Carlos Mendoza*
31/03/08
La gravedad que ha adquirido la actual situación de enfrentamiento de los productores rurales con el gobierno nacional nos obliga, a quienes nos reivindicamos como intelectuales pertenecientes al campo popular, a tratar de analizar racionalmente la situación, partiendo desde nuestra toma de posición de clase, haciendo el análisis concreto de la situación concreta, y viendo así de hacer un aporte positivo, según nuestros objetivos progresistas.
Las retenciones y el sector agropecuario:
Conceptualmente estoy de acuerdo con las retenciones agropecuarias como forma de socializar al menos parte de la renta extraordinaria que afortunadamente genera, para nuestro país, la combinación de dos factores que no dependen ni del terrateniente ni del capitalista productor agrario: La fertilidad natural de nuestras tierras y la extraordinaria suba de los precios internacionales de los productos agropecuarios. También para disociar el precio internacional de los precios internos de nada menos que los alimentos…Inclusive estoy también de acuerdo con el sistema de retenciones móviles, con porcentajes que varíen proporcionalmente a las subas y bajas de los precios internacionales.
Pero las retenciones deben situarse en el marco de una política global para el sector agropecuario, que diferencie entre pequeños y medianos productores y grandes productores, e inclusive entre productores individuales y grupos de inversión, tales como los denominados pool sojeros. Que diferencie también entre las diferentes realidades según el producto, particularmente entre soja y el resto de las producciones agropecuarias. Esto es lo que los compañeros de la Federación Agraria Argentina (FAA) han venido proponiendo a los gobiernos nacionales desde el 2002 hasta ahora. El gobierno kirchnerista no ha tenido hasta ahora una política global para el campo, salvo básicamente las retenciones, combinadas con el sostén de un tipo de cambio competitivo. Es cierto que a través del Banco Nación se han refinanciado deudas a los productores y que hay subsidios a productos tales como la leche, la carne y el trigo. Sin embargo, a juzgar por las consecuencias, esta política no está dando resultado positivo en varios aspectos, a saber:
– Se ha seguido produciendo la conversión de pequeños y medianos productores en rentistas de los pool sojeros, a quienes les alquilan la tierra, por resultar esto más rentable que seguirla produciendo directamente, ya que los pool sojeros están en condiciones de aplicar capital intensivo y sacar así más rinde, lo que les permite tener altas ganancias, aun a pesar de las retenciones. Esto produce creciente despoblación del agro.
– La alta rentabilidad de la soja viene produciendo que se prefiera ese producto a otros, como el tambo, la ganadería o la producción de trigo, que son alimentos básicos y por lo tanto estratégicos para cualquier política progresista, que contemple el aumento del consumo de las clases populares. Esto desarrolla el proceso de sojización de nuestro campo. O sea tendencia al monocultivo, que además es perjudicial para el mantenimiento de la fertilidad de la tierra, al no producirse la rotación de cultivos, o de ganadería y agricultura.
– Incluso, a pesar de las retenciones, siguen aumentando los precios internos de los productos agropecuarios, lo cual es contradictorio con la intención de tener un desarrollo económico con inclusión social, como afirma el gobierno.
¿Es este el proyecto agropecuario que queremos? Está muy bien que aumenten la producción agropecuaria y las exportaciones y que las retenciones engrosen el superávit fiscal, pero al mismo tiempo ocurre que se produce concentración de la propiedad y/o de la explotación de la tierra, despoblamiento del campo, desnacionalización y monocultivo sojero. Algo anda mal en la política del gobierno respecto del sector agropecuario.
Autismos y torpezas:
En este contexto, el gobierno anunció la implantación del nuevo sistema de retenciones móviles, suba de las retenciones para la soja y el girasol y limitación del ingreso para los productores, si el precio de la soja subiera por encima de los 600 dólares la tonelada, ya que en tal caso el estado se quedaría con el 95% del aumento de precio que excediera los 600 dólares. Anunciado así, en seco y sin diálogo previo con las organizaciones agrarias, esto generó la fenomenal reacción de los pequeños y medianos productores, que entrevén que terminarán todos alquilándoles sus tierras a los pool sojeros, pues estos les pagarán más por renta que la ganancia que obtendrían los productores si continuaran como tales. Después de semejante reacción, el gobierno salió a decir que tenían en carpeta otras medidas complementarias para favorecer a los pequeños y medianos productores, en especial los de las zonas marginales, consistentes en incentivos para la aplicación intensiva de capital en sus explotaciones y también nuevas medidas para promover la producción de carne y leche. Si esto es así: ¿No se podían anunciar todas las medidas conjuntamente y al mismo tiempo? ¿No se podría también haber dado las explicaciones que luego dio la Presidenta en su discurso del 26/03/08, sobre el porqué y el para que de las retenciones y sobre las políticas del gobierno que han favorecido a los productores del sector? El gobierno parece haber actuado con autismo, sin buscar apoyo en los sectores pequeños y medianos, lo cual terminó enblocando a todos los productores y a sus organizaciones en la misma protesta, lo cual es un contrasentido, porque los pequeños y medianos tienen intereses objetivamente contrapuestos con los grandes y con los pool sojeros.
Si el gobierno quiere llevar adelante una política agropecuaria progresista, que incluye retenciones a las exportaciones, necesita indispensablemente apoyarse en al menos el sujeto social que constituyen los pequeños y medianos productores, que representan la FAA y Coninagro. No diferenciar entre los productores es a la vez una injusticia socioeconómica y una torpeza política.
Por su lado la FAA y Coninagro, cometieron el error político de formar un solo bloque y una sola reivindicación con los sectores más reaccionarios del campo, como son la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Deberían haber organizado su protesta por su lado y no con quienes tienen intereses de clase contrapuestos y reivindicaciones programáticas profundamente contradictorias. Aquí también parece haber habido autismo y torpeza política.
Intransigencias:
Cuando el lockout patronal agrario llevaba ya casi dos semanas, la presidenta pronunció su discurso del 25/03/08, donde estuvo muy bien en explicar didácticamente el porqué de las retenciones y la ayuda dada por el gobierno al agro, en particular por el tipo de cambio alto, los subsidios a la leche, la carne y el trigo, las refinanciaciones vía Banco Nación y otras. Pero estuvo muy mal en no diferenciar a los pequeños de los grandes y de los pool y en decir varias chicanas enervantes para los productores movilizados en piquetes en las rutas. Pero sobre todo, se abroqueló en una actitud intransigente, en lugar de demostrar su fortaleza ofreciendo alguna salida amigable y dialoguista, que es lo que se espera de cualquier estadista y más aún si pretende defender los intereses populares. Luego hubo un segundo discurso el 27/03/08, donde al menos hubo una diferenciación a favor de los pequeños y medianos productores y un llamado al diálogo. Lamentablemente, la impaciencia e intransigencia de los productores autoconvocados ha empantanado de nuevo el diálogo. Este es un gobierno fuerte, por el respaldo electoral que obtuvo, por su control de ambas cámaras y porque la gran mayoría de las gobernaciones e intendencias pertenecen a su mismo espacio político. También por las variables socioeconómicas que puede mostrar. Desde esa fortaleza está en mucha mejor situación para destrabar el conflicto que las organizaciones agrarias, entrampadas en una movilización que ya no controlan.
A la intransigencia de las organizaciones rurales, que quieren que el gobierno suspenda las retenciones móviles como condición para dialogar, el gobierno responde con la intransigencia de que solo habrá diálogo si se levanta la huelga patronal.
Agravamiento de la crisis:
El resultado ha sido un agravamiento del conflicto, a lo que se han sumado cacerolazos en ciudades de sectores medios y altos, no necesariamente vinculados al campo, muchos de ellos respondiendo en realidad a una derecha que quiere condicionar al gobierno, no solo en su política económica respecto al agro, sino en toda su política económica y también en su política de derechos humanos y en su política exterior. A esto se ha sumado la respuesta de movimientos sociales afines al gobierno, que ya ha provocado peligrosas escaramuzas y que podría desembocar en enfrentamientos mayores con consecuencias imprevisibles, pero en todo caso por lo menos gravemente malas. Es lo último que necesitamos, desde el interés popular y es lo que más podría servir a los intereses de la derecha.
Por otro lado, ciertos errores serios del gobierno kirchnerista, como subestimar adrede el crecimiento económico, para después contar con recursos fiscales extraordinarios y decidir sobre su destino arbitrariamente, gracias a los superpoderes, sin pasar por el Congreso y sin someterse al sistema de coparticipación federal de los recursos, está ahora generando pases de facturas de los sectores en huelga y de quienes los apoyan, pues argumentan que las retenciones salen del interior y luego no son coparticipables, lo que va en contra de la calidad institucional. Y no les falta razón. Las avivadas del gobierno pueden terminar en boomerangs cuando no se tienen en cuenta las instituciones de la democracia.
De todas maneras, el gobierno no puede temer, en las presentes circunstancias, que los sectores de derecha puedan impulsar algún tipo de golpe de estado, como pasaba otrora, con otras circunstancias y otras fuerzas armadas. Tampoco se ve la posibilidad de un golpe constitucional a través del Congreso, por cuanto está ampliamente dominado por el oficialismo.
Más bien, lo que el gobierno debiera tener en cuenta es que, si no encuentra puentes estables de diálogo para destrabar el conflicto, su agravamiento, empezando por el desabastecimiento de productos alimenticios fundamentales, puede llevar a la fractura de su propia tropa de gobernadores e intendentes oficialistas que, en su mayoría, estarán siempre más proclives a salvar su poder territorial y preservarse para futuras batallas, que a inmolarse por la defensa del kirchnerismo. A partir de ahí todo podría pasar.
El gobierno tiene el poder suficiente, basado en su legitimidad, para destrabar esta crisis. A su vez, las organizaciones compañeras, integrantes del campo popular como la FAA, deben reflexionar fríamente y, sin renunciar a sus criterios y objetivos, reposicionarse e intentar nuevamente el diálogo con el gobierno que, no tengo dudas, a pesar de todo, está más cerca de los intereses de ellos que lo que pueden estarlo la SRA y CRA.
El kirchnerismo, aun con muchos errores y falencias, ha sido básicamente un buen gobierno para los intereses populares, dadas las circunstancias. Quienes integramos el campo popular debemos defender al gobierno contra los ataques de la derecha y sus organizaciones agrarias, como la SRA y CRA, y al mismo tiempo tratar de aportar para que FAA y Coninagro reubiquen su posición, lo que redundaría en una mejor defensa de los intereses populares que representan en el campo. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para encontrar y desarrollar instancias de diálogo.
*Carlos Mendoza: Ingeniero, especializado en temas de economía política, escritor, miembro del Consejo Editorial de la Asociación Civil-Cultural Tesis 11.