Revista Tesis 11 Nº 137
Edición dedicada a América Latina
(perú)
Roque Silles*
El presidente del Perú Martín Vizcarra, ante la amenaza de la vacancia presidencial, trata de llegar a las elecciones programadas para abril de 2021. Ante rumores de actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, si bien hubo rumores que los congresistas pedirían su remoción, la situación generada por la pandemia y la crisis económica harían que se siga el cronograma electoral sin cambios en el ejecutivo.
La emergencia sanitaria y el descalabro económico acompañan a una desgastada relación Ejecutivo-Legislativo en el país incaico. Además, se suma otro escenario: el de las elecciones generales programadas para el 11 de abril de 2021, sobre las que aún faltan regulaciones específicas y tampoco están definidas las candidaturas de los partidos.
La llegada de Vizcarra a la presidencia se produjo el 23 de marzo de 2018, luego que el presidente en ejercicio desde julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski, fuera denunciado por corrupción en una causa de Lava Jato por asesorías realizadas para la firma Obredrecht. Su renuncia se produjo por haber recibido la suma de u$s 4,8 millones por las mencionadas asesorías.
Cabe mencionar que la existencia de una mayoría propia del partido fujimorista (dirigido por la Sra. Keiko Fujimori) hizo inviable la relación entre el Congreso y el presidente Kuczynski. A tal punto llegó la tensión que la mayoría fujimorista planteó la vacancia sin éxito del primer mandatario. Posteriormente se negoció el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, pero todo se derrumbó a medida que se conocieron los detalles de la relación entre la firma constructora brasilera y el primer mandatario, lo que llevó a su posterior renuncia.
Kuczynski fue reemplazado por su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien fuera gobernador regional de Moquegua antes de ingresar a la plancha presidencial. Advertido por el destino del presidente renunciante Vizcarra adoptó una política mucho más beligerante con la mayoría parlamentaria. En septiembre de 2019 disolvió constitucionalmente el Congreso tras un doble “rechazo a la confianza” de su gabinete (aprobación que requiere del sistema legislativo peruano), entonces comandado por Salvador del Solar. Para fines de enero, la población votó por un nuevo Parlamento, que -al igual que Vizcarra- culminará su mandato en julio de 2021.
Cuando todos los peruanos esperaban una mejor relación entre los nuevos congresistas y el presidente (la composición actual del congreso es atomizada, pero Vizcarra no tiene ningún parlamentario oficialista), comenzaron nuevamente los roces. Por mandato constitucional, se debía elegir un nuevo congreso para finalizar el mandato presidencial por un año y medio. El presidente nombró a su premier (Pedro Cateriano) quien ejerció el poder por 19 días, pero inesperadamente, cuando fue a presentar su nuevo Consejo de Ministros, la confianza le fue denegada. Debió acudir de urgencia entonces a quien había sido su ministro de Defensa, Walter Martos, quien obtuvo la aprobación del congreso.
Conjuntamente con esta crispada relación política, las cifras mortales de la pandemia, la crisis económica y los rumores de corrupción de Vizcarra, llevaron a 27 legisladores de la oposición a presentar una nueva solicitud de vacancia del presidente. El mandatario fue señalado por cuatro “aspirantes a colaboradores eficaces” (lo que en Argentina se conoce como “colaboradores arrepentidos”) como el receptor de sobornos por S/2.300.000 (equivalente a unos u$s 670.000) por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.
Más allá de la guerra de poderes, la pandemia ha desnudado las falencias del Estado para brindar los servicios básicos de salud pública (cuyos receptores son los sectores más pobres de la población) y la informalidad de la economía. Cabe recordar que en el Perú los sectores informales alcanzan hasta un 70% de informalidad, lo que impide que se pueda realizar un análisis exhaustivo de la verdadera situación social y económica.
La abrupta caída de la economía y la toma de conciencia del olvido del Estado a las clases más necesitadas (esto ha venido observándose desde mucho tiempo atrás) ha generado desasosiego en la población y ha mostrado que el modelo económico liberal implementado desde los ‘90 no funcionó de manera equitativa.
Como ha sucedido en todos los países de la mundo, el COVID-19 tampoco dio tregua: el 16 de marzo pasado fue declarado el Estado de Emergencia Nacional, y a partir de ese momento ha intentado (infructuosamente) controlar la propagación de la pandemia, en un sistema de salud abandonado y falto de inversión en los últimos años que lo dejó en una situación tan crítica que para ese entonces sólo contaba con apenas 100 camas de terapia intensiva para una población de 32 millones de personas. La situación se ha tornado en una catástrofe, siendo evaluado en su momento como “el país más mortal del mundo en la pandemia del coronavirus”. Pero la crisis sanitaria excedió el aspecto médico: durante el pico de contagios comenzaron a faltar los tubos de oxígeno para los tratamientos, y hasta se comercializaban tubos con cargas adulteradas. La policía desbarató (sólo en Lima) más de 300 fiestas ilegales, y hasta el gobierno provocó (por simple negligencia) aglomeraciones de personas para el cobro de ayudas económicas, mal organizadas, ya que lamentablemente sólo el 38% de la población activa se halla bancarizada. Los casos rondan los 900.000 infectados, y supera los 33.000 fallecidos, y si bien el “pico” parece haber pasado, los casos no se detienen, a la espera de las vacunas; aunque el Estado de Emergencia Nacional quedó derogado el pasado 31 de octubre, se mantiene el “toque de queda” entre las 23 hs y las 04 hs del día siguiente, de lunes a domingo, a nivel nacional.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sólo en Lima se han perdido cerca de 2.700.000 empleos entre abril y junio. Y, según la información del ejecutivo en el área económica, la crisis actual proyecta una caída de entre el 14 y 15% del Producto Bruto Interno (PBI) a fin de año. Esto no ha disminuido el interés en la celebración del Bicentenario de la república que se desarrollará en julio del próximo año, orientado al rescate de la identidad cultural del país, como refugio de la sociedad que busca un modelo más inclusivo.
Indudablemente, el cocktail de crisis política, social y económica, sumado a los casos de corrupción ya probados en las más altas esferas políticas (más los denunciados), y la pandemia en curso, han sido factores determinantes para observar con atención el desarrollo de los próximos acontecimientos en Perú. Lo que se avecina en el corto y mediano plazo es que Martín Vizcarra no va a ser re-elegido, ya que en base a las acusaciones de corrupción en su contra será procesado, y los candidatos que se avizoran no entusiasman a nadie, teniendo en cuenta que por la dispersión política que hoy reina no se tiene idea que tendencia ideológica tendrá el próximo gobierno.
*Roque Silles, miembro de la Comisión de América Latina de Tesis 11.