LOS TESTIGOS DE LA INFAMIA.

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Ernesto Halabi*

Ante el lector un listado de aquellos “servidores públicos” que en la era menemista entregaron nuestra soberanía jurídica a manos de CIADI, tribunal dependiente del Banco Mundial.

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados conocido como CIADI, fue adoptado en Washington en 1965, y ratificado por nuestro país por la  Ley  24.353 que entró en vigor el 18/11/1994. Es un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, creado para resolver controversias  relativas a inversiones y sus laudos son obligatorios para las partes, tienen fuerza ejecutoria y no admiten la revisión en ninguna instancia posterior. Con esa ratificación la Argentina delegó en el CIADI la soberanía jurídica en materia de cuestiones económicas.
Pero es bueno aclarar que esa ratificación suscripta en la década menemista es claramente inconstitucional, por cuanto nuestro país, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, por ley 23.054 del 5/9/84 había formulado una clara reserva al art. 21 de la misma que decía: “El Gobierno Argentino no acepta someter cuestión económica alguna a Tribunal Internacional”, la que tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.
Pese a esta clara disposición numerosas empresas de capital extranjero -más de 30- se ampararon en ese tratado para demandar a la Argentina por la pesificación y el congela- miento de las tarifas reclamando indemnizaciones cercanas a los 17 mil millones de dólares.
Pero el motivo de esta nota es hacerles conocer algunos de los personajes que testimoniaron ante el CIADI, en su rol de profesionales “independientes”. Muchos de ellos fueron ministros, secretarios de estado, asesores e incluso jueces y todos ellos ocuparon cargos clave durante el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos en la era menemista. Intervinieron en la elaboración de los pliegos, fijaron los cánones, concretaron las ventas, diseñaron los marcos regulatorios legales e hicieron las modificaciones normativas que se introdujeron en los  años posteriores.
Veamos los nombres y ocupaciones de estos esforzados “servidores públicos”
ABDALA,Manuel:. Durante la década del ’90 asesoró a la Secretaría de Energía en el armado del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE),fue consejero económico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Enargas, le puso  precio a la compañía telefónica de Entre Ríos para ser  privatizada, participó en la reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica e intervino como  consejero económico en la  privatización de Yacyretá. Ahora, entre abril de 2002 y febrero de 2005 testimonió 14 veces ante el CIADI propuesto como testigo experto por las empresas francesas Suez (Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba y Aguas Cordobesas) y Electricite (Edenor), las españolas Telefónica y Gas Natural Ban y las norteamericanas AES,  Enron (TGS), Pan American  Energy y El Paso, entre otras. Su trabajo consistió en evaluar las “pérdidas” de las compañías a raíz de la pesificación y  congelamiento de tarifas.
ARRIAZU, Ricardo: Durante la  última dictadura militar, fue asesor del Banco Central  que presidía Adolfo Diz y también asesor del Ministerio de Economía y director ejecutivo  alterno del FMI representando a la Argentina. Ahora declaró como testigo experto de la  Electricite de France (controlante de Edenor) en la causa que esa multinacional le inició al  Estado.
BASTOS, Carlos Manuel: De la mano de Domingo Cavallo, en abril de 1991 fue designado Secretario de Energía, siendo responsable del planeamiento, definición y ejecución de las políticas públicas en ese sector. Tuvo un papel protagónico en la privatización de YPF, Segba y Gas del Estado. En octubre de 1996 renunció a su cargo y se refugió en su consultora privada hasta que en  marzo de 2001 fue designado por de la Rúa como ministro de Infraestructura y Vivienda hasta el estallido de diciembre de 2001. Ahora se presentó como testigo en las demandas de las norteamericanas AES International (con tres distribuidoras y ocho generadoras eléctricas) y El Paso Energy (controlante de la generadora Capex). Allí detalló qué garantías tenían esas empresas y cómo éstas fueron vulneradas por el Estado, ya que él no es un testigo cualquiera, porque sus  conocimientos acumulados en la gestión pública están al servicio de esas empresas que demandan a la Argentina.
BIANCHI, Alberto: En 1992 elaboró el marco regulatorio y documentación contractual para la privatización de Obras Sanitarias de la Nación. y en 1995 asesoró en la privatización de Obras Sanitarias de Santa Fe. Más tarde fue asesor legal de la Comisión Nacional de Comunicaciones (1997- 1999) y colaboró con Rodolfo Barra en los planes para posibilitar la re-reelección  frustrada de Menem. La empresa Electricite de France lo citó a declarar como experto en el juicio contra Argentina.
BOSSERT, Gustavo: Entre los antecedentes de Bossert se destaca de manera excluyente haber sido designado en la era menemista (1994) miembro de la Corte Suprema de Justicia a la que renunció recién en 2002. Estando todavía tibia la silla que ocupó en la Corte, no sintió molesta ética en ser contratado por Siemens para decirle al CIADI que era el tribunal adecuado para resolver el pedido de esa empresa por el famoso asunto de los DNI. El Dr. Bossert, experto en derecho de familia, opinó como si fuera procesalista o experto en estadísticas y se explayó sobre lo lenta que es la justicia argentina, que lo es, por supuesto, pero como en cualquier país del mundo con procedimiento escrito.
MAC LAUGHLIN, Alfredo: Fue asesor del ex ministro Cavallo, desde marzo de 1991 y en ese carácter tuvo intervención directa en los programas de privatización de las empresas estatales de electricidad y de Gas del Estado. También se desempeñó como consultor de la Secretaría de Finanzas, integró el directorio del Banco Hipotecario, y fue secretario de  Economía de la municipalidad de Buenos Aires y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad es miembro del directorio de la Bolsa de Comercio y de varias empresas privadas. La empresa norteamericana LG&E lo presentó como testigo experto en la demanda formulada contra el Estado por 268 millones de dólares. En su testimonio afirmó que “LG&E me ha pedido que atestigüe sobre la estructura de dichas privatizaciones y los fines perseguidos por el Gobierno en las mismas”. 
 MAIRAL,Héctor: Fue director nacional de Comercio Exterior (1961-1962) y asesor legal del Ministerio de Economía en el Servicio de Promoción de Inversiones Extranjeras (1968- 1969). En la década menemista, asesoró al Estado en la venta de YPF y en las concesiones de Gas del Estado y Entel. En la actualidad es profesor titular de la cátedra de Derecho Administrativo en la U.B.A. Ante el CIADI declaró como experto en la demanda iniciada por las empresas Sempra y Camuzzi. contra la Argentina.
MARTINEZ CHRISTENSEN, Amalia: Fue asesora del ex ministro Cavallo durante la renegociación de la deuda que culminó con la firma del Plan Brady en 1992. También fue asesora del directorio del Banco de  la Provincia de Buenos Aires y directora del Banco Central, designada por de la  Rúa, entre 2001 y 2002. Ahora declaró como testigo experta a pedido de la empresa chilena Enersis en el  juicio contra Argentina.
MIGUENS, Pedro Alfredo: En el Poder Judicial se desempeño como secretario letrado de la Corte Suprema de la Nación en 1976 y luego, desde 1980 hasta 1994 fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Fue citado por la empresa Telefónica para testimoniar como experto.
MONTANAT, Daniel: Fue director de Gas del Estado entre 1985 y 1987, director y luego  presidente de YPF entre 1987 y 1989. Más tarde asesoró a empresas energéticas, hasta que en 1999 fue convocado por de la Rúa para hacerse cargo de la Secretaría de Energía, donde se desempeñó hasta el año 2000. La empresa norteamericana de energía El Paso Energy (Capex) lo presentó como testigo experto en la disputa que mantiene con Argentina.
PERKINS, Patricio: Fue designado en 1991 como director ejecutivo del Proyecto de Privatización de Gas del Estado. En tal carácter, lideró el proceso a través del cual esa empresa estatal fue dividida en diez compañías  privadas (ocho distribuidoras y dos transportistas). Entre 1995 y 1999, se desempeñó como presidente del  directorio de Aguas Argentinas. También fue miembro  del directorio de YPF (1995-2001) y presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos (1997-1999), entidad integrada por compañías de teléfono, agua, electricidad y gas natural. Testimonió s pedido de las empresas estadounidenses CMS (accionista de Transportadora Gas del Norte) y LG&E (accionista minoritaria de Gas Natural). En sus presentaciones define su opinión como “independiente e imparcial” y agrega que  “desearía recalcar el hecho de que no tengo ninguna afiliación política y que las opiniones vertidas en  este testimonio son exclusivamente profesionales”.
SPILLER, Pablo: Si bien es uruguayo, en 1998 fue  asesor del Estado argentino en la renegociación del contrato de concesión de Aguas Argentinas y miembro del Comité de selección del presidente del Enargas. En 1997 asesoró al Ministerio de Economía en la privatización del Correo y en 2000 fue consultor de la Secretaría de  Energía. Testimonió para las mismas  multinacionales que Abdala, de quien es socio en la consultora LECG.

Los que integran este listado infame argumentan que testimoniaron a pedido de las empresas en su rol de profesionales “independientes” sin violar disposiciones legales. Es claro que ninguno de los poderosos estudios de abogados que patrocinan las causas contra Argentina los hubiera invitado a declarar sin antes asegurarse de que su opinión sea funcional a los intereses de las compañías que defienden ante el CIADI, puesto que es evidente que trabajan para ellas. Ayer fueron funcionarios públicos y hoy juegan para el equipo rival, en ambos casos con el mismo objetivo, defender los intereses de las grandes empresas en una disputa que le puede llegar a costar al país cerca de 17 mil millones de dólares.

*Dr. Ernesto Halabi
Abogado, Docente Universitario

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