LA CRISIS Y SUS IMPACTOS SOBRE BRASIL

Valter Pomar*

Traducción del portugués: Isaac Gober*

NR: Si quieren incorporar algo importante para entender la historia y realidad brasilera, el gobierno del PT y los desafíos que enfrenta, tómense el tiempo de leer este notable trabajo de Valter Pomar.

Este trabajo tiene el interés de presentar una visión sobre el impacto de la crisis mundial del capitalismo sobre la economía y la sociedad brasileña y más aún, trasmitir cómo, en ese marco, se desarrolló y se desarrolla la dinámica política e ideológica de las distintas clases, fracciones sociales y bloques de poder. Ofrece además un panorama de las alternativas posibles a futuro, sus respectivas consecuencias y las sugerencias de profundización en políticas de distintas áreas. La comparación con el caso argentino es inevitable.

En el interior de los partidos progresistas y de izquierda hay diferentes interpretaciones sobre la crisis y sus impactos en Brasil. Estas interpretaciones, articuladas con los programas y estrategias de cada partido, resultan en propuestas políticas también diferenciadas. Parece existir, entretanto, algunas ideas fuertemente hegemónicas, entre las cuales podemos destacar la siguiente noción: así como las crisis internacionales de 1930 y 1970 constituyeron puntos de viraje en la historia brasileña, la presente crisis puede marcar el inicio de un nuevo ciclo en la historia del país. Evidentemente, será así dependiendo de cómo se articulen la crisis, la economía brasileña y los bloques de poder en el país.

LA CRISIS

El epicentro de la crisis está en los países centrales, especialmente en los Estados Unidos. Su gatillo está en el sector financiero, pero su causa está en la propia dinámica de la acumulación capitalista, motivo por el cual la crisis posee carácter sistémico, expresado en múltiples dimensiones (ambiental, energética, alimentaria, social, política), generando inclusive tesis como la de “crisis de civilización” .

La crisis tiene una profundidad proporcional al control que el capitalismo alcanzó, desde el inicio de los años 1990, sobre todo el mundo. En este período las políticas neoliberales ampliaron las contradicciones entre la dinámica de la economía y la de la política, entre el predominio de los intereses privados y el carácter cada vez más social de la vida cotidiana, entre el desarrollo “globalizado” de la sociedad humana versus el carácter limitado de las instituciones políticas nacionales y multilaterales.

La actual crisis reubica en un estadio superior la crisis que explotó en los años 1970 y que fue “resuelta” justamente por las políticas neoliberales, especialmente la especulación financiera y el estímulo al llamado capital ficticio.

La crisis confirma y acentúa la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos. Como no hay un poder equivalente y alternativo, no existe un “gerente” dotado de los medios necesarios para proveer e implementar medidas capaces de enfrentar y superar la crisis, incluso con la visión de los que la causaron. Tales medidas sólo podrían surgir de una disputa prolongada, en un ambiente de acentuada inestabilidad, habiendo duda inclusive sobre si es posible superar una crisis mayor que la de 1929 tan sólo con políticas de inspiración keynesiana.

La referida disputa se libra en dos planos, distintos pero combinados: por un lado, la disputa en el interior de cada país; por otro lado, la competencia entre los diferentes estados o bloques regionales. De la compleja articulación entre estos procesos pueden resultar, grosso modo, tres escenarios:

El conservador, en el cual Estados y sectores sociales que se beneficiaron del período neoliberal, comandan la distribución de los costos de la crisis y mantienen su hegemonía sobre el orden internacional.
El progresista, en el cual los países que no integran el G-7 reducen el impacto de la crisis y establecen las bases de un mundo capitalista pos-neoliberal
El socialista, en el cual el agravamiento de la crisis y de las contradicciones – económicas, sociales y políticas – provoca, en determinados países y regiones, rupturas con el orden capitalista.

La crisis evidenció el alto costo social y ambiental del capitalismo, especialmente en su versión neoliberal, fortaleciendo ideológicamente a los sectores que defienden un “capitalismo no neoliberal”. Fortaleciendo también, en mucha menor escala, a los que proponen una alternativa socialista al capitalismo.

Pero el fortalecimiento ideológico de los sectores progresistas y de izquierda se da en los marcos de una situación estructural que todavía conspira a favor de un desenlace conservador de la crisis.

Aunque golpeados por la crisis, los países centrales concentran inmenso poder económico, militar y político. Esto obliga a los demás países del mundo a construir salidas negociadas, inclusive para evitar los efectos de un colapso generalizado que tendría efectos catastróficos en toda la periferia debido a que los picos de desarrollo que se dieron a partir de 1990, comenzado por el caso chino, fueron en gran medida tributarios del acuerdo productivo adoptado por los países centrales, en particular la condición de “consumidor de última instancia” asumido por los EE.UU. Además de eso, tres décadas de hegemonía neoliberal limitan el horizonte intelectual y la fuerza político-social de los sectores críticos.

Estas contradicciones y límites quedan evidenciados cuando observamos las propuestas de cambios en las instituciones internacionales (sistema ONU, Banco Mundial, FMI, BIS), La disparidad entre el tamaño de la crisis y la timidez de las propuestas, en un ambiente de creciente multipolaridad, implica la multiplicación de los “G” y de instituciones regionales, como si la multiplicación de las cúpulas compensaran la modestia de las iniciativas concretas. Son especialmente notorias las dificultades para debatir sobre una nueva moneda internacional, como la ineficacia de las políticas globales de combate a la pobreza y la desigualdad.

En este contexto, hay dos dinámicas que merecen atención diferenciada: el proceso de integración latinoamericano y caribeño, especialmente entre los países de América del Sur y el diálogo entre los países integrantes del BRICS y del IBAS (destacadamente China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica)

El tema central, en los dos procesos, es como consolidar lazos económicos, sociales, políticos, militares e ideológicos que permitan a los países integrantes convivir, sin subordinación o dependencia, con el espacio geopolítico hegemonizado por los EE.UU y la UE. La cuestión subyacente es la siguiente: será posible, más que convivir, sustituir el consenso económico internacional que tiene a los EE.UU. como su elemento organizador (y desorganizador) central por un nuevo consenso basado en la combinación entre la expansión de los mercados internos e intercambio comercial que no sea dependiente de las ofertas, insustentables a mediano plazo, de crédito proporcionadas por la emisión sin el lastre de los dólares.

Esto nos remite a precisar mejor los vínculos económicos entre los países centrales, los llamados emergentes y la periferia, vínculos a través de los cuales fluyeron las crisis de 1929, de 1970 y la crisis actual. Es importante recordar que algunos de los países “periféricos” o “emergentes” poseen una capacidad de recuperación que no existía en la gran crisis de 1929 ni en las crisis posteriores.

LA ECONOMIA BRASILEÑA

Brasil, como toda América Latina, contribuyeron fuertemente para la llamada “acumulación primitiva” y desde entonces están totalmente integrados al capitalismo mundial. En el caso brasileño, la integración realmente existente contribuyó a la formación de una sociedad altamente desigual, políticamente conservadora y dependiente de los centros metropolitanos.

Esta dependencia modificó su carácter en el siglo XX. A partir de los años 1930 y a lo largo de cinco décadas, Brasil se convirtió de una economía agro-exportadora en una potencia industrial. Al contrario de otros países que alcanzaron transformaciones semejantes gracias a la revolución y la guerra, con Brasil no acontecieron rupturas con aquello que los sectores progresistas y de izquierda identificaban como causas de nuestro atraso: la dependencia, las desigualdades y el conservadurismo.

El pequeño mercado interno y el bajo nivel de ahorro, la influencia del latifundio y del imperialismo, variables generalmente apuntadas como causas de nuestro atraso económico, en particular nuestro pequeño desarrollo industrial, fueron enfrentados de la siguiente forma

El ahorro necesario para el financiamiento de la inversión fue provisto por el capital externo, sea a través del establecimiento de empresas extranjeras, sea a través del endeudamiento externo
El mercado interno fue generado por la política de desarrollo industrial impulsada por el Estado
Jugó un papel importante, en diferentes momentos y formas, la restricción de los salarios reales de una gran masa de trabajadores, utilizando incluso para esto las características de una estructura agraria que favorecía la constitución de un fuerte ejército de reserva de fuerza de trabajo

Las condiciones políticas para viabilizar las medidas anteriormente expuestas, que además evitaran que las contradicciones sociales consecuentes constituyesen un punto de partida para transformaciones más profundas de la estructura social del país, fueron provistas por los acuerdos que limitaban las condiciones de expresión independiente de las clases trabajadoras, sea a través del llamado populismo, sea apelando al recurso de la dictadura militar.

Como resultado, Brasil experimentó entre 1930 y 1950 un intenso proceso de industrialización y urbanización. Con la excepción del sector adicto a la “vocación agraria” del país, las demás fuerzas políticas y sociales del país compartían el ideario desarrollista. Los sectores progresistas y de izquierda que asumían este punto de vista con la expectativa de que ello generaría las condiciones para más democracia, más soberanía y más igualdad, descubrieron poco a poco que el desarrollo realmente existente en Brasil conservaría, aunque de forma metamorfoseada, la dependencia, el conservadorismo y la desigualdad.

La causa de esto es el llamado “pacto de las Elites”, “la gran transición”, “conciliación”, evolución sin rupturas ni revoluciones. En estas condiciones, cada avance histórico acaba preservando y proyectando a un nuevo nivel las contradicciones del ciclo anterior.

Fue lo que ocurrió en los años 1980: el mismo canal a través del cual fluían los recursos necesarios para completar la industrialización nacional, internalizó los elementos que provocaran la crisis de la deuda externa y la interrupción del ciclo desarrollista.

Entre 1980 y 1994, hay una disputa profunda acerca de los rumbos que el país debe adoptar. El agotamiento de la dictadura militar , las divisiones existentes entre el gran empresariado y principalmente la acción política de la nueva clase trabajadora constituida especialmente durante los años 1970, generó una nueva dinámica en el país que da como resultado un ciclo de desarrollo democrático-popular, articulado con un proyecto socialista. Como sabemos, no fue esto lo que ocurrió: en las elecciones de 1989 y especialmente en la de 1994, vencieron las fuerzas políticas y sociales articuladas en torno del llamado proyecto neoliberal.

Para el caso de que fuese llevado hasta las últimas consecuencias, este proyecto haría asumir a Brasil un lugar en la división internacional del trabajo similar al que ocupaba en el período agro-exportador. No es por ninguna otra razón que el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso hablaba de sepultar la “Era Vargas”, impulsando la privatización de lo estatal, dando continuidad a la abertura comercial iniciada por el gobierno de Collor y luchando por la reducción de los derechos de los trabajadores.

Con todo, el proyecto neoliberal no fue llevado a las últimas consecuencias, en parte debido a la resistencia popular, en parte debido a las fricciones causadas por importantes sectores del empresariado, pero también porque el bloque de poder neoliberal se consolidó en Brasil, cuando ya iniciaba su derrumbe internacional.

La implementación parcial del proyecto neoliberal concentró de manera espectacular al sector financiero, amplió todavía más la presencia del capital extranjero, debilitó la capacidad dirigente del Estado y la de los sectores de la burguesía más dependientes del mercado interno. Por otro lado, amplió el ejército industrial de reserva y provocó una alteración en el perfil de la clase trabajadora constituyendo dos fracciones adicionales: un inmenso “proletariado” y, de otro lado, sectores medios de altos ingresos, con implicaciones políticas y sociales generosamente comentadas en los estudios sobre las condiciones de vida en las grandes ciudades brasileñas.

Esta conjunción creada no alteró y hasta cierta medida profundizó las ya citadas características fundamentales de la sociedad brasileña: dependencia, desigualdad y conservadorismo. Por otro lado, el neoliberalismo fue demostrándose inferior al desarrollismo, cuyo elemento dinámico ofreció, a lo largo del siglo XX, una válvula de escape sin la cual las contradicciones sociales brasileñas podrían haber evolucionado de una manera mucho más radical. La difícil convivencia de los neoliberales con el crecimiento (a tal punto que sustentaban una tesis según la cual el país no podría crecer más allá de límites muy estrechos) se tornó cada vez más insustentable políticamente; y la combinación entre hegemonía del sector financiero, abertura comercial y debilitamiento del Estado comenzó a ser vista, por una porción importante del empresariado, como perjudicial para sus intereses colectivos a mediano plazo

Esto hizo que el desarrollismo volviese a ganar peso, como alternativa ideológica y política al neoliberalismo. Paradójicamente, la conversión neoliberal de los partidos burgueses tradicionales los debilitó políticamente. Esto dio al Partido de los Trabajadores, especialmente la candidatura de Lula, un papel histórico relativamente inesperado: el de tornarse instrumento decisivo para la “vuelta a la Era Vargas”, para usar la imagen del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.

En las condiciones de 1989, una victoria de la candidatura Lula y un gobierno petista, probablemente tendrían otro significado histórico. En 2002, por tanto trece años después, el programa con que Lula disputa las elecciones fue de “transición” del neoliberalismo hacia un capitalismo “productivo”

Podemos resumir así las acciones del gobierno Lula entre 2003 y 2008

Fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado brasileño, así como de empresas estatales como el Banco del Brasil, Caja Económica Federal, Petrobras y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
Creación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, responsable del registro de las familias pobres del país, implantación del programa “Bolsa Familia” para 11.5 millones de familias, administración del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, construcción de cisternas en el semiárido del Nordeste brasileño y construcción de restaurantes populares.
El Ministerio de Desarrollo Agrario, que desde 2003 intervino en el asentamiento de medio millón de familias, ampliación del financiamiento de la agricultura familiar (de R$ 2,4 mil millones en 2002 para R$ 13 mil millones en 2008), además de la construcción de 300 mil casas, asistencia técnica, seguro, construcción de caminos rurales, educación, electrificación, salud y abastecimiento de agua
Ampliación de las atribuciones del Ministerio de Minas y Energía, que además de petróleo, etano, gas, energía eléctrica, eólica, solar y biocombustibles, implementó el programa “Luz para Todos”, beneficiando a 2.5 millones de familias hasta entonces excluidas de este derecho.
Expansión del número de beneficiarios de los programas gerenciados por el Ministerio de la Previsión, para 18 millones de beneficiarios que reciben hasta un salario mínimo por mes
Creación o revitalización del Ministerio de las Ciudades, del Ministerio de los Deportes, del Ministerio de la Cultura, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de la Arquitectura y Pesca, de la Secretaría Especial de Políticas para la Mujeres, de la Secretaría Especial de Políticas de Igualdad Racial y de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, así como de la Juventud.
Acciones de promoción económica, social y cultural de los pueblos indígenas, en un país que tiene 220 naciones indígenas, con más de 180 lenguas y 654 territorios, abarcando el 12.5 % del total del país.
Regularización de las tierras y políticas públicas de saneamiento, atención a la salud, acciones de desarrollo local, apoyo a las manifestaciones culturales y tradiciones de las poblaciones sobrevivientes de los esclavos
Implantación de un mecanismo de cuotas en 23 universidades federales, 25 universidades estatales y 3 centros federales de educación tecnológica.
Creación de 12 nuevas universidades y funcionamiento de 61 nuevos campus, además de 434 mil estudiantes pobres que reciben bolsas completas o parciales para estudiar en universidades privadas, 214 escuelas técnicas nuevas y/o en proceso de instalación
Realización de 53 conferencias nacionales , con la participación de 3.5 mil personas, que pudieron debatir políticas de derechos humanos, igualdad racial, mujeres, asistencia social, salud, medio ambiente, educación, ancianos, personas con deficiencias, juventud, seguridad pública, pueblos indígenas, ciencia y tecnología, ciudades, agricultura y pesca, entre otros temas.

Tales acciones, más la política externa, tuvieron un efecto social y económico favorable para los sectores populares, al mismo tiempo que no afectaron las estructuras de propiedad y de acumulación de riquezas existentes en el país, motivo por el cual el propio Presidente Lula llegó a decir que nunca los ricos habían ganado tanto como en su gobierno.

En otras palabras, podemos decir que en la mejor tradición brasileña, la “transición” del neoliberalismo hacia un capitalismo “productivo” fue concebida (en la Carta a los Brasileños) e implementada (en la gestión de Pallocci como Ministro de Hacienda) de manera conciliatoria y acordada con los sectores políticos y especialmente con los sectores empresarios hegemónicos del período neoliberal: el capital financiero y el agronegocio. La dimensión más conocida de esta conciliación fue, justamente, la política de intereses del Banco Central y el apoyo al agronegocio volcado a la exportación.

La conciliación fue tal que dio rienda suelta a una incorrecta interpretación según la cual el gobierno de Lula sería una continuación del gobierno FHC y, por tanto, un gobierno neoliberal. Salvando las proporciones y los límites de cualquier analogía histórica, el inicio del gobierno Vargas también fue marcado por interpretaciones divergentes. La opción por la industrialización fue tomada en el curso de su mandato; y son conocidas las rupturas habidas entre el presidente Getulio Vargas y el ala de izquierda del tenientismo (movimiento por reformas democráticas surgido en Brasil en los años 20, que debe su nombre al hecho de tener como principales integrantes a personas venidas de la oficialidad baja del ejército).

La consolidación del desarrollismo como política oficial del gobierno de Lula se dio en tres tiempos: la crisis política de 2005, las elecciones de 2006 y el lanzamiento del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), en 2007. Los efectos políticos, sociales y económicos de este viraje – acumulados con los efectos de algunas políticas iniciadas en el período 2003-2005 – pueden ser vistos en dos indicadores: en los índices de popularidad del presidente Lula y en las tasa de crecimiento del PBI.

Entretanto, el desempeño positivo de la economía en el período 2006-2008 se ve beneficiado todavía por el acuerdo productivo que se derrumba con la crisis internacional. Una señal de esto es la evolución de nuestras exportaciones, con diversificación de los destinos y records de volumen de ventas, destacándose el crecimientos de las exportaciones brasileñas a Asia (+51%), a China (+55%), a Europa Oriental (+36%) y al Mercosur (+29%). También hubo crecimiento menor en la relación con los socios tradicionales: EUA (+17%) y Europa (+11%)

Los intelectuales neoliberales distorsionan la percepción del proceso en el intento de atribuir los éxitos del gobierno Lula a la política heredada del gobierno FHC. En el límite, este argumento se basa en una hipótesis interesada y absurda: el de que cualquier alteración de la política del Banco Central y en los privilegios del agronegocio, hubiera impedido a la economía brasileña beneficiarse del ingreso de capitales externos y de ampliar el comercio exterior.

Por otro lado, algunos defensores del gobierno Lula tratan de sostener lo contrario: que el crecimiento económico verificado en el período anterior a la crisis son integralmente producto de los cambios que habían sido implementados por el gobierno Lula, dado la herencia recibida del gobierno FHC. También conducido al límite, este tipo de argumento parte del supuesto de que ningún crecimiento sería posible bajo las condiciones del neoliberalismo, lo que es conocidamente falso

Descartados las exageraciones y la cliometria, lo que puede ser dicho con seguridad es lo siguiente: si los neoliberales hubiesen vencido en las elecciones de 2002 y de 2006, la economía brasileña habría tenido un comportamiento diferente a la fase final del ciclo neoliberal: hubiera sido derrumbada por la crisis y el gobierno federal habría adoptado medidas recesivas para combatir sus efectos.

Para comprobar estas aseveraciones, se recomienda revisar las declaraciones del propio ex presidente Fernando Enrique , así como los actos de los gobernantes de la oposición (Partido de la Social Democracia Brasileña y Demócratas ), como el prefecto de la ciudad de Sao Pablo, Gilberto Kassab (DEM), y de los gobernadores de los estados de Sao Paulo, José Serra (PSDB) y de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), que dirigían tres de los cinco mayores presupuestos públicos nacionales En todos los casos fueron adoptadas con atraso medidas supuestamente anti-crisis, de contenido ortodoxo y pro-cíclico.

En términos más concretos: si la oposición neoliberal estuviese al comando de Brasil desde 2003, el gobierno brasileño casi seguro hubiera apoyado al ALCA, despreciado a los mercados regionales y otros polos de comercio mundial, privatizado total o parcialmente el Banco do Brasil y la Caixa Económica, profundizado la privatización de Petrobras, desarticulado el BNDES, continuado el desmantelamiento del Estado, deteriorado el salario mínimo y las jubilaciones, profundizando la desintegración regional y social.

Con esto, los efectos de la crisis sobre Brasil habrían sido catastróficos y la recuperación muy improbable.

La existencia, desde 2003, del gobierno Lula generó otra dinámica económica y social, motivo por el cual el país fue de los últimos en desacelerar, después de septiembre de 2008. Al contrario de crisis anteriores, no entramos en recesión, la salida de capitales se aceleró, pero sin transformarse en fuga de capitales; el país no recurrió al FMI, al contrario se dio el cuestionable lujo de ofrecer más aportes de capital al Fondo. A pesar de esto, la crisis causó impactos inmediatos que resumiremos como sigue:
Impacto sobre grandes empresas privadas que invertían recursos en la especulación financiera
Impactos sobre el conjunto de las empresas que dependían de créditos externos, cuya retracción impactó el financiamiento de las exportaciones, así como bancos pequeños y medianos que dependían de créditos externos para financiar sus carteras.
Impactos sobre inversores extranjeros actuantes en Brasil, que desviaron recursos para compensar las dificultades de las matrices, reforzando una tendencia que ya venían manifestando anteriormente: el fuerte crecimiento de las remesas de beneficios hacia fuera del país.
Retracción de la demanda externa, tanto en volúmenes como en precios, resultando en un más rápido aumento de las importaciones en relación a las exportaciones, acentuando el déficit en nuestras transacciones corrientes con el exterior, con repercusiones (a partir de enero de 2009) en la balanza comercial.
Cambios en las expectativas del empresariado privado, con retracción en las inversiones, la producción y el empleo.

Estos impactos no generaron una espiral recesiva, en buena medida gracias a la intervención del gobierno.

En la emergencia hubo reducción de impuestos en áreas estratégicas: IPI del sector automotriz, IOF de las operaciones de crédito e impuesto a las Ganancias de las Personas Físicas. Al mismo tiempo hubo ampliación del crédito por medio de cambios en la política de los bancos públicos, presiones sobre el sector privado y flexibilización del llamado encaje (Brasil exige que los bancos privados retengan en el Banco Central de 25% al 50 % de sus depósitos, frente a 10 % en EUA y 8 % en otros países).

Se mantuvo la política de reajuste de Bolsa Familia y el aumento del salario mínimo, que creció por encima de la inflación por 7º año consecutivo, remunerando a 18 millones de jubilados rurales y 3 millones de ancianos y personas con deficiencias, entre otros.

Fue incrementado el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) que desde 2007 consolida y da visibilidad al crecimiento de inversiones en infraestructura, que fue de 0.3 % del PBI en 2002 hasta el 1% del PBI en 2007. En este terreno se destaca de inmediato la política de construcción de viviendas populares y en el medio y largo plazo las inversiones necesarias para explorar las reservas de presal (NR: El presal brasilero está considerado una de las áreas offshore más prolíficas de hidrocarburos del mundo).

Para sostener estas medidas, el país dispone de u$s 206 mil millones de reservas, u$s 115 mil millones de los fondos de pensión, u$S 68 mil millones del BNDES (más de lo que disponen el BIRD y el BID). Téngase en cuenta la reciente decisión de aumentar en R$ 100 mil millones los recursos del BNDES.

Este conjunto de medidas estimuló el consumo y combatió el pánico, además de confirmar la opción desarrollista, con prejuicios sociales. A pesar de esto, la producción cayó o se desaceleró en algunos sectores, produciendo movimientos negativos en la generación de empleo, en el crédito interno y en las ventas al por menor. Veamos los datos más recientes acerca del mercado del trabajo

El CAGED mide el saldo entre incorporaciones y bajas. Las empresas son obligadas por ley a informar al Ministerio del Trabajo y Empleo. En 2009, hay un saldo de 299.500 empleos formales (crecimiento del 0.94 %). En 12 meses el saldo fue de 390.300 empleos formales (1.28%). O sea, en los doce meses que incluyen el pico de la crisis, aumentó el stock de empleos formales.

La Encuesta Mensual de Empleo, hecha por la IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas) tomó una muestra en seis regiones metropolitanas, que representan cerca de un tercio del mercado de trabajo brasileño.

En doce meses, el número de personas ocupadas cayó de 21.171.000 a 21.148.000. El desempleo subió de 7.9 % a 8.1% (comparando datos de junio 2008 contra junio 2009), aunque había caído en comparación con mayo 2009 (8.8% a 8.1 %). El empleo formal subió de 9.279.000 a 9.479.000 a lo largo de los últimos doce meses, datos que son coincidentes con el CAGED. Por tanto, el que cayó fue el empleo u ocupación informal.

La Encuesta de Empleo y Desempleo es hecha por la Fundación Seade-Dieese de la Región Metropolitana de Sao Paulo (RMSP). Ella informa que la tasa de desempleo total disminuyó de 14.8 %, en mayo 2009, a 14.2 % en junio 2009, después de cinco meses consecutivos sin reducción. El contingente de desempleados fue estimado en 1.495.000 personas, 69 mil menos en relación a mayo 2009. En un año, el número de empleados formales estimados por la encuesta subió de 4.129.000 a 4.418.000

En el corto plazo, los datos confirman el éxito de las políticas anticíclicas impulsadas por el gobierno federal, que detuvieron la onda de despidos en las grandes empresas y ampliaron la oferta de empleos formales, sobre todo a causa de la PAC y de la administración pública.

En el mediano plazo, confrontando estos datos con el crecimiento de la productividad y de los salarios, se verifican por lo menos tres riesgos: 1) el crecimiento del desempleo en el sector informal afecta, en el mediano plazo, la situación de los empleos formales; 2) Si la productividad creciera mucho más que el empleo, resultará mayor concentración de renta; 3) si el crecimiento del total de empleos fuera bajo, esto no afectaría ni el stock de desempleados, ni absorberá a los que entran en el mercado de trabajo cada año. En otras palabras: lo que fue hecho por el gobierno Lula, en el enfrentamiento de la crisis, es condición necesaria e indispensable, pero aún queda mucho para hacer para generar un cambio de nivel en el campo económico y social

LOS BLOQUES DE PODER

Los dos grandes bloques político-sociales existentes en Brasil, reaccionaron de manera diferente ante la crisis. Los partidos neoliberales, el gran empresariado y sus portavoces en los medios de comunicación, demoraron en reconocer el colapso de su “muro”. Y pasado el estupor volvieron a presentar su agenda ortodoxa, centrada en la “reducción del costo Brasil” (menos impuestos, “gastos” sociales y “costos” laborales).

El efecto práctico de esta política sería pro cíclico, o sea, agravaría la crisis, teniendo como consecuencia a mediano plazo crear condiciones para retomar a través de la destrucción de las riquezas acumuladas en el período anterior, con los costos sociales conocidos.

Desde el punto de vista teórico, la política propuesta por este bloque de poder tiene dos orígenes distintos: el neoliberalismo y el desarrollismo conservador del sector privado. Ya los partidos y fuerzas sociales progresistas y de izquierda, que constituyen el núcleo del gobierno de Lula, reaccionan a la crisis afirmando cuatro directrices: a) si el mercado entró en crisis, más Estado; b) si cayó la inversión privada, más inversión pública; c) si el mercado externo perdió importancia, más mercado interno; d) si la globalización neoliberal entró en colapso, más integración regional.

Tomadas en conjunto, estas directrices constituyen el puente para el desarrollismo tout court. Hablando teóricamente, ellas derivan de las dos variantes del desarrollismo estatal: el conservador y el democrático.

Los resultados positivos, pero parciales, de las acciones del gobierno Lula se deben por un lado al impacto de la crisis; por otro, las limitaciones y contradicciones en la acción del propio gobierno, así como al comportamiento del empresariado privado monopolista. Ilustraremos estos otros aspectos de la ecuación:

El Banco Central brasileño y el Consejo Monetario Nacional continúan controlados por sectores vinculados al capital financiero y las políticas de corte neoliberal. Como resultado, el Banco Central resistió en lo que pudo para bajar la tasa básica de interés (conocida en Brasil como tasa Selic, aplicada a los préstamos interbancarios vinculados,l referidos al Sistema Especial de Liquidación y Custodia) y, a pesar de las reducciones, continúa manteniéndola en niveles extremadamente elevados, sea en comparación con las necesidades de financiamiento de la economía brasileña, sea en comparación con el nivel del interés real adoptado en otros países. En julio de 2009, la tasa Selic está en un 8.75 % anual, ocupando el quinto lugar mundial en términos de intereses reales, después de China (7.1 %), Hungría (5.6 %), Tailandia (5.5 %) y Argentina (4.9 %). Los principales bancos centrales del mundo fijan tasas de interés real próximos a cero o negativas.
El sistema financiero privado continúa operando a contramano de los intereses de desarrollo productivo nacional, resistiendo por ejemplo la reducción del spread bancario. En el sector financiero público, alteraciones promovidas recientemente por el presidente de la República redujeron la influencia de los intereses y de la dinámica antidesarrollista y procíclica
El sistema tributario es regresivo y desgrava los beneficios financieros. Al mismo tiempo, la legislación referida a la “responsabilidad fiscal” obliga a los entes públicos a priorizar el servicio de la deuda financiera, castigando la capacidad de inversión estatal. De manera general, el marco jurídico y burocrático del país corresponde todavía al período de absoluta hegemonía neoliberal, saboteando la estrategia de desarrollo.
La política cambiaria y de comercio exterior continúa orientada por una lógica ya cuestionable en el período pre-crisis y mucho más ahora, en que se hace necesario un proteccionismo de nuevo tipo, de naturaleza nacional y regional, en línea además con las nuevas alianzas estratégicas que el país viene implementando .
La política agraria, agrícola y ambiental siguen subordinadas al agronegocio, a pesar de que las nuevas condiciones sean más favorables a un giro en dirección a una fuerte política de reforma agraria y producción para el mercado interno.
La política urbana y todo aquello que rodea la construcción civil pesada, a pesar de la correcta decisión a favor de las inversión en viviendas, todavía sigue prisionera de la lógica del ámbito público-privado, sin percibir que el protagonismo estatal en el sector no puede limitarse al financiamiento, teniendo que haber un involucramiento directo en la construcción de casas, hidroelectricidad, ferrovías, rutas, puertos y otras áreas de infraestructura.
El éxito de varias políticas de transferencia directa de ingresos (bolsa familia, salario mínimo, pensiones, remuneración de la administración pública federal) convive con tentativas de restringir los recursos para la salud y para la educación públicas.
La política industrial persigue la ampliación del mercado interno principalmente a través del abaratamiento del crédito y de la exención fiscal para la compra de bienes de consumo durables, siendo proporcionalmente tímidas las medidas que apuntan a aprovechar el mercado interno a través del crecimiento del sector de bienes de capital y de la industria de alta tecnología.
El área externa del gobierno, que ha conseguido importantes éxitos políticos, es el tradicional todavía en el terreno económico. Es necesario que Brasil capitanee algo como un “Plan Marshall” de inversión en América Latina. Medidas positivas, tales como las negociaciones con Bolivia en torno del gas, con Paraguay en torno de la energía eléctrica de Itaipú, con Venezuela en torno del petróleo y con Argentina en torno a las tarifas de comercio exterior, no fueron integradas todavía en un plan articulado y ofensivo de aprovechamiento de la economía continental.

O sea, observando el conjunto de la economía brasileña, lo que vemos es la coexistencia de diferentes políticas: el desarrollismo conservador (tanto privado como estatal) y el desarrollismo democrático estatal, este último tensionado por demandas de naturaleza democrático-popular.

Más allá de la inercia histórica, esta conciliación de orientaciones diferentes y contradictorias puede ser explicada también por dos importantes novedades.

Desde 1989 y hasta hoy, vivimos el más prolongado período de estabilidad institucional de la historia de Brasil. Teniendo en vista como funciona el acuerdo político brasileño, esta estabilidad tiene como resultado un lento proceso de decisión e implementación de las políticas públicas.
Desde 2003 y hasta hoy, vivimos la primera experiencia de un gobierno nacional donde partidos de izquierda ocupan puestos centrales de decisión. Toda vez que estos partidos no cuentan con mayoría en los gobiernos municipales y estatales, en el Congreso Nacional y demás parlamentos de la Federación, los medios de comunicación, en el empresariado y en las fuerzas armadas, hay una enorme presión a favor de un comportamiento conciliatorio.

Además de eso, es preciso recordar lo que ya dijimos anteriormente: décadas de hegemonía neoliberal limitaron el horizonte intelectual de los sectores críticos. Y esto es lo que explica, por ejemplo, la permanencia de algunos preconceptos ingenuos, sobre:

La duración y profundidad de la crisis, como si ella pudiese ser superada rápidamente y sin grandes conflictos.
La baja contaminación de los “emergentes”, como si tuviésemos alta inmunidad e inmensa capacidad de superación.
La confianza en el éxito y en la repercusión positiva, en la periferia, de las medidas anticrisis tomada por los gobiernos de los países centrales, a pesar de que tales medidas en lo fundamental están haciendo posible una sobrevida del modelo anterior.
La creencia de que los mercados y los gobiernos de los países centrales “aprendieron la lección” y, por tanto, no habrá lugar para la guerra como instrumento de recuperación económica, minimizando el peso actual de la economía de guerra, la dinámica de la “escalada inconsciente” y principalmente los efectos colaterales indeseados derivados de la restauración de un mundo multipolar en los marcos del capitalismo.

ESCENARIOS

Donde son gobierno, las fuerzas progresistas y de izquierda enfrentan por lo menos tres riesgos: a) no realizar alteraciones estructurales, tornándose cómplices involuntarios del status quo; b) el retorno de la derecha, provocando una desorganización profunda en la izquierda y haciendo de estos gobiernos apenas un breve intervalo en una historia conservadora; c) estos gobiernos traten de colaborar en la construcción de un nuevo ciclo histórico, pero sin reunir las condiciones políticas e ideológicas necesarias para enfrentar la previsible reacción de las clases dominantes.

El gobierno brasileño, así como la mayoría de los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, buscó evitar los riesgos precedentemente enumerados a través de una estrategia, hegemónica dentro de las fuerzas que lo componen, en el sentido de hacer una transición gradual del modelo. El éxito de esa estrategia dependía y sigue dependiendo de una difícil ecuación: la lentitud y lo contradictorio de las acciones tiende a desgastar a las fuerzas progresistas que ocupan el gobierno. Para evitar que este desgaste produzca un retorno de las fuerzas conservadoras y de derecha, es preciso combinar una estratégica económico-social moderada, con una estrategia agresiva de cambio en las instituciones políticas.

En el caso de Brasil, entretanto, hasta ahora no tuvieron éxito las intenciones de realizar la reforma política, implantar un verdadero control externo del poder judicial y democratizar la comunicación social. Por causa de esto, la fuerza y la capacidad de sabotaje de la oposición conservadora son mucho mayores de lo que es su legitimidad social.

A pesar de esto, el presidente Lula fue reelecto en 2006, probablemente debido a las “reservas estratégicas” (el capital político acumulado en más de 20 años y las conquistas sociales efectivas provistas por la presencia de la izquierda en el gobierno federal); la memoria negativa dejada por los gobiernos neoliberales; los errores políticos cometidos por nuestros adversarios, las realizaciones del primer mandato de Lula, la fuerza de la militancia popular, así como la línea de campaña adoptada en el segundo turno de las elecciones presidenciales de 2006, cuando hubo un claro enfrentamiento entre proyectos políticos.

No se sabe cuál habría sido el resultado de las elecciones de 2006, en un escenario internacional adverso, que potenciase todos los problemas del modelo heredado y todas las insuficiencias y contradicciones de la estrategia de una transición lenta, segura y gradual adoptada por el gobierno. Pero es posible decir que la crisis actual reduzca el margen de maniobra del gobierno y obliga a las fuerzas progresistas y de izquierda a acelerar la implementación de una política desarrollista.

La crisis tiene un efecto simétrico sobre el boque conservador: los sectores neoliberales son obligados a adoptar un perfil más bajo y los sectores desarrollistas tienden a ganar más espacio. Incluso que su desarrollismo sea privado y conservador, en las condiciones en que se traba la lucha política en Brasil, esto puede ser enmascarado por la demagogia de la campaña electoral, especialmente si la crisis produjera efectos económicos más severos, por ejemplo en el empleo, en el crecimiento y en la capacidad de inversión pública. En este caso, la oposición conservadora intentará culpar al gobierno y a presentarse como la garantía de la recuperación del crecimiento.

Incluso si la situación no se agravara, la actitud de la oposición y la situación de la economía obligan al gobierno a ser más osado en la opción desarrollista, actitud que transformaría la elección de 2010 en un enfrentamiento entre un desarrollismo conservador y un desarrollismo democrático-popular

Traducido en términos políticos, el programa de la candidatura Dilma Rousseff tendrá que combinar la defensa de la continuidad de los aspectos exitosos del gobierno Lula, con propuestas de cambio y superación. Entretanto, la elección como presidenta de Dilma Rousseff es condición necesaria, pero no suficiente para dar inicio a un nuevo ciclo de la historia del país.

Para que esto ocurra, es preciso que el resultado global de las elecciones de 2010 sea una derrota para la oposición y que los movimientos de la clase trabajadora asuman mayor protagonismo social y político, quebrando los bloqueos institucionales que la oposición de derecha y los aliados de centro-derecha colocan frente a los cambios de sentido democrático-popular. Será preciso también la profundización de la política económica de corte desarrollista. Será necesario, por fin, la adopción de políticas de carácter democrático-popular, que apunten a:

La democratización profunda del Estado y de la sociedad, incluyendo la reforma política y el fin del control monopólico sobre la comunicación social.
Ampliar el alcance y la calidad de las políticas públicas para universalizar derechos (salud, educación, seguridad pública, servicios ambientales, vivienda, transporte, cultura, comunicación, igualdad racial y étnica, de género, opción sexual, etc.).
Realizar reformas estructurales (agraria y urbana, por ejemplo), que alteren la matriz social y económica de nuestra sociedad, combinadas con la ampliación del control público sobre el sistema financiero y sobre las antiguas empresas estatales que fueran privatizadas en los gobiernos neoliberales.
Crear un modelo económico alternativo, que combine capacidad de crecimiento, innovación, generación de empleo e ingresos, redistribución de ingresos y riqueza, uso sustentable y protección de los recursos naturales. Siendo fundamental la atención estatal de los sectores de alta tecnología, en especial los programas aeroespacial, de biotecnolgía y desarrollo de energía renovable.
Combinar la soberanía nacional con la cooperación entre los distintos pueblos y países que abracen nuestro proyecto de integración continental.

CONCLUSION

En América Latina vivimos una situación histórica en la cual se cruzan la presencia de la izquierda en múltiples gobiernos de la región, la defensiva estratégica de la lucha por el socialismo con una larga y profunda crisis del capitalismo.

Estas son las variables fundamentales de la situación estratégica común a toda América Latina que tornan posibles y al mismo tiempo exigen de los diferentes sectores de la izquierda latinoamericana altas dosis de cooperación y creatividad, sin lo cual no se conseguirá superar la defensiva estratégica, ni se conseguirá evitar los riesgos derivados de la crisis del capitalismo

*Valter Pomar, Doctor en Historia Económica (Universidad de San Pablo), Miembro del Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores (Brasil), Secretario Ejecutivo del Foro de San Pablo. Campinas. San Pablo

* Isaac Grober , economista, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.

NR: Este trabajo fue publicado por el autor en la Fundaçao Friedrich Ebert, en Septiembre del 2009 y mantiene total actualidad, dado el profundo y lúcido planteo de fondo que realiza.

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