ADRIANA PUIGGRÓS * El debate sobre la educación superior
En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1 de marzo, la Presidenta de la Nación anunció que el corriente «también será el año donde deberemos sancionar una nueva Ley de Educación Superior, un viejo compromiso que tienen las instituciones en la Argentina».
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación incluyó en su temario del nuevo año legislativo la discusión sobre la posible derogación de la actual Ley 24.521 y el dictado de una norma que la sustituya. La primera decisión fue que una amplia consulta precediera el tratamiento de una nueva legislación. Para ello se constituyó una subcomisión integrada por diputados de todos los bloques que elaboró una agenda de reuniones con la comunidad de la educación superior y superior no universitaria y con la sociedad en general. La Comisión respectiva del Senado realizó también actividades de consulta.
Entre abril y agosto de este año, se realizaron más de sesenta reuniones a las cuales concurrieron, entre otros, autoridades de organismos nacionales de educación superior y representantes del sector universitario privado, docentes y directivos de Institutos Terciarios; representantes de Institutos universitarios, incluídos los de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, autoridades de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA Terciarios, FAGDUT, SADOP, UDA, FEDUN y ADUBA; representantes de COFECYT, CONICET, INTA, CNEA, CONAE e INVAP; y autoridades de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y representantes de diversas fuerzas políticas universitarias, con numerosas asociaciones profesionales.
El 5 y 6 de septiembre la comisión de Educación de la HCDN inauguró una inédita forma de trabajo que consistió en constituirse en la Universidad Nacional de Córdoba, donde recibió a autoridades y representantes de los diversos sectores de la comunidad de educación superior y de organizaciones sociales
de las cinco provincias de la zona centro y oeste del país. De la misma manera que en Córdoba, la comisión de tiene programadas reuniones en la Universidad de Salta para las provincias del noroeste; el litoral, en Rosario y finalmente se encontrará con la comunidad de la educación superior patagónica.
A esta altura de la consulta podemos afirmar que el debate sobre la educación superior ha pasado el umbral de la crítica para ingresar en el terreno de las propuestas. Once proyectos de Ley tienen estado legislativo. Numerosos documentos han llegado a la Comisión elaborados por autoridades universitarias, agrupaciones de estudiantes, docentes, graduados y trabajadores de apoyo, organizaciones profesionales y sociales, que fueron puestos a consideración de la sociedad en la página WEB de la HCDN1. En la misma página pueden encontrarse las transcripciones taquigráficas de las reuniones de la comisión con invitados.
Las posiciones sobre educación superior en América Latina
Antes de sintetizar los consensos y disensos encontrados en la consulta de referencia, haré una reflexión personal sobre las diferentes posiciones actuales en la región. Ante todo debe tomarse conciencia de que el neoliberalismo ha instalado en América Latina una gran feria de la educación superior, donde la compra –venta de currícula, asesorías, cursos, seminarios, servicios tecnológicos, de evaluación y hasta acreditaciones y títulos llega a niveles inimaginables para aquéllos luchadores de la gesta de 1918. La
situación es realmente antagónica con la vida de una universidad al servicio del pueblo y de la Nación o, al
menos, tan sólo democrática.
Un uso arbitrario del concepto de autonomía lo redefinió en la práctica como autonomía de mercado. Esta mercantil concepción de la educación superior es enunciada mediante un discurso compuesto por los términos de un glosario que, más que una moda, se ha convertido en lenguaje sectario, de uso cercano a lo obligatorio en instituciones, organismos internacionales, clases para pedagógos y futuros docentes, libros de pedagogía y sobre todo planes que requieren financiamiento. Términos de ambigüo significado componen dicho glosario: eficiencia, eficacia, calidad, equidad, «aquantabitity», competitividad, innovación, evaluación, pertinencia. Se trata de la versión pedagógica del «pensamiento único».
Otras posturas defienden la universidad tradicional sin advertir que la educación superior se ha masificado, debe crecer, cuenta con una diversidad de instituciones y demanda soluciones sistémicas que otorguen un lugar decisivo a la investigación científica y tecnológica y a la relación con el medio social.
Finalmente, debe prestarse especial atención a quienes definen la «pertinencia» como la obligación de la
educación pública superior de adecuarse a las necesidades, interpelaciones y planes de desarrollo de los
pueblos que la sostienen. La «responsabilidad social» es un enunciado que comenzó a ocupar lugar en las
definiciones sobre las universidades y la extensión de su autonomía.
Ese concepto es un importante punto de partida para discutir en profundidad la naturaleza de los lazos de esas instituciones con los gobiernos y con las sociedades. En el mercado educativo se agrega el término «globalizada». La «responsabilidad social globalizada» de las universidades tuerce su orientación hacia los intereses mercantiles transnacionales y la Organización Mundial del Comercio, que considera a la educación superior un bien transable.
Urge compartir y debatir en espacios democráticos de la región pensamientos, propuestas y experiencias
dirigidas a cimentar reformas de la educación superior que tengan en un espíritu latinoamericanista popular y democrático, como en 1918, y bases organizativas, programáticas y presupuestarias adecuadas a las interpelaciones del siglo XXI.
Consensos y disensos del debate actual
El núcleo central de las opiniones se refiere a la ubicación de las universidades públicas respecto al Estado en su conjunto y su relación con la sociedad, partiendo del reconocimiento casi unánime de la autonomía
(que tiene rango constitucional, junto con la autarquía) como una característica de nuestro modelo de universidad, así como de la necesidad de vincular a la universidad con el proceso de desarrollo económico y social y mejorar la «calidad» de la enseñanza y el aprendizaje. En mi opinión, para llenar de contenido esos términos deben considerarse los siguientes factores: la decisión política de impulsar el desarrollo con justicia social; el cumplimiento de la obligatoriedad del nivel secundario, establecido por la Ley 26.206 en el mediano plazo y el consiguiente aumento de la demanda de educación superior; la elevación de los requerimientos de formación y capacitación para la obtención de empleos; los cambios internacionales en el tipo de saberes básicos e instrumentales que imparten las instituciones de educación superior.
En la reunión realizada en Bolonia en 2002, la Unión Europea eligió reformar sus universidades con una lógica acorde con la clasificación de la Organización Mundial del Comercio (OCDE), que establece a la educación superior como bien transable. No es la única solución posible y, menos aún, lo es en el marco de una política de recuperación nacional que no pretende reducirse al plano económico sino que aspira a impactar en la cultura, tan venida a menos en la Argentina de las décadas recientes. Nuestra actual organización político educativa es una maquinaria de desacreditación de las miles de personas que pasan por sus aulas sin alcanzar los títulos de «Míjo el dotor», pues el sistema no les reconoce los saberes adquiridos pese al ingente esfuerzo propio y del Estado. Hace a la dignidad de muchos argentinos, a la valorización de la cultura que adquirieron y de su capacitación laboral, construir un verdadero sistema de educación superior fundamentado en una pedagogía del reconocimiento, que esté en condiciones de recibir y formar con excelencia a los jóvenes en todas las modalidades, áreas y niveles de la educación superior.
La política de redistribución de la riqueza que ha encarado el Gobierno Nacional se dirige también al reparto más justo de los bienes simbólicos, lo cual exige poner la planificación estratégica en el tope de las políticas educativas. Una de las claves para lograrlo es que un solo cuerpo legal incluya a todas las instituciones
de educación superior, arbitrando medidas para la superación de las disparidades y desigualdades del sector social y zona de proveniencia y de calidad de la enseñanza. Me refiero a la diferencia de status entre los institutos de educación superior(o terciarios) y las universidades, que tradicionalmente ha re-marcado las diferencias de clase.
La mayoría de los institutos forman docentes y una parte menor técnicos, artistas y especialistas de las fuerzas armadas y de seguridad. En pocos casos sus enseñanzas son reconocidas por las universidades. El hecho es que no alcanzan los convenios parciales y voluntarios de algunas universidades con algunos institutos para atender la demanda de la mayor parte de los jóvenes, que reclaman instituciones de educación superior accesibles desde su lugar de residencia, que otorguen «créditos» por materia o área del conocimiento que les sean reconocidos por todas las instituciones y les permitan una amplia movilidad.
Esa movilidad inter institucional y entre carreras o áreas es condición para salir de la lógica profesionalística a la antigua e ingresar en un terreno donde la educación, la investigación y la transferencia de conocimientos se adecue a la realidad.
Parte de esa realidad es la explosión de una demanda novedosa de universidades locales, que se expresa desde distritos y comunidades de todo el país. Son solicitudes que deben leerse como requerimientos sociales que, lejos de ser atendidos mediante soluciones casuísticas o ignoradas, requieren de una normativa que responda de manera sistémica.
Con respecto a las diferencias que hemos observado en las reuniones mantenidas con los diversos sectores de la comunidad educativa, la más importante consiste en impulsar una ley de educación superior o una ley que sólo sea Universitaria. En referencia al gobiernos de la Universidad se plantea la integración de los órganos de cogobierno de las instituciones de Educación Superior en donde, centralmente, las organizaciones estudiantiles proponen variar el porcentaje de representación favoreciendo su propio claustro igualándolo al menos al de los docentes.
También se discute sobre la incorporación del claustro no docente con voz y voto en los órganos del cogobierno. Esto está propuesto por una amplia mayoría pero los documentos que proponen mantener la actual situación (como máximo reconocerles el derecho a participar con voz pero no con voto) son de profesores y rectores. Por último, la discrepancia establecida entre las propuestas más tradicionales (liberales) del radicalismo universitario en donde proponen a los concursos como la quintaesencia de la transparencia y la calidad, y lo que impulsan las propias organizaciones gremiales docentes que distinguen entre el acceso al cargo (por concurso) y la permanencia (que la proponen como una carrera docente, con instancias de evaluación pero donde prima la idea de continuidad y estabilidad laboral).
En función de las grandes líneas, me parece que es esto lo que habría que decir. Luego hay tan innumerables variables respecto a cuestiones menores de la administración y demás, que la idea es que la ley no hile tan fino y que deje margen a las propias Instituciones de la Educación Superior para que decidan en sus propios Estatutos o normas jurisdiccionales respetando las particularidades, tradiciones y perfiles que hayan definido y adquirido en el tiempo.
Nuestra región precisa conformar una masa crítica de técnicos, profesionales, tecnólogos e investigadores
que aporten conocimiento al presente y al futuro.
Con celeridad, debería organizarse la red de educación superior del MERCOSUR, para lo cual no alcanzan los acuerdos bilaterales entre universidades, si la región pretende pararse con perfil propio en el terreno internacional, entendiendo que la institucionalidad de la transmisión, circulación, producción y difusión del conocimiento son decisiones soberanas de las naciones que comprenden los derechos de los ciudadanos.
* Presidenta de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Notas
1 www.hcdn.gov.ar, link Composición, link, comisión de Educación.