Profundizar el modelo es una frase repetida que se vuelve vacía si no se acota en cada coyuntura qué significa. Entre otras cosas, porque en una realidad cambiante, el repertorio de políticas con que se acometen los múltiples objetivos que persigue simultáneamente un proceso como el argentino, deben también ser cambiantes. Lo que ayer era útil, puede no serlo mañana o volverse contraproducente.
Cuando se inició el ciclo kirchnerista, dos fortalezas distinguían su planteo: los llamados superávits “gemelos”. Recaudar más que lo que efectivamente se gastaba y obtener en el intercambio con el exterior un saldo neto a favor. En parte esos logros eran hijos de la necesidad y de la extraordinaria crisis de la que, paulatinamente, el país comenzaba a recuperarse. La austeridad y el obsesivo control del gasto del que hizo gala Kirchner respondían a una dura realidad en la que nada sobraba, salvo las necesidades más extremas, y nada alcanzaba, salvo la obstinada voluntad de sobreponerse a la crisis con el minucioso trabajo del día a día.
Con el tiempo y los éxitos, la idea del superávit fiscal perdió brillo. Es cierto que no siempre es virtuoso que al estado le sobre plata, sobre todo cuando el desempeño de la actividad económica decae o no crece lo esperado o deseado. El gasto público sostiene la demanda y refuerza las tendencias positivas en la generación de la riqueza. Si las cosas van bien, el incremento de la actividad que genera, induce aumentos en la recaudación y eso tiende a conjugar el déficit que se originó en el comienzo del ciclo. Pero esa es una visión “estilizada”, como dicen los economistas, de un proceso mucho más complejo en el que muchas cosas pueden fallar. Por caso, puede haber fuga de capitales que así se sustraen del circuito económico, o elusión impositiva, por la que los supuestos efectos incrementales de la recaudación no se verifican en la práctica.
Todo eso y más pasó en Argentina muchas veces. En gran medida porque la ilusión reformista en al capacidad de una cierta capa de la burguesía, la así llamada “burguesía nacional”, no tiene mucho sustento verificable en nuestra historia y, a medida que avanzó el proceso de mundialización del capitalismo en esta era dominada por la especulación financiera, perdió casi toda su consistencia. El entrelazamiento entre los grandes capitales agrarios, industriales y financieros difundió la cultura rentística que siempre caracterizó a la oligarquía argentina y en simultáneo se produjo con la generación de condiciones objetivas que posibilitan la concreción de su aspiración de ser parte de la burguesía mundial, que ve a este país como una, entre otras posibles localizaciones de sus inversiones. Esa falta de voluntad nacional de nuestra burguesía se hace evidente en el proceso de extranjerización de las principales empresas locales. Venden para poner sus millones fuera del país, a resguardo de los avatares del país (siempre incierto, en su visión) y sólo retienen sus inmuebles para beneficiarse con la eventual valorización de los mismos que resulte de un buen ciclo económico, en el que no arriesgan nada.
Así, no es extraño que mayoritariamente estén en contra de un estado que pretende regular la vida económica en función de ampliar derechos de la mayoría. Quieren manos libres para proceder según su interés singular y el mercado argentino no los desvela en la medida que conserven su posición dominante. En todo caso, producen menos y suben los precios. Con menos inversión, más ganancia.
A estos grupos no tiene sentido hablarles “con el corazón”, Responderán siempre de la única manera que saben. Y cada vez que presientan debilidades coyunturales en el estado para imponer un rumbo diferente al “sálvese quien pueda” que ellos preconizan (porque siempre salen ganando de las crisis), intentarán arremeter contra él, sin exponerse demasiado, como una jauría de hienas que se ceba en su víctima a medida que ésta se desangra.
Por esta razón eran virtuosos los dos superávits. Por que un estado y una Nación con caja tienen capacidad para poner a raya a los rapaces. Por supuesto, no todo es dinero. También son necesarias voluntad política, activismo estatal inteligente y visión estratégica. Pero con plata rinden más.
Por esto, profundizar el modelo en esta etapa también tendría que contemplar el recupero de sus fortalezas iniciales, además de avanzar en la nacionalización de áreas económicas claves para la gobernabilidad democrática de nuestra vida social.
La falencia de una burguesía nacional o su debilidad, llevó en muchos momentos y países al estado a asumir roles productivos directos que permitieran avanzar en las tareas pendientes necesarias para el desarrollo y la modernización de la estructura económica. Así fue con la fundación de YPF, ELMA, Fabricaciones Militares, SOMISA, entre otras.
El estado puede ser un buen o un mal empresario. También se lo puede socavar desde dentro, como se hizo a propósito con Ferrocarriles Argentinos o ENTEL. Pero todos sabemos que, en principio, una empresa que no reporta utilidades está mal gestionada o no es viable. Y la gestión no depende de su condición de pública o privada, sino de la idoneidad de su gerencia. El recuerdo de las malas administraciones políticas de empresas públicas no puede llevar al rechazo de la idea de empresa pública. La actual gestión de las recuperadas YPF y Aerolíneas Argentinas, muestra la posibilidad cierta de combinar eficiencia y gerencia pública.
Además, la nacionalización de áreas decisivas de la economía puede realizarse recurriendo a una variedad de combinaciones entre capitales privados y públicos que construyan, por un lado, alianzas concretas y por el otro brinde mayores certezas de apego a prácticas de gestión sana y ordenada. La simple presencia del estado como accionista minoritario en un conjunto de grandes firmas a partir de la nacionalización de las AFJP, con una voluntad política clara de ejercer los derechos que esas tenencias habilitan, mejoró las herramientas de control y regulación económica en manos del estado. A la inversa, el estado puede ser una formalidad pasiva e inútil como en el caso del ENRE, que no hizo nada de lo que tenía que hacer para que se cumplan en forma los contratos de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica.
No se trata pues de que más estado sea una respuesta mágica y eficaz a todos los problemas. Sí que se requiere de mayor nacionalización de la economía y, al mismo tiempo, de agencias públicas idóneas, sometidas al control social de sus rendimientos. Cualquier opacidad en ese sentido socava la autoridad pública y deteriora al sistema democrático.
En un documento publicado la semana pasada decíamos que “Lo central de la hora es hacer que se cumplan los acuerdos de precios. El estado se tiene que hacer respetar. La inflación es el punto de interacción entre la economía y la política en esta disputa por quién regula y a favor de quién. En base a los acuerdos logrados, el gobierno, acompañado por el movimiento popular organizado, debe instrumentar las penalizaciones ejemplificadoras que sancionen las violaciones que se comentan. Debe usar para ello todos los recursos legales a su alcance.” (https://www.tesis11.org.ar/unidad-y-accion-popular-contra-la-especulacion-desestabilizadora)
Agregamos ahora que el control de la carestía de la vida requiere además desarticular las posiciones monopólicas en la cadena de la producción y comercialización. El desarrollo de instancias de vinculación directa entre pequeños y medianos productores y consumidores, con supervisión estatal, permitirá una disminución del costo de la canasta básica. Multiplicar rápidamente los puntos de encuentro entre los productores y los consumidores, es un camino. En cada barrio puede haber una réplica en pequeño del Mercado Central, con sus precios. Además de participar del control de los listados acordados con el gobierno en las grandes cadenas, los municipios pueden involucrarse en esta batalla, habilitando espacios donde los que viven de su salario puedan defender su poder adquisitivo comprando directamente a los productores.
Denunciar a los que abusan de sus posiciones dominantes en la producción y en la comercialización, como hace Cristina, abre la puerta al debate político de la estructura económica y a la participación popular. Pero no alcanza. Hay que avanzar en acciones orientadas a desmontar y regular más estrechamente ese poder. Los trabajadores organizados pueden ser parte de ese esfuerzo a partir de retomar la idea de la participación en las ganancias. Para saber de qué ganancias se habla, hay que controlar los números de cada firma. Un paso en ese sentido es la aplicación inmediata del Balance Social establecido por la Ley 25.877. Comisiones Internas empoderadas con estas armas pueden hacer un efectivo control del abastecimiento y los costos en toda la cadena productiva.
Además, y en línea con lo apuntado hasta aquí entendemos que podrían en lo inmediato implementarse las siguientes acciones, algunas de ellas orientadas a reducir gastos que pueden achicarse, otras a mejorar la balanza externa y todas a robustecer la capacidad estatal y nacional de regular la economía en provecho de los argentinos.
1- Regular la política de subsidios al consumo de servicios públicos según los ingresos de los beneficiarios. Esto debe posibilitar además que finalice la discriminación tarifaria a favor de los porteños, que afecta a la población del interior nacional. Los subsidios deben ser plenos sólo para las personas de menores ingresos.
2- Iniciar la producción pública de aquellos medicamentos que el sistema de salud pública consume, a través de sus diferentes programas asistenciales y agencias sociales. Se trata de un gasto enorme que puede reducirse sustancialmente mediante la producción directa para la que el estado tiene capacidades suficientes. La participación pública en esta actividad, por si o asociado con laboratorios nacionales, debería incidir favorablemente para impulsar la proyección regional e internacional de la misma. Las capacidades científico técnicas de nuestro país en el área salud deben aprovecharse plenamente como palanca de desarrollo autónomo.
3- Conformar en asociación con el sector cooperativo un conglomerado nacional de comercialización agraria que tienda en una primera etapa a duplicar la cuota de mercado que ya tienen las empresas cooperativas. En una segunda, se debería avanzar en la integración vertical de la cadena de comercialización, desde los suministros al productor y el acopio local, hasta la venta a los consumidores directos. Los fondos públicos destinados a la capitalización inicial de este conglomerado pueden provenir de encajes especiales de los depósitos bancarios. La presencia directa y activa del estado en este circuito de comercialización (estratégico para cualquier proceso de autonomía y desarrollo), brindará más herramientas para limitar la elusión de divisas.
4- Impulsar el rápido desarrollo de fuentes alternativas de energía que disminuyan la dependencia de combustibles importados. En especial, el fomento de la producción de energía eólica, en base a la conformación de un fondo fiduciario de desarrollo y la utilización plena de las capacidades productivas nacionales en la materia, con el objetivo de alcanzar en el menor plazo posible una participación del 20% en la generación de energía por este medio y proyectar una industria de exportación. Los combustibles son hoy el 15% de nuestras importaciones. La vía rápida para resolverlo sin requerir inversiones en moneda extranjera es la energía eólica. Asimismo, debería capitalizarse YPF integrando las áreas de gas y petróleo de ENARSA a su patrimonio, para fortalecerla.
5- Reconstruir ELMA en base a la producción naval nacional, tendiendo a que sean nacionales no menos del 50% de los fletes que aquí se generan. La reconstrucción de la industria naval y de la industria ferroviaria nacionales son dos asignaturas pendientes del proceso abierto en 2003 que, junto con la restauración de Ferrocarriles Argentinos y de ELMA, tienen que servir para vigorizar el conjunto de la industria nacional y para ensanchar la generación de empleo formal y calificado en todo el país. Mejorar los servicios ferroviarios adquiriendo trenes en el exterior sólo puede ser una respuesta de emergencia.
6- En línea como evitar gastos prescindibles y promover el crecimiento autónomo nacional, el estado debe pasar a usar sistemas informáticos propios, basados en desarrollos libres, generados por agencias técnicas públicas con participación de universidades, empresas locales y centros científicos.
7- También debe iniciar el desarrollo de una empresa de telecomunicaciones nacional, mediante la asociación de las empresas cooperativas y ARSAT, para la provisión pública del servicio de telefonía, en principio al propio estado y a las empresas públicas.
8- Del mismo modo, para recuperar parte de la renta nacional debe reconstruirse el Instituto Nacional de Reaseguros y colocar todos los seguros del estado y de las empresas públicas en una compañía nacional de seguros, formada por la asociación de las empresas estatales existentes.
Lic. Gerardo Codina
19 – II- 2014
Miembro del Consejo Editorial de Tesis11