Adriana Puiggros
Para el avance de las corporaciones sobre la educación han sido particularmente significativos el retiro de los Estados Unidos de la UNESCO en 1984; el Consenso de Washington, en 1989; el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC de 1995 (cuyo apartado IV establece la “liberación progresiva” de la educación por parte de los países miembros), la inclusión de la educación superior en la lista de bienes transables por parte de la OMC en 1999; el Acuerdo de Bolonia de 1999. El mercado avanzó sobre los consensos internacionales derivados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los cuales la educación había quedado establecida como un derecho. Desde el punto de vista del negocio de la educación, la tecnología es vista como una posibilidad de sustituir a la escuela y a los maestros por diversos programas que ya venden masivamente empresas, ONG y fundaciones a nivel internacional. La flexibilización laboral de la contratación docente se impuso como prioridad para grandes inversores en el nuevo mercado mudial del rubro educación, que mueve más de 5 billones de dólares anuales. El negocio de la educación está creciendo de manera exponencial en el mundo. Tan sólo la educación superior privada concentra cerca de cien millones del estudiantes. Según distintos cálculos de algunos investigadores, partiendo de un arancel mínimo de 1000 US$ anuales por cada uno (que es muy bajo) el aporte de la educación superior privada al mercado global alcanzaría los 31.500 millones de dólares por año.
La distancia entre el lenguaje economicista y el lenguaje pedagógico se acortó peligrosamente. Economistas liberales de las universidades estadounidenses revivieron la antigua discusión acerca del origen de la riqueza, impactando las concepciones pedagógicas, psicopedagógicas y las político educativas. En tanto se insiste en que sólo el conocimiento es el productor de riqueza al agregar valor al producto, se difunde alcanzando tonos publicitarios la deshumanización del trabajador y a la descalificación de su función. Tal operación consiste en desprender del hombre el conocimiento, para constituir un nuevo fetiche al servicio del ocultamiento del valor del trabajo. Los trabajadores de la educación son “evaluados” como cargas presupuestarias, excesos impositivos prescindibles y antiguedades pre tecnológicas. La disminución del personal docente con la excusa de su posible reemplazo por medios tecnològicos, y la rebaja drástica de sus salarios, se instalaron como el argumento natural de los nuevos propietarios de la educación.
Ya desde fines de los años 80, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Club de París y los más importantes bancos privados europeos, se introdujeron en el campo de la educación latinoamericana con préstamos acompañados de directivas formuladas de manera taxativa en relación a la reforma de los sistemas escolares y las universidades. Eficiencia, eficacia, equidad, accountability, management, arancelamiento, tercerización, evaluación, fueron algunos de los términos que sustituyeron a la “educación común”, la igualdad de derechos, la democracia educativa, la educación pública.
En los Estados Unidos, educadores, periodistas de los principales diarios y los dos grandes sindicatos de educadores, la National Education Association (NEA) y la American Federation of Teachers (AFT), miembros de la Internacional de la Educación, denunciaron el uso de la educación como un instrumento para el sometimiento cultural; asimismo rechazaron las escuelas “charter”( son las estatales privatizadas), los vouchers (bonos individuales que sustituyen el presupuesto educativo) y las diversas formas de privatización de la educación publica explícitas o encubiertas.
Los actuales tratados de libre comercio incluyen a la educación con la finalidad práctica de comprar y vender. Los medios de comunicación dominados por la publicidad usan los vínculos entre madre e hijos reducidos a la mancha de tinta en la remera que arregla con el nuevo quitamanchas, la nueva figura del padre que se hace presente cocinando puré sintético, la escena donde la mayonesa light une a la familia, el grupo de adolescentes deleitados por las papas fritas y unidos por litros de cerveza. Es muy raro que en esos avisos aparezca un maestro o maestra. La televisión e Internet están plagados de publicidades de empresas de autoeducación en múltiples rubros. Generalmente son presentadas por un educador sonriente con perfil del empleado del año de Mc Donald.
En nuestro país, la situación, que hasta hace pocos años era vista solo por los especialistas y los gremios como un peligro futuro, se manifiesta desde que asumió el gobierno Mauricio Macri sin reparos, como una compleja trama de inversiones privadas, normativas locales y nacionales, tratados internacionales, arreglos entre fundaciones privadas y establecimientos públicos, y situaciones de hecho de privatización que se presentan como experiencias pedagógicas. El shopping de educación que veíamos en la época de Menem como intentos en algunos colegios, se ha generalizado cobrando dimensiones inéditas. En los medios se ha instalado una maquinaria de reelaboración del discurso educativo que va destruyendo los soportes simbólicos de la educación moderna. Los intereses de Microsoft, Pearson, Banco Santander, Google, entre otras, actúan de manera directa en el país a través del Ministerio de Educación y Deportes. Desde el arco oficial no hay disimulo al respecto, porque consideran que es lo adecuado. Paralelamente, se suman cada vez más fundaciones y empresas destinadas a vender servicios educativos, tales como GEM, Junior Achievement, Eidos o programas como Teach for America, Educar y Crecer, entre otras.
Por ejemplo, este último programa tiene como donantes a la Fundación Benito Roggio, Chevron Argentina y Johnson & Johnson. Usan un modelo de “franquicia social” destinado a promover que diversos actores sociales se deciquen a la educación. Les facilita material didáctico, capacitación y asesoramiento. Sin mucho esfuerzo de imaginación leemos este programa acompañándolo como música de fondo con el tintineo de la frase múltiples veces repetida por conductores de programas televisivos, redactores de editoriales de diarios liberales y economistas devenidos en pedagogos: “¡La Escuela Pública está en decadencia!”.
La acción siguiente es la convocatoria a voluntarios para que reemplacen a los maestros y profesores, condenados. No se trata de reacciones circunstanciales o un mal humor pasajero de algunos funcionarios. Por el contrario, los voluntarios sustituyendo a los docentes profesionales son sujetos centrales de la compra-venta de educación. Si agregamos la convocatoria pública que hizo en Dubai el ministro Bullrich a inversores extranjeros en educación, sosteniendo que “nosotros no podemos”(arreglar la educación) se aclara el sentido de que se trate de introducir como “co-docentes” en las escuelas primarias y técnicas a personas contratadas por “Teach for Argentina”, sin capacitación, fuera del convenio colectivo de trabajo, contratadas como monotributistas con bajos salarios, como co-docentes. Uno de los titulares de esa fundación es Gabriel Sánchez Zinny, hasta hace pocos días director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). La mencionada fundación es de la familia de “Teach for all” y “Teach for America”, dedicadas a la formación de líderes y educadores en comunidades indígenas y marginales, especialmente en Uganda y Ghana, a las cuales ellos consideran naturalmente inferiores. Acordar que organizaciones con esa ideología penetren nuestras escuelas reemplazando a los docentes es lógico que aparezca como una solución para quienes ven la educación pública argentina poblada de seres incultos y culturalmente atrasados. El propio presidente Mauricio Macri lamentó que exista “una terrible inequidad, de aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”
El domingo fueron reprimidos los docentes que trataron de armar una escuela frente al Congreso de la Nación. El gobierno no respeta las leyes que protegen el trabajo docente y la escuela, no solo la pública sino todas las escuelas. Ese es el fondo de la cuestión: la desescolarización a manos de las corporaciones va muy a fondo, avanza hacia un cambio civilizatorio, sólo comparable con el que imaginó Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz. Por eso es indispensable que la ciudadanía comprenda que no se está atacado tan solo los derechos de los docentes sino los suyos propios. Son los derechos de los familiares y de los propios niños y adolescentes los perjudicados cuando el gobierno se niega a sentarse en la paritaria, suspende la capacitación de los docentes, los reprime y se dedica a hacer negocios con la educación pública.
Adriana Puiggros es pedagoga, ex diputada por el FpV.
Tomado de Rebelión