Declaración de Tesis 11

MACRI Y SU PROYECTO

Análisis de las consecuencias que tendrían algunas medidas principales del proyecto de Macri en las condiciones de nuestro país y del mundo, basándonos en sus declaraciones públicas y de sus colaboradores, en posiciones del PRO en el Parlamento y en su gestión de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

LO QUE ESTA EN JUEGO.

La que viene no es una elección más. Esencialmente está en juego cómo se distribuye la riqueza que se genera en el país, a manos de quienes va. Esto a su vez depende de si la política gubernamental impulsa el rol central del Estado como regulador, en defensa del interés de los sectores más populares, o si se reserva para el mercado el poder fundamental de las decisiones. Pero el mercado sin regulación estatal es dominado por el capital concentrado, mayoritariamente en manos de multinacionales.

LIBERACION DEL MERCADO CAMBIARIO

Para resolver limitaciones por insuficiencia de divisas, algunos referentes económicos del PRO, como Broda, Espert y Melconián, dijeron que liberarán al mercado la cotización de las divisas, sin regulación gubernamental.

Argumentan que al subir el precio de las divisas frente a los costos internos, mejorarían las ganancias y la competitividad y con ello la capacidad exportadora.

Sin embargo, el mundo atraviesa una profunda crisis, que ha deprimido los precios internacionales de los productos primarios y la capacidad de compra de todos los países, incluidos nuestros principales clientes. No es que no podamos vender. Nos compran lo que pueden y a los bajos precios actuales.

A su vez, una megadevaluación generaría de inmediato el traslado a precios, alta inflación y necesidad de nuevas devaluaciones para corregir el renovado atraso cambiario, entrando en un conocido círculo vicioso.

La devaluación generaría un traslado masivo de ingresos a favor de los grandes exportadores: cerealeras, aceiteras, grupos industriales oligopólicos (Techint, Arcor, etc.), bancos, grupos financieros y grandes tenedores de divisas y valores cotizados en divisas. Esta formidable transferencia saldrá de los que viven de un ingreso fijo, de capas medias y de empresarios del campo y la ciudad que producen para el mercado interno. Si el poder de compra real de la población se achica, se comprimirá el mercado interno y miles de empresas desaparecerán y generarán alto desempleo.

La caída del salario real que se provocaría perjudicaría a la gran mayoría de la población y solo beneficiaría al gran capital concentrado.

TERMINAR CON EL “CEPO” CAMBIARIO

Liberar la compra de divisas agravaría la transferencia al exterior de las ganancias del capital más concentrado, acentuando la denominada “fuga de divisas”.

Para poder sostener la fuga de divisas se recurriría al endeudamiento externo, para lo cual se requeriría arreglar con los fondos buitres, pero en condiciones de mayor debilidad al estar apremiados por la necesidad de tomar préstamos en el mercado financiero mundial.

El incremento del endeudamiento externo generaría el aumento exponencial del pago de intereses en el presupuesto nacional y necesidad de tomar más deuda, como ya hemos conocido.

LIBERAR EL COMERCIO EXTERIOR.

Es lo opuesto a la decisión latinoamericana cuando en el 2005 le dijo no al ALCA. A través de la apertura económica y de los tratados de libre comercio (TLC) se argumenta el supuesto efecto beneficioso de la competencia internacional para mejorar la tecnología y la eficiencia productiva local. El mismo argumento de la “revolución productiva” del menemismo.

Nuevamente el resultado sería la destrucción de la industria, que no podría competir sin protección del mercado interno, obligando al cierre de empresas y a la pérdida de puestos de trabajo. La desocupación debilitaría la capacidad negociadora de los trabajadores, favoreciendo el deterioro del valor real del salario y por tanto del mercado interno.

Hemos vivido ya estos problemas y los padecen otros países como México, desde que se integró al NAFTA, con EE.UU. y Canadá.

ELIMINAR EL DEFICIT FISCAL Y LA INFLACIÓN

Los economistas neoliberales vinculan directamente la inflación con el gasto público y la emisión monetaria. La insistente difusión de este criterio a través de los medios de difusión hegemónicos ha naturalizado este concepto como una supuesta verdad.

La consecuente disminución del gasto público afectaría el presupuesto para educación pública, salud, vivienda, subsidios a los combustibles, a las tarifas de los servicios públicos y otras vías por las que se incrementa indirectamente el poder de compra de los ingresos del grueso de la población. El gasto social redistribuye progresivamente el ingreso nacional, genera más consumo y al aumentar la demanda incentiva indirectamente la inversión, el empleo y la producción.

La restricción del gasto público podría también afectar la muy importante política estatal de inversión en ciencia y tecnología y de repatriación de científicos, una de las bases para nuestro desarrollo futuro.

Hay que recordar, como antecedente, que el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires redujo los porcentajes presupuestarios de educación, salud, viviendas y cultura.

En realidad la inflación la generan los grupos oligopólicos al estar en condiciones de aumentar permanentemente los precios por encima del aumento de sus costos, cuando hay una demanda solvente producto de políticas estatales de crecimiento económico con inclusión social. Pero ante ello, lo que se impone es una regulación estatal e impulsar la participación ciudadana en la lucha contra este problema y no una disminución del gasto social.

El ajuste se completaría con la suba de la tasa interna de interés lo cual, aseguran, atraería importantes inversiones del exterior. Pero esto en condiciones de una política recesiva, no traería sino capitales golondrina especulativos, para canjearlos por pesos en un mercado cambiario liberado, invertir ese dinero en plazos fijos, volver a convertirlos en dólares y sacarlos del país con ganancias exuberantes en divisas. Lo que ya sucedió por ejemplo en los 90.

También se intensificaría la compra de empresas locales, a bajo precio, debido a un tipo de cambio elevado, aumentando la desnacionalización y oligopolización de nuestra economía.

Todo esto completaría un marco más propicio para transferir más riqueza al exterior, sea como dividendos o como intereses, con consecuencias de menor justicia social, más dependencia económica y menos soberanía política

TERMINAR CON EL SUPUESTO “CURRO DE LOS DERECHOS HUMANOS”

Esto dijo Macri hace poco tiempo. Para Macri y para lo que él mismo denominó como el “círculo rojo” “no hay que mirar para atrás”.

No son frases improvisadas al pasar. Días atrás, cuando se discutió en el Congreso Nacional la constitución de una comisión parlamentaria para que investigue la responsabilidad de sectores civiles en la promoción de la dictadura genocida de 1976, en el dictado de sus políticas y en el usufructo de los beneficios que de ellas se derivaron, todas las bancadas votaron a favor, salvo la del PRO.

En coincidencia con ese voto, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la dirección de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo más concentrado del empresariado argentino, se manifestaron enérgicamente en contra de lo aprobado por el Parlamento.

TERMINAR CON LA CONFRONTACION.

Sistemáticamente se acusa al oficialismo y en particular a la Presidenta, de ser confrontativos y en oposición el Macrismo promete que “vamos a escuchar”, que “hablaremos con todos los sectores, haremos uso de la política del diálogo”.

En realidad, en lo esencial la confrontación no es resultante de características personales ni de estilos de gobierno. La confrontación existe porque se enfrentan  intereses distintos, opuestos, como entre PYMES y oligopolios, o antagónicos, como entre asalariados y gran capital. Velar esto mediante el discurso de una presunta sociedad sin conflictos, debates y confrontación legítima de intereses, solo ha servido siempre a los sectores más concentrados.

Por el contrario, hay que promover el debate y la exposición de los problemas y contradicciones, estimulando la participación democrática del pueblo en defensa de sus propios intereses, como vía hacia una sociedad más justa.

Consejo Editorial de Tesis 11

(4/11/2015)