Revista Tesis 11 (nº 117)
Carlos Mendoza*
La denominada “grieta” que dividiría actualmente a los argentinos, tan mencionada como algo negativo por los medios de difusión hegemónicos, no es sino la expresión contemporánea de una lucha económica, social, ideológica y política de larga data entre dos proyectos de país.
Mucho se ha hablado en estos años sobre la “grieta” que dividiría a los argentinos, referida principalmente a quienes apoyaron a los gobiernos kirchneristas y a quienes se les opusieron y, en general, votaron por el actual gobierno de Macri.
En realidad la tal “grieta” no es sino la expresión contemporánea de una disputa que viene de lejos entre, básicamente, dos proyectos de país:
– El denominado “proyecto agroexportador”, que concibe a la Argentina integrada en el mercado internacional como exportadora de materias primas, productos agroindustriales y algunos insumos industriales e importadora del resto de los bienes necesarios.
– El “proyecto industrialista”, que además de las exportaciones mencionadas pretende impulsar la sustitución de importaciones mediante un desarrollo industrial que implica inclusión social.
Se puede decir que la disputa entre los dos proyectos de país viene al menos desde que el “proyecto agroexportador” fue implantado por la “generación del ochenta”, desde fines del siglo diecinueve. Fue sostenido por los gobiernos conservadores del “fraude patriótico” hasta el advenimiento del voto universal y llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916, luego mayormente por la dictadura militar de 1976, por el “menemismo” y por la Alianza.
A su vez, el “proyecto industrialista” fue impulsado más consecuentemente por los gobiernos de Yrigoyen, Perón y los Kirchner.
Estos proyectos de país fueron variando a lo largo de la historia, según fue cambiando la realidad nacional e internacional, modificándose sus expresiones propositivas, formas de gestión y sectores sociales a los que beneficiaron y a los que afectaron negativamente.
El proyecto “agroexportador
Originalmente respondió a los intereses de la oligarquía terrateniente, pero luego se sumaron sectores agroindustriales oligopólicos (Molinos, Dehesa, Arcor), exportadores multinacionales de productos agropecuarios y agroindustriales (Kargill, Bunge, Nidera), petroleras, mineras, grupos monopólicos productores de algunos insumos industriales básicos como acero y aluminio (Techint, Aluar) y por supuesto la banca y empresas financieras multinacionales.
Estos sectores están principalmente vinculados al comercio exterior, por lo que para ser competitivos objetivamente necesitan de salarios bajos, desocupación alta que presione el salario hacia abajo, tipo de cambio alto, un Estado que actúe en su beneficio pero con una estructura reducida, ya que la poca importancia del mercado interno en este proyecto limita el ingreso impositivo.
Necesitan impulsar políticas gubernamentales de libre cambio, libre compra, venta y transferencia de divisas, libre entrada y salida de capitales y de repatriación de ganancias, desregulación financiera, flexibilidad laboral, alineamiento del país con los países principales del capitalismo para facilitar colocación de deuda y endeudamiento estatal para compensar las limitaciones en el ingreso impositivo y otras medidas denominadas liberales.
El argumento central es que aplicando políticas liberales el mercado se autoregularía, pero ocurre que el mercado nacional y el mundial están ampliamente monopolizados y además hegemonizados por su componente financiero especulativo, por lo que el resultado es en realidad una regulación en manos y en beneficio de los grupos oligopólicos, principalmente los multinacionales (el 70% del capital del sector oligopólico en Argentina está en manos de multinacionales, similar a lo que ocurre en todo el mundo).
Este tipo de políticas liberales, propias de la época de la libre competencia pero aplicadas en esta época de oligopolización y globalización del capital mundial, dominado por su parte financiera especulativa, es lo que se denomina “neoliberalismo”.
Este proyecto provoca una severa limitación de las posibilidades de desarrollo de una industria local, ya que sin protección estatal y participación del Estado en generar una infraestructura acorde, no puede competir con la industria extranjera. Esto a su vez limita rígidamente el desarrollo del mercado interno.
El tema es que con la sola actividad de los sectores vinculados a este proyecto no es posible crear suficientes puestos de trabajo para un país de 40 millones de habitantes, lo que impone altos índices de pobreza, indigencia y desocupación, incluyendo bajos ingresos fijos (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y otros). Hay países con mucho menos habitantes, que básicamente conviven con un sistema de exportar bienes primarios e importar el resto, pero consintiendo altos índices de pobreza e indigencia, desocupación y trabajo informal y con una burguesía con alto nivel de vida, pero que logran que las cuentas nacionales cierren. Es el caso de Chile, Perú y otros en América Latina.
Pero en Argentina, la aplicación de un plan neoliberal implica la posibilidad de una profunda crisis, porque la gran mayoría de las personas tiene trabajo, muchos en el sector industrial, y deberían consentir caída del salario, flexibilización laboral y masivos despidos.
Por otro lado, la caída brusca de la demanda, de la actividad y cierre de empresas, particularmente PYMES, produce caída de la recaudación fiscal en términos reales y consecuente necesidad de endeudamiento externo estatal.
Una herramienta de gran importancia para quienes se benefician con este proyecto es la utilización de los medios de difusión hegemónicos, que les pertenecen, para convencer a la ciudadanía de que sus políticas son necesarias por naturaleza y que no hay otra alternativa que funcione. Ganar a las capas medias para estas ideas es fundamental para ellos, así como convencerlas de que sus intereses coinciden con los de los sectores más concentrados de la economía, cuando en realidad objetivamente coinciden con los de los sectores bajos, ya que si estos viven mejor hay más actividad económica y, consecuentemente, mejores posibilidades y condiciones de vida para las capas medias.
El proyecto industrialista
La industria de sustitución de importaciones, objetivamente impulsada por la primera y segunda guerra mundial y por la crisis mundial iniciada en 1929, dio la base social en que se apoya este proyecto: Los empresarios industriales y otros vinculados al mercado interno, especialmente PYMES y, principalmente, la clase trabajadora industrial y en general la vinculada al desarrollo del mercado interno.
Actualmente, los sectores empresarios objetivamente interesados en este proyecto, son demasiado débiles con relación al sector oligopólico como para poder constituir una “burguesía nacional” capaz de liderar el proyecto, por lo que en la etapa kirchnerista fue esta expresión politica frentista quién lideró el proyecto, con el apoyo mayoritario de la clase trabajadora y demás sectores populares y también de sectores empresariales, principalmente PYMES.
Para este proyecto es necesario que haya una alta demanda interna, para lo cual objetivamente conviene alta ocupación y buenos ingresos fijos, salariales, jubilatorios, de asignaciones familiares y otros.
Requiere de una sustancial intervención directa del Estado en la economía, construcción de infraestructura, regulación económica protectora del mercado interno y financiaciones subsidiadas.
Un importante asunto es que se requiere utilizar parte de la renta de la tierra, que cobra la clase terrateniente para darla en alquiler a los arrendatarios, para con ello financiar el desarrollo industrial, asunto que se ha hecho por caso mediante las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo cual sirve asimismo para desacoplar relativamente los precios internos de los internacionales y proteger así al consumidor local. Esto hace ya ver una de las objetivas contradicciones importantes de intereses entre los sectores vinculados a uno y otro proyecto de país.
En general para este proyecto conviene un tipo de cambio bajo, ya que la industria importa bienes de capital y tecnologías y exporta poco, debido a que el grueso de su actividad se destina al mercado interno.
Este proyecto es generador de puestos de trabajo, lo cual crea un círculo virtuoso al retroalimentar la demanda interna que necesita para su desarrollo.
Los problemas de este proyecto son básicamente los siguientes: Por un lado, la oligopolización y extranjerización crecientes de la producción de insumos industriales básicos, de productos agropecuarios y agroindustriales, de la propiedad de la tierra y de las cadenas de comercialización, provoca que ante una demanda creciente esos sectores se aprovechen de su situación monopólica para aumentar permanentemente sus precios por encima del aumento de sus costos, lo cual genera inflación. Además, las multinacionales que operan en el país tienden a repatriar ganancias hacia sus casas matrices, lo cual genera baja reinversión en nuestro país y escasez de divisas. Por otro lado, cuanto más se desarrolla la industria más se necesitan divisas para sus importaciones, lo cual tiende a provocar estrangulamiento en la disponibilidad de divisas.
La solución de estos problemas supone enfrentar poderes nacionales y, sobre todo, internacionales de tal magnitud que se requiere de una relación de fuerzas muy favorable a los sectores populares y además de una importante integración latinoamericana, para poder encararlos coordinadamente a nivel de la región.
El gobierno Macri
Las medidas del gobierno Macri son claramente de tipo neoliberal: Desregulación del mercado cambiario con fuerte devaluación, libertad de transferencias de divisas con el exterior, eliminación de retenciones al agro y a la minería, completa libertad de fijación de precios, eliminación de subsidios a los servicios de electricidad y gas, ajuste en el Estado con despidos masivos, presiones para que las paritarias cierren por debajo de la inflación anual, arreglo con los fondos buitres en condiciones leoninas y sin resguardos de que puedan producirse reclamos de los bonistas que ingresaron en los canjes anteriores, para de este modo tomar deuda en el mercado financiero mundial y financiar el creciente déficit fiscal provocado por la caída de recaudación impositiva en términos reales y así sucesivamente.
La aplicación de estas políticas en un país con desarrollo industrial medio, donde gran parte del empleo se debe a la industria y en general al desarrollo del mercado interno, no podía sino provocar caída de la demanda interna, cierre de empresas, sobre todo PYMES, desocupación y recesión. Esto ya lo vivimos durante la dictadura del 76 y durante el menemismo y la Alianza.
Las medidas tomadas han favorecido sistemáticamente a los sectores más concentrados y extranjerizados de la economía y han provocado una profunda transferencia de renta nacional desde los sectores sociales bajos a los más altos.
El gobierno dice que sus medidas apuntan a conseguir que se produzca una ola de inversiones extranjeras y que las empresas locales salgan a endeudarse para hacer inversiones. Pero no se ve el interés que podría haber en invertir para satisfacer demandas en el mercado interno, puesto que ya está en recesión. Tampoco se avizora el interés que habría en invertir para exportar a un mercado mundial que hace varios años está en estancamiento, cuando no en recesión y cuando China ha bajado su ritmo de crecimiento y de compras en el exterior. Podría haber inversiones en el agro, la minería y la agroindustria, pero los bajos precios de los comodities conspira contra ello y además estos sectores crean muy pocas fuentes de trabajo.
Por otro lado, las filiales en Argentina de las empresas multinacionales, hegemónicas en el bloque dominante, están mucho más presionadas por sus casas matrices para repatriar ganancias que para reinvertirlas en nuestro país. Esto debido a la crisis global de carácter estructural y permanente por que atraviesa el sistema capitalista desde hace años, lo cual tensa las dificultades de las multinacionales para conseguir suficiente tasa de ganancia y requieren por eso repatriar ganancias de sus filiales.
Para aplicar su política neoliberal y de ajuste, el gobierno presenta una situación de una supuesta “pesada herencia” del gobierno anterior. Este ha sido siempre un argumento necesario para justificar planes neoliberales y su consecuente política de ajuste.
Sin embargo, analizando esto último, se puede ver que a pesar de la crisis mundial y de la profunda caída de los precios de los comodities en el mercado mundial, el gobierno anterior logró sostener la actividad económica en el alto nivel alcanzado en los años previos, incrementando incluso las medidas de inclusión social y favoreciendo y aplicando aumentos de salarios, jubilaciones y asignaciones familiares en niveles iguales o superiores a la inflación real. Incluso en el 2015 hubo un crecimiento de la economía superior al 1,5% y la inflación venía bajando desde hacía más de un año, según índices de las provincias y de consultoras privadas opositoras al gobierno anterior. A esto se suma que había bajo desempleo y una deuda externa muy baja con relación al PBI.
El argumento que le quedó al gobierno de Macri, para demostrar lo de la “pesada herencia”, fue el del déficit fiscal. En efecto, las políticas del gobierno anterior, ante la crisis mundial y la caída de los precios de los comodities, fueron de tipo keynesianas, contracíclicas, concediendo aumentar gradualmente en los últimos años el déficit fiscal para sostener la demanda interna, evitar la recesión y sostener el empleo y los ingresos fijos de los sectores populares. El ministro Prat Gay hizo una inconcebible manipulación de datos, partiendo del déficit fiscal heredado del 2015, que él mismo reconoció como de 2,3%, para llegar al mítico 7% que el macrismo agitó como un fantasma en la campaña electoral (ver al respecto el siguiente link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292743-2016-02-18.html).
No parece entonces que hubiera ninguna crisis, ni variables de la economía fuera de control, cuando asumió Macri y en realidad la crisis la han provocado las medidas del actual gobierno, resultando así una profecía autocumplida. Esto era previsible, tal como muchos alertamos durante la campaña electoral que sucedería si ganaba Macri y aplicaba su plan neoliberal.
No obstante, el gobierno actual cuenta con la inestimable protección mediática del grupo monopolista Clarín, cuya sistemática campaña opositora a los gobiernos de Cristina Fernandez y de incondicional apoyo a la campaña de Cambiemos fue muy importante para el triunfo electoral de Macri. Como contraprestación, Macri anuló por decreto de necesidad y urgencia la aplicación de la Ley de medios que obligaba a la corporación Clarín a desinvertir y le permitió expandirse autorizando el ingreso del monopolio en la telefonía celular, a lo que se agregó cederle la transmisión de los principales partidos del torneo de futbol de la AFA.
Además, para asegurarse la hegemonía mediática, fundamental para hacer mínimamente digerible su plan neoliberal, el gobierno Macri ha conseguido el levantamiento de varios programas periodísticos opositores y ejerce diversas formas de censura mediante extorsión, presión, y hostigamiento sobre los medios de difusión no alineados con el gobierno, algo que nunca se había visto desde la recuperación de la democracia en 1983.
Recomposición del campo popular
El campo popular debe recomponerse y reorganizarse luego de la derrota electoral y de la línea gubernamental claramente neoliberal del gobierno Macri. Esto es necesario para la defensa de sus intereses y para la lucha política democrática hacia la conquista del gobierno para superar los límites que enfrentó el proyecto industrialista y de inclusión social que, en su última versión, vivimos con los gobiernos Kirchner.
En este sentido estamos mejor que en Mayo del 2003, debido a la muy significativa cantidad de organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas que se han ido creando, parte de las cuales confluyeron en ese germen de movimiento socio-político-cultural que es Unidos y Organizados. Hay que ampliar esa construcción confluyendo en un espacio más amplio. Darle un carácter cada vez más esclarecidamente progresista y latinoamericanista.
Es indispensable continuar desarrollando formas de democracia participativa, como medio más adecuado para elevar la conciencia de los sectores populares, asunto indispensable para cambiar la relación de fuerzas a favor de los trabajadores y demás sectores populares, ya que debemos lidiar con la hegemonía que tienen sobre los medios de difusión los sectores más concentrados de la economía. Del lado de ellos está la manipulación de los medios de comunicación que les pertenecen, pero del lado nuestro está la realidad.
La confluencia de organizaciones kirchenristas y de izquierda en general en movilizaciones y acciones concretas de lucha, en lo que va del gobierno de Macri, es algo auspicioso. También lo es que, por ejemplo, las dos CTA y gremios CGT estén acordando acciones conjuntas de lucha sindical, en especial en defensa del salario y las fuentes de trabajo. Asimismo, la extraordinaria movilización popular del 24 de Marzo último es una muestra de la potencialidad del campo popular. Esta sí que sería en realidad la “pesada herencia” para el gobierno Macri.
Por último hay algo importante a considerar: Muchas personas bien intencionadas votaron por Cambiemos por diversas razones, pero no necesariamente para apoyar un proyecto neoliberal que provoque destrucción de la industria, exclusión social, endeudamiento y pérdida de soberanía. Tampoco para que se empobrezca la calidad institucional gobernando mediante decretos de necesidad y urgencia, se reprima la protesta social y se restrinja la democracia utilizando el aparato estatal para censurar a la prensa opositora. Estos sectores son potenciales aliados para un proyecto progresista superador de los que hemos tenido en nuestra historia.
*Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas de economía política, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.