Abraham Leonardo Gak*
Hemos sostenido, y el propio Presidente de la Nación lo ha afirmado, que las condiciones de repago de la deuda no pueden comprometer el proceso de crecimiento con equidad en la apropiación de sus frutos.
El gobierno está finalizando en octubre de 2004 las gestiones indispensables para poder presentar ante los acreedores que manejan sus inversiones en EUA la oferta de canje de los bonos en default por los nuevos ofertados por el país.
Corresponde señalar que estos procedimientos administrativos son complejos y requieren de una gran profesionalidad para sortear sus exigencias. El Ministerio de Economía, en cabeza del Ministro Lavagna y sus asesores, lo han hecho con probidad cumpliendo con la totalidad de las exigencias, en este caso especialmente hostiles, que le plantearon los organismos de control norteamericanos y del FMI.
La deuda externa no es el único escollo que debemos enfrentar los argentinos, pero sí es una cuestión principal, pues de la forma en que se resuelva dependen, en gran medida, las posibilidades de desarrollo con equidad, (columnas vertebrales de la propuesta del Plan Fénix) en plazos compatibles con las urgencias sociales insatisfechas que afectan a los argentinos.
Como hemos señalado “se trata de una problemática estructural, originada a mediados de la década de los ’70 y que se ha instalado durante el largo período de vigencia del pensamiento único, de carácter neoliberal. La crisis de 2001 es a la vez la crisis de la deuda y de un modelo”.
Hemos sostenido, y el propio Presidente de la Nación lo ha afirmado, que las condiciones de repago de la deuda no pueden comprometer el proceso de crecimiento con equidad en la apropiación de sus frutos. Por ello, hemos visto con preocupación los cambios importantes que introdujo la oferta de Buenos Aires respecto de la de Dubai.
La agresiva respuesta de los acreedores privados, la presión constante del FMI. y las duras declaraciones del grupo de los siete de los países más poderosos de la tierra, señalan la magnitud de las dificultades que deberá sortear la Argentina para lograr un acuerdo digno y posible de atender sin traicionar la atención de la deuda social, prioridad absoluta para nuestra sociedad.
De todos modos, no debe descartarse la posibilidad de que la negociación fracase. En este caso, no debemos desesperarnos. El país tiene recursos como para enfrentar esta situación y en el ámbito internacional recogerá adhesiones, pues el mundo entero sabe que el caso argentino se ha convertido en un leading case, en el que muchos países deudores se ven reflejados.
En un reciente documento emitido por el Plan Fénix y que fuera refrendado por la Universidad de Buenos Aires y los Consejos Superiores de 29 universidades nacionales, se señalan las pautas que deberían regular los acuerdos a que el país arribe en su negociación y ellos son:
1) Los acuerdos que se logren no deben vulnerar la autonomía nacional en lo que hace a la fijación, en cualquier ámbito, de las políticas gubernamentales clave.
2) Es necesario rechazar la injerencia indebida de los organismos multilaterales de crédito en el proceso de renegociación de la deuda pública con acreedores privados, por ser la Argentina miembro de estos organismos y ser a su vez ellos mismos -hasta el momento- acreedores privilegiados, en detrimento de las aspiraciones del resto de los tenedores de deuda soberana argentina. Sólo es dable aceptar su mediación si ellos concurrieran a solventar parte de la quita, habida cuenta de su corresponsabilidad en el proceso de endeudamiento y en la adopción y apoyo a un patrón económico y social indeseable y en definitiva no sustentable.
3) Los agentes colocadores de los títulos, en cuanto corresponsables de este proceso de endeudamiento, también deberían contribuir a morigerar el impacto de la quita sobre los tenedores de bonos.
4) Dadas las circunstancias y condiciones en que fue contraída la deuda externa argentina y sus efectos sobre la economía y la sociedad, correspondería requerir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de esa deuda a la luz de los principios generales del derecho y de los derechos humanos, así como de las teorías de la “deuda odiosa” y de la responsabilidad de los prestamistas de mala fe. A tal fin sería menester que el gobierno nacional realizara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas las gestiones necesarias para habilitar la intervención de esa Corte.
5) Se requiere asegurar que el mayor peso del pago de los compromisos originados en la deuda reestructurada recaiga en los sectores sociales de mayor ingreso y riqueza, en particular de aquéllos que se han beneficiado como consecuencia del proceso de concentración económica verificado durante la última década; para ello será menester constituir un fondo, alimentado por la tributación específicamente dirigida a tales sectores, incluida la que debe terminar alcanzando a los activos de residentes argentinos transferidos al exterior.
6) Debe asegurarse la continuidad del financiamiento a las políticas sociales requeridas en esta crítica situación, aislándolas de eventuales efectos ocasionados por la renegociación de la deuda; para esto es necesaria su desvinculación del financiamiento multilateral, en particular, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
7) En caso de que el Fondo Monetario Internacional persista en exigir condicionalidades referidas a la renegociación de la deuda pública con acreedores privados o, en general, un esfuerzo mayor al que la sociedad argentina puede tolerar sin afectar el cumplimiento de sus objetivos, deberá abandonarse el acuerdo suscripto, cancelando las obligaciones asumidas y procediendo en consecuencia a incrementar la quita sobre los bonos hoy en default y a reprogramar en su momento –y en la medida necesaria- los vencimientos de capital de la deuda ya reestructurada.
8) Por último, señalamos que deben respetarse las disposiciones constitucionales en el sentido de que es al Parlamento a quien corresponde decidir sobre todas las cuestiones vinculadas con la deuda externa.
Estas pautas no se ven reflejadas en la propuesta de Buenos Aires. No obstante ello, tenemos la certeza de que en la medida que se sostenga el criterio de que es prioritaria la atención de la deuda social habrá chances de éxito en la dura batalla de enfrentar los intereses de los que siempre expoliaron la Nación.
Si esto se logra, habremos dado un paso importante para la constitución de un orden social, económico y político más justo del que serán herederas la futuras generaciones.
Buenos Aires, octubre de 2004
*Abraham Leonardo Gak
Director Proyecto Estratégico
Plan Fénix