En ese gran juego semántico de retruécanos con el que construye su relato “El Innombrable” el novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, las oscilaciones que se registran en el sentido del texto a causa del uso de términos invertidos uno a continuación del otro, encuentran su culminación en una expresión con la cual parece querer conducirnos del desaliento a la decisión de reemprender una marcha, sin destino cierto: “Il faut continuer, je ne paux continuer, je vais continuer” (su traducción del francés que empleó su autor en la edición original de 1953 sería: “Debo continuar, no puedo continuar, continuaré”). Esta reflexión, angustiante, quizá podría servirnos para reflejar el estado de ánimo generado por la pandemia del COVID-19, embargados como estamos, de una gran congoja ante el desolador panorama de muerte, temor y desamparo que se cierne sobre nuestras sociedades, donde hasta hace muy poco se encontraba extendida entre muchos sectores una convicción, casi indiscutible, de que la marcha global del modelo mercado-céntrico imperante nos conduciría sin pausas hacia un desarrollo post-humanidad([1]).
Pero la devastación provocada por la rápida propagación masiva del mortal coronavirus, alcanza magnitudes diferentes en las distintas latitudes de la geografía planetaria, a causa de la estructuración desigual y asimétrica provocada por la colonialidad euro-centrada en que se origina y desenvuelve el capitalismo, desde los albores de la modernidad hasta la globalidad imperial del presente.
Con la salvedad precisamente de aquellos países emancipados de esa coyunda (China, la RPD de Corea, Vietnam, Cuba) que gracias a su sistema universal de salud y prevención, pudieron enfrentar con mayor eficacia la situación , los restantes que aún se debaten en la dependencia y el sometimiento ante los monopolios que saquean sus recursos y extraen ingentes ganancias bajo la tutela del poderío militar estadounidense, enfrentan un sombrío panorama a causa de la magnitud de los estragos: la considerable destrucción de su precario tejido social, reflejado en el descalabro de su sistema de salubridad y en el desmoronamiento de las actividades productivas. A consecuencia de esa auténtica catástrofe, vastos sectores de la población más desfavorecida -ubicada en las escalas inferiores de la jerarquía social- enfrentan las secuelas provenientes del respectivo crecimiento geométrico en la desocupación estructural y de una vertiginosa caída por el despeñadero que los conduce hacia el averno de la miseria.
Entre las dolientes sociedades latinoamericanas azotadas por la devastadora pandemia, Ecuador con sus 17.023.000 habitantes y 256.370 kms. cuadrados de extensión continental e insular y su rica diversidad biotópica, social y cultural, ha sido uno de los países más duramente golpeados en la región: partiendo incluso de sus erráticas y poco confiables cifras estadísticas, Ecuador se ubica en el tercer lugar de entre sus semejantes por el índice de afectación y la mortalidad ocasionados en estos pavorosos meses de inicio del año. Según Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se han presentado desde febrero hasta el presente, 30.419 casos confirmados de contagio que habrían provocado 2.327 fallecimientos. Registra la mencionada institución 7.613 altas epidemiológicas y apenas 3.433 pacientes recuperados, es decir, el 1% de los contagiados y un poco más de la mitad de pacientes dados de alta. Pero los indicadores acerca de la situación general de la salud en Ecuador son mucho más alarmantes: según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, considerando la primera semana de abril (mes hasta el que se extiende la temporada de torrenciales lluvias en las regiones costanera y amazónica del país) se habían presentado 6.941 casos registrados del dengue transmitido por la inoculación del virus DENV mediante la picadura del mosquito hembra Aedes Egypti infectado, lo cual presagia un alto índice anual si consideramos que en el 2019 el número total de casos llegó a 8.416, alcanzando el record en la región.
Esta imprevisible mutación del SARS hacia una forma más agresiva por su capacidad de cambiar la programación reproductora de las células humanas y difundirse imparablemente, fue favorecida en la progresión contagiosa de su expansión por los fuertes flujos migratorios y la masiva movilidad de personas por todo el planeta. Pero estas circunstancias aleatorias no bastan para explicar el fenómeno. Es necesario tomar en cuenta que las transmisiones virales históricamente se relacionan con acontecimientos producidos por las relaciones sociales específicas, como documentan y testimonian innúmeros relatos. La Ilíada por ejemplo, inicia sus versos con la mención de la epidemia que asola únicamente a los aqueos, quienes atribuyen esa desgracia a la ira de los dioses desencadenada como castigo ante la desmedida avaricia del rey Agamenón, cuya causa podríamos atribuirla actualmente a la propagación de algún virus contraído en sus embarcaciones durante la navegación hacia el suelo troyano. Las crónicas de la colonización de América por los españoles igualmente demuestran esta interacción, tanto en el efecto mortífero que generan las viruelas en la población nativa como en la transmisión de la sífilis a los conquistadores por contacto sexual.
Esta mutación viral del SARS arriba cuando otra mutación de magnitud se ha producido en la sociedad humana. Se trata de aquella registrada como el neoliberalismo que, desde la década de los años setenta del siglo pasado, fue imponiendo su predominio paulatinamente. Partiendo de la premisa de que las necesidades de la sociedad pueden ser resueltas recurriendo de manera casi exclusiva a la concurrencia en el mercado, se llevó a cabo una política de desinversión para el gasto público que llevaba implícita la disminución de las rentas para los servicios públicos y las concesiones para su ejercicio a particulares, así como la liberalización para imponer tarifas a conveniencia para el acceso a los mismos, incluyendo entre ellos a los de salud y educación. Mientras tanto, se flexibilizaba la legislación laboral a favor de los empresarios, se les rebajaba la carga impositiva y se les otorgaba facilidades para disponer sin trabas de sus ganancias para que pudiesen trasladarlas a operaciones bancarias o inversiones en paraísos fiscales, donde gozaban de exoneraciones de impuestos. En Ecuador, este proceso fue revertido tras largos combates que desembocaron en la Asamblea Constituyente convocada por consulta popular a instancias del Presidente Rafael Correa.
Pero el post neoliberalismo gubernamental que se instaurase durante su gobierno, pese a toda la vocinglería contradictoriamente progresista con que recubría su gestión neo desarrollista de vieja matriz cepalina, no pudo ni supo desarraigar la base de acumulación financiarizada del capital que, paradójicamente, obtuvo pingues beneficios gracias a su participación en los préstamos para levantar las obras públicas. Esta relación de repulsión-entendimiento se expresó políticamente en el virtual entendimiento del gobierno con la administración municipal de la ciudad portuaria de Guayaquil, adonde parecían regir otras normas distintas que las dispuestas por la nueva Constitución del 2008. El escenario decisorio fue proveído por el propio Rafael Correa al designar como su candidato presidencial a su primer Vicepresidente del periodo anterior, Lenin Moreno, quien una vez en el poder, no tardó en poner distancia frente a su mentor, y finalmente, confrontarse con él, retomando en su gestión la vieja política neo liberal, con el aplauso de sus cultores y la complacencia de las clases dominantes.
Veamos los resultados obtenidos con este inesperado “retorno de los brujos”, cultores y oficiantes supuestamente al servicio de la mano providencial que manejaría con su infinita sabiduría al caótico mercado capitalista, en realidad, taimados manipuladores de ese fetiche para garantizar réditos a favor de un puñado de ricachones. Tomando como base el presupuesto aprobado en el 2013, primer año del segundo periodo presidencial de Rafael Correa, tenemos una inversión estatal neta en salud de 413.810.000 dólares, mientras que para el 2019, ese monto se había reducido a 130.000.000 de dólares. Ese último año el gobierno de Moreno despidió a más de 3.000 servidores del Ministerio de Salud, entre ellos 300 epidemiólogos y una gran cantidad de fumigadores del servicio anti-malaria. Estas afectaciones en las inversiones y el gasto corriente contrarían el régimen de pre asignaciones presupuestarias predecibles y automáticas para el sector que consagra la Constitución en su artículo 298. Pero la cereza con que coronaria el pastel horneado al gusto de los empresarios, consistiría en la conclusión anticipada y unilateral del convenio de cooperación en salud celebrado con Cuba por Correa. A consecuencia de esta decisión con la que reafirma sus nuevas lealtades en la política regional, Moreno echó del país a 400 médicos cubanos.
La combinación de ambas mutaciones –la una a nivel bioquímico y la otra al socioeconómico- se tradujo en una sumatoria letal, mucho más mortífera que la de una simple epidemia. Tan sólo en la provincia del Guayas se registraron entre enero y mayo 19.705 fallecimientos, 10.700 de los cuales acaecieron en un solo mes, abril, en plena cúspide del proceso de la pandemia coincidente con el colapso sanitario, acompañada con la tenebrosa imagen de cadáveres insepultos o abandonados así como con la angustiosa búsqueda de otros que no podían ser localizados por sus desesperados familiares para darles sepultura.
Los efectos de esa mortífera ecuación no sólo se ha hecho sentir sobre la muerte súbita que cual ángel exterminador se ensaña entre los empobrecidos pobladores de las populosas barriadas nuevas en Guayaquil -obligados a enfrentar la posibilidad del contagio al tener que abandonar sus precarias viviendas para buscar el sustento diario- sino que se precipita también sobre la ocupación y la actividad laboral de los trabajadores. El capital requiere la disposición incondicional del tiempo de producción para que el trabajo vivo se le someta y le entregue su actividad y sus frutos. El mantenimiento y reproducción de esa fuerza potencial, la recuperación de sus energías y la dosificación de sus distracciones ocupan solo una atención marginal para el capitalista. Cuando ese tiempo no ocupado directamente en la producción sobrepasa al de la actividad, el trabajo vivo pierde su importancia ante los ojos del capitalismo. Así lo demuestra la oleada de despidos intempestivos y separaciones injustificadas así como la terminación unilateral de contratos que se desatado en Ecuador. Pero si de algo ha servido aquella, ha sido para desnudar el papel verdadero de las autoridades de trabajo: velar porque la voluntad del capital se cumpla aún en contra de claras disposiciones tutelares contempladas por la Constitución y la ley.
Pero la ofensiva contra los trabajadores no se limita a esa actitud permisiva frente a los despidos. Incluye además la decisión gubernamental de suprimir de las relaciones laborales la protección que manda la ley para los contratos de trabajo, dejándolos librados de hecho a la omnímoda voluntad de la patronal, presta a desembarazarse de la mayor cantidad de conquistas consagradas y a disponer a su antojo de las condiciones de trabajo. Esa propuesta resulta aún más insólita si tomamos en consideración la pretensión gubernamental de que la Asamblea Nacional apruebe una disposición para descontarle a los trabajadores que ganen más de 500 dólares, una contribución a título de “apoyo humanitario” que iría a ser manejada por “connotados” representantes de la sociedad civil con la finalidad de financiar la recuperación económica. En pocas palabras, que los trabajadores constituyan un fondo financiero para invertirlo a título gratuito en la acumulación del capital. En contraste, a iniciativa del gobierno, previo a la pandemia, la Asamblea Nacional condonó graciosamente a las empresas deudoras del fisco 2.500 millones de dólares, mientras que en medio del dantesco panorama actual y la crisis de atención a la eclosión sanitaria por parte del sistema de salud, el Ministerio de Finanzas se apresuró a desembolsar de las urgidas arcas fiscales, 324 millones de dólares para pagar cumplidamente a los tenedores de bonos de la deuda externa. Resultado: el pueblo financia con sus recursos a usureros y empresarios, mientras se lo constriñe a ceñirse estrictamente a una disciplina social de aislamiento y se lo deja librado a su propio esfuerzo par enfrentarse con el coronavirus.
Frente a ese panorama devastador e inmisericorde que demanda una pronta y enérgica respuesta en defensa de los intereses de las mayorías, nos enfrentamos con una trabajosa reconstitución de las organizaciones sociales, afectadas por la política clientelar de Correa destinada a someterlas, presentándosela como si fuese la única posibilidad existente para superar su ineficacia ante el poderío de los sectores dominantes, luce como una incierta perspectiva en el horizonte inmediato. Sin embargo, indudablemente que es allí donde radica la auténtica alternativa popular para garantizar un reagrupamiento de fuerzas democráticas que sea capaz de disputar el poder político en las elecciones del próximo año.
Dr. Xavier Garaicoa – Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Guayaquil, Ecuador
[1] Cortina Albert y Serra Míquel-Angel (coordinadores): ¿Humanos o posthumanos?. Singularidad tecnológica y mejoramiento humano. Fragmenta editorial S.L. Barcelona 2015.