Guillermo Wierzba*
El autor destaca el efecto virtuoso de las políticas de cambio flotante competitivo, nuevo rol del Banco Central y presencia del Banco Nación en la recomposición del crédito para la producción y el desarrollo económico, pero señala asimismo las limitaciones en el crecimiento del crédito para el desarrollo del sector bancario privado, por lo que plantea la necesidad de una nueva Carta Orgánica del Banco Central, una nueva ley de entidades financieras, y la creación de instituciones especializadas, todo con el fin de promover y expandir el crédito para el desarrollo.
La modificación del régimen macroeconómico, una vez que hiciera crisis la convertibilidad, implicó un cambio copernicano tanto de la política monetaria como cambiaria. De un régimen de tipo de cambio fijo y convertible, carente de política monetaria –al adoptarse un esquema de dinero pasivo y apertura total de la cuenta de capitales del balance de pagos- , se pasó a una política cambiaria administrada y una política monetaria activa que atiende a objetivos de estabilidad de precios e impulso de la actividad económica, entre otros. Este nuevo régimen incluye controles y restricciones a los flujos de capitales provenientes del exterior, diferenciando a tal fin los de corto plazo de los de largo.
La diferencia entre los dos modelos de gestión cambiaria y monetaria no significó sólo una opción técnica en términos de la eficiencia de una política respecto de la otra. Mucho más que eso, el abandono de la primera para adoptar la segunda conllevaba la necesidad de adaptar instrumentos para abandonar el patrón de acumulación basado en la valorización financiera, para asumir otro de crecimiento económico y expansión del empleo.
Es incorrecta la mirada que supone que el derrumbe de la convertibilidad fue un proceso inevitable por la inconsistencia de ese dispositivo macroeconómico. En realidad, toda política a medida que se desarrolla necesita de profundizaciones para sostenerse y ganar en solidez. Así, la convertibilidad requería de nuevas reformas para su continuidad. En rigor, tal cual se había implementado en Argentina, era un régimen de transición hacia la destrucción de la moneda nacional, la imposición de la dolarización de la economía y la adopción de tratados bilaterales de libre comercio –especialmente con EEUU- que convirtieran al país en un estado íntegramente asociado a ese imperio, sin política monetaria ni cambiaria propia. Por esto es insoslayable incluir como cuestión clave, cuando se analiza la caída de la convertibilidad, la sublevación popular del 20 y 21 de diciembre de 2001 como conclusión de un proceso de descontento ciudadano y deslegitimación de la hegemonía del poder financiero. Ese descontento había impedido, previamente, la implementación de ajustes regresivos que intentaron hacer pagar una vez más al pueblo la reconversión de la economía del país hacia esa inserción pasiva en la financiarización global.
Así la caída del proyecto neoliberal no significó sólo el cambio de régimen monetario y cambiario, sino la salvación de la posibilidad de tener moneda propia y por lo tanto, la posibilidad de recuperar esos instrumentos de política económica.
En los siete años de la nueva política económica se reconocen distintos momentos por los que atravesó el sistema financiero y el desenvolvimiento del nivel y características del crédito. La crisis del 2001 adoptó como uno de sus rasgos centrales la forma de crisis financieras. Como en otros países que pasaron por esos eventos, la recuperación del crédito en relación al producto se desarrolla de forma lenta.
A fin de efectuar una periodización de la evolución del sistema financiero posconvertibilidad, podemos distinguir dos períodos: uno hasta el año 2007 de reconstrucción y solidificación del mismo y otro posterior entre 2007 y 2011 que reconoce un sistema solvente y con altas ganancias por parte de las entidades financieras. En la primera parte se desplegó una época de concentración de entidades, disminuciones patrimoniales y reordenamiento. En la segunda emergió un sistema que soportó sin turbulencias la crisis del año 2009 y que muestra estrategias muy diferenciadas en su interior, encarnadas en los distintos tipos de entidades que lo constituyen.
Uno de los rasgos más destacables del período que abarca desde el año 2003 hasta la actualidad es una tendencia estructural al crecimiento del crédito. Por otra parte, el establecimiento de un tipo de cambio competitivo, sujeto en general a presiones mercantiles hacia la apreciación y no a la depreciación, ha permitido la vigencia de tasas de interés compatibles con el desarrollo de los negocios empresarios. Además el mejoramiento de los ingresos de los sectores medios con acceso al crédito de consumo conllevó a condiciones que han posibilitado el pago sin dificultades de esos préstamos. Así, una de las características que sobresale en la etapa es la excelencia de los índices de morosidad de las carteras, rasgo que diferencia radicalmente esta época de todos los años de la liberalización financiera iniciada por la dictadura terrorista de estado.
Sin embargo se observa la persistencia de algunos rasgos que muestran una distancia entre el sistema financiero existente y el necesario para el proyecto de desarrollo perseguido por la política económica de los gobiernos que comenzaron una nueva etapa en el año 2003: El crédito para el consumo sigue siendo más dinámico que el crédito productivo a las empresas y los préstamos de corto plazo, para el giro comercial de éstas, predomina claramente con relación al financiamiento de largo plazo. Por otra parte se observan en el sistema niveles de liquidez excedente que reflejan un grado de prudencia de las entidades que trasunta una escasa vocación por la atención financiera a la economía real.
En una mirada hacia el interior del sistema aparecen contrastes agudos. Mientras la banca privada, y en particular la extranjera, desarrollan claras estrategias de enclave en el crédito para el consumo, la banca pública atiende pymes, otorga más créditos a largo plazo y se esfuerza por ampliar la atención a las empresas. Por su lado la banca cooperativa se despliega en su papel de atención a las pequeñas y medianas empresas. A su vez, fueron también los bancos extranjeros los que actuaron más procíclicamente en el momento de los efectos de la crisis internacional del 2008-9; mientras el Banco Nación jugó un rol extraordinario de compensación contracíclica con la expansión de su cartera.
Muchas de las características de la política monetaria, crediticia y financiera comenzaron a cambiar desde la asunción de Mercedes Marco del Pont a la presidencia del BCRA. Leyendo atentamente las fundamentaciones y lineamientos de política de los últimos informes de inflación que emite ese ente, se encuentra la clave de una nueva concepción sobre la entidad. Ya no sólo se promueve la estabilidad de precios sino que también se persiguen objetivos de desarrollo económico. Ya no se adscribe a un paradigma de autismo de la institución sino a la coordinación de políticas en el marco de un proyecto nacional definido por las autoridades elegidas por el pueblo. Así, la exitosa línea de créditos del bicentenario ha desplegado una activa promoción de los préstamos para la inversión, con notable éxito. En su colocación también tuvo un destacadísimo papel el Banco de la Nación.
Sin embargo, la persistencia de estrategias de los bancos privados divergentes con las necesidades de despliegue crediticio que exige el proyecto económico en curso, demuestra que las señales de rentabilidad privada en el sistema financiero no coadyuvan a una asignación de recursos eficiente para una política de desarrollo. Se hacen necesarios mayores márgenes de intervención pública que incluyan el direccionamiento del crédito y el manejo de las tasas de interés. Estos objetivos requieren de modificaciones institucionales. En relación a esto ha comenzado un necesario debate alrededor de la necesidad de una nueva Carta Orgánica del Banco Central y una nueva ley de entidades financieras, que deberán modificar aspectos claves como el concepto de autonomía del BCRA presente en la actual legislación, los roles de esta institución y las atribuciones y deberes de los bancos. También adquiere actualidad la discusión sobre la creación de una, o varias, instituciones que se especialicen, promuevan y expandan el crédito para el desarrollo.
*Guillermo Wierzba, economista, Director del CEFID-AR y profesor de la UBA