STELLA MALDONADO * Acerca de la nueva Ley de Educación Superior
La autora remarca la necesidad de que una nueva ley de Educación Superior, que reemplace al modelo neoliberal de los 90, debe facilitar las posibilidades de que cualquier jóven de cualquier parte del país pueda acceder al los estudios superiores.
Luego de más de diez años de lucha de la CTERA y un conjunto muy amplio de organizaciones sociales, culturales y de todo tipo logramos la derogación de la Ley Federal a través de la nueva ley de Educación Nacional (Dic. 2006) Por otra parte, previamente se aprobó la Ley de Financiamiento Educativo (2005) que repuso el papel del Estado nacional en la inversión educativa y que ha posibilitado la recomposición salarial de los últimos tres años y el avance de la cobertura del nivel inicial en las provincias que estaban más retrasadas en este aspecto.
Dado que el nivel superior fue el más impactado por las políticas de los 90, falta aún la derogación de la Ley Superior del menemismo y la sanción de una nueva ley que la reemplace y que consagre algunos de los principios que se sostienen en la LEN: la educación como derecho social, el estado como garante indelegable del ejercicio de ese derecho, el financiamiento específico, la gratuidad, la dignificación del trabajo del docente universitario, políticas socioeducativas para que accedan a los estudios superiores los jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La CTERA viene participando junto a CONADU y la FUA, de distintos ámbitos en los cuales se debaten los lineamientos de la nueva ley de educación superior: en ambas comisiones de educación de la legislatura,
en universidades, con organizaciones estudiantiles y juveniles.
En estos debates se han fijado posiciones respecto de diferentes ejes conceptuales que deberían estar presentes en el texto de dicha ley.
1.- Autonomía: este concepto vinculado a las más caras tradiciones de nuestra universidad (Reforma del 18) ha sido tergiversado y bastardeado durante el auge de las políticas neoliberales dando pie en muchas universidades a prácticas mercantilistas que frecuentemente se deslizan hacia la venta de servicios, los contratos de pasantías con empresas que usan a los estudiantes como mano de obra barata y precarizada, el negocio de las postitulaciones, algunas de ellas de dudosa calidad y bajo nivel académico.
Entendemos que hay que resignificar la autonomía, recuperando la universidad como espacio de producción de conocimiento con entera libertad en la fijación de sus propuestas académicas, normas de funcionamiento y régimen de gobierno. Pero esta autonomía debe estar inscripta en un proyecto de país que vincule fuertemente la vida académica, con el sistema de ciencia y técnica y la necesidad de producir conocimiento para modificar el modelo productivo hacia la sustentabilidad económica, ecológica y social y la distribución de la riqueza.
Las políticas públicas que den cuenta de las profundas transformaciones que nuestra sociedad ha sufrido en los últimos treinta años necesitan del porte teórico producido por las investigaciones académicas que articulen con las áreas estatales correspondientes.
Hoy eso prácticamente no existe y conspira contra la posibilidad de desarrollar planeamiento estratégico .
2.- Financiamiento: tanto la ley de Financiamiento, como la LEN fijan una meta de 6 % del PIB para el financiamiento educativo. En la LEN avanzamos incorporando un párrafo que dice que debe haber partidas presupuestarias por separado para Ciencia y Técnica. Este objetivo se ha logrado a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica que cuenta ahora con presupuesto propio.
Creemos que es necesario avanzar aún más dando a través de la nueva ley de Educación Superior un financiamiento específico a las universidades públicas separado del financiamiento de la educación obligatoria en todos sus niveles y modalidades. Esto fortalecerá a ambos sistemas.
3.- Régimen laboral docente: es imperiosoincorporar en la nueva ley los derechos de los trabajadores docentes universitarios: negociación colectiva, estabilidad, carrera, formación permanente gratuita en servicio garantizada por el sistema público. En nuestro país existe una situación absolutamente intolerable e irregular tal como lo es el trabajo ad-honorem. Es imprescindible regularizar y registrar a todos los docentes universitarios, realizar los concursos pertinentes en tiempo y forma y obviamente dignificar el salario para tender a la dedicación exclusiva que permita articular la cátedra con la investigación.
4.- La democratización del gobierno: si bien formalmente las universidades argentinas tienen un sistema de cogobierno, éste tiene tantas limitaciones que no produce una verdadera participación democrática y representativa de todos los claustros. El sufragio universal y la representación ponderada pueden ser una de las fórmulas que aporten mejor a la democratización del gobierno de las universidades y los institutos de Educación Superior.
La nueva ley debe fijar pautas generales en este sentido para facilitar las reformas de los estatutos de las universidades y dar un salto de calidad institucional en materia de participación.
5.- Políticas socioeducativas: la ley deberá contar con un capítulo específico de políticas sociales concurrentes, para promover la igualdad educativa.
A través de becas, transporte, subsidios para materiales, etc. Se podrá facilitar el acceso, permanencia y egreso del Nivel Superior de los jóvenes de sectores sociales vulnerables.
6.- Gratuidad: sostenemos la gratuidad no sólo de los estudios de grado sino también de los de postgrado. Hay que terminar con al mercantilización del nivel cuaternario que cristaliza la desigualdad educativa.
7.- Articulación: deberían impulsarse mecanismos de articulación de las universidades entre sí y de las universidades con los Institutos Superiores de las provincias para favorecer la mayor integración de estudiantes a los estudios superiores. Además se deberán normar más flexiblemente las equivalencias entre carreras y materias en distintas universidades e institutos a los efectos de acompañar las trayectorias de los estudiantes y generar mejores condiciones de egreso.
8.- Prácticas profesionalizantes: se deberá modificar el sistema de pasantías que en muchos casos es una especie de venta de mano de obra barata y precarizada que distintas empresas contratan con las universidades para que los estudiantes realicen prácticas rentadas.
Las llamadas pasantías deberán formar parte específica y pertinente de la formación. En este sentido recuperamos como muy valioso el artículo 33 de la LEN y pretendemos que la nueva ley de educación superior cuente con un artículo similar. El mismo dice: «Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo.
En este marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral.
Podrán participar de dichas actividades los/as alumnos/as de todas las modalidades y orientaciones de la Educación Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período lectivo, por un período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin.»
En síntesis: una ley de Educación Superior que reemplace al modelo neoliberal de los 90 debe sentar las bases para que cualquier joven de cualquier rincón del país pueda acceder a estudios superiores en igualdad de condiciones porque el Estado se lo garantiza a través de políticas públicas concretas que lo hagan materialmente posible.
* Secretaria General de CTERA
Dr. ISAAC GROBER
Contador Público (UBA)
Impuestos – Auditoría
Análisis de Gestión Económica
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