Por lo visto, el “mundo feliz” que pregona Macri no tiene mucho que ver con la democracia. Sólo es posible sin voces críticas. La decisión de sacar del aire al periodista Víctor Hugo Morales fue tomada por una empresa privada, propietaria de Radio Continental. Pero sería torpe dudar de la intencionalidad política que encierra y de qué beneplácitos busca.
Continental es parte del holding Prisa, propietaria entre otros cientos de medios en más de veintidós naciones, del diario El País de España. Desde un principio, ese grupo político informativo, cabecera de las multinacionales españolas en Latinoamérica, apostó por el credo liberal de Macri. Apenas conocidas sus primeras decisiones publicaba en España: “El presidente electo lanza un mensaje claro a los inversores con la elección de dos economistas bien vistos por los mercados en puestos clave, aunque insiste en que no hará el shock que muchos le piden para evitar una recesión como la de Brasil”, dijo en referencia a las designaciones de Adolfo Prat Gay y Rogelio Frigerio en el nuevo gobierno.
Más allá de la existencia de acuerdos o conversaciones, el clima político que ha generado el gobierno macrista, pasando por encima de la leyes, violentando las instituciones y desoyendo la opinión de la oposición, alienta las actitudes revanchistas de los sectores de derechas, tanto en las empresas, como en lo organismos públicos o las fuerzas de seguridad.
Se trata de un gobierno cuyos principales cuadros de conducción fueron reclutados entre los equipos de gestión de multinacionales y grandes corporaciones y en cuyas reuniones de gabinete participa el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Este gobierno termina confundiendo los intereses privados de los grupos económicos que expresa, con los intereses públicos de una sociedad democrática. Traslada el orden pretoriano y jerárquico que todavía ordena el mundo del trabajo en las empresas, al espacio público, vulnerando elementales límites de convivencia plural, necesarios para fundar legítimamente una sociedad democrática.
La defensa de la libertad de expresión, como garantía fundante de todas las libertades cívicas implícitas en el contrato democrático, no puede ser soslayada por la invocación de la libertad de empresa. Reclamar la vigencia plena de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la restitución de sus legítimas autoridades y el debate parlamentario de las garantías para el ejercicio pleno de la libre comunicación de las ideas, es un compromiso de todas las fuerzas políticas populares.
Para quienes abrazamos los valores de la democracia y luchamos por profundizarla, sentimos la necesidad de expresar nuestra profunda solidaridad con el periodista Victor Hugo Morales, silenciado por el accionar despótico e impune de una multinacional de la difusión pública, al mismo tiempo que reclamamos al gobierno nacional que arbitre las medidas que aseguren la vigencia plena de la libertad de expresión.
Gerardo Codina
Miembro del Consejo Editorial de Tesis11