programas como los propuestos por CTA, por ejemplo, es indispensable avanzar en la construcción de un Movimiento Sociopolítico, basado en una democracia participativa, en redes de organizaciones sociales, sindicales y políticas desde el campo popular, que logren también expresión en el plano institucional estatal. Limitarse a esperar el milagro de que el gobierno Kirchner realice cambios revolucionarios, o quedarse en la crítica de las insuficiencias del gobierno, no es lo que hará progresar las cosas decisivamente. Esa construcción, es la gran tarea que tenemos pendiente desde los sectores populares progresistas.
*Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas de economía política, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.