Alberto Wiñazky*
En medio de la incertidumbre provocada por la crisis económica y dirigencial presente en los países desarrollados y que ha ocasionado una desocupación del 9% en U.S.A.y 10,2% en promedio en la eurozona, es importante que en nuestro país, se implementen diversas medidas que puedan enfrentar las consecuencias de esta situación y permitan organizar y potenciar los cambios económicos y político-ideológicos para así obtener una mejor distribución de la riqueza con un desarrollo inclusivo y sustentable.
Retomando algunos conceptos ya expresados en una nota anterior, se puede afirmar que los gobiernos kirchneristas han tomado a lo largo de sus mandatos algunas medidas, tanto en el ámbito económico como en el social, que han representado avances para los intereses populares y han tenido un alto impacto sobre el conjunto de la sociedad argentina.
En materia económica se aprobaron, entre otras, la reestructuración del endeudamiento externo, el pago al FMI, la eliminación de las AFJP y la estatización de los aportes jubilatorios, la realización de paritarias, el Plan Estratégico Industrial 2020, el rechazo a la aprobación del ALCA, la drástica disminución del flagelo de la desocupación y se produjo una relativa mejoría en la distribución del ingreso.
También fueron medidas de singular importancia la lucha por los derechos humanos, la instauración de los juicios a los represores de la dictadura militar y la asignación universal por hijo y madre embarazada, tendientes a recuperar un alto nivel de escolaridad y un completo plan alimentario para la niñez, la ley que prevé la fabricación de medicamentos y vacunas en laboratorios estatales y la ley de medios audiovisuales.
Pero ante el importante porcentaje de votos obtenidos por el Gobierno el 23 de octubre se ha abierto la posibilidad de comenzar el debate sobre las políticas que aún se encuentran pendientes y que no se resolverán “profundizando el modelo”, sino poniendo en discusión algunos de sus pilares fundamentales, para de esta forma convertirlos en una verdadera alternativa popular.
Por ejemplo, en materia de seguridad social, queda por resolverse la restitución del nivel de los aportes patronales que descendieron de un promedio del 32,9% de las remuneraciones brutas en 1993 al 17,7% en el 2000 y el empleo no registrado, que es del 25% en la ciudad de Buenos Aires, pero del 42% en el interior del país. (SEL Consultores), mas el alto nivel de pobreza (22.9%) y el de indigencia (6.1%) CIFRA.
En cuanto a la industrialización, esta debe conformar todavía un salto cuantitativo en su desarrollo, dando preferencia al conocimiento técnico para que no continúe siendo una actividad subordinada a la producción y exportación de productos primarios, sector que entre los años 2002 y 2010 solo contribuyó con el 15.3% al crecimiento del país, poniendo en evidencia su incapacidad para lograr un proceso de desarrollo sustentable en el largo plazo.
El desarrollo tecnológico permitirá intensificar la formación de las cadenas de valor para diversificar el aparato productivo. La implementación de esta medida revelará la posibilidad de cambiar los viejos paradigmas del modelo sustitutivo, reemplazándolo por una estructura económica articulada y más estable, generando más trabajo complejo, con una inserción diferente en la división internacional del trabajo.
Asimismo, resultará decisivo disciplinar al capital, para que garantice el cumplimiento de los lineamientos de la gestión estatal impidiendo la fuga de capitales, incluyendo en esto las remesas de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices, (por la repatriación de los beneficios de las empresas multinacionales, se giraron al exterior entre 2003 y el 2010 usa 32.794 millones). Este accionar se ha intensificado durante este año (si bien es una práctica habitual de los sectores monopólicos y oligopólicos), por la crítica situación existente en el mundo desarrollado. Al mismo tiempo, es necesaria una política orientada a la reinversión local de las utilidades obtenidas por estos sectores en el proceso productivo.
Estas acciones podrían acelerar el desarrollo de las innovaciones en el sector industrial (tanto en productos como en procesos), moderando los desequilibrios regionales e incrementando la productividad del capital y la competitividad internacional produciendo un importante giro hacia el conocimiento.
Pero este cambio en el sector productivo y tecnológico, de gran impacto en la estructura industrial, no sería posible mientras este sector esté controlado por empresas multinacionales extranjeras y por los grupos económicos locales. Para contrarrestar esta situación sería necesario la creación y el desarrollo de empresas sociales de propiedad pública, que al mismo tiempo, permitirían disminuir el peso del capital extranjero en la cúpula empresarial.
Por otro lado, la exportación de productos agropecuarios se encuentra oligopolizada por un conjunto de empresas extranjeras y algunas nacionales como Cargill, Dreyfus, ADM o Bunge. La presencia del Estado, regulando y controlando esta actividad, permitiría evitar que la totalidad de los beneficios de la comercialización de granos y carnes se radique en el exterior o se oriente hacia el mercado financiero.
También, es necesaria una reforma financiera que modifique la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Entidades Financieras, y que imponga restricciones al movimiento de capitales especulativos que favorecen la inflación. Permitiría disciplinar a las fracciones del capital dominante dado “que la inflación es el principal instrumento que utilizan los sectores dominantes para neutralizar la participación de los trabajadores en el ingreso” (E.Basualdo, Sistema Político y Modelo de Acumulación).
De la misma forma, es forzoso implementar una amplia reforma fiscal, que permita transformar la regresiva estructura tributaria que deja sin gravar la renta financiera y las ganancias extraordinarias, y que permitiría ampliar la base de los recursos del Estado para ser utilizados en la realización de obras de infraestructura
De igual modo, se encuentra pendiente de cambio la situación de las empresas de servicios públicos, en cuya operación privatista coincidieron inversores tanto nacionales como extranjeros, quienes concordaron que estas empresas deberían someterse a las leyes del mercado y “no depender de la acentuada ineficiencia estatal”. Este tema deberá resolverse dentro de un plan estratégico de recomposición del capital nacional.
Otro capítulo a revisar tiene que ver con el petróleo y la minería. Ambos casos reconocen la herencia menemista, que no ha sido modificada en los últimos ocho años de gobierno. YPF fue la principal empresa privatizada en el proceso privatista y se convirtió en un hecho emblemático, dado que reflejó la enorme desintegración económica ocurrida en este período. En cuanto a la minería, las concesiones otorgadas han sido escandalosas, ya que las empresas cuentan, entre otras ventajas, con la llamada estabilidad fiscal que permite que por treinta años tengan enormes exenciones impositivas.
La reciente medida tomada por el Gobierno, donde se estableció la obligatoriedad del ingreso al mercado cambiario de la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones de las petroleras, de las gasíferas y de la minería, es muy importante, pero obviamente no resuelve el problema de fondo existente en este sector productivo.
El desafío hacia delante para el estado es, en definitiva, recuperar una sociedad mas justa e inclusiva, implementando un amplio abanico de políticas públicas que abarquen a vastos sectores de la población aún marginados, eliminando la pobreza y la indigencia y sobre todo atendiendo a la existencia de trabajadores y jubilados en situación de pobreza estructural, a los desempleados con difíciles posibilidades de reinserción laboral y a todos aquellos que se desempeñan en actividades informales de muy baja productividad.
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Este conjunto de medidas, no permitirá que la Argentina se desconecte del sistema capitalista mundial, que atraviesa una situación económica altamente complicada. Pero a pesar de tratarse de un Gobierno sumido en una estructura clasista y que no cuenta con un partido propio que le permita organizar y potenciar los cambios económicos y político-ideológicos que debería llevar adelante, podría construir nuevas alianzas sociales para que la distribución de la riqueza sea más igualitaria, conformando una sociedad con un desarrollo más inclusivo y sustentable y con una mayor integración local de la producción, permitiendo al mismo tiempo la consecuente potenciación del mercado interno.
*ALBERTO WIÑAZKY, economista, miembro del Consejo Editorial de la Asociación Civil-Cultural y Biblioteca Popular Tesis 11.