El Plenario del Frente Amplio tachó de “inmoral” el inicio de un juicio contra la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y dijo que es un “atentado a la institucionalidad”.
También se considera que esta acción es producto de un ataque de los medios de comunicación de ese país, la oposición e integrantes del Poder Judicial.
Asimismo, en una declaración se rechaza la iniciativa de destituir a Rousseff, los intentos de desestabilización en Brasil y se expresa la solidaridad de la coalición de izquierdas con el Partido de los Trabajadores.
La resolución adoptada hoy por el Plenario del FA sobre este tema indica lo siguiente:
DECLARACIÓN SOBRE SITUACIÓN DEL INTENTO DE IMPEACHMENT A LA PRESIDENTA DE BRASIL, DILMA ROUSSEFF
El Plenario Nacional del Frente Amplio ha analizado la situación generada por la admisión de la denuncia para llevar a juicio político a la Sra. Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por parte del Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha:
1) Desde el inicio de su segundo mandato como Presidenta de la República Federativa de Brasil, el pasado 1º. de enero del presente año, Dilma Rousseff ha tenido que enfrentar una ofensiva, desde los medios de comunicación, de actores del sistema político y de actores del sistema judicial que pretenden derrocarla del cargo para el cual fue elegida en forma soberana por la voluntad popular.
2) De esta manera persiguen afectar la imagen de la Presidenta Dilma Rousseff y golpear al Partido de los Trabajadores de Brasil, al que se ha pretendido responsabilizar como partido, de actos de corrupción, cuando ha sido durante los gobiernos del PT y por iniciativa del mismo, que se presentaron y aprobaron las principales leyes para luchar contra la corrupción.
3) A los efectos de ilustrar sobre las acciones llevadas adelante por los Gobiernos del Partido de los Trabajadores y de los Presidente Lula y Dilma , se debe tener presente que: En enero de 2003 se creó la Contraloría General de la Unión; se creó el portal de la trasparencia (2004) que permite ver en tiempo real todos los pagos que hace el gobierno federal; se instaló el catastro de funcionarios públicos separados por actos irregulares en la administración desde 2005; a partir de 2007 se sanciona a las empresas que hayan participado de actos irregulares y por ende no pueden contratar con la administración; la Abogacía General de la Unión paso a tener un papel preponderante en la lucha contra la corrupción; en 2009 durante el Gobierno del Presidente Lula se envió el proyecto de ley de Acceso a la Información, la que se sancionó en 2011 durante el Gobierno de Dilma, que transformó en pública toda la información del gobierno, limitando plazos para responder y sancionando por la falta de respuesta a los servidores públicos; se fortaleció a la Policía Federal, se triplicó su presupuesto, se ingresó 3.000 agentes por concurso, y en 2012 se crearon 17 comisarías especializadas para la lucha contra la corrupción y desvíos de recursos públicos. En 8 años previos a los gobiernos del PT sólo hubo 40 operaciones que terminaron frustradas por acción del gobierno de turno. Desde 2003 y 2014 en los gobiernos del PT se realizaron 2195 operaciones con 22.000 detenciones de los cuales más de 2.000 fueron funcionarios públicos; los gobiernos del PT fueron los primeros en reconocer y garantizar el principio de autonomía del Ministerio Público y aunque tuvieran la prerrogativa constitucional de nombrar libremente al Procurador General de la República, tanto el Presidente Lula como la Presidenta Dilma, siempre nombraron al primero de la lista de tres nombres que eligieron los procuradores; se aprobaron bajo los Gobiernos del PT, la Ley Anticorrupción, la nueva Ley de Lavado de dinero; la Ley de combate a las organizaciones criminales; la Ley de Conflicto de intereses; y se enviaron al Congreso para su aprobación: el Proyecto de Ley que pena el enriquecimiento ilícito de servidores públicos; el Proyecto de Ley que instituye la acción de pérdida de bienes obtenidos ilegalmente; el proyecto de Extensión de la Ficha Limpia a los nombramientos para cargos de confianza en los tres Poderes; el Proyecto de Ley que criminaliza la práctica de “caja dos” en las elecciones.
4) Ha sido por todas esas acciones que ha resultado posible la investigación, los juicios y la sanción de los responsables de corrupción como nunca había sucedido en Brasil.
5) Ante toda esta evidencia, resulta inmoral que el Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, enemigo confeso de la Presidenta Dilma, acusado de actos de corrupción y de poseer cuentas en Suiza nunca declaradas, que hoy enfrenta una causa que puede terminar en su destitución, proceda a habilitar el comienzo de acciones para someter a la Presidenta Dilma Rousseff a “impeachment”.
6) Más allá de ser un acto inmoral se transforma en atentatorio de la institucionalidad de Brasil y lo que resulta peor es que tanto los medios de comunicación, como los actores políticos que están detrás de este acto y los actores judiciales que con su accionar cobijan estas acciones, no han dudado en introducir a Brasil en una crisis política que ha repercutido en lo económico generando un daño importante a Brasil y a la región.
ANTE ELLO, EL PLENARIO NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO:
1. Rechaza los intentos desestabilizadores llevados adelante por sectores de grandes medios de comunicación, de actores políticos y de algunos actores judiciales contra el Gobierno de Brasil
2. Rechaza los intentos de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y le manifiesta su solidaridad ante los ataques a los que se ve sometida, por parte de quienes quieren a cualquier precio recuperar el control de la política brasileña, no dudando en generar una crisis política de fuerte impacto en Brasil y la región.
3. Manifiesta su solidaridad con el Partido de los Trabajadores de Brasil ante la ofensiva que se desarrolla, confiados en que esa organización política, actúa y actuará con rigor político, para erradicar y enfrentar la corrupción y avanzar en el respaldo ciudadano.
Montevideo, 05 de diciembre de 2015