Lidia Fagale*
“Si un modelo de comunicación se pretende alternativo deberá ser expresión cabal y consustancial de un proyecto de cambio económico, político y cultural.”
Si partimos de la idea en torno a que todo proyecto o iniciativa de comunicación es “en sí” una propuesta que se construye sobre la base de un modelo cultural, político y económico, cabe interrogarse en torno a qué se esta discutiendo y cómo se está debatiendo uno de los temas que ha cobrado una relativa centralidad en los últimos meses para encauzar un debate, por cierto, estratégico sobre Políticas Públicas de Comunicación.
No está de más aclarar que en las trampas que tiende el poder real la discusión y la preocupación la circunscriban únicamente a debatir los medios públicos de comunicación, instalando una discusión sesgada, que expulsa “del interés público” a los medios privados, gestionados por las grandes corporaciones económicas. Según estos sectores que, además, suelen anclarse en ciertos discursos del “progresismo democrático”, reducen la preocupación a la potencial injerencia que tengan los gobiernos de turno sobre las políticas estatales para la gestión y regulación de los medios denominados “del Estado”. Pero si este aspecto- que no es menor- es considerado con una relevancia inusitada por sobre otros del problema en cuestión, estaríamos frente a una justificación mentirosa que pretende confundir y reducir Políticas Públicas de Comunicación con una parte del modelo de radiodifusión y comunicación que se consolidó a lo largo de la década del 90, eximiendo al Estado de su responsabilidad integral en torno a las distintas órbitas – la estatal, la privada y la comunitaria que constituyen, en términos generales, el entramado comunicacional actual. Realidad ésta, que reproduce literalmente las desigualdades económicas, políticas y culturales que caracteriza el modelo de país que se consolidó a la luz de la lógica neoliberal, enmarcado en un modo de acumulación con predominio de la valorización financiera y favorecido por las reformas estructurales que se introdujeron, entre otras áreas estratégicas del patrimonio nacional, con dramáticas consecuencias sociales que persisten hasta hoy.
En un país y en un mundo con amnesia estructural no está de más volver a decir que distintas organizaciones sociales – desde la apertura democrática hasta la fecha- sostenemos que toda iniciativa en ese ámbito conlleva inexorablemente una discusión política, económica y cultural que interpela la idea de democracia, Estado, ciudadanía, participación, hegemonía y, esencialmente re-sitúa en el centro del debate, las políticas de distribución de la riqueza, entre otros aspectos no menos importantes que definen la matriz del problema. Es decir que si la lógica de discusión en torno a qué comunicación queremos no está asociada a la idea de qué modelo de país y de mundo pretendemos nos veremos involucrados en discusiones sesgadas y orientadas por un razonamiento que luego decanta en ley sin abarcar sustanciales categorías de comprensión que expliquen en todos sus términos las distintas realidades que constituyen todas las órbitas del escenario de comunicación actual. Más aún, quienes venimos insistiendo en la importancia de esta discusión – -pospuesta e intermitente a lo largo de estos años- hemos sostenido con teoría y práctica concreta que toda alternativa de comunicación no puede reducirse a una mera disputa de espacios en el escenario mediático, ni tampoco es sólo un cambio de contenidos, o un uso diferente de los medios. Se trata, sostenemos, de todos estos aspectos, pero si un modelo de comunicación se pretende alternativo deberá ser expresión cabal y consustancial de un proyecto de cambio económico, político y cultural. Hace ya muchos años, con esfuerzo, aciertos, debilidades que muchos sectores sociales venimos construyendo nuestras propias normas de intercambio simbólico. Porque, entre otros aspectos, la producción de sentido, es lo que está realmente en disputa y constituye uno de los aspectos mas determinantes de la realidad que buscamos alterar. Y esto también es parte de las políticas públicas de comunicación, asociadas, inevitablemente, al modelo de sociedad que aspiramos, donde economía y cultura o economía y comunicación hacen y definen en gran parte la integralidad de una realidad donde el poder real se consolida desde las industrias del entretenimiento y la información como el entramado clave de la dominación. Y si bien la batalla que debemos enfrentar es enormemente desigual, no debemos dejar de decir que esta “es la batalla”, la que se juega todos los días en el plano de las ideas. Ahí está el poder, ahí está la liberación.
*Lidia Fagale, Secretaría de Asuntos Profesionales de la Utpba y Responsable del Observatorio de Medios, Político, Social y Cultural de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.