La situación económica, social y política, desde 2003.

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dossier: la situación económica (artículo 4 de 4)

Alberto Wiñazky*

Tanto en la economía como en la política, se fue configurando desde 2003 un nuevo tipo de régimen: el neodesarrollismo, que fue la respuesta del sistema a la crisis de acumulación originada por el importante ascenso de las luchas sociales. Se produjeron cambios en las relaciones de producción, en la naturaleza del estado y en las características del endeudamiento externo. Asimismo, se incrementaron los ingresos de los trabajadores, con una mejora relativa en el nivel de vida de los asalariados.

No se produjo una transformación en el modo de acumulación de capital que la dictadura había impuesto desde 1976 y que fue profundizado por la acción del menemismo y la Alianza. Pero tanto por la aceleración del crecimiento como por la disminución de la desocupación, distintos rubros productivos vinculados a la elaboración de bienes industriales, si bien estandarizados, aumentaron la generación de valor y resultaron ser muy dinámicos en la creación de empleo y en el aumento del consumo.

Este período (2003-2007) estuvo basado en un tipo de cambio alto, que durante los primeros años de la posconvertibilidad produjo un rápido incremento de la actividad fabril. Por la utilización de la capacidad ociosa y los bajos salarios, se pudo desviar una parte de la producción local hacia el mundo, manteniendo bajo el nivel de la inflación. Pero es indudable que el desarrollo industrial sostenido solamente en un tipo de cambio alto, sin que se haya elaborado una estrategia de desarrollo que incluya inversiones en ramas fundamentales de la industria, que permitan completar la cadena de valor, fue anulando progresivamente buena parte de la competitividad alcanzada.

La profundización de las relaciones capitalistas durante este período de gobierno, permitió que los sectores más concentrados continuaran explotando nichos monopólicos, mientras “el capitalismo de amigos” fue aprovechando en su beneficio, todo tipo de subsidios y prebendas. Una vez colmada la capacidad ociosa en la industria, comenzó la puja por transferir el excedente de un sector a otro del capital, dando lugar al inicio del incremento de los precios, constituyéndose en una de las características centrales del modo de acumulación errático que mantiene el capitalismo en la Argentina.

Durante el proceso neodesarrollista, no se verificó una transformación estructural en la industria local; es decir, no se produjo un cambio en el perfil de especialización productiva vigente desde el neoliberalismo y la economía siguió operando con el predominio de las ramas que procesan recursos naturales, con bajo o nulo valor agregado. En el sector industrial, la posición dominante se centró alrededor de  las armadurías automotrices, productos electrónicos elaborados en Tierra del Fuego,  la petroquímica, el cemento, el acero, el aluminio y el papel. El PBI alcanzó un crecimiento sostenido entre el 2003 y el  2010 a un ritmo del 7.6%, que duplicó el promedio histórico. (FMI). Es este, uno de los ciclos de crecimiento más importantes de la historia económica de la Argentina, solo comparable con los de 1903-1911 (7.6% de crecimiento anual) y el de 1918-1925 (6.9%).

La participación del sector industrial en el PBI pasó del 22.9% en los ochenta al 18% en el 2013 (D.Giorgi-Enero 2014). De manera que el crecimiento del PBI en el período 2000/2013, se asentó básicamente en la expansión de los servicios, el boom agroexportador, y el avance del sector automotriz, que si bien resultó ser un gran dinamizador de la producción, el empleo y las exportaciones, tuvo como contrapartida el déficit que se produce, año a año, en la balanza comercial de autopartes.

LOS SALARIOS

En los primeros años del proyecto neodesarrollista la tasa de empleo creció sostenidamente, pero a partir de 2007 el crecimiento se estancó, y los salarios tendieron a incrementarse por debajo de la productividad. Por este motivo el nivel de los salarios era en el 2012, un 20% inferior al existente en 2001. Durante 2013, el salario real aumentó su deterioro, ya que los acuerdos paritarios alcanzados durante ese año, no fueron suficientes para revertir la situación generada por la elevada inflación.

Este estado de desigualdad social subsiste, a pesar que entre 2003 y 2007 se crearon alrededor de 3.8 millones de puestos de trabajo (INDEC), permitiendo que grandes franjas de trabajadores recompongan su relación laboral y por lo tanto sus ingresos, sin que ello implique modificación alguna en la enorme apropiación del plustrabajo por parte de las fracciones más concentradas del capital. (D.Azpiazu y M.Schorr – 2010). Pero desde 2008,  se produjo un estancamiento en la creación de empleo por la disminución de la demanda de personal y  también  por la insuficiencia en la oferta, en algunos niveles de alta calificación.

En definitiva, se observa que la estructura económica desplegada desde el inicio del período neoliberal, mantiene actualmente las formas productivas que convalidan bajos niveles salariales, donde muchos trabajadores ganan aproximadamente $ 4.500 (los llamados pobres por ingreso). Lo mismo sucede con la tercerización, que es una de las metodologías utilizadas por el capital más concentrado para implementar la flexibilidad laboral, bajando los costos y recortando los gastos sociales.

A pesar de los mayores índices de ocupación, la distribución del ingreso siguió ubicándose en niveles que revelan una marcada regresividad aun en épocas de expansión económica y cuando se ha conformado un mercado informal, que genera una enorme desigualdad social. Según el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, la brecha entre el 10% de los hogares más pobres y el 10% de los de mayores ingresos se encuentra próxima a las 40 veces, donde los casos más extremos se observan en Chaco, Corrientes y Formosa. La práctica anual de las paritarias no logró cerrar la brecha en los distritos mencionados ni considerando el promedio nacional.

El proceso neodesarrollista, llevado a cabo desde el 2003, ha ocasionado además de la creciente distribución desigual de los ingresos, una fuerte precariedad habitacional, acentuada por le extraordinaria mecanización del agro. El empleo informal es sostenido por los capitalistas y el Estado para efectivizar una política de reducción de los costos de producción, afectando la supervivencia de diversos sectores de la población trabajadora. Por otra parte, la ofensiva contra los asalariados, iniciada desde 1976 supuso su fragmentación social, sindical y política, que aun subsiste y deterioró su capacidad de respuesta hacia el proceso de superexplotación laboral.

El INDEC ha informado que al 31 de diciembre de 2013, que tres de cada cuatro trabajadores ganan hasta $ 6500 por mes y solo un 10% de los ocupados consigue ingresos superiores a los $ 9000. A su vez, manifestó que el 10% inferior recibe retribuciones por $ 1200.

Si se toma en cuenta el ingreso familiar total, el 75% de la población reúne ingresos por hasta $ 11600, con un piso de $ 2450 para el 10% más bajo de la muestra. Por otro lado, en cuanto a la distribución del ingreso, el INDEC sostiene que la retribución media de un profesional fue de $ 7500 a fin del año pasado.

Para los empleados con calificación técnica, la media fue de $ 5000 y para los que tienen calificación operativa fue de $ 4300, mientras que para los no calificados fue de  $ 2500.  En cuanto a la media del salario de los varones este fue de $ 5000, con 44 horas trabajadas, mientras que  las mujeres percibieron $ 3600, con un promedio de 33 horas trabajadas.

LA ACCIÓN DEL ESTADO

El bloque de poder dominante en la Argentina mantiene la conformación existente en el país desde 1976, pero se produjeron cambios importantes en la superestructura política donde ingresaron desde el 2003 sectores de trabajadores, mayoritariamente de bajos ingresos, beneficiarios de los planes asistenciales, intelectuales, sectores medios, pléyades de funcionarios juveniles y representantes del “capitalismo de amigos”, que produjeron cambios en el régimen político, dando paso a una superestructura más compleja, que reflejó diferencias con el bloque de poder.

En este esquema el Estado, que tiene cierta capacidad de regular los procesos internos, trata de actuar como estabilizador y reglamentador del sistema económico y político. Pero, el gobierno kirchnerista no está en condiciones de resolver las contradicciones fundamentales de una sociedad capitalista dependiente, atrasada y altamente concentrada, ni plantear una perspectiva más amplia en torno a la articulación de los procesos de acumulación y de legitimación a nivel social, porque objetivamente responde a algunas de las fracciones más concentradas del bloque de poder, motivo por el cual no ha producido transformaciones en la matriz económico-productiva ni en el sector financiero.

Es que las múltiples coerciones tendientes a acrecentar el nivel de acumulación de capital, cuya valorización se reproduce en el espacio internacional, presionan a las fracciones de las burguesías dominantes de los países dependientes, para que estas logren asegurar la reproducción del capital de sus empresas en la periferia, pero siempre considerando la realidad del capitalismo a nivel mundial. Estos intereses, se entrecruzan en el espacio nacional y llevan a mantener serios roces entre los integrantes del bloque de poder.

El Estado trata de organizar ante esta situación “… la unidad conflictiva de la alianza en el poder y del equilibrio inestable de los compromisos entre sus componentes, cosa que se realiza bajo la hegemonía y dirección en ese bloque, de una de sus clases o fracciones, la clase o fracción hegemónica.  El Estado constituye, por tanto, la unidad política de las clases dominantes: instaura estas clases como clases dominantes” (Poulantzas-1983)

Asimismo, el Estado representa en el largo plazo, el interés político de la fracción dominante, pero como la burguesía aparece siempre dividida en fracciones de clase y el capital monopolista engloba diversas fracciones, el sector más concentrado no es el único  que ocupa el terreno de la dominación. En otras palabras, el Estado funciona como el organismo que permite la organización y la dominación del bloque de poder, pero conserva en algunos casos, cierta autonomía respecto a las fracciones en pugna por las contradicciones que se suceden entre los sectores dominantes.

Esta situación indica por otra parte, que la política y la economía en las naciones periféricas, en un período de crisis orgánica del capital y cuando están en juego importantes transformaciones en la distribución del poder mundial, estos países reciben fuertes presiones para que se adapten a las modificaciones que se suceden en los centros. Pero los gobiernos periféricos disponen, en algunos casos, de márgenes variables de negociación, ante los movimientos contradictorios de la economía y la política mundial, que les permiten  determinar, en alguna medida, la configuración de las políticas internas.

Es necesario señalar además, que el ejercicio del poder por parte de los integrantes de un bloque, en un momento histórico determinado, es tanto la expresión de las relaciones económicas dominantes, como también la representación de las instituciones, las organizaciones, la forma de conciencia y las ideologías a través de las cuales expresa su poder de clase.

Dentro de la estructura del Estado, se encuentra la burocracia como categoría social, que es parte de un sistema de organización y funcionamiento interno del aparato del estado. Actúa como el efecto de la relación existente entre las estructuras económicas por un lado y las clases y fracciones de clase por otra, conformando una categoría social específica que depende del funcionamiento concreto del aparato del Estado. Según lo señala Marx en El 18 Brumario, el modo capitalista de producción crea una sobrepoblación sin trabajo que busca su ubicación en los aparatos del Estado y cuya existencia corresponde al tipo capitalista de Estado.

La extensión de los aparatos del Estado, involucra también a los intelectuales que operan en el terreno ideológico, representando a los grupos más concentrados. Centralizan y dominan las manifestaciones culturales, políticas y comunicacionales, a fin que los objetivos y las ideas de los sectores dominantes, puedan presentarse como valores universales. En este sentido Gramsci señala que “el empresario capitalista crea consigo mismo el técnico industrial, el científico de la economía política, el organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etc.”(Gramsci-Antología – 2011)

Es que el Estado en definitiva, no es solamente un aparato coercitivo sino también hegemónico, es decir, que la burguesía ejerce su dominación no solo por medio de la coerción, sino también por medio de la hegemonía y del consenso. De este modo, el Estado influye de manera decisiva sobre el conjunto de la sociedad, al proteger y consolidar los intereses de las fracciones hegemónicas, al mismo tiempo que consigue cristalizar su poder ideológico-político sobre las clases dominadas.

La disputa acerca de las políticas económicas y la distribución de los recursos, fueron algunas de las causas originales que provocaron la notoria inestabilidad que el país viene experimentando desde el inicio del proceso de sustitución de importaciones. Precisamente, gran parte de la volatilidad de la política argentina, tuvo su origen en la lucha entre los grupos corporativos con intereses económicos en conflicto en el seno mismo de la clase dominante, además de los conflictos entre la clase dominante y las clases dominadas, producto de la lucha de clases siempre presente en el sistema capitalista.

El Estado se convierte asimismo, en el medio para organizar las condiciones de explotación de los sectores populares que constituyen un movimiento social complejo y diverso. Al mismo tiempo, su modo de funcionamiento se ve condicionado por la inestabilidad que obedece a la imposibilidad que tienen estos actores para “… converger en una propuesta común, ya sea por acuerdo, ya sea por imposición de una sobre las demás. En tanto eso no ocurra, las fluctuaciones económicas habrán de persistir.” (Canitrot – 1975)

La estructura económica vigente, no permite entonces, lograr mayores ingresos para los asalariados y los jubilados, que  eliminen la pobreza y la indigencia, la informalidad laboral, los bolsones de desigualdad habitacional y la brecha educativa. Pero además, la permanencia de un importante sector informal cumple un papel decisivo en la sociedad, permitiendo que ciertos segmentos de la producción se realicen en condiciones particulares de superexplotación de la fuerza de trabajo. El trabajo infantil, los salarios más bajos para los adultos, la falta de garantías en el empleo, el bajo nivel de las jubilaciones, la falta de una educación de calidad, el pésimo servicio público de salud y el deterioro del transporte urbano, son los elementos que traducen las necesidades de supervivencia de los trabajadores y reflejan la pauperización de este sector de la población.

Las características de las políticas oficiales y los límites del modelo han demostrado que el proyecto neodesarrollista resulta ser un proyecto sin futuro. Es interesante, en tal sentido, la siguiente definición acerca del actual gobierno: “Los gobiernos “progres”, en general, combinan el clásico concepto de “bonapartismo” creado por Marx en “El XVIII Brumario de Luis Bonaparte” –es decir, la utilización del Estado como árbitro social, pretendidamente mediador entre las clases o fracciones de clases contrapuestas- con formas presuntamente un poquito más controladas, un poquito más “intervenidas”, de liberalismo económico y político. Y en algunos casos –justamente cuando admiten que “falta” y que “hay que profundizar- logran establecer lo que podríamos llamar un fuerte efecto preformativo (se dice: “vamos hacia el socialismo del Siglo XXI,” o “vamos hacia la plena inclusión social”, y muchos pueden creer que en efecto ya estamos ahí) que puede conseguir, “viento de cola” mediante un apoyo importante de masas más o menos organizadas desde el Estado. Pero ese optimismo preformativo tiene patas cortas. En algún momento, indefectiblemente, los “éxitos” bonapartistas se encuentran con el impecable descubrimiento de Marx a propósito del límite que la lucha de clases le impone al arbitraje de clase. Y entonces, para el “bonapartismo”, tarde o temprano suena la hora de la verdad: por ejemplo, si como efecto de la crisis mundial y/o local se tiene que volver a ciertas políticas de “ajuste”, y aumenta de modo importante la conflictividad  social, suele suceder que el “equilibrio” bonapartista se rompa (le sucedió al mismísimo Perón en 1973/74) y entonces ¿hacia que lado se inclinará la balanza estatal (porque el Estado, no olvidemos, es ante todo un aparato represivo)?. Es una pregunta retórica, se entiende: como si no supiéramos la respuesta. Pero es una pregunta a la cual los seguidores “progres” deberían estar atentos. Pero se prefieren facilidades dicotómicas como la de una presunta batalla cultural que en última instancia sería la del Estado versus el mercado, y dejan escapar que ambos “contendientes” están atravesados por la lógica de clase, articulada con la de una dependencia del “sociometabolismo” mundial que no ha desaparecido por arte de magia” (Eduardo Grüner-2013)

Precisamente por el agotamiento del modelo neodesarrollista, se han agudizado las contradicciones económicas y diversos sectores sociales postulan la conveniencia de incrementar el endeudamiento externo, accediendo a los préstamos internacionales, restituir acuerdos con el FMI, restringir los aumentos salariales, permitir la libertad de entrada y salida de capitales, enfriando al mismo tiempo la economía, para tratar de controlar el proceso inflacionario lo que aumentaría la participación en el ingreso de los sectores más concentrados en detrimento de los asalariados.

LAS MEDIDAS RECIENTES

El gobierno, está ingresando en una etapa donde necesita cubrir las necesidades de divisas que se han ido agotando, tanto por el pago serial del endeudamiento externo, como por las importaciones de insumos, bienes de capital, combustibles y el turismo al exterior. Va adoptando en consecuencia, las políticas recomendadas por la oposición neoliberal.

El acercamiento al FMI y las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con el Banco Mundial por un crédito de us$ 3.000 millones, a lo largo de tres años, (de los cuales el ingreso neto será de us$ 700 millones, porque el resto será utilizado para saldar deudas con el mismo banco), tuvo como condicionamiento pagar las deudas a cinco empresas que tienen sentencias firmes contra la Argentina en el CIADI. De esta forma se  ha buscando evitar mayores presiones sobre las cuentas externas y asegurar el pago de los próximos vencimientos de la deuda, con los nuevos desembolsos crediticios.

Las medidas que llevaron a este “acercamiento” con el Banco Mundial y las que se prevén con el Club de París, o a la posibilidad que los técnicos del FMI vuelvan a evaluar la economía argentina, forman parte del intento de conseguir el ingreso de inversiones extranjeras directas o facilitar el financiamiento externo a las filiales multinacionales locales. (Página 12  //   5-10-13).

Aceptar las condiciones que habitualmente imponen el FMI o el Banco Mundial, no significa otra cosa que,  “un virtual regreso al discurso noventista” (Scaletta- Suplemento Cash 13-10-13) con las consecuencias conocidas. Pero esta necesidad de mantener el flujo de divisas hacia la Argentina, deriva inevitablemente en la aceptación de los condicionamientos que suelen imponer la lógica del endeudamiento y la dependencia.

Es decir, en otros términos, que este replanteo financiero internacional  parece encarar una vuelta atrás sobre todo lo que se vino postulando en estos últimos diez años, acerca de la no ingerencia del poder económico global en la economía interna, como los que  realizan organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Con este cambio, se ampliarían aun más, las bases hegemónicas  de la dominación capitalista. En este sentido Daniel Aspiazu ya había comentando en 2008, que la Ley 26360 de Promoción de las Inversiones, “ha resultado plenamente funcional a la consolidación oligopólica de determinados grandes agentes locales y, en ese marco a la profundización del proceso de consolidación económica en el país” (Realidad Económica – Septiembre 2008)

La devaluación del 26% ocurrida a comienzos de 2014, se alinea en la dirección mencionada. Su porcentaje no satisfizo plenamente el interés de los sectores más concentrados, que pretendían una devaluación mayor, pero produjo la caída del salario real, ocasionará por otro lado,  la disminución del trabajo registrado, mientras el bloque dominante podrá continuará elevando los niveles de los precios y la tasa de ganancia.

Por lo tanto, no parece factible que el Estado pueda controlar el proceso inflacionario sin recurrir a las prácticas recomendadas por el neoliberalismo, teniendo en cuenta que el retraso cambiario como instrumento antiinflacionario se agotó con la devaluación, mientras persisten los enfrentamientos interburgueses y la aceleración del nivel devaluatorio está dirigida en sentido contrario al objetivo buscado, que fue limitar el ritmo de la inflación. También es necesario señalar que la inflación tiene raíces estructurales y no monetarias ni monocausales. Se impone entonces remover el conflicto hegemónico existente, enfrentando la dominación oligopólica y consolidando cambios profundos en la especialización productiva.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Como se ha dicho, el capitalismo opera en la Argentina a través de formas de acumulación oligopólica, acentuadas a partir de la posconvertibilidad. En los noventa se había producido la apropiación de numerosas empresas nacionales por parte de los grandes conglomerados multinacionales, con lo que se acentuó la extranjerización de la economía. Estos grupos cubren la mayor parte del espectro económico: la producción industrial, las finanzas, la distribución y la comercialización de los productos del subsuelo desplazando definitivamente, el relativo poder que otrora conservaba la burguesía nacional. En consecuencia, el capital transnacional y los grupos locales diversificados,  tratan de hegemonizar su dominación dentro del bloque de poder, pero este objetivo no lo han podido lograr integralmente, dada la heterogeneidad de sus intereses, tornando conflictiva la situación de los sectores dominantes.

Pero, algunas de las políticas implementadas desde el Estado (nacionalización de las AFJP, Asignación Universal, las paritarias, etc) perturban los mecanismos de acumulación que caracterizan al capitalismo más concentrado en una economía periférica como la Argentina. Por eso, al proceso de desarrollo monopolista le resulta contraproducente el “populismo desarrollista”, e incluso las formas de democracia representativa. Las palabras pronunciadas en Brasil, el año anterior, por el director de La Nación, Bartolomé Mitre, cuando manifestó que el país vive bajo la dictadura de los votos que a su entender “es la peor de todas”, explica claramente la posición de la élite burguesa.

Por sus propias características, los “populismos” latinoamericanos han mantenido históricamente roces con los distintos bloques de poder, sin que ello signifique cuestionar en momento alguno la dominación capitalista, pero incluyen actitudes y medidas que no resultan tolerables para los poderes fácticos de turno. El proceso kirchnerista se inserta dentro de este esquema, que refleja las diferencias entre la estructura y la superestructura en  la Argentina.

Es que la forma de acumulación monopólica requiere del funcionamiento de un mercado cuyo dominio se encuentre centrado en el perfeccionamiento de las relaciones entre productores, que se constituyen a su vez en los “consumidores más significativos del mercado”, para lograr de esta forma una expansión económica que favorezca significativamente a sus intereses.

Al mismo tiempo, para incrementar su capacidad de acumulación, le exigen al gobierno frenar las demandas reivindicativas de las masas.  Es decir, la política de redistribución que “amplia su consumo de forma ineficaz y perturbadora para el desarrollo y crecimiento económico”. Tampoco se encuentran interesados en el pleno empleo, ya que su presencia modifica las relaciones de clase en perjuicio de los intereses de la burguesía.

Tercerizan masivamente la contratación  de los asalariados, manteniendo de esta forma los altos niveles de informalidad, alrededor del 34,4% de la fuerza laboral, aproximadamente unos 4.000.000 de asalariados. Esta política es utilizada por las empresas para reducir el costo productivo y disciplinar a la fuerza de trabajo, transfiriendo los riesgos a terceros. Fracturan y dificultan la actividad gremial, al enfrentar, en muchas ocasiones, a los trabajadores en relación de dependencia con aquellos otros incluidos en este sistema de superexplotación laboral.

Por lo tanto, la integración  neodesarrollista que incluye a una parte sustancial de la burocracia sindical, estimula la desorientación ideológica de la clase obrera. Los trabajadores ven dificultada su capacidad para distinguir la defensa de sus propios intereses de los intereses de las fracciones de clases dominantes. Impide al mismo tiempo, que logren emanciparse políticamente de la tutela ideológica populista-nacionalista; es decir, que resulta ser el obstáculo más importante que encuentran los trabajadores, para combatir por sus derechos e intereses como una fuerza política autónoma.

Lideran entonces la estructura económica, los grupos industriales más concentrados y los productores y exportadores de productos primarios, tanto agroindustriales como mineros, que han originado el dislocamiento dentro del bloque de poder, relegando la presencia de los antiguos grupos nacionalistas burgueses. Este sector, ya no tiene las características de una auténtica burguesía industrial nacional (cuya existencia incluso es motivo de debate), es decir de una fracción de clase en ascenso con la capacidad de desafiar en el ámbito económico, social y político, la supremacía de los sectores dominantes, ni puede adquirir una potencialidad autónoma que les permita imponer políticas propias, ya que mantiene su carácter asociado y subordinado a los intereses monopólicos.

Los sectores más concentrados, se encuentran reunidos en la Asociación Empresaria Argentina que tienen el poder para fijar precios, cantidades y variedad de productos, mientras disputan implacablemente por el excedente. Proponen que para lograr la disminución del proceso inflacionario, que el gobierno aplique “políticas fiscales, de ingresos y monetarias”… y así aumentar “la previsibilidad, fijando reglas más claras y permanentes que le den a los empresarios más certidumbre respecto al futuro” (Jaime Campos – Presidente de AEA – Agosto de 2013.)

Estas afirmaciones del presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que reúne a medio centenar de las más grandes empresas del país (Arcor, Techint, Grupo Clarín, Bagó, Pescarmona, Grobocopatel, IRSA, etc.), facturan 200.000 millones de pesos anuales y son las encargadas de trazar la hoja de ruta de los grupos económicos, para preservar sus privilegios, en medio de la tormenta desatada por la crisis mundial. No participan de las reuniones del Consejo del Empleo, Productividad y Salario Mínimo, que es convocado anualmente por el Estado para discutir los temas laborales con otras asociaciones empresarias y el sector sindical, con lo que se han vuelto cada vez más inestables las identidades del sector patronal y su lógica de dominación.

Además, la intensificación del conflicto distributivo y el recrudecimiento de las presiones inflacionarias, ha llevado al gobierno, luego de la derrota electoral, a tratar de restablecer un cierto equilibrio macroeconómico a través de políticas “ortodoxas”. La devaluación implementada a comienzos de 2014 del 26%, pero con un acumulado desde comienzos de 2013 de aproximadamente el 35%, demostró la imposibilidad de administrar el tipo de cambio en condiciones de restricción externa, pérdida de reservas y grandes presiones de los sectores más concentrados. Con la devaluación, la inflación, la suba en las tasas de interés del 14% al 28%, la baja en los subsidios, (que en definitiva apuntan a la disminución del gasto público), los sectores asalariados y los jubilados ven perder alrededor del 15% de sus ingresos, ya que estas medidas son una herramienta de despojo de los sectores de ingresos fijos.

Como contrapartida, es necesario impulsar a futuro un salto de nivel en la transformación y regulación de la economía, hegemonizado por los sectores populares, dado que el populismo sigue siendo el recurso ideológico ideal para la difícil tarea de restaurar el orden burgués. Por estos motivos, no se han aplicado desde el gobierno, políticas transformadoras  profundas y agresivas, que puedan neutralizar el esquema de poder oligopólico y que permitan modificar la estructura productiva del país.

La lucha de clases mantiene su carácter determinante en la estructura de la organización social, mientras que la subsunción del trabajo al capital reproduce y profundiza la dominación que este ejerce sobre los trabajadores. Las formas que adquiere la explotación del capital sobre el trabajo son los elementos constitutivos de esa dominación y la antítesis capital–trabajo es la consecuencia lógica del antagonismo de clase.

Parecen pertinentes las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa cuando sostuvo que “ha habido una unión en América Latina…pero hay una restauración conservadora, todavía tenemos grandes contradicciones. Hay un avance de la derecha, una reconstitución de la derecha en el continente…y ha perdido impulso el ímpetu integrador en América Latina” Añadió que “el socialismo del Siglo XXI es el adecuado, que lucha contra inequidades centenarias, que disminuye la pobreza, con dignidad, con soberanía en nuestros países, tratando de construir la patria grande…la lucha es muy dura, pero no significa que no hay que seguir luchando” (Cochabamba-4-10-13)

En definitiva, tratar de organizar y darle permanencia a una voluntad colectiva, que permita la reformulación y transformación de los instrumentos analíticos tradicionales utilizados por los sectores dominantes, sería el paso inicial para lograr una organización de las clases subalternas que esté en condiciones de estructurar, sobre la base del consenso, políticas de carácter no capitalistas, capaces de enfrentar con éxito la hegemonía de los grupos concentrados que componen el bloque de poder.

*Alberto Wiñazky, economista, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11. –

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