Documento de Tesis 11*
El proceso inflacionario, sus causas y consecuencias económicas, sociales y políticas. Rol determinante del accionar oligopólico en su generación. Riesgos para la supervivencia de derechos y la institucionalidad democrática. Propuestas para enfrentar a la inflación en base a una acción organizada de raigambre popular.
TESIS 11 se propone con este documento incitar a la reflexión, al debate y al intercambio de ideas, particularmente con organizaciones sindicales, sociales y culturales y despertar en ellas la convicción de la necesidad de una acción conjunta para enfrentar al flagelo inflacionario.
La convulsión derivada de la crisis de 2001-2002, significó no sólo el colapso e implosión de un régimen sociopolítico y económico asentado en el predominio de los intereses del capital financiero, especulativo y parasitario, sino también la apertura hacia un nuevo rumbo del país, hacia un proyecto de país distinto.
Proyecto político que puso en el centro la necesidad de un Estado presente y activo en beneficio del fortalecimiento del mercado interno, de la integración económica y social, que revaloriza el sentido de la equidad, que frente a la discriminación y la vulnerabilidad impulsa la solidaridad, que amplía el horizonte de los derechos atenuando las desigualdades sociales y regionales propias del capitalismo, profundizadas por la acción del capital concentrado.
Resultó de este modo un programa de reformas transformadoras que vino generando empleo, inclusión social, espacios y proyectos para una mayor integración productiva unida a la integración regional, en el marco de la recuperación y profundización de la autonomía y de la democracia.
Pero a la par de este recorrido también afloraron rigideces, limitaciones estructurales a la continuidad de este rumbo nuevo. Exteriorización de ello es el proceso inflacionario que desde 2007 nos afecta con mayor intensidad y que trasciende las implicancias del deterioro del poder de compra y demás consecuencias de lo meramente económico. Por sus determinantes esenciales, así como por sus efectos, es una cuestión de orden político, al igual que el carácter de la solución que exige.
El poder económico concentrado que opera en la producción, el acopio y la comercialización interna y externa, es decir la estructura oligopolizada, respaldada por su aparato mediático y sus voceros adictos, pretende ocultar con su discurso que la política de crecimiento con inclusión social que arrancó en 2003, al incrementar y extender el poder de compra popular dinamizando al mercado interno, despierta el apetito de ese estamento de la estructura económica y logra, vía aumento de precios, apropiarse de la riqueza social. El incremento de la capacidad de consumo, la mayor demanda, es el momento de dar el zarpazo.
De este modo y en las condiciones de una estructura fuertemente oligopolizada como la de Argentina, la inflación deriva en lo esencial del modus operandi de una fracción de clase con poder real. Porque una vez que estos formadores de precio lanzaron la primera piedra, creado el clima propicio, las restantes franjas del empresariado se embarcan en la misma corriente, sea para reponer costos o especulando en la carrera competitiva tanto para preservar como para aumentar su capital y no quedar rezagados.
Ante esta situación, el gobierno ha tratado de regular el tipo de cambio, devaluando muy por debajo de la tasa de inflación, evitando de este modo que un mayor ritmo devaluatorio la impulse aún más. El resultado ha sido un progresivo retraso cambiario en el marco de una feroz crisis internacional que empuja a la baja a los precios de la producción mundial excedentaria de origen industrial. A esta restricción que enfrenta la industria nacional, se le suma su baja productividad y altos costos, consecuencia de escalas de producción bajas y a veces el uso de tecnologías atrasadas por un pasado con insuficientes inversiones.
Independientemente del debate sobre cuán atrasado estaría el tipo de cambio, es evidente que no podríamos continuar indefinidamente devaluando muy por debajo de la tasa inflacionaria sin que esto genere una mayor pérdida de competitividad de nuestra economía, afectando particularmente al sector industrial y en general a todo el funcionamiento económico. Por otro lado, devaluar más intensamente no haría más que acelerar el ritmo inflacionario y convalidar, haciéndosela pagar a la inmensa mayoría del pueblo, la displicente actitud productiva e inversora de parte de nuestros industriales, posponiendo la solución de las causas estructurales. Este problema no se resuelve entonces devaluando sino invirtiendo, tecnificando y luchando contra la inflación.
En ese tren, el poder oligopólico es el que ha impuesto con naturalidad propia de un sentido común que la causa originaria del problema radica en el gasto y la inversión públicas, en el manejo de la masa monetaria, en las subas de salarios, jubilaciones y subsidios reparadores, transfiriendo así la responsabilidad política por la generación del fenómeno a la gestión y política gubernamental.
Ergo, proclamen como solución nada desinteresada la necesidad del ajuste recesivo, disminución del gasto público, desregulación laboral, liberación del tipo de cambio y apertura económica, en fin, la depresión del mercado interno, desocupación, quiebra y desaparición de PYMES. En resumidas cuentas, la paz de los cementerios.
Es una “solución” y una prédica interesada porque por una parte invisibilizan a los responsables reales y porque si bien con la recesión y consecuente caída de la demanda atenúan la suba de precios, también logran – gracias a su mayor respaldo económico y financiero – extender aún más su dominio sobre el mercado a costa del patrimonio y soporte de otras capas de la burguesía. Resultado: mayor concentración y para el futuro, una hipoteca todavía más gravosa. Ganan con la inflación en época de auge y consolidan esa ganancia con la recesión.
Sin embargo lo más grave es que con su manejo de precios y el machaque mediático, desgastan la gestión y legitimidad del gobierno, impulsando la imagen de caos, inseguridad económica y desgobierno, apuntando a condicionarlo, a ponerlo de rodillas al momento de instrumentar medidas, atentando contra la gobernabilidad y a derrocarlo si es posible y necesario. La destitución del Presidente Ilia – reacción contra la llamada ley Oñativia, de medicamentos – y la hiperinflación que anticipó el fin del mandato del Dr. Alfonsín, son testimonios concretos e irrefutables.
Desde esta perspectiva (el manejo monopólico de los precios) la inflación se transforma objetivamente en un instrumento de extorsión económica y política contra el gobierno y el pueblo. Tiene en los hechos un contenido destituyente, subvierte la voluntad popular y atenta contra la institucionalidad democrática. Amenaza la perdurabilidad y progreso de los derechos civiles, laborales, económicos y políticos ya conquistados por el pueblo y sirve al propósito de la restauración conservadora plena.
Hasta ahora la estrategia del gobierno, aparte de tratar de usar el atraso cambiario como ancla contra el aumento de precios, se ha centrado en acuerdos parciales pautados con los formadores de precio y en algún momento hasta anunció que llamaría a un Acuerdo Económico y Social entre el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, para entre otras cosas intentar acordar una política de precios y salarios, convocatoria que nunca se concretó
Es por demás conocido lo endeble y efímero de tales acuerdos entre la Secretaría de Comercio y algunos sectores empresarios y no necesariamente por responsabilidad de la Secretaría de Comercio. Y así lo seguirá siendo en tanto se pretenda que el aparato estatal, por sí sólo, aún contando con la mayor predisposición, voluntad y transparencia de los máximos niveles del poder político, logre doblegar los manejos de la estructura de poder vigente.
Para encarar seriamente una auténtica solución es imprescindible una nueva institucionalidad, estructurada a partir de la acción organizada del movimiento social, político y sindical, El problema no tendrá solución ni desaparecerán las amenazas a la institucionalidad democrática sin el involucramiento activo y unido de las organizaciones populares.
Lamentablemente el discurso antiinflacionario de los monopolios fue asumido en gran parte por las mismas víctimas, incluidas franjas importantes de quienes se identifican con los intereses del pueblo. Es notorio que salvo excepciones no surja entre ellos el interrogante de por qué la mayor presión de demanda, por qué la mayor disponibilidad de dinero en manos del público y de las empresas, se deba traducir en crecimiento de precios. Por eso es que si han sido convencidos de que la inflación es resultado de los manejos monetarios del gobierno, es natural que esperen que sea el gobierno quien se ordene y corrija los desajustes que supuestamente causa. Con esta convicción es natural delegar en el gobierno la responsabilidad por el freno a la inflación y para sí conformarse con una acción sólo defensiva: recomponer el poder adquisitivo de su ingreso omitiendo o invisibilizando los otros problemas políticos, civiles y económicos que están en juego, que son más peligrosos y amenazan su propio futuro.
La nueva institucionalidad de la que hablamos podría empezar a establecerse en el marco del denominado Acuerdo Económico y Social entre el Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias, pero ¿no convendría que tales acuerdos quedaran unidos y condicionados a la acción de comisiones internas o cuerpo de delegados elegidos por los propios trabajadores en las entidades formadoras de precio y con la función de verificar allí mismo costos, precios, existencias y abastecimiento de insumos y productos? Y si se valorara positivamente esta idea ¿no sería necesario movilizar con ese propósito a las bases del movimiento sindical para concretar este objetivo? ¿No convendría también que esta fuerza, que inexorablemente tiene implicancias políticas, fuera institucionalizada por ley y respaldada asimismo por la acción organizada no sólo de los trabajadores, sino también de las organizaciones de defensa del consumidor, organizaciones sociales y culturales y militantes políticos y sociales en general? ¿No sería ésta una de las formas de acudir al llamado de colaboración de la Presidenta las veces que hizo notar la imposibilidad de emprender sola las tareas de transformación?
Es nuestra convicción que una acción como la aquí propuesta, emprendida por un significativo y representativo número de organizaciones y articulada con el gobierno popular, la tornará un instrumento eficaz para disciplinar en materia de precios a la fracción concentrada del capital y se constituirá en un formidable aporte al cambio de la correlación de fuerzas, empezando por la elevación de la conciencia popular y de su concreción en organización , contribuyendo así a la irreversibilidad del rumbo iniciado en 2003 y a profundizar los cambios y la democracia, otorgándole un carácter cada vez más participativo,
*ASOCIACION CIVIL-CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR TESIS 11
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TESIS 11 se propone con este documento incitar a la reflexión, al debate y al intercambio de ideas, particularmente con organizaciones sindicales, sociales y culturales y despertar en ellas la convicción de la necesidad de una acción conjunta para enfrentar al flagelo inflacionario.
La convulsión derivada de la crisis de 2001-2002, significó no sólo el colapso e implosión de un régimen sociopolítico y económico asentado en el predominio de los intereses del capital financiero, especulativo y parasitario, sino también la apertura hacia un nuevo rumbo del país, hacia un proyecto de país distinto.
Proyecto político que puso en el centro la necesidad de un Estado presente y activo en beneficio del fortalecimiento del mercado interno, de la integración económica y social, que revaloriza el sentido de la equidad, que frente a la discriminación y la vulnerabilidad impulsa la solidaridad, que amplía el horizonte de los derechos atenuando las desigualdades sociales y regionales propias del capitalismo, profundizadas por la acción del capital concentrado.
Resultó de este modo un programa de reformas transformadoras que vino generando empleo, inclusión social, espacios y proyectos para una mayor integración productiva unida a la integración regional, en el marco de la recuperación y profundización de la autonomía y de la democracia.
Pero a la par de este recorrido también afloraron rigideces, limitaciones estructurales a la continuidad de este rumbo nuevo. Exteriorización de ello es el proceso inflacionario que desde 2007 nos afecta con mayor intensidad y que trasciende las implicancias del deterioro del poder de compra y demás consecuencias de lo meramente económico. Por sus determinantes esenciales, así como por sus efectos, es una cuestión de orden político, al igual que el carácter de la solución que exige.
El poder económico concentrado que opera en la producción, el acopio y la comercialización interna y externa, es decir la estructura oligopolizada, respaldada por su aparato mediático y sus voceros adictos, pretende ocultar con su discurso que la política de crecimiento con inclusión social que arrancó en 2003, al incrementar y extender el poder de compra popular dinamizando al mercado interno, despierta el apetito de ese estamento de la estructura económica y logra, vía aumento de precios, apropiarse de la riqueza social. El incremento de la capacidad de consumo, la mayor demanda, es el momento de dar el zarpazo.
De este modo y en las condiciones de una estructura fuertemente oligopolizada como la de Argentina, la inflación deriva en lo esencial del modus operandi de una fracción de clase con poder real. Porque una vez que estos formadores de precio lanzaron la primera piedra, creado el clima propicio, las restantes franjas del empresariado se embarcan en la misma corriente, sea para reponer costos o especulando en la carrera competitiva tanto para preservar como para aumentar su capital y no quedar rezagados.
Ante esta situación, el gobierno ha tratado de regular el tipo de cambio, devaluando muy por debajo de la tasa de inflación, evitando de este modo que un mayor ritmo devaluatorio la impulse aún más. El resultado ha sido un progresivo retraso cambiario en el marco de una feroz crisis internacional que empuja a la baja a los precios de la producción mundial excedentaria de origen industrial. A esta restricción que enfrenta la industria nacional, se le suma su baja productividad y altos costos, consecuencia de escalas de producción bajas y a veces el uso de tecnologías atrasadas por un pasado con insuficientes inversiones.
Independientemente del debate sobre cuán atrasado estaría el tipo de cambio, es evidente que no podríamos continuar indefinidamente devaluando muy por debajo de la tasa inflacionaria sin que esto genere una mayor pérdida de competitividad de nuestra economía, afectando particularmente al sector industrial y en general a todo el funcionamiento económico. Por otro lado, devaluar más intensamente no haría más que acelerar el ritmo inflacionario y convalidar, haciéndosela pagar a la inmensa mayoría del pueblo, la displicente actitud productiva e inversora de parte de nuestros industriales, posponiendo la solución de las causas estructurales. Este problema no se resuelve entonces devaluando sino invirtiendo, tecnificando y luchando contra la inflación.
En ese tren, el poder oligopólico es el que ha impuesto con naturalidad propia de un sentido común que la causa originaria del problema radica en el gasto y la inversión públicas, en el manejo de la masa monetaria, en las subas de salarios, jubilaciones y subsidios reparadores, transfiriendo así la responsabilidad política por la generación del fenómeno a la gestión y política gubernamental.
Ergo, proclamen como solución nada desinteresada la necesidad del ajuste recesivo, disminución del gasto público, desregulación laboral, liberación del tipo de cambio y apertura económica, en fin, la depresión del mercado interno, desocupación, quiebra y desaparición de PYMES. En resumidas cuentas, la paz de los cementerios.
Es una “solución” y una prédica interesada porque por una parte invisibilizan a los responsables reales y porque si bien con la recesión y consecuente caída de la demanda atenúan la suba de precios, también logran – gracias a su mayor respaldo económico y financiero – extender aún más su dominio sobre el mercado a costa del patrimonio y soporte de otras capas de la burguesía. Resultado: mayor concentración y para el futuro, una hipoteca todavía más gravosa. Ganan con la inflación en época de auge y consolidan esa ganancia con la recesión.
Sin embargo lo más grave es que con su manejo de precios y el machaque mediático, desgastan la gestión y legitimidad del gobierno, impulsando la imagen de caos, inseguridad económica y desgobierno, apuntando a condicionarlo, a ponerlo de rodillas al momento de instrumentar medidas, atentando contra la gobernabilidad y a derrocarlo si es posible y necesario. La destitución del Presidente Ilia – reacción contra la llamada ley Oñativia, de medicamentos – y la hiperinflación que anticipó el fin del mandato del Dr. Alfonsín, son testimonios concretos e irrefutables.
Desde esta perspectiva (el manejo monopólico de los precios) la inflación se transforma objetivamente en un instrumento de extorsión económica y política contra el gobierno y el pueblo. Tiene en los hechos un contenido destituyente, subvierte la voluntad popular y atenta contra la institucionalidad democrática. Amenaza la perdurabilidad y progreso de los derechos civiles, laborales, económicos y políticos ya conquistados por el pueblo y sirve al propósito de la restauración conservadora plena.
Hasta ahora la estrategia del gobierno, aparte de tratar de usar el atraso cambiario como ancla contra el aumento de precios, se ha centrado en acuerdos parciales pautados con los formadores de precio y en algún momento hasta anunció que llamaría a un Acuerdo Económico y Social entre el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, para entre otras cosas intentar acordar una política de precios y salarios, convocatoria que nunca se concretó.
Es por demás conocido lo endeble y efímero de tales acuerdos entre la Secretaría de Comercio y algunos sectores empresarios y no necesariamente por responsabilidad de la Secretaría de Comercio. Y así lo seguirá siendo en tanto se pretenda que el aparato estatal, por sí sólo, aún contando con la mayor predisposición, voluntad y transparencia de los máximos niveles del poder político, logre doblegar los manejos de la estructura de poder vigente.
Para encarar seriamente una auténtica solución es imprescindible una nueva institucionalidad, estructurada a partir de la acción organizada del movimiento social, político y sindical, El problema no tendrá solución ni desaparecerán las amenazas a la institucionalidad democrática sin el involucramiento activo y unido de las organizaciones populares.
Lamentablemente el discurso antiinflacionario de los monopolios fue asumido en gran parte por las mismas víctimas, incluidas franjas importantes de quienes se identifican con los intereses del pueblo. Es notorio que salvo excepciones no surja entre ellos el interrogante de por qué la mayor presión de demanda, por qué la mayor disponibilidad de dinero en manos del público y de las empresas, se deba traducir en crecimiento de precios. Por eso es que si han sido convencidos de que la inflación es resultado de los manejos monetarios del gobierno, es natural que esperen que sea el gobierno quien se ordene y corrija los desajustes que supuestamente causa. Con esta convicción es natural delegar en el gobierno la responsabilidad por el freno a la inflación y para sí conformarse con una acción sólo defensiva: recomponer el poder adquisitivo de su ingreso omitiendo o invisibilizando los otros problemas políticos, civiles y económicos que están en juego, que son más peligrosos y amenazan su propio futuro.
La nueva institucionalidad de la que hablamos podría empezar a establecerse en el marco del denominado Acuerdo Económico y Social entre el Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias, pero ¿no convendría que tales acuerdos quedaran unidos y condicionados a la acción de comisiones internas o cuerpo de delegados elegidos por los propios trabajadores en las entidades formadoras de precio y con la función de verificar allí mismo costos, precios, existencias y abastecimiento de insumos y productos? Y si se valorara positivamente esta idea ¿no sería necesario movilizar con ese propósito a las bases del movimiento sindical para concretar este objetivo? ¿No convendría también que esta fuerza, que inexorablemente tiene implicancias políticas, fuera institucionalizada por ley y respaldada asimismo por la acción organizada no sólo de los trabajadores, sino también de las organizaciones de defensa del consumidor, organizaciones sociales y culturales y militantes políticos y sociales en general? ¿No sería ésta una de las formas de acudir al llamado de colaboración de la Presidenta las veces que hizo notar la imposibilidad de emprender sola las tareas de transformación?
Es nuestra convicción que una acción como la aquí propuesta, emprendida por un significativo y representativo número de organizaciones y articulada con el gobierno popular, la tornará un instrumento eficaz para disciplinar en materia de precios a la fracción concentrada del capital y se constituirá en un formidable aporte al cambio de la correlación de fuerzas, empezando por la elevación de la conciencia popular y de su concreción en organización , contribuyendo así a la irreversibilidad del rumbo iniciado en 2003 y a profundizar los cambios y la democracia, otorgándole un carácter cada vez más participativo.
* ASOCIACION CIVIL-CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR TESIS 11-CONSEJO EDITORIAL
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