En Curitiba solo se concentran ya sus seguidores más fieles, mientras que en el resto del país mandan el silencio y el olvido.
Una bicicleta estática, una televisión, un puñado de libros son su compañía diaria. Lo primero y lo segundo lo tuvieron que negociar sus abogados con las autoridades judiciales. Hipertenso y por prescripción médica, el expresidente brasileño convirtió en rutina mañanera una hora al día de bici: “Cuando superó el cáncer se enganchó al gimnasio, está mucho más en forma que yo”, nos decía hace cinco meses uno de sus asesores más íntimos que no supera los cuarenta años.
La televisión también fue una dura negociación en aquel día y medio de encierro en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Paulo. La defensa de Lula da Silva negociaba las condiciones de su entrega, y entre ellas estaba la posibilidad de instalar un aparato, para que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) pudiera ver la final del campeonato estatal de su querido Corinthians. En su primer día de prisión al menos se llevó la alegría de ver ganar a su equipo del alma. La televisión se quedó dentro de los quince metros cuadrados con baño y ventana tapiada que tiene por celda.
Pocas cosas más le han dejado. Lo que le quita la Justicia lo intenta compensar su partido con esfuerzos titánicos para mantener en pie el pilar que sostiene la sigla.
Lula da Silva entró en la cárcel acusado de corrupción pasiva y de lavado de dinero –en el marco de la Operación Lava Jato– por ser el supuesto dueño de un apartamento en la playa que le habría regalado la constructora OAS a cambio de interceder para que se firmasen tres contratos con la estatal Petrobrás. Una sentencia marcada por “fragilidades y falta de pruebas”, según un centenar de juristas nacionales e internacionales, porque hasta ahora no se ha conseguido probar materialmente que Lula fuera dueño de dicho inmueble.
Su ingreso en prisión fue igual de polémico. El juez Sergio Moro se saltó los tiempos legales y lo adelantó una semana. La actitud del magistrado añadió más leña al fuego a la teoría de la persecución política que denuncia la izquierda. Las fiestas y los encuentros privados de Moro con políticos del PSDB (el partido de oposición al PT por excelencia) no hacen más que alimentar la idea de que el encarcelamiento del petista tuviera como objetivo quitarle de en medio de la carrera presidencial cuando las encuestas le daban como favorito.
Pero la cárcel no ha sido suficiente. Las condiciones elegidas para su presa más codiciada, de quien dijo que era “la pieza clave de toda la Operación Lava Jato”, vuelven a saltarse los protocolos habituales. Moro aseguró que las medidas elegidas para Lula eran un “trato de favor” por tratarse de un expresidente. Los más cercanos al exsindicalistas hacen la lectura contraria: “Aislarle de esa manera es la mayor tortura que podrían hacer con él”.
Contra todas las expectativas el lugar elegido para pasar los doce años y un mes de condena es una habitación que se encuentra en la cuarta planta de la Delegación de la Policía Federal de Curitiba. Un espacio que nunca se había usado para encarcelar a alguien. Lula da Silva vuelve a ser una excepción para el magistrado Moro que ha decidido convertirlo en el primer preso de la Operación Lava Jato al que se mantiene completamente aislado.
Salvo por los dos guardias que hacen turnos, el exsindicalista no tiene con quien hablar. Desayuna a las 7h, almuerza a las 11h, merienda a las 15h, y cena a las 19h, solo. Siempre solo. A sus 73 años dispone de dos horas al día de luz solar y los jueves visita de los familiares. Sus abogados tienen libre acceso para visitarle siempre que quieran.
El Partido de los Trabajadores hace lo indecible para combatir la soledad de su líder. Como primera medida organizó un campamento a menos de un kilómetro de la delegación policial con la ayuda del Movimiento Sin Tierra (MST). Todos los días el de Sao Bernardo escucha un “buenos días, presidente” a las nueve de la mañana y un “buenas noches, presidente” a las siete de la tarde, que le gritan un centenar de acampados para recordarle que le queda gente ahí fuera. La plana mayor del PT pasa más tiempo en Curitiba que en Sao Paulo, donde han trasladado parte de las oficinas generales de la sigla.
Pero durante el primer mes de prisión ninguno de los pesos pesados del partido consiguió visitarle. Tampoco lo lograron el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, ni el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que permanecieron horas delante de la comisaría. Según los familiares del exmandatario, su consuelo han sido las centenas de cartas que recibió de todos los puntos del país. Otra medida organizada por el partido, que un día después de que su líder ingresara en prisión, publicaba diversos anuncios para pedir a los lulistas que le demostraran su apoyo de puño y letra: “El propio Lula nos lo pidió. Necesita del cariño de la gente, es una persona muy sociable, no tener con quien comunicarse es el peor castigo que le pueden imponer”, nos dice uno de sus amigos más cercanos que prefiere no dar su nombre.
Salvo sus seguidores más fieles, que se concentran en Curitiba, el silencio y el olvido mandan en el resto del país. Ni manifestaciones por su liberación, ni concentraciones de protesta por su encarcelamiento. Las banderas rojas de los petistas han dejado de salir a la calle entre la perplejidad y el cansancio. Callados también están quienes llevaban la agenda del expresidente: “Necesitamos más tiempo para decir algo”, repiten desde hace semanas a la espera de crear una estrategia, ahora sin la brújula que les guiaba: “Estamos destrozados”, reconocían esas mismas voces el día que Lula entró en prisión.
Sin dinero y con pocas apelaciones
El aislamiento no sólo alcanza el lado personal del exmandatario, económicamente también le han dejado acorralado. Tres días después de ingresar en la cárcel, la Justicia Federal determinó el bloqueo de sus bienes y los del presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, por una deuda de casi siete millones de euros que tendrían con Hacienda. El instituto que lleva el nombre del sindicalista cotizaba como una ONG sin fines lucrativos, hasta que el año pasado Hacienda le quitó el beneficio fiscal al considerar que algunas de sus actividades no podrían entrar en su primera definición. Les tocaba pagar los impuestos acumulados hasta entonces.
“La familia de Lula no tiene ni para la luz”, denunció Okamotto, quien aseguró que esta medida tendría “como único objetivo limitar las posibilidades de defensa del expresidente y acabar con las actividades del Instituto Lula”, según le dijo al diario Globo.
Las cuentas presentadas por el propio Okamotto le dan al Instituto Lula apenas un mes de vida. La campaña de crowdfunding para recaudar 150.000 euros –llegaron a alcanzar el 30% de la meta– no sirvió de nada porque las donaciones se hicieron por internet y las Justicia Federal también las bloqueó. El PT estudia hacer una campaña en la que se done en especie para poder sostener el brazo académico y social del expresidente, que ya ha tenido que despedir a la mitad de sus trabajadores, y al menos cinco –los más cercanos al petista– han sido contratados por el partido, quien se encarga ahora de todos los gastos relacionados con Lula.
La semana pasada sus asesores más cercanos también fueron objetivo de la justicia cuando el juez federal Haroldo Nader solicitó la retirada inmediata de estos ocho ayudantes pagados por la presidencia de la República, un beneficio vitalicio que tiene todo expresidente en Brasil. El magistrado argumentó que al estar en prisión no necesitaría ni de seguridad –cuatro de esos trabajadores pertenecían a esa área– ni de asesores por no ejercer ningún tipo de actividad.
Las malas noticias se le acumulan en el plano judicial después de que en el último mes el Supremo Tribunal Federal (STF) le denegara tres habeas corpus. Esta semana la ONU rechazó la medida cautelar que presentaron los abogados de Lula en la que pedían que el expresidente permaneciera en libertad hasta que se le agotaran todos los recursos legales. La buena noticia –al menos en el plano simbólico– es que el Comité de Derechos Humanos la ONU sí ha confirmado que investigará las denuncias interpuestas por la defensa que alegan “vulneración de las garantías fundamentales del reo”.
Candidato hasta las últimas consecuencias
Ni la soledad, ni la cárcel, ni la condena a doce años y un mes de prisión, ni la falta de recursos han hecho cambiar de idea a Luiz Inácio Lula da Silva. Pese a todo, quien fuera dos veces presidente de Brasil (2002-2010), volverá a ser el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de octubre de 2018. El exmetalúrgico de Sao Bernardo y sus más allegados lo tienen claro; su candidatura, más allá de lo plausible, se vive como un acto simbólico con el que defender su inocencia: “La principal tarea del PT es luchar por su libertad y por el derecho del pueblo brasileño de votar a su mayor líder”.
El aislamiento y el silencio mediático no han evitado que Lula se mantenga todavía como favorito con un 20% de los votos, siete puntos menos que antes de entrar en prisión. El domingo 27 de mayo el PT presentará oficialmente su precandidatura a la presidencia de Brasil en cada ciudad brasileña en la que el partido está organizado, así lo solicitó el propio Lula: “No importa si en cada acto hay cinco, diez personas o quinientas, lo que importa es la suma de todos los brasileños que vayan a dejar claro que Lula es su candidato. Él no busca un indulto sino que reconozcan su inocencia”, ha dicho Wadjh Damous, uno de los letrados que lo defiende.
Los principales medios brasileños solicitaron verlo en prisión ahora que comienzan las primeras rondas de entrevistas con los precandidatos, pero la Policía Federal –quien se encarga de determinar quién puede tener acceso al exmandatario– les denegó el permiso. También le ha sido denegada la petición que hicieron sus abogados de permitir que un representante escogido por Lula pudiera participar de los debates televisivos de la campaña.
Lula da Silva tiene hasta el 15 de agosto para inscribirse como candidato presidencial. A partir de esa fecha entra en juego el papel del Tribunal Superior Electoral (TSE) que muy probablemente le prohibirá su participación en los comicios por tratarse de un condenado en segunda instancia. En ese caso, a menos de un mes de las elecciones, el PT tendrá que pensar en el plan B que hoy se niega a poner sobre la mesa.